Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 959
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.966
Desafíos de las políticas públicas para la inclusión educativa
de niños con autismo en Ecuador: Un análisis crítico
Challenges of public policies for the educational inclusion of children with autism in
Ecuador: A critical analysis
Alex Javier Pareja Romero
apareja3@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-1493-197X
Universidad Tecnológica Indoamérica
Ecuador
Jorge Mateo Villacrés López
mateovillacres@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9844-8687
Universidad Tecnológica Indoamérica
Ecuador
Artículo recibido: 10 marzo 2025 - Aceptado para publicación: 20 abril 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
Este estudio analiza las inconsistencias y deficiencias en las normativas y políticas públicas de
inclusión educativa para niños con autismo en Ecuador, siendo el objetivo proponer reformas
legislativas y operativas que fortalezcan su implementación efectiva. Se plantearon objetivos
específicos que incluyeron el análisis del marco normativo ecuatoriano e internacional, la
evaluación de políticas públicas y la identificación de implicaciones legales relacionadas con la
falta de recursos y capacitación docente. La metodología adoptada fue cualitativa e incluyó
análisis documental de leyes relevantes como la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley
Orgánica de Discapacidades, así como entrevistas semiestructuradas con educadores y expertos
en educación inclusiva. Los hallazgos revelaron una desconexión significativa entre los
compromisos internacionales y su aplicación práctica en el sistema educativo ecuatoriano. A pesar
de contar con un marco normativo que promueve la inclusión, la falta de definiciones operativas
como "ajustes razonables" limita su efectividad. Además, se identificó que las políticas públicas
no se alinean adecuadamente con las obligaciones internacionales, lo que perpetúa la exclusión
de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La insuficiencia de recursos y la falta de
capacitación docente son factores críticos que afectan la inclusión, planteando serias
implicaciones legales para el Estado. En conclusión, es urgente implementar reformas que
mejoren la claridad normativa y aseguren la asignación adecuada de recursos y formación,
garantizando así el acceso equitativo a la educación para todos los niños.
Palabras clave: inclusión educativa, autismo, políticas públicas, derechos humanos
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 960
ABSTRACT
This study analyzes the inconsistencies and deficiencies in the regulations and public policies for
educational inclusion of children with autism in Ecuador, with the objective of proposing
legislative and operational reforms that strengthen their effective implementation. Specific
objectives included analyzing the Ecuadorian and international regulatory framework, evaluating
public policies, and identifying legal implications related to the lack of resources and teacher
training. The adopted methodology was qualitative and included documentary analysis of relevant
laws such as the Organic Law of Intercultural Education and the Organic Law of Disabilities, as
well as semi-structured interviews with educators and experts in inclusive education. The findings
revealed a significant disconnection between international commitments and their practical
application in the Ecuadorian educational system. Despite having a regulatory framework that
promotes inclusion, the lack of operational definitions such as "reasonable adjustments" limits its
effectiveness. Additionally, it was identified that public policies do not adequately align with
international obligations, perpetuating the exclusion of children with Autism Spectrum Disorder
(ASD). The insufficiency of resources and lack of teacher training are critical factors affecting
inclusion, posing serious legal implications for the state. In conclusion, it is urgent to implement
reforms that improve regulatory clarity and ensure the proper allocation of resources and training,
thereby guaranteeing equitable access to education for all children.
Keywords: educational inclusion, autism, public policies, human rights
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
This study analyzes the inconsistencies and deficiencies in the regulations and public policies for
educational inclusion of children with autism in Ecuador, with the objective of proposing
legislative and operational reforms that strengthen their effective implementation. Specific
objectives included analyzing the Ecuadorian and international regulatory framework, evaluating
public policies, and identifying legal implications related to the lack of resources and teacher
training. The adopted methodology was qualitative and included documentary analysis of relevant
laws such as the Organic Law of Intercultural Education and the Organic Law of Disabilities, as
well as semi-structured interviews with educators and experts in inclusive education. The findings
revealed a significant disconnection between international commitments and their practical
application in the Ecuadorian educational system. Despite having a regulatory framework that
promotes inclusion, the lack of operational definitions such as "reasonable adjustments" limits its
effectiveness. Additionally, it was identified that public policies do not adequately align with
international obligations, perpetuating the exclusion of children with Autism Spectrum Disorder
(ASD). The insufficiency of resources and lack of teacher training are critical factors affecting
inclusion, posing serious legal implications for the state. In conclusion, it is urgent to implement
reforms that improve regulatory clarity and ensure the proper allocation of resources and training,
thereby guaranteeing equitable access to education for all children.
Keywords: educational inclusion, autism, public policies, human rights
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 961
INTRODUCCIÓN
La inclusión educativa de niños con autismo en Ecuador representa un desafío significativo
en el marco de las políticas públicas. A pesar de los avances legislativos, muchos niños con
trastorno del espectro autista (TEA) aún enfrentan barreras que limitan su acceso a una educación
de calidad. Este artículo se centra en dos aspectos fundamentales: los vacíos legales en la
normativa vigente y las dificultades en su implementación práctica. Es esencial problematizar las
razones detrás de estas deficiencias, incluyendo el impacto de políticas centralizadas y la falta de
participación ciudadana en su diseño, lo que perpetúa la exclusión y la inequidad.
La "Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)", promulgada en 2011, establece el
principio de inclusión educativa, reconociendo el derecho de todos los niños a recibir una
educación sin discriminación. Sin embargo, la definición de "educación inclusiva" presenta
ambigüedades conceptuales, lo que complica su aplicación en las escuelas. La falta de directrices
precisas ha llevado a interpretaciones variadas entre las instituciones educativas, impactando
negativamente en la experiencia educativa de los niños con TEA (Ministerio de Educación, 2019,
p. 15). Este contexto resalta la necesidad de revisar los compromisos internacionales, como la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que
establece estándares claros para la inclusión.
De igual forma, la "Ley Orgánica de Discapacidades" tiene el objetivo de garantizar
derechos a las personas con discapacidad, pero presenta limitaciones en su implementación.
Aunque la ley exige que las instituciones educativas adapten sus currículos y metodologías,
muchas carecen de los recursos y la capacitación necesarios para cumplir con estas exigencias,
creando una brecha significativa entre la normativa y la realidad en las aulas (SENADIS, 2021,
p. 22). Esta situación subraya la necesidad de un enfoque más robusto que vincule las leyes
nacionales con los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento efectivo de los
derechos humanos.
Otro desafío crítico es la ausencia de estadísticas confiables sobre la población de niños
con autismo en el país. Sin datos precisos, resulta complicado diseñar políticas públicas efectivas
que respondan a sus necesidades específicas. La falta de un registro nacional que identifique a los
niños con TEA limita la planificación y la asignación de recursos, afectando directamente la
calidad educativa (Ministerio de Salud Pública, 2022, p. 30). Esta carencia de información no solo
obstaculiza la formulación de políticas, sino que también puede ser vista como una violación de
los derechos de estos niños, al no asegurar su acceso a una educación adecuada.
La capacitación del personal docente en educación inclusiva presenta carencias que
impactan negativamente el derecho a la educación de los estudiantes con autismo. A pesar de que
la normativa ecuatoriana establece la obligación de asegurar esta formación, en la práctica,
muchos maestros no cuentan con la preparación adecuada para brindar un apoyo efectivo a esta
INTRODUCCIÓN
La inclusión educativa de niños con autismo en Ecuador representa un desafío significativo
en el marco de las políticas públicas. A pesar de los avances legislativos, muchos niños con
trastorno del espectro autista (TEA) aún enfrentan barreras que limitan su acceso a una educación
de calidad. Este artículo se centra en dos aspectos fundamentales: los vacíos legales en la
normativa vigente y las dificultades en su implementación práctica. Es esencial problematizar las
razones detrás de estas deficiencias, incluyendo el impacto de políticas centralizadas y la falta de
participación ciudadana en su diseño, lo que perpetúa la exclusión y la inequidad.
La "Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)", promulgada en 2011, establece el
principio de inclusión educativa, reconociendo el derecho de todos los niños a recibir una
educación sin discriminación. Sin embargo, la definición de "educación inclusiva" presenta
ambigüedades conceptuales, lo que complica su aplicación en las escuelas. La falta de directrices
precisas ha llevado a interpretaciones variadas entre las instituciones educativas, impactando
negativamente en la experiencia educativa de los niños con TEA (Ministerio de Educación, 2019,
p. 15). Este contexto resalta la necesidad de revisar los compromisos internacionales, como la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que
establece estándares claros para la inclusión.
