Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2639
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.2076
Eficacia de las acciones de protección en contextos rurales del
Ecuador: un enfoque emírico-comparativo con estándares
internacionales
Effectiveness of protection actions in rural contexts of Ecuador: an empirical-comparative
approach with international standards
Carlos Andrés Muñoz Yáñez
camunozy@uce.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-4383-46332
Universidad central del Ecuador - Universidad Bolivariana del Ecuador
Carmen Alexandra Vite Torres
cavitet@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-2413-6618
Universidad Bolivariana del Ecuador
Duniesky Alfonso Caveda
dalfonsoc@ube.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7889-8066
Universidad Bolivariana del Ecuador
Artículo recibido: 18 febrero 2026-Aceptado para publicación: 20 enero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
Este artículo analiza la eficacia de la acción de protección como mecanismo constitucional para
la defensa de derechos fundamentales en contextos rurales del Ecuador. Mediante un enfoque
empírico-comparativo y una metodología mixta, se recolectaron datos cualitativos y
cuantitativos en tres provincias con baja cobertura institucional: Zamora Chinchipe, Chimborazo
y Esmeraldas. Se aplicaron encuestas a ciudadanos y entrevistas a operadores judiciales y líderes
comunitarios. Los resultados revelan un bajo nivel de conocimiento sobre este mecanismo
constitucional, múltiples barreras de acceso (físicas, económicas, institucionales), demoras
procesales que exceden el plazo legal de una semana aproximadamente, tasas de inadmisión y
resoluciones desfavorables en aumento, así como una percepción negativa sobre la justicia
constitucional por parte de los usuarios. La discusión contrastó estos hallazgos con estudios
latinoamericanos comparables y con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se
concluye que, a pesar de su respaldo normativo, la acción de protección carece de eficacia
práctica en zonas rurales, y que su implementación efectiva requiere reformas estructurales que
integren descentralización judicial, alfabetización jurídica, enfoque intercultural y mecanismos de
control procesal. El estudio aporta evidencia empírica original y propone una agenda crítica para
repensar el acceso a la justicia desde un enfoque territorial y garantista.
Palabras clave: acción de protección, justicia constitucional, acceso a la justicia, derechos
fundamentales, zonas rurales
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2640
ABSTRACT
This article analyzes the effectiveness of the accióndeprotección (constitutional protection action) as
a legal mechanism for safeguarding fundamental rights in rural contexts of Ecuador. Through an
empirical-comparative approach and a mixed-methods design, qualitative and quantitative data
were collected in three provinces with limited institutional presence: Zamora Chinchipe,
Chimborazo, and Esmeraldas. Surveys were administered to citizens, and semi-structured
interviews were conducted with judicial officials and community leaders. The findings reveal a
low level of public awareness of the legal remedy, multiple access barriers (geographic,
economic, institutional), procedural delays exceeding the 48-hour legal limit, increasing rates of
inadmissibility and unfavorable rulings, and a prevailing sense of injustice among users. The
discussion contrasts these findings with comparable studies from Latin America and with standards
from the Inter-American Human Rights System. The study concludes that despite its solid
constitutional foundation, the acción de protección lacks practical effectiveness in rural areas, and its
full implementation requires structural reforms that include judicial decentralization, legal
literacy programs, intercultural approaches, and mechanisms for procedural oversight. This
research contributes original empirical evidence and proposes a critical agenda to rethink access
to justice through a territorial and rights-based lens.
Keywords: constitutional protection, constitutional justice, access to justice,
fundamental rights, rural areas
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
This article analyzes the effectiveness of the accióndeprotección (constitutional protection action) as
a legal mechanism for safeguarding fundamental rights in rural contexts of Ecuador. Through an
empirical-comparative approach and a mixed-methods design, qualitative and quantitative data
were collected in three provinces with limited institutional presence: Zamora Chinchipe,
Chimborazo, and Esmeraldas. Surveys were administered to citizens, and semi-structured
interviews were conducted with judicial officials and community leaders. The findings reveal a
low level of public awareness of the legal remedy, multiple access barriers (geographic,
economic, institutional), procedural delays exceeding the 48-hour legal limit, increasing rates of
inadmissibility and unfavorable rulings, and a prevailing sense of injustice among users. The
discussion contrasts these findings with comparable studies from Latin America and with standards
from the Inter-American Human Rights System. The study concludes that despite its solid
constitutional foundation, the acción de protección lacks practical effectiveness in rural areas, and its
full implementation requires structural reforms that include judicial decentralization, legal
literacy programs, intercultural approaches, and mechanisms for procedural oversight. This
research contributes original empirical evidence and proposes a critical agenda to rethink access
to justice through a territorial and rights-based lens.
