Responsabilidad penal por criminalidad organizada en entornos digitales - Rodríguez Pilco , Katty Karina; Chimborazo Castillo , Luis Andrés (Arandu UTIC, 2026)
La criminalidad organizada ha experimentado una transformación profunda como consecuencia del desarrollo tecnológico y la expansión de los entornos digitales. Las organizaciones criminales han dejado de operar únicamente en espacios físicos para consolidarse en el ciberespacio, utilizando plataformas digitales, sistemas automatizados e inteligencia artificial para ejecutar delitos complejos como el lavado de activos, la trata de personas, la extorsión y otras formas de macro criminalidad transnacional. Esta evolución ha incrementado su capacidad operativa, su alcance geográfico y la dificultad para identificar y sancionar a los responsables. En el contexto ecuatoriano, si bien el ordenamiento jurídico ha incorporado disposiciones relacionadas con delitos informáticos y criminalidad organizada, persisten importantes limitaciones normativas, técnicas y operativas. Entre las principales problemáticas se identifican la insuficiente regulación específica para conductas digitales complejas, las dificultades en el manejo y valoración de la evidencia digital, la escasez de operadores de justicia especializados y la falta de protocolos claros frente al uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Estas debilidades generan obstáculos para la atribución efectiva de responsabilidad penal y favorecen escenarios de impunidad. El estudio, de enfoque cualitativo y documental, analiza críticamente el marco normativo vigente, las capacidades institucionales del sistema penal y los desafíos que plantea la tecnología en la persecución del delito organizado digital. A partir del análisis doctrinal, normativo y comparado, se evidencia la necesidad de fortalecer el sistema penal ecuatoriano mediante reformas legales, capacitación especializada, mejora de los mecanismos probatorios y cooperación internacional, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales y a los principios del debido proceso.