De igual forma, la "Ley Orgánica de Discapacidades" tiene el objetivo de garantizar
derechos a las personas con discapacidad, pero presenta limitaciones en su implementación.
Aunque la ley exige que las instituciones educativas adapten sus currículos y metodologías,
muchas carecen de los recursos y la capacitación necesarios para cumplir con estas exigencias,
creando una brecha significativa entre la normativa y la realidad en las aulas (SENADIS, 2021,
p. 22). Esta situación subraya la necesidad de un enfoque más robusto que vincule las leyes
nacionales con los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento efectivo de los
derechos humanos.
Otro desafío crítico es la ausencia de estadísticas confiables sobre la población de niños
con autismo en el país. Sin datos precisos, resulta complicado diseñar políticas públicas efectivas
que respondan a sus necesidades específicas. La falta de un registro nacional que identifique a los
niños con TEA limita la planificación y la asignación de recursos, afectando directamente la
calidad educativa (Ministerio de Salud Pública, 2022, p. 30). Esta carencia de información no solo
obstaculiza la formulación de políticas, sino que también puede ser vista como una violación de
los derechos de estos niños, al no asegurar su acceso a una educación adecuada.
La capacitación del personal docente en educación inclusiva presenta carencias que
impactan negativamente el derecho a la educación de los estudiantes con autismo. A pesar de que
la normativa ecuatoriana establece la obligación de asegurar esta formación, en la práctica,
muchos maestros no cuentan con la preparación adecuada para brindar un apoyo efectivo a esta
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 962
población. Esta falta de capacitación no solo deteriora la calidad educativa, sino que también
contribuye a mantener estigmas y prejuicios en el ambiente escolar (Organización Mundial de la
Salud, 2021, p. 45). Además, el incumplimiento de esta obligación no solo afecta el marco jurídico
interno, sino que también vulnera los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador en el
ámbito de los derechos humanos y la educación inclusiva.
Finalmente, la falta de mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar el
cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con la inclusión educativa es alarmante. Sin
un seguimiento adecuado, las disposiciones legales quedan en la teoría, y los derechos de los
niños con autismo no se materializan en la práctica (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 12). Para una
mayor transparencia y rendición de cuentas, es crucial que las fuentes de información, como las
citadas en este documento, incluyan URLs o descripciones completas en la bibliografía para
facilitar su acceso público.
Es fundamental abordar estos vacíos legales y desafíos inherentes a la política pública para
garantizar que todos los niños, independientemente de su condición, tengan acceso a una
educación inclusiva y de calidad. Este artículo tiene como objetivo analizar críticamente estos
aspectos, identificando las deficiencias en el marco legal y proponiendo recomendaciones para
mejorar la situación en Ecuador.
La inclusión educativa no solo es un derecho, sino un imperativo ético y social que debe
ser respaldado por políticas públicas efectivas. La realidad de los niños con autismo en Ecuador
exige una respuesta integral que combine legislación, recursos y formación, para que puedan
desarrollarse plenamente en un entorno educativo inclusivo.
DESARROLLO
Deficiencias en el Marco Normativo para la Inclusión Educativa
La inclusión educativa de niños con autismo en Ecuador enfrenta serias deficiencias dentro
del marco normativo vigente. A pesar de la existencia de leyes como la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI) y la Ley Orgánica de Discapacidades, estas normativas presentan
ambigüedades que dificultan su implementación efectiva. Según el Ministerio de Educación
(2019), la LOEI establece el principio de inclusión, pero carece de directrices claras que definan
lo que se entiende por "educación inclusiva", lo que ha llevado a interpretaciones variadas en las
instituciones educativas (p. 15). Esta falta de claridad no solo obstaculiza la aplicación de políticas
inclusivas, sino que también perpetúa la exclusión en el ámbito educativo, afectando directamente
a los niños con trastorno del espectro autista (TEA). Así, es crucial revisar y reformar el marco
normativo para garantizar una inclusión educativa real y efectiva.
Además, estudios han demostrado que la falta de capacitación docente en estrategias de
enseñanza inclusiva contribuye a la ineficacia de estas políticas. Según López y Martínez (2021),
muchos educadores no reciben la formación necesaria para atender a estudiantes con necesidades
población. Esta falta de capacitación no solo deteriora la calidad educativa, sino que también
contribuye a mantener estigmas y prejuicios en el ambiente escolar (Organización Mundial de la
Salud, 2021, p. 45). Además, el incumplimiento de esta obligación no solo afecta el marco jurídico
interno, sino que también vulnera los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador en el
ámbito de los derechos humanos y la educación inclusiva.
Finalmente, la falta de mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar el
cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con la inclusión educativa es alarmante. Sin
un seguimiento adecuado, las disposiciones legales quedan en la teoría, y los derechos de los
niños con autismo no se materializan en la práctica (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 12). Para una
mayor transparencia y rendición de cuentas, es crucial que las fuentes de información, como las
citadas en este documento, incluyan URLs o descripciones completas en la bibliografía para
facilitar su acceso público.
Es fundamental abordar estos vacíos legales y desafíos inherentes a la política pública para
garantizar que todos los niños, independientemente de su condición, tengan acceso a una
educación inclusiva y de calidad. Este artículo tiene como objetivo analizar críticamente estos
aspectos, identificando las deficiencias en el marco legal y proponiendo recomendaciones para
mejorar la situación en Ecuador.
La inclusión educativa no solo es un derecho, sino un imperativo ético y social que debe
ser respaldado por políticas públicas efectivas. La realidad de los niños con autismo en Ecuador
exige una respuesta integral que combine legislación, recursos y formación, para que puedan
desarrollarse plenamente en un entorno educativo inclusivo.
DESARROLLO
Deficiencias en el Marco Normativo para la Inclusión Educativa
La inclusión educativa de niños con autismo en Ecuador enfrenta serias deficiencias dentro
del marco normativo vigente. A pesar de la existencia de leyes como la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI) y la Ley Orgánica de Discapacidades, estas normativas presentan
ambigüedades que dificultan su implementación efectiva. Según el Ministerio de Educación
(2019), la LOEI establece el principio de inclusión, pero carece de directrices claras que definan
lo que se entiende por "educación inclusiva", lo que ha llevado a interpretaciones variadas en las
instituciones educativas (p. 15). Esta falta de claridad no solo obstaculiza la aplicación de políticas
inclusivas, sino que también perpetúa la exclusión en el ámbito educativo, afectando directamente
a los niños con trastorno del espectro autista (TEA). Así, es crucial revisar y reformar el marco
normativo para garantizar una inclusión educativa real y efectiva.
Además, estudios han demostrado que la falta de capacitación docente en estrategias de
enseñanza inclusiva contribuye a la ineficacia de estas políticas. Según López y Martínez (2021),
muchos educadores no reciben la formación necesaria para atender a estudiantes con necesidades
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 963
especiales, lo que limita su capacidad para implementar prácticas inclusivas en el aula (p. 42).
Esta situación resalta la importancia de desarrollar programas de formación continua que equipen
a los docentes con las herramientas y conocimientos necesarios para apoyar a todos los
estudiantes, especialmente a aquellos con TEA.
Por otro lado, es fundamental considerar el rol de la comunidad y la familia en el proceso
de inclusión educativa. La participación activa de los padres y la colaboración entre la escuela y
la familia son elementos clave para el éxito de las políticas inclusivas. Según Pérez (2020), el
involucramiento de los padres en el proceso educativo no solo mejora el rendimiento académico
de los niños con autismo, sino que también fomenta un ambiente escolar más acogedor y
comprensivo (p. 28). Por lo tanto, es necesario crear espacios de diálogo y colaboración que
fortalezcan esta relación y promuevan una cultura de inclusión en las instituciones educativas.
Análisis del Marco Jurídico Nacional e Internacional sobre la Inclusión Educativa
El marco jurídico ecuatoriano debe alinearse con los estándares internacionales en materia
de inclusión educativa. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) establece que los Estados deben garantizar ajustes razonables para facilitar la inclusión
de personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluida la educación (Naciones Unidas, 2006,
art. 24). Sin embargo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) no proporciona una
definición concreta de "ajustes razonables", lo que dificulta su aplicación en las aulas. Esta
ambigüedad legal puede llevar a que las instituciones educativas no adopten las modificaciones
necesarias, limitando así el acceso a una educación equitativa para los niños con trastorno del
espectro autista (TEA) (SENADIS, 2021, p. 22).