Keywords: constitutional protection, constitutional justice, access to justice,
fundamental rights, rural areas
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2641
INTRODUCCIÓN
La acción de protección, prevista en el artículo 88 de la Constitución del Ecuador, constituye una
garantía jurisdiccional destinada a amparar de manera inmediata los derechos reconocidos
constitucionalmente y en los tratados internacionales de derechos humanos. Su finalidad es
restituir la vigencia de los derechos vulnerados a través de un procedimiento judicial rápido, sencillo
y accesible.
Entre sus características esenciales destacan la informalidad, al no exigir formalismos
excesivos ni patrocinio legal obligatorio; la celeridad, al establecer un plazo de resolución de una
semana aproximadamente; y la accesibilidad, que permite a cualquier persona interponerla sin
distinción, lo que la convierte en un mecanismo de protección popular y garantista.
La acción de protección es uno de los instrumentos constitucionales fundamentales
diseñados para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales en los Estados de
derecho modernos. En el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008 consolidó este mecanismo
como parte del modelo garantista que sitúa al ser humano en el centro de la estructura jurídica, tal
como lo plantea Ferrajoli (2021), al exigir la intervención judicial directa ante la vulneración de
derechos. Sin embargo, la sola existencia normativa de estos mecanismos no garantiza su
eficacia en la práctica. Entre sus características esenciales destacan que no es una garantía
residual por cuanto su diseño constitucional la posesiona como directa, además es una garantía
reparadora de amplia protección que no tiene límite de tiempo para ser interpuesta. De hecho,
diversas investigaciones en América Latina han evidenciado que el acceso real a estos recursos se ve
condicionado por factores sociales, territoriales e institucionales que limitan su implementación,
especialmente en contextos rurales o periféricos (UNDP, 2022; De Justo y Cárdenas, 2021).
En esta línea, la Corte Constitucional, mediante las sentencias No. 01-16-PJO- CC,2006-18-
EP/24, ha subrayado que la acción de protección debe garantizar accesibilidad, informalidad y
celeridad, principios que constituyen referentes clave para evaluar su eficacia práctica.
La Corte Constitucional del Ecuador ha insistido en múltiples sentencias en que la acción de
protección debe ser entendida como una garantía de acceso efectivo, rápido y no formalista a la
justicia. Sin embargo, informes recientes de la Defensoría del Pueblo señalan que existe una
preocupante brecha entre el diseño jurídico de la acción y su ejecución en la práctica judicial
cotidiana, debido a deficiencias estructurales como la carencia de personal capacitado, el retardo
procesal y la falta de comprensión del enfoque de derechos (Defensoría del Pueblo, 2023). Este
fenómeno no es exclusivo del Ecuador, sino que refleja una tendencia regional en la que los sistemas
constitucionales promulgan garantías robustas, pero carecen de medios efectivos para hacerlas
cumplir (Gargarella, 2020; Espejo-Yaksic, 2023).
La situación se agrava al observar la realidad de las zonas rurales del Ecuador, donde las
distancias geográficas, la escasa presencia institucional, el bajo nivel de conocimiento jurídico ciudadano
INTRODUCCIÓN
La acción de protección, prevista en el artículo 88 de la Constitución del Ecuador, constituye una
garantía jurisdiccional destinada a amparar de manera inmediata los derechos reconocidos
constitucionalmente y en los tratados internacionales de derechos humanos. Su finalidad es
restituir la vigencia de los derechos vulnerados a través de un procedimiento judicial rápido, sencillo
y accesible.
Entre sus características esenciales destacan la informalidad, al no exigir formalismos
excesivos ni patrocinio legal obligatorio; la celeridad, al establecer un plazo de resolución de una
semana aproximadamente; y la accesibilidad, que permite a cualquier persona interponerla sin
distinción, lo que la convierte en un mecanismo de protección popular y garantista.