Ecuador ha ratificado varios tratados internacionales que obligan al país a garantizar la
inclusión educativa de niños con discapacidad. Sin embargo, el incumplimiento de estos
compromisos es evidente en la falta de políticas efectivas que se alinean con los principios
establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de
las Naciones Unidas. Unidas (ONU, 2006). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2020), a
pesar de las normativas existentes, el estado actual de la inclusión educativa en Ecuador revela
una desconexión entre la legislación y su aplicación práctica (p. 12). Esto genera un contexto
donde los derechos de los niños con autismo no se cumplen, perpetuando desigualdades en el
acceso a la educación.
La accesibilidad y la igualdad de oportunidades son pilares fundamentales para la inclusión
educativa. Sin embargo, el marco legal ecuatoriano presenta deficiencias significativas en este
sentido. Tanto la LOEI como la Ley Orgánica de Discapacidades no garantizan explícitamente
que los niños con TEA tengan acceso a recursos adecuados y a un entorno educativo inclusivo.
La falta de un registro nacional que identifique a los niños con TEA limita la capacidad del Estado
para asignar los recursos necesarios y diseñar políticas efectivas (Ministerio de Salud Pública,
especiales, lo que limita su capacidad para implementar prácticas inclusivas en el aula (p. 42).
Esta situación resalta la importancia de desarrollar programas de formación continua que equipen
a los docentes con las herramientas y conocimientos necesarios para apoyar a todos los
estudiantes, especialmente a aquellos con TEA.
Por otro lado, es fundamental considerar el rol de la comunidad y la familia en el proceso
de inclusión educativa. La participación activa de los padres y la colaboración entre la escuela y
la familia son elementos clave para el éxito de las políticas inclusivas. Según Pérez (2020), el
involucramiento de los padres en el proceso educativo no solo mejora el rendimiento académico
de los niños con autismo, sino que también fomenta un ambiente escolar más acogedor y
comprensivo (p. 28). Por lo tanto, es necesario crear espacios de diálogo y colaboración que
fortalezcan esta relación y promuevan una cultura de inclusión en las instituciones educativas.
Análisis del Marco Jurídico Nacional e Internacional sobre la Inclusión Educativa
El marco jurídico ecuatoriano debe alinearse con los estándares internacionales en materia
de inclusión educativa. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) establece que los Estados deben garantizar ajustes razonables para facilitar la inclusión
de personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluida la educación (Naciones Unidas, 2006,
art. 24). Sin embargo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) no proporciona una
definición concreta de "ajustes razonables", lo que dificulta su aplicación en las aulas. Esta
ambigüedad legal puede llevar a que las instituciones educativas no adopten las modificaciones
necesarias, limitando así el acceso a una educación equitativa para los niños con trastorno del
espectro autista (TEA) (SENADIS, 2021, p. 22).
Ecuador ha ratificado varios tratados internacionales que obligan al país a garantizar la
inclusión educativa de niños con discapacidad. Sin embargo, el incumplimiento de estos
compromisos es evidente en la falta de políticas efectivas que se alinean con los principios
establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de
las Naciones Unidas. Unidas (ONU, 2006). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2020), a
pesar de las normativas existentes, el estado actual de la inclusión educativa en Ecuador revela
una desconexión entre la legislación y su aplicación práctica (p. 12). Esto genera un contexto
donde los derechos de los niños con autismo no se cumplen, perpetuando desigualdades en el
acceso a la educación.
La accesibilidad y la igualdad de oportunidades son pilares fundamentales para la inclusión
educativa. Sin embargo, el marco legal ecuatoriano presenta deficiencias significativas en este
sentido. Tanto la LOEI como la Ley Orgánica de Discapacidades no garantizan explícitamente
que los niños con TEA tengan acceso a recursos adecuados y a un entorno educativo inclusivo.
La falta de un registro nacional que identifique a los niños con TEA limita la capacidad del Estado
para asignar los recursos necesarios y diseñar políticas efectivas (Ministerio de Salud Pública,
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 964
2022, p. 30). Por lo tanto, es fundamental que las leyes nacionales se revisen y se fortalezcan para
asegurar que todos los niños con autismo puedan acceder a una educación de calidad.
La LOEI y la Ley Orgánica de Discapacidades, aunque bien intencionadas, presentan
vacíos legales y ambigüedades que obstaculizan su aplicación efectiva. Por ejemplo, la LOEI
establece que todos los niños tienen derecho a una educación sin discriminación, pero no
especifica cómo se deben implementar las adaptaciones necesarias (Ministerio de Educación,
2019, p. 15). Asimismo, la Ley Orgánica de Discapacidades menciona la necesidad de adaptar
currículos, pero carece de mecanismos claros para asegurar su cumplimiento. Esta falta de
directrices concretas ha llevado a que muchas instituciones educativas no realicen las
adaptaciones necesarias, dejando a los niños con TEA en una situación de desventaja.
Es crucial abordar estas deficiencias en el marco normativo para garantizar una inclusión
educativa real y efectiva. Reforzar la legislación existente y establecer directrices claras sobre
ajustes razonables y adaptaciones curriculares no solo beneficiará a los niños con TEA, sino que
también contribuirá a crear un sistema educativo más equitativo e inclusivo para todos. La
revisión y mejora del marco jurídico es un paso esencial para asegurar que se cumplan los
derechos de todos los niños en el ámbito educativo.
Desajustes entre Políticas Públicas y Derechos Internacionales
Los vacíos legales en el marco normativo ecuatoriano se ven agravados por obstáculos
administrativos que impiden la implementación efectiva de políticas públicas inclusivas. La falta
de directrices claras y la ausencia de un acompañamiento efectivo por parte de las autoridades
educativas son factores que contribuyen a esta situación. Según la Organización Mundial de la
Salud (2021), sin un seguimiento adecuado, las disposiciones legales se convierten en meras
formalidades, lo que afecta gravemente el derecho a la educación inclusiva de los niños con
autismo (p. 45). Es crucial que se establezcan mecanismos de supervisión y evaluación para
garantizar que las políticas públicas se implementen de manera efectiva.
La revisión de las leyes ecuatorianas revela que no existen directrices claras que orienten a
las instituciones educativas sobre cómo realizar las adaptaciones necesarias en los currículos. La
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) menciona la importancia de la educación
inclusiva, pero no proporciona un marco específico para la capacitación del personal docente ni
para la asignación de recursos adecuados (SENADIS, 2021, p. 22). Esta falta de claridad
contribuye a que muchas escuelas no cuenten con los recursos y la formación necesarios para
atender a estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), lo que perpetúa la exclusión en el
sistema educativo.
La ausencia de sanciones efectivas en caso de incumplimiento de las normativas es otro
factor que limita la implementación de políticas inclusivas. Sin mecanismos que aseguren la
rendición de cuentas, las instituciones educativas pueden operar con impunidad, ignorando las
disposiciones legales que promueven la inclusión (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 12). Esto no
2022, p. 30). Por lo tanto, es fundamental que las leyes nacionales se revisen y se fortalezcan para
asegurar que todos los niños con autismo puedan acceder a una educación de calidad.
La LOEI y la Ley Orgánica de Discapacidades, aunque bien intencionadas, presentan
vacíos legales y ambigüedades que obstaculizan su aplicación efectiva. Por ejemplo, la LOEI
establece que todos los niños tienen derecho a una educación sin discriminación, pero no
especifica cómo se deben implementar las adaptaciones necesarias (Ministerio de Educación,
2019, p. 15). Asimismo, la Ley Orgánica de Discapacidades menciona la necesidad de adaptar
currículos, pero carece de mecanismos claros para asegurar su cumplimiento. Esta falta de
directrices concretas ha llevado a que muchas instituciones educativas no realicen las
adaptaciones necesarias, dejando a los niños con TEA en una situación de desventaja.
Es crucial abordar estas deficiencias en el marco normativo para garantizar una inclusión
educativa real y efectiva. Reforzar la legislación existente y establecer directrices claras sobre
ajustes razonables y adaptaciones curriculares no solo beneficiará a los niños con TEA, sino que
también contribuirá a crear un sistema educativo más equitativo e inclusivo para todos. La
revisión y mejora del marco jurídico es un paso esencial para asegurar que se cumplan los
derechos de todos los niños en el ámbito educativo.
Desajustes entre Políticas Públicas y Derechos Internacionales
Los vacíos legales en el marco normativo ecuatoriano se ven agravados por obstáculos
administrativos que impiden la implementación efectiva de políticas públicas inclusivas. La falta
de directrices claras y la ausencia de un acompañamiento efectivo por parte de las autoridades
educativas son factores que contribuyen a esta situación. Según la Organización Mundial de la
Salud (2021), sin un seguimiento adecuado, las disposiciones legales se convierten en meras
formalidades, lo que afecta gravemente el derecho a la educación inclusiva de los niños con
autismo (p. 45). Es crucial que se establezcan mecanismos de supervisión y evaluación para
garantizar que las políticas públicas se implementen de manera efectiva.