La acción de protección es uno de los instrumentos constitucionales fundamentales
diseñados para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales en los Estados de
derecho modernos. En el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008 consolidó este mecanismo
como parte del modelo garantista que sitúa al ser humano en el centro de la estructura jurídica, tal
como lo plantea Ferrajoli (2021), al exigir la intervención judicial directa ante la vulneración de
derechos. Sin embargo, la sola existencia normativa de estos mecanismos no garantiza su
eficacia en la práctica. Entre sus características esenciales destacan que no es una garantía
residual por cuanto su diseño constitucional la posesiona como directa, además es una garantía
reparadora de amplia protección que no tiene límite de tiempo para ser interpuesta. De hecho,
diversas investigaciones en América Latina han evidenciado que el acceso real a estos recursos se ve
condicionado por factores sociales, territoriales e institucionales que limitan su implementación,
especialmente en contextos rurales o periféricos (UNDP, 2022; De Justo y Cárdenas, 2021).
En esta línea, la Corte Constitucional, mediante las sentencias No. 01-16-PJO- CC,2006-18-
EP/24, ha subrayado que la acción de protección debe garantizar accesibilidad, informalidad y
celeridad, principios que constituyen referentes clave para evaluar su eficacia práctica.
La Corte Constitucional del Ecuador ha insistido en múltiples sentencias en que la acción de
protección debe ser entendida como una garantía de acceso efectivo, rápido y no formalista a la
justicia. Sin embargo, informes recientes de la Defensoría del Pueblo señalan que existe una
preocupante brecha entre el diseño jurídico de la acción y su ejecución en la práctica judicial
cotidiana, debido a deficiencias estructurales como la carencia de personal capacitado, el retardo
procesal y la falta de comprensión del enfoque de derechos (Defensoría del Pueblo, 2023). Este
fenómeno no es exclusivo del Ecuador, sino que refleja una tendencia regional en la que los sistemas
constitucionales promulgan garantías robustas, pero carecen de medios efectivos para hacerlas
cumplir (Gargarella, 2020; Espejo-Yaksic, 2023).
La situación se agrava al observar la realidad de las zonas rurales del Ecuador, donde las
distancias geográficas, la escasa presencia institucional, el bajo nivel de conocimiento jurídico ciudadano
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2642
y las barreras económicas dificultan el uso de la acción de protección. Estudios realizados por el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) demuestran que la desigualdad territorial en el
acceso a la justicia limita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales (IAEN, 2022). En
contextos como los de la Amazonía o la región interandina rural, se reporta una alta tasa de
inadmisión o archivo prematuro de las acciones interpuestas, lo que sugiere un sesgo estructural en el
sistema judicial (Paz y Miño, 2021).
La efectividad de una garantía como la acción de protección debe evaluarse no solo desde su
existencia normativa, sino desde su capacidad para transformar situaciones reales de vulneración
de derechos. En este sentido, autores como Huneeus y Couso (2020) insisten en la necesidad de
adoptar metodologías empíricas que analicen cómo los actores judiciales interpretan y aplican
los derechos en contextos específicos. Solo así es posible superar la visión formalista del
constitucionalismo latinoamericano y avanzar hacia un constitucionalismo de lo real, donde el acceso
a la justicia sea una experiencia concreta y transformadora. Esto resulta especialmente importante
en escenarios donde el poder judicial es una de las pocas instituciones con posibilidad de frenar prácticas
estructuralmente injustas.
La literatura internacional sobre justicia constitucional ha subrayado la importancia de
incorporar estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) como referente para
evaluar la eficacia de mecanismos como la acción de protección. Según la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (2018), los Estados tienen la obligación de asegurar recursos judiciales idóneos y
efectivos que permitan reparar las violaciones a derechos humanos de forma integral. En este
contexto, el Ecuador ha sido objeto de recomendaciones para mejorar el acceso a recursos
judiciales en zonas marginadas y promover una cultura judicial más proactiva y respetuosa de los
estándares internacionales (CIDH, 2022; Ruiz-Chiriboga, 2021).
El análisis comparativo con otros países de la región, como Colombia o México, donde
existen mecanismos análogos como la tutela o el juicio de amparo, permite observar buenas
prácticas y lecciones aprendidas. En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha sido pionera en
la implementación de una jurisprudencia protectora, especialmente en zonas rurales y con
poblaciones vulnerables, como indígenas y campesinos (Cepeda-Espinosa, 2020). Este tipo de contraste
resulta fundamental para identificar brechas normativas y operativas en el caso ecuatoriano y sustentar
propuestas de reforma judicial que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos
fundamentales en todo el territorio nacional (Fix-Fierro, 2023; Uprimny, 2022).
El enfoque empírico adoptado por esta investigación busca aportar evidencia concreta al
debate jurídico, combinando el análisis normativo con la recolección de datos cualitativos y
cuantitativos en contextos rurales. Esta aproximación responde a una demanda creciente en las
ciencias jurídicas: dejar de lado la especulación doctrinal aislada y construir conocimiento a
partir de la realidad vivida por los sujetos de derechos (Vaca-Almeida, 2023; Jiménez Serrano, 2020).
Asimismo, el componente interdisciplinario, al integrar elementos de la sociología jurídica y la teoría
y las barreras económicas dificultan el uso de la acción de protección. Estudios realizados por el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) demuestran que la desigualdad territorial en el
acceso a la justicia limita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales (IAEN, 2022). En
contextos como los de la Amazonía o la región interandina rural, se reporta una alta tasa de
inadmisión o archivo prematuro de las acciones interpuestas, lo que sugiere un sesgo estructural en el
sistema judicial (Paz y Miño, 2021).
La efectividad de una garantía como la acción de protección debe evaluarse no solo desde su
existencia normativa, sino desde su capacidad para transformar situaciones reales de vulneración
de derechos. En este sentido, autores como Huneeus y Couso (2020) insisten en la necesidad de
adoptar metodologías empíricas que analicen cómo los actores judiciales interpretan y aplican
los derechos en contextos específicos. Solo así es posible superar la visión formalista del
constitucionalismo latinoamericano y avanzar hacia un constitucionalismo de lo real, donde el acceso
a la justicia sea una experiencia concreta y transformadora. Esto resulta especialmente importante
en escenarios donde el poder judicial es una de las pocas instituciones con posibilidad de frenar prácticas
estructuralmente injustas.
La literatura internacional sobre justicia constitucional ha subrayado la importancia de
incorporar estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) como referente para
evaluar la eficacia de mecanismos como la acción de protección. Según la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (2018), los Estados tienen la obligación de asegurar recursos judiciales idóneos y
efectivos que permitan reparar las violaciones a derechos humanos de forma integral. En este
contexto, el Ecuador ha sido objeto de recomendaciones para mejorar el acceso a recursos
judiciales en zonas marginadas y promover una cultura judicial más proactiva y respetuosa de los
estándares internacionales (CIDH, 2022; Ruiz-Chiriboga, 2021).
El análisis comparativo con otros países de la región, como Colombia o México, donde
existen mecanismos análogos como la tutela o el juicio de amparo, permite observar buenas
prácticas y lecciones aprendidas. En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha sido pionera en
la implementación de una jurisprudencia protectora, especialmente en zonas rurales y con
poblaciones vulnerables, como indígenas y campesinos (Cepeda-Espinosa, 2020). Este tipo de contraste
resulta fundamental para identificar brechas normativas y operativas en el caso ecuatoriano y sustentar
propuestas de reforma judicial que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos
fundamentales en todo el territorio nacional (Fix-Fierro, 2023; Uprimny, 2022).
El enfoque empírico adoptado por esta investigación busca aportar evidencia concreta al
debate jurídico, combinando el análisis normativo con la recolección de datos cualitativos y
cuantitativos en contextos rurales. Esta aproximación responde a una demanda creciente en las
ciencias jurídicas: dejar de lado la especulación doctrinal aislada y construir conocimiento a
partir de la realidad vivida por los sujetos de derechos (Vaca-Almeida, 2023; Jiménez Serrano, 2020).