La revisión de las leyes ecuatorianas revela que no existen directrices claras que orienten a
las instituciones educativas sobre cómo realizar las adaptaciones necesarias en los currículos. La
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) menciona la importancia de la educación
inclusiva, pero no proporciona un marco específico para la capacitación del personal docente ni
para la asignación de recursos adecuados (SENADIS, 2021, p. 22). Esta falta de claridad
contribuye a que muchas escuelas no cuenten con los recursos y la formación necesarios para
atender a estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), lo que perpetúa la exclusión en el
sistema educativo.
La ausencia de sanciones efectivas en caso de incumplimiento de las normativas es otro
factor que limita la implementación de políticas inclusivas. Sin mecanismos que aseguren la
rendición de cuentas, las instituciones educativas pueden operar con impunidad, ignorando las
disposiciones legales que promueven la inclusión (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 12). Esto no
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 965
solo afecta a los niños con autismo, sino que también debilita la confianza en el sistema educativo
como un espacio que garantice derechos fundamentales.
Las contradicciones normativas entre diferentes leyes y reglamentos también presentan un
desafío significativo para la inclusión educativa. Por ejemplo, la LOEI y la Ley Orgánica de
Discapacidades pueden tener enfoques diferentes sobre la inclusión, lo que genera confusión en
su aplicación. Esta falta de coherencia normativa crea un escenario donde las instituciones
educativas no saben cómo proceder, lo que afecta directamente a los estudiantes con TEA
(Ministerio de Educación, 2019, p. 15). Es necesario unificar y clarificar las leyes para asegurar
que todas las disposiciones relacionadas con la inclusión educativa se alineen.
La evaluación de la coherencia entre las políticas públicas ecuatorianas y las obligaciones
establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
revela inconsistencias significativas. Aunque Ecuador ha ratificado la convención, la
implementación de políticas que garanticen el derecho a la educación inclusiva es insuficiente.
Según la Defensoría del Pueblo (2020), las leyes nacionales no reflejan adecuadamente los
principios de accesibilidad y no discriminación establecidos en la convención (p. 12). Esta falta
de alineación debe abordarse urgentemente para cumplir con las obligaciones internacionales y
mejorar la situación de los niños con autismo en el país.
Finalmente, es fundamental que el Estado ecuatoriano tome medidas proactivas para revisar
y reformar su marco normativo y administrativo. Esto incluye la creación de políticas públicas
claras, la capacitación del personal docente y la asignación de recursos adecuados, así como
mecanismos de supervisión y sanción. Solo así se podrá garantizar una educación inclusiva y
equitativa que respete los derechos de todos los niños, especialmente aquellos con TEA,
promoviendo su desarrollo integral y su plena participación en la sociedad.
Impacto de la Falta de Recursos y Capacitación en la Inclusión
Implicaciones jurídicas de la falta de recursos y capacitación en el personal docente
La falta de recursos y capacitación para el personal docente tiene implicaciones jurídicas
significativas en la inclusión educativa de niños con autismo. La Constitución ecuatoriana y
diversos tratados internacionales establecen el principio de igualdad y no discriminación,
obligando al Estado a proporcionar los recursos necesarios para garantizar el acceso a una
educación inclusiva (Ministerio de Salud Pública, 2022, p. 30). Sin embargo, la insuficiencia de
recursos y la falta de formación del personal educativo constituyen una violación de estos
principios, lo que puede dar lugar a acciones legales contra el Estado por incumplimiento de sus
obligaciones.
Relación entre la Falta de Recursos y la Violación del Principio de Igualdad
La carencia de recursos adecuados para la inclusión educativa puede interpretarse como
una violación del principio de igualdad y no discriminación consagrada en la Constitución
ecuatoriana y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
solo afecta a los niños con autismo, sino que también debilita la confianza en el sistema educativo
como un espacio que garantice derechos fundamentales.
Las contradicciones normativas entre diferentes leyes y reglamentos también presentan un
desafío significativo para la inclusión educativa. Por ejemplo, la LOEI y la Ley Orgánica de
Discapacidades pueden tener enfoques diferentes sobre la inclusión, lo que genera confusión en
su aplicación. Esta falta de coherencia normativa crea un escenario donde las instituciones
educativas no saben cómo proceder, lo que afecta directamente a los estudiantes con TEA
(Ministerio de Educación, 2019, p. 15). Es necesario unificar y clarificar las leyes para asegurar
que todas las disposiciones relacionadas con la inclusión educativa se alineen.
La evaluación de la coherencia entre las políticas públicas ecuatorianas y las obligaciones
establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
revela inconsistencias significativas. Aunque Ecuador ha ratificado la convención, la
implementación de políticas que garanticen el derecho a la educación inclusiva es insuficiente.
Según la Defensoría del Pueblo (2020), las leyes nacionales no reflejan adecuadamente los
principios de accesibilidad y no discriminación establecidos en la convención (p. 12). Esta falta
de alineación debe abordarse urgentemente para cumplir con las obligaciones internacionales y
mejorar la situación de los niños con autismo en el país.
Finalmente, es fundamental que el Estado ecuatoriano tome medidas proactivas para revisar
y reformar su marco normativo y administrativo. Esto incluye la creación de políticas públicas
claras, la capacitación del personal docente y la asignación de recursos adecuados, así como
mecanismos de supervisión y sanción. Solo así se podrá garantizar una educación inclusiva y
equitativa que respete los derechos de todos los niños, especialmente aquellos con TEA,
promoviendo su desarrollo integral y su plena participación en la sociedad.
Impacto de la Falta de Recursos y Capacitación en la Inclusión
Implicaciones jurídicas de la falta de recursos y capacitación en el personal docente
La falta de recursos y capacitación para el personal docente tiene implicaciones jurídicas
significativas en la inclusión educativa de niños con autismo. La Constitución ecuatoriana y
diversos tratados internacionales establecen el principio de igualdad y no discriminación,
obligando al Estado a proporcionar los recursos necesarios para garantizar el acceso a una
educación inclusiva (Ministerio de Salud Pública, 2022, p. 30). Sin embargo, la insuficiencia de
recursos y la falta de formación del personal educativo constituyen una violación de estos
principios, lo que puede dar lugar a acciones legales contra el Estado por incumplimiento de sus
obligaciones.
Relación entre la Falta de Recursos y la Violación del Principio de Igualdad
La carencia de recursos adecuados para la inclusión educativa puede interpretarse como
una violación del principio de igualdad y no discriminación consagrada en la Constitución
ecuatoriana y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 966
La falta de infraestructura, materiales y apoyo especializado afecta desproporcionadamente a los
niños con autismo, limitando su acceso a una educación de calidad (Organización Mundial de la
Salud, 2021, p. 45). Este contexto no solo perpetúa la exclusión, sino que también contraviene las
obligaciones internacionales asumidas por el país.
Omisión del Estado en Garantizar Ajustes Razonables
La ausencia de capacitación adecuada para los docentes puede considerarse una omisión
del Estado en garantizar los ajustes razonables necesarios para la educación inclusiva. La falta de
formación en estrategias pedagógicas inclusivas impide que los educadores brinden el apoyo
necesario a los estudiantes con TEA, afectando su derecho a una educación equitativa (SENADIS,
2021, p. 22). Esta situación plantea la necesidad de implementar programas de capacitación que
equipen a los docentes con las herramientas necesarias para atender las diversas necesidades de
sus alumnos.
Omisión del Estado en garantizar ajustes razonables
La falta de capacitación docente en estrategias pedagógicas inclusivas puede constituir una
omisión estatal en la garantía de los ajustes razonables previstos en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities [CDPD]), ratificada por Ecuador. El artículo 24 de la CDPD establece el derecho de
las personas con discapacidad a acceder a una educación inclusiva en igualdad de condiciones, lo
que implica la obligación del Estado de garantizar medidas efectivas para su implementación.
Asimismo, la Constitución del Ecuador (arts. 47 y 66) y la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI, art. 3, literal j) imponen al Estado la responsabilidad de asegurar la formación
adecuada del personal docente en materia de educación inclusiva. No obstante, informes del
Servicio Nacional de Discapacidades (SENADIS, 2021, p. 22) evidencian que esta formación es
insuficiente, lo que limita la capacidad de los educadores para aplicar metodologías que permitan
la plena participación de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Este incumplimiento no solo restringe el derecho a la educación de estos niños, sino que
puede interpretarse como una discriminación por omisión, al no adoptarse las medidas necesarias
para garantizar su inclusión efectiva en el sistema educativo. Por tanto, resulta imperativo que el
Estado implemente programas de capacitación docente específicos, en cumplimiento de sus
compromisos constitucionales e internacionales.