Asimismo, el componente interdisciplinario, al integrar elementos de la sociología jurídica y la teoría
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2643
crítica, permite una comprensión más profunda de las causas de la ineficacia judicial y de sus
consecuencias sobre los sectores más excluidos del país (Meneses, 2021).
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de la acción de
protección como mecanismo constitucional en zonas rurales del Ecuador, ubicadas en las
provincias de Esmeraldas, Zamora Chinchipe y Chimborazo, mediante un enfoque empírico-
comparativo con estándares internacionales. Para ello, se analiza la brecha entre la normativa
garantista y su implementación real, se examinan los obstáculos estructurales que enfrentan los
ciudadanos rurales al intentar acceder a esta garantía, y se contrastan los hallazgos con modelos
exitosos de la región. La finalidad última es proponer recomendaciones jurídicas e
institucionales que contribuyan a transformar la acción de protección en una herramienta
verdaderamente efectiva de defensa de los derechos fundamentales.
METODOLOGÍA
Este estudio adopta un diseño mixto con orientación cualitativa y cuantitativa, estructurado
bajo un enfoque empírico-comparativo y crítico. La investigación se desarrolla como un estudio
aplicado, no experimental, con el objetivo de evaluar la eficacia de la acción de protección en zonas
rurales del Ecuador. A través de este diseño se busca integrar el análisis normativo con la recolección
de datos en campo, permitiendo así contrastar los postulados jurídicos con la experiencia vivida
por los actores involucrados. La metodología responde a los lineamientos planteados por Huneeus y
Couso (2020), quienes sostienen que el derecho debe evaluarse no solo desde su formulación, sino
también desde su desempeño operativo y sus consecuencias sociales concretas. Esta aproximación
permite superar las limitaciones del formalismo jurídico tradicional, integrando elementos de la
sociología jurídica y el análisis comparado.
La población seleccionada corresponde a actores del sistema judicial y ciudadanos
ubicados en territorios rurales del Ecuador. Se delimitaron tres provincias: Zamora Chinchipe,
Chimborazo y Esmeraldas, por su diversidad geográfica y su histórico rezago en el acceso a
mecanismos judiciales. La muestra fue no probabilística por conveniencia, integrando 90 personas: 30
ciudadanos que han presentado o intentado presentar acciones de protección, 30 funcionarios
judiciales (jueces, defensores públicos, secretarios) y 30 líderes comunitarios. Esta
segmentación permite capturar distintos niveles de experiencia y percepción respecto a la
eficacia del recurso constitucional. La diversidad territorial y sociocultural de las zonas
seleccionadas ofrece una visión comparativa interna que enriquece el análisis empírico, garantizando
un mapeo más representativo de los desafíos enfrentados por los sectores históricamente excluidos
del sistema de justicia.
La recolección de información se realizó mediante dos instrumentos principales: una encuesta
estructurada y entrevistas semiestructuradas. La encuesta incluyó preguntas cerradas y escalas tipo
Likert, enfocadas en medir el nivel de conocimiento de los participantes sobre la acción de
crítica, permite una comprensión más profunda de las causas de la ineficacia judicial y de sus
consecuencias sobre los sectores más excluidos del país (Meneses, 2021).
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de la acción de
protección como mecanismo constitucional en zonas rurales del Ecuador, ubicadas en las
provincias de Esmeraldas, Zamora Chinchipe y Chimborazo, mediante un enfoque empírico-
comparativo con estándares internacionales. Para ello, se analiza la brecha entre la normativa
garantista y su implementación real, se examinan los obstáculos estructurales que enfrentan los
ciudadanos rurales al intentar acceder a esta garantía, y se contrastan los hallazgos con modelos
exitosos de la región. La finalidad última es proponer recomendaciones jurídicas e
institucionales que contribuyan a transformar la acción de protección en una herramienta
verdaderamente efectiva de defensa de los derechos fundamentales.
METODOLOGÍA
Este estudio adopta un diseño mixto con orientación cualitativa y cuantitativa, estructurado
bajo un enfoque empírico-comparativo y crítico. La investigación se desarrolla como un estudio
aplicado, no experimental, con el objetivo de evaluar la eficacia de la acción de protección en zonas
rurales del Ecuador. A través de este diseño se busca integrar el análisis normativo con