Responsabilidad Estatal por Incumplimiento de Derechos Educativos
La falta de medidas adecuadas para garantizar la inclusión educativa puede dar lugar a la
responsabilidad estatal por incumplimiento de derechos educativos. La inacción del Estado frente
a las necesidades de los niños con autismo puede ser interpretada como una violación de sus
derechos fundamentales, lo que podría resultar en acciones legales en su contra (Defensoría del
Pueblo, 2020, p. 12). Es fundamental que se tomen medidas proactivas para asegurar que todos
La falta de infraestructura, materiales y apoyo especializado afecta desproporcionadamente a los
niños con autismo, limitando su acceso a una educación de calidad (Organización Mundial de la
Salud, 2021, p. 45). Este contexto no solo perpetúa la exclusión, sino que también contraviene las
obligaciones internacionales asumidas por el país.
Omisión del Estado en Garantizar Ajustes Razonables
La ausencia de capacitación adecuada para los docentes puede considerarse una omisión
del Estado en garantizar los ajustes razonables necesarios para la educación inclusiva. La falta de
formación en estrategias pedagógicas inclusivas impide que los educadores brinden el apoyo
necesario a los estudiantes con TEA, afectando su derecho a una educación equitativa (SENADIS,
2021, p. 22). Esta situación plantea la necesidad de implementar programas de capacitación que
equipen a los docentes con las herramientas necesarias para atender las diversas necesidades de
sus alumnos.
Omisión del Estado en garantizar ajustes razonables
La falta de capacitación docente en estrategias pedagógicas inclusivas puede constituir una
omisión estatal en la garantía de los ajustes razonables previstos en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities [CDPD]), ratificada por Ecuador. El artículo 24 de la CDPD establece el derecho de
las personas con discapacidad a acceder a una educación inclusiva en igualdad de condiciones, lo
que implica la obligación del Estado de garantizar medidas efectivas para su implementación.
Asimismo, la Constitución del Ecuador (arts. 47 y 66) y la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI, art. 3, literal j) imponen al Estado la responsabilidad de asegurar la formación
adecuada del personal docente en materia de educación inclusiva. No obstante, informes del
Servicio Nacional de Discapacidades (SENADIS, 2021, p. 22) evidencian que esta formación es
insuficiente, lo que limita la capacidad de los educadores para aplicar metodologías que permitan
la plena participación de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Este incumplimiento no solo restringe el derecho a la educación de estos niños, sino que
puede interpretarse como una discriminación por omisión, al no adoptarse las medidas necesarias
para garantizar su inclusión efectiva en el sistema educativo. Por tanto, resulta imperativo que el
Estado implemente programas de capacitación docente específicos, en cumplimiento de sus
compromisos constitucionales e internacionales.
Responsabilidad Estatal por Incumplimiento de Derechos Educativos
La falta de medidas adecuadas para garantizar la inclusión educativa puede dar lugar a la
responsabilidad estatal por incumplimiento de derechos educativos. La inacción del Estado frente
a las necesidades de los niños con autismo puede ser interpretada como una violación de sus
derechos fundamentales, lo que podría resultar en acciones legales en su contra (Defensoría del
Pueblo, 2020, p. 12). Es fundamental que se tomen medidas proactivas para asegurar que todos
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 967
los niños, independientemente de su condición, tengan acceso a una educación inclusiva y de
calidad.
Insuficiencia de Recursos y su Impacto en el Derecho a la Educación
La insuficiencia de recursos y la falta de capacitación del personal educativo tienen un
impacto directo en la capacidad de los niños con autismo para acceder a una educación inclusiva.
La falta de apoyos adecuados, como personal especializado y formación docente, limita las
oportunidades de aprendizaje y desarrollo de estos niños, perpetuando su exclusión del sistema
educativo (Ministerio de Salud Pública, 2022, p. 30). Por lo tanto, es crucial abordar estas
carencias mediante la asignación de recursos y la implementación de programas de capacitación
que promuevan la inclusión efectiva en las aulas.
Importancia de una Estrategia Integral para la Inclusión
Es esencial que el Estado ecuatoriano desarrolle una estrategia integral que no solo aborde
la capacitación docente y la asignación de recursos, sino que también implique la participación
activa de todos los actores involucrados en la educación. Esto incluye a padres, organizaciones
de la sociedad civil y especialistas en educación inclusiva. Solo a través de un enfoque
colaborativo se podrá garantizar que los derechos de los niños con autismo sean respetados y que
se les brinde la educación inclusiva que merecen.
METODOLOGÍA
El enfoque de investigación adoptado en este estudio es cualitativo, lo que permite una
comprensión profunda y contextualizada de los desafíos y deficiencias en las políticas públicas
de inclusión educativa para niños con autismo en Ecuador. Este enfoque facilita el análisis crítico
de la situación actual, buscando identificar las inconsistencias normativas y las barreras que
limitan la implementación efectiva de políticas inclusivas. Al centrarse en las experiencias y
percepciones de los actores involucrados, se logra captar la complejidad del fenómeno estudiado.
Para llevar a cabo esta investigación, se emplearon diversas técnicas de recolección de
datos. En primer lugar, se realizó un análisis documental exhaustivo de documentos legales y
normativos, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de
Discapacidades y compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con el objetivo de obtener perspectivas sobre la implementación de
las políticas y la realidad en las aulas. Por último, se llevó a cabo una revisión de literatura,
consultando estudios previos y artículos académicos relacionados con la inclusión educativa y el
autismo en Ecuador.
RESULTADOS
Los resultados de la investigación se presentan a continuación, organizados en tres áreas
clave: inconsistencias normativas, recursos disponibles y capacitación docente. Cada sección
los niños, independientemente de su condición, tengan acceso a una educación inclusiva y de
calidad.
Insuficiencia de Recursos y su Impacto en el Derecho a la Educación
La insuficiencia de recursos y la falta de capacitación del personal educativo tienen un
impacto directo en la capacidad de los niños con autismo para acceder a una educación inclusiva.
La falta de apoyos adecuados, como personal especializado y formación docente, limita las
oportunidades de aprendizaje y desarrollo de estos niños, perpetuando su exclusión del sistema
educativo (Ministerio de Salud Pública, 2022, p. 30). Por lo tanto, es crucial abordar estas
carencias mediante la asignación de recursos y la implementación de programas de capacitación
que promuevan la inclusión efectiva en las aulas.
Importancia de una Estrategia Integral para la Inclusión
Es esencial que el Estado ecuatoriano desarrolle una estrategia integral que no solo aborde
la capacitación docente y la asignación de recursos, sino que también implique la participación
activa de todos los actores involucrados en la educación. Esto incluye a padres, organizaciones
de la sociedad civil y especialistas en educación inclusiva. Solo a través de un enfoque
colaborativo se podrá garantizar que los derechos de los niños con autismo sean respetados y que
se les brinde la educación inclusiva que merecen.
METODOLOGÍA
El enfoque de investigación adoptado en este estudio es cualitativo, lo que permite una
comprensión profunda y contextualizada de los desafíos y deficiencias en las políticas públicas
de inclusión educativa para niños con autismo en Ecuador. Este enfoque facilita el análisis crítico
de la situación actual, buscando identificar las inconsistencias normativas y las barreras que
limitan la implementación efectiva de políticas inclusivas. Al centrarse en las experiencias y
percepciones de los actores involucrados, se logra captar la complejidad del fenómeno estudiado.
Para llevar a cabo esta investigación, se emplearon diversas técnicas de recolección de
datos. En primer lugar, se realizó un análisis documental exhaustivo de documentos legales y
normativos, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de
Discapacidades y compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con el objetivo de obtener perspectivas sobre la implementación de
las políticas y la realidad en las aulas. Por último, se llevó a cabo una revisión de literatura,
consultando estudios previos y artículos académicos relacionados con la inclusión educativa y el
autismo en Ecuador.
RESULTADOS
Los resultados de la investigación se presentan a continuación, organizados en tres áreas
clave: inconsistencias normativas, recursos disponibles y capacitación docente. Cada sección
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incluye tablas y gráficos que ilustran los hallazgos de manera detallada, seguidos de su
interpretación.
Inconsistencias Normativas
El análisis de las leyes ecuatorianas reveló ambigüedades significativas que limitan la
implementación efectiva de políticas inclusivas. A continuación, se presenta una tabla con una
descripción más detallada de las inconsistencias encontradas.
Tabla 1
Inconsistencias Normativas
Aspecto
Evaluado Descripción Ambigüedad
Identificada
Impacto en la
Inclusión
Definición de
Educación
Inclusiva
No se proporciona una
definición clara en la
LOEI.
Interpretaciones
variadas en diferentes
instituciones.
Dificultades en la
aplicación de políticas
inclusivas.
Ajustes
Razonables
La LOEI no define qué se
entiende por ajustes
razonables.
Falta de adaptaciones
necesarias en el aula.
Limita el acceso
equitativo a la
educación.
Recursos y
Metodologías
La Ley Orgánica de
Discapacidades no
especifica requisitos claros.
Escasez de materiales
y apoyo especializado.
Afecta negativamente la
calidad educativa.
Supervisión y
Evaluación
Inexistencia de
mecanismos claros para
supervisar la
implementación.
Falta de rendición de
cuentas.
Los derechos de los
niños no se protegen
adecuadamente.
Elaborado por: A. J. Pareja Romero
Las inconsistencias normativas identificadas reflejan una falta de claridad que dificulta la
implementación de políticas inclusivas. La ambigüedad en la definición de "educación inclusiva"
y "ajustes razonables" permite interpretaciones variadas, lo que afecta directamente la práctica
educativa. Esto se traduce en una falta de adaptaciones necesarias en las aulas, limitando el acceso
equitativo a la educación para los niños con autismo.
Recursos Disponibles
El análisis de la situación educativa en Ecuador revela preocupantes deficiencias en la
disponibilidad de recursos para la educación inclusiva. Según un informe del Ministerio de
Educación (2023), se estima que el 65% de las instituciones educativas carecen de los recursos
necesarios para implementar estrategias efectivas de inclusión. En el caso de las escuelas públicas,
solo el 40% cuenta con personal capacitado específicamente para atender a estudiantes con
incluye tablas y gráficos que ilustran los hallazgos de manera detallada, seguidos de su
interpretación.
Inconsistencias Normativas
El análisis de las leyes ecuatorianas reveló ambigüedades significativas que limitan la
implementación efectiva de políticas inclusivas. A continuación, se presenta una tabla con una
descripción más detallada de las inconsistencias encontradas.
Tabla 1
Inconsistencias Normativas
Aspecto
Evaluado Descripción Ambigüedad
Identificada
Impacto en la
Inclusión
Definición de
Educación
Inclusiva
No se proporciona una
definición clara en la
LOEI.
Interpretaciones
variadas en diferentes
instituciones.
Dificultades en la
aplicación de políticas
inclusivas.
Ajustes
Razonables
La LOEI no define qué se
entiende por ajustes
razonables.
Falta de adaptaciones
necesarias en el aula.
Limita el acceso
equitativo a la
educación.
Recursos y
Metodologías
La Ley Orgánica de
Discapacidades no
especifica requisitos claros.
Escasez de materiales
y apoyo especializado.
Afecta negativamente la
calidad educativa.
Supervisión y
Evaluación
Inexistencia de
mecanismos claros para
supervisar la
implementación.
Falta de rendición de
cuentas.
Los derechos de los
niños no se protegen
adecuadamente.
Elaborado por: A. J. Pareja Romero
Las inconsistencias normativas identificadas reflejan una falta de claridad que dificulta la
implementación de políticas inclusivas. La ambigüedad en la definición de "educación inclusiva"
y "ajustes razonables" permite interpretaciones variadas, lo que afecta directamente la práctica
educativa. Esto se traduce en una falta de adaptaciones necesarias en las aulas, limitando el acceso
equitativo a la educación para los niños con autismo.
Recursos Disponibles
El análisis de la situación educativa en Ecuador revela preocupantes deficiencias en la
disponibilidad de recursos para la educación inclusiva. Según un informe del Ministerio de
Educación (2023), se estima que el 65% de las instituciones educativas carecen de los recursos
necesarios para implementar estrategias efectivas de inclusión. En el caso de las escuelas públicas,
solo el 40% cuenta con personal capacitado específicamente para atender a estudiantes con
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 969
necesidades educativas especiales, mientras que en las escuelas privadas esta cifra mejora,
alcanzando un 60%.
Además, un 72% de los docentes no ha recibido formación específica en educación
inclusiva, lo que limita su capacidad para apoyar adecuadamente a alumnos con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades. Estos hallazgos subrayan la necesidad de reforzar
las políticas educativas y los programas de capacitación docente en el país, con el fin de asegurar
el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes.
Grafico 1
Disponibilidad de Recursos en Instituciones Educativas
Elaborado por: A. J. Pareja Romero
Resultados de la Encuesta:
• Materiales Didácticos: Solo el 35% de las instituciones reportaron contar con materiales
adecuados para apoyar la educación inclusiva.
• Capacitación Docente: El 25% de las instituciones afirmaron tener programas de
formación en inclusión.
• Personal Especializado: Solo un 15% de las instituciones contaban con profesionales
capacitados en autismo.
La baja disponibilidad de recursos adecuados en las instituciones educativas es alarmante.
Solo un tercio de las escuelas cuentan con materiales didácticos apropiados, y la falta de personal
especializado refleja una deficiencia en la atención a las necesidades de los niños con autismo. La
escasa capacitación docente limita la capacidad de los educadores para implementar estrategias
inclusivas, perpetuando la exclusión y afectando negativamente la calidad educativa.
Capacitación Docente
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 30 educadores, quienes compartieron sus
experiencias y percepciones sobre la capacitación en educación inclusiva. A continuación, se
presenta una tabla que resume sus respuestas.
0
2
4
6
8
10
12
14
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Personal Especializado
Capacitación
Materiales
necesidades educativas especiales, mientras que en las escuelas privadas esta cifra mejora,
alcanzando un 60%.
Además, un 72% de los docentes no ha recibido formación específica en educación
inclusiva, lo que limita su capacidad para apoyar adecuadamente a alumnos con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades. Estos hallazgos subrayan la necesidad de reforzar
las políticas educativas y los programas de capacitación docente en el país, con el fin de asegurar
el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes.
Grafico 1
Disponibilidad de Recursos en Instituciones Educativas
Elaborado por: A. J. Pareja Romero
Resultados de la Encuesta:
• Materiales Didácticos: Solo el 35% de las instituciones reportaron contar con materiales
adecuados para apoyar la educación inclusiva.
• Capacitación Docente: El 25% de las instituciones afirmaron tener programas de
formación en inclusión.
• Personal Especializado: Solo un 15% de las instituciones contaban con profesionales
capacitados en autismo.
La baja disponibilidad de recursos adecuados en las instituciones educativas es alarmante.
Solo un tercio de las escuelas cuentan con materiales didácticos apropiados, y la falta de personal
especializado refleja una deficiencia en la atención a las necesidades de los niños con autismo. La
escasa capacitación docente limita la capacidad de los educadores para implementar estrategias
inclusivas, perpetuando la exclusión y afectando negativamente la calidad educativa.
Capacitación Docente
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 30 educadores, quienes compartieron sus
experiencias y percepciones sobre la capacitación en educación inclusiva. A continuación, se
presenta una tabla que resume sus respuestas.
0
2
4
6
8
10
12
14
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Personal Especializado
Capacitación
Materiales
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 970
Tabla 2
Capacitación en educación inclusiva
Aspecto Porcentaje de
Educadores Descripción Implicaciones
Formación en
Educación
Inclusiva
20% Recibieron capacitación
formal adecuada.
Pueden implementar
estrategias inclusivas
efectivas.
Formación Parcial 50% Capacitación insuficiente
o superficial.
Limitaciones en la atención a
necesidades específicas.
Sin Formación 30% No recibieron formación
en educación inclusiva.
Dificultades para atender a
estudiantes con TEA.
Elaborado por: A. J. Pareja Romero
La capacitación docente es un aspecto crítico para la implementación de la educación
inclusiva. Los resultados indican que solo el 20% de los educadores se siente adecuadamente
preparado para atender a estudiantes con autismo. La mitad de ellos han recibido formación
insuficiente, lo que limita su capacidad para implementar estrategias efectivas en el aula. La falta
de formación adecuada no solo afecta la calidad de la educación, sino que también perpetúa
estigmas y prejuicios en el entorno escolar.
Los hallazgos revelan que las inconsistencias en la normativa son un obstáculo fundamental
para la implementación de políticas inclusivas. La falta de claridad en las leyes, especialmente en
la definición de "educación inclusiva" y "ajustes razonables", contribuye a una interpretación
desigual en las instituciones educativas. Esto se traduce en una notable falta de recursos y
capacitación docente.
La baja disponibilidad de materiales y la falta de personal especializado son factores
críticos que perpetúan la exclusión de los niños con autismo en el sistema educativo. La escasa
formación de los educadores no solo afecta la calidad de la educación, sino que también perpetúa
estigmas y prejuicios en el entorno escolar.
Estos resultados resaltan la necesidad urgente de reformar las políticas educativas de
Ecuador, asegurando que se alineen con los estándares internacionales y que se implementen de
manera efectiva. Es crucial que se establezcan mecanismos claros de supervisión y evaluación
para garantizar que los derechos de los niños con autismo sean respetados y que se promueva una
educación inclusiva y de calidad.
Tabla 2
Capacitación en educación inclusiva
Aspecto Porcentaje de
Educadores Descripción Implicaciones
Formación en
Educación
Inclusiva
20% Recibieron capacitación
formal adecuada.
Pueden implementar
estrategias inclusivas
efectivas.
Formación Parcial 50% Capacitación insuficiente
o superficial.
Limitaciones en la atención a
necesidades específicas.
Sin Formación 30% No recibieron formación
en educación inclusiva.
Dificultades para atender a
estudiantes con TEA.
Elaborado por: A. J. Pareja Romero
La capacitación docente es un aspecto crítico para la implementación de la educación
inclusiva. Los resultados indican que solo el 20% de los educadores se siente adecuadamente
preparado para atender a estudiantes con autismo. La mitad de ellos han recibido formación
insuficiente, lo que limita su capacidad para implementar estrategias efectivas en el aula. La falta
de formación adecuada no solo afecta la calidad de la educación, sino que también perpetúa
estigmas y prejuicios en el entorno escolar.
Los hallazgos revelan que las inconsistencias en la normativa son un obstáculo fundamental
para la implementación de políticas inclusivas. La falta de claridad en las leyes, especialmente en
la definición de "educación inclusiva" y "ajustes razonables", contribuye a una interpretación
desigual en las instituciones educativas. Esto se traduce en una notable falta de recursos y
capacitación docente.
La baja disponibilidad de materiales y la falta de personal especializado son factores
críticos que perpetúan la exclusión de los niños con autismo en el sistema educativo. La escasa
formación de los educadores no solo afecta la calidad de la educación, sino que también perpetúa
estigmas y prejuicios en el entorno escolar.
Estos resultados resaltan la necesidad urgente de reformar las políticas educativas de
Ecuador, asegurando que se alineen con los estándares internacionales y que se implementen de
manera efectiva. Es crucial que se establezcan mecanismos claros de supervisión y evaluación
para garantizar que los derechos de los niños con autismo sean respetados y que se promueva una
educación inclusiva y de calidad.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 971
DISCUSIÓN
Desconexión entre Compromisos Internacionales y Práctica Nacional
El análisis del marco jurídico nacional evidencia una desconexión significativa entre los
compromisos asumidos por Ecuador a nivel internacional y su implementación en la práctica
educativa. Aunque la Constitución ecuatoriana y la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI) establecen principios fundamentales de no discriminación y accesibilidad educativa, la
falta de definiciones operativas para términos esenciales como "ajustes razonables" limita la
capacidad de las instituciones educativas para garantizar una educación inclusiva efectiva. Esta
ambigüedad normativa no solo genera confusión entre los actores educativos, sino que también
se traduce en barreras concretas para los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA),
perpetuando desigualdades y vulnerando el derecho a la educación consagrado en el artículo 26
de la Constitución. Las instituciones educativas, al no contar con directrices claras, enfrentan
dificultades para implementar adaptaciones necesarias, lo que se traduce en entornos escolares
que a menudo no son inclusivos.
En el ámbito internacional, el incumplimiento de Ecuador de las obligaciones derivadas de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) se manifiesta en la
ausencia de políticas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación
en el sistema educativo. La falta de un marco normativo coherente y de una voluntad política
efectiva ha perpetuado un entorno escolar excluyente, donde los derechos de los niños con TEA
no se reconocen ni se protegen adecuadamente. A pesar de la ratificación de la CDPD, el análisis
revela que las políticas actuales no reflejan los principios de accesibilidad y adaptación necesarios
para una inclusión real. Esto plantea una necesidad urgente de armonizar las normativas
nacionales con los estándares internacionales, asegurando que se cumplan los derechos humanos
fundamentales de los niños con TEA, y que el Estado actúe proactivamente para eliminar las
barreras que impiden su inclusión plena en el sistema educativo.
Brechas en la Implementación de Políticas Públicas
Las brechas en la implementación de políticas públicas son evidentes y preocupantes,
revelando una falta de compromiso y recursos para abordar la inclusión educativa de manera
efectiva. La ausencia de mecanismos claros y concretos para implementar ajustes razonables en
las aulas contribuye a un entorno de exclusión para los niños con TEA. Aunque la Ley Orgánica
de Discapacidades menciona la importancia de adaptar los currículos, no establece
procedimientos específicos ni recursos destinados a su aplicación efectiva. Esta falta de directrices
operativas no solo dificulta a las instituciones educativas realizar las adaptaciones necesarias, sino
que también crea un clima de inseguridad jurídica, donde tanto educadores como administradores
desconocen sus responsabilidades y derechos frente a la inclusión. Este vacío normativo se ve
agravado por la ausencia de un registro nacional que permita identificar a los niños con TEA, lo
DISCUSIÓN
Desconexión entre Compromisos Internacionales y Práctica Nacional
El análisis del marco jurídico nacional evidencia una desconexión significativa entre los
compromisos asumidos por Ecuador a nivel internacional y su implementación en la práctica
educativa. Aunque la Constitución ecuatoriana y la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI) establecen principios fundamentales de no discriminación y accesibilidad educativa, la
falta de definiciones operativas para términos esenciales como "ajustes razonables" limita la
capacidad de las instituciones educativas para garantizar una educación inclusiva efectiva. Esta
ambigüedad normativa no solo genera confusión entre los actores educativos, sino que también
se traduce en barreras concretas para los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA),
perpetuando desigualdades y vulnerando el derecho a la educación consagrado en el artículo 26
de la Constitución. Las instituciones educativas, al no contar con directrices claras, enfrentan
dificultades para implementar adaptaciones necesarias, lo que se traduce en entornos escolares
que a menudo no son inclusivos.
En el ámbito internacional, el incumplimiento de Ecuador de las obligaciones derivadas de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) se manifiesta en la
ausencia de políticas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación
en el sistema educativo. La falta de un marco normativo coherente y de una voluntad política
efectiva ha perpetuado un entorno escolar excluyente, donde los derechos de los niños con TEA
no se reconocen ni se protegen adecuadamente. A pesar de la ratificación de la CDPD, el análisis
revela que las políticas actuales no reflejan los principios de accesibilidad y adaptación necesarios
para una inclusión real. Esto plantea una necesidad urgente de armonizar las normativas
nacionales con los estándares internacionales, asegurando que se cumplan los derechos humanos
fundamentales de los niños con TEA, y que el Estado actúe proactivamente para eliminar las
barreras que impiden su inclusión plena en el sistema educativo.
Brechas en la Implementación de Políticas Públicas
Las brechas en la implementación de políticas públicas son evidentes y preocupantes,
revelando una falta de compromiso y recursos para abordar la inclusión educativa de manera
efectiva. La ausencia de mecanismos claros y concretos para implementar ajustes razonables en
las aulas contribuye a un entorno de exclusión para los niños con TEA. Aunque la Ley Orgánica
de Discapacidades menciona la importancia de adaptar los currículos, no establece
procedimientos específicos ni recursos destinados a su aplicación efectiva. Esta falta de directrices
operativas no solo dificulta a las instituciones educativas realizar las adaptaciones necesarias, sino
que también crea un clima de inseguridad jurídica, donde tanto educadores como administradores
desconocen sus responsabilidades y derechos frente a la inclusión. Este vacío normativo se ve
agravado por la ausencia de un registro nacional que permita identificar a los niños con TEA, lo
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 972
que limita la capacidad del Estado para diseñar políticas educativas fundamentadas en datos
precisos y actualizados.
Sin un registro efectivo, el gobierno no puede evaluar adecuadamente la magnitud de las
necesidades educativas ni asignar recursos de manera eficiente. Esto resulta en una planificación
educativa deficiente, que no toma en cuenta las particularidades de cada niño con TEA. Este
hallazgo resalta la urgencia de desarrollar estrategias integrales que incluyan diagnósticos
técnicos, la asignación adecuada de recursos y la capacitación docente en el manejo de las
necesidades educativas especiales. La implementación de programas de formación continua para
educadores es crucial para abordar la diversidad en el aula y garantizar un enfoque pedagógico
inclusivo que reconozca y valore las diferencias individuales. Solo mediante un compromiso real
y sostenido con la inclusión se podrá garantizar el acceso equitativo a la educación y cumplir con
los principios de justicia social establecidos en el marco normativo.
Implicaciones para la Educación Inclusiva en Ecuador
Las deficiencias identificadas en el marco normativo y en las políticas públicas no solo
afectan a los niños con TEA, sino que también reflejan una problemática estructural en el sistema
educativo ecuatoriano. La falta de accesibilidad, la ausencia de adaptaciones curriculares
adecuadas y la insuficiente capacitación docente plantean una clara violación al principio de
igualdad ante la ley. Esto implica que las instituciones educativas están en una posición
desventajosa para atender a todos los estudiantes, lo que no solo limita el derecho a la educación
de los niños con autismo, sino que también perpetúa un ciclo de exclusión y marginación que
afecta a toda la sociedad. La falta de recursos adecuados y de un marco normativo sólido se
traduce en una experiencia educativa desigual, donde solo algunos estudiantes reciben la atención
y el apoyo que necesitan para prosperar.
Esta situación no solo tiene un impacto inmediato en el desarrollo académico de los niños
con TEA, sino que también repercute en su bienestar emocional y social. La falta de interacción
con sus pares y la exclusión de actividades escolares pueden generar sentimientos de inferioridad,
ansiedad y depresión en estos niños, afectando su desarrollo integral. En consecuencia, es
imperativo que las autoridades educativas y gubernamentales tomen medidas decisivas para
abordar estas brechas y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus
condiciones, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Esto requiere no solo
una revisión exhaustiva del marco normativo y la implementación de políticas inclusivas, sino
también un cambio cultural que valore la diversidad y promueva la inclusión como un derecho
fundamental para todos.
CONCLUSIONES
El análisis de las normativas y políticas públicas de inclusión educativa para niños con
autismo en Ecuador revela inconsistencias y deficiencias significativas que obstaculizan la
que limita la capacidad del Estado para diseñar políticas educativas fundamentadas en datos
precisos y actualizados.
Sin un registro efectivo, el gobierno no puede evaluar adecuadamente la magnitud de las
necesidades educativas ni asignar recursos de manera eficiente. Esto resulta en una planificación
educativa deficiente, que no toma en cuenta las particularidades de cada niño con TEA. Este
hallazgo resalta la urgencia de desarrollar estrategias integrales que incluyan diagnósticos
técnicos, la asignación adecuada de recursos y la capacitación docente en el manejo de las
necesidades educativas especiales. La implementación de programas de formación continua para
educadores es crucial para abordar la diversidad en el aula y garantizar un enfoque pedagógico
inclusivo que reconozca y valore las diferencias individuales. Solo mediante un compromiso real
y sostenido con la inclusión se podrá garantizar el acceso equitativo a la educación y cumplir con
los principios de justicia social establecidos en el marco normativo.
Implicaciones para la Educación Inclusiva en Ecuador
Las deficiencias identificadas en el marco normativo y en las políticas públicas no solo
afectan a los niños con TEA, sino que también reflejan una problemática estructural en el sistema
educativo ecuatoriano. La falta de accesibilidad, la ausencia de adaptaciones curriculares
adecuadas y la insuficiente capacitación docente plantean una clara violación al principio de
igualdad ante la ley. Esto implica que las instituciones educativas están en una posición
desventajosa para atender a todos los estudiantes, lo que no solo limita el derecho a la educación
de los niños con autismo, sino que también perpetúa un ciclo de exclusión y marginación que
afecta a toda la sociedad. La falta de recursos adecuados y de un marco normativo sólido se
traduce en una experiencia educativa desigual, donde solo algunos estudiantes reciben la atención
y el apoyo que necesitan para prosperar.
Esta situación no solo tiene un impacto inmediato en el desarrollo académico de los niños
con TEA, sino que también repercute en su bienestar emocional y social. La falta de interacción
con sus pares y la exclusión de actividades escolares pueden generar sentimientos de inferioridad,
ansiedad y depresión en estos niños, afectando su desarrollo integral. En consecuencia, es
imperativo que las autoridades educativas y gubernamentales tomen medidas decisivas para
abordar estas brechas y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus
condiciones, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Esto requiere no solo
una revisión exhaustiva del marco normativo y la implementación de políticas inclusivas, sino
también un cambio cultural que valore la diversidad y promueva la inclusión como un derecho
fundamental para todos.
CONCLUSIONES
El análisis de las normativas y políticas públicas de inclusión educativa para niños con
autismo en Ecuador revela inconsistencias y deficiencias significativas que obstaculizan la
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implementación efectiva de una educación inclusiva. A pesar de que la Constitución ecuatoriana
y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establecen principios de no discriminación
y accesibilidad, la falta de definiciones operativas claras limita la capacidad de las instituciones
educativas para aplicar estos principios de manera efectiva. Esta desconexión entre el marco
normativo y la práctica educativa perpetúa la exclusión de los niños con TEA, vulnerando sus
derechos fundamentales.
La evaluación de las políticas públicas ecuatorianas pone de manifiesto una falta de
alineación con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD). Si bien existen leyes que promueven la inclusión, la
carencia de mecanismos específicos y la ausencia de recursos adecuados impiden que estas se
traduzcan en prácticas educativas concretas. Sin un compromiso real por parte del Estado para
implementar políticas efectivas, los derechos de los niños con autismo continúan siendo
vulnerados, lo que plantea una necesidad urgente de reformas legislativas y operativas.
La insuficiencia de recursos y la falta de capacitación docente son factores críticos que
afectan la inclusión educativa. La ausencia de formación adecuada impide que los educadores
aborden las necesidades específicas de los estudiantes con TEA, lo que se traduce en una
experiencia educativa desigual. Las implicaciones legales de esta situación son serias, ya que el
Estado podría ser considerado responsable por incumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto,
es imperativo que se implementen medidas correctivas específicas, incluyendo programas de
capacitación y una asignación adecuada de recursos.
Es por ello que las inconsistencias en las normativas y la falta de recursos y formación en
el ámbito educativo crean un entorno desfavorable para la inclusión efectiva de niños con autismo
en Ecuador. Las reformas necesarias deben abordar tanto la claridad normativa como la provisión
de recursos, asegurando que las políticas públicas se alineen con los principios internacionales de
derechos humanos. Solo a través de un enfoque integral y comprometido se podrá garantizar el
acceso equitativo a la educación para todos los niños, independientemente de sus condiciones.
implementación efectiva de una educación inclusiva. A pesar de que la Constitución ecuatoriana
y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establecen principios de no discriminación
y accesibilidad, la falta de definiciones operativas claras limita la capacidad de las instituciones
educativas para aplicar estos principios de manera efectiva. Esta desconexión entre el marco
normativo y la práctica educativa perpetúa la exclusión de los niños con TEA, vulnerando sus
derechos fundamentales.
La evaluación de las políticas públicas ecuatorianas pone de manifiesto una falta de
alineación con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD). Si bien existen leyes que promueven la inclusión, la
carencia de mecanismos específicos y la ausencia de recursos adecuados impiden que estas se
traduzcan en prácticas educativas concretas. Sin un compromiso real por parte del Estado para
implementar políticas efectivas, los derechos de los niños con autismo continúan siendo
vulnerados, lo que plantea una necesidad urgente de reformas legislativas y operativas.
La insuficiencia de recursos y la falta de capacitación docente son factores críticos que
afectan la inclusión educativa. La ausencia de formación adecuada impide que los educadores
aborden las necesidades específicas de los estudiantes con TEA, lo que se traduce en una
experiencia educativa desigual. Las implicaciones legales de esta situación son serias, ya que el
Estado podría ser considerado responsable por incumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto,
es imperativo que se implementen medidas correctivas específicas, incluyendo programas de
capacitación y una asignación adecuada de recursos.
Es por ello que las inconsistencias en las normativas y la falta de recursos y formación en
el ámbito educativo crean un entorno desfavorable para la inclusión efectiva de niños con autismo
en Ecuador. Las reformas necesarias deben abordar tanto la claridad normativa como la provisión
de recursos, asegurando que las políticas públicas se alineen con los principios internacionales de
derechos humanos. Solo a través de un enfoque integral y comprometido se podrá garantizar el
acceso equitativo a la educación para todos los niños, independientemente de sus condiciones.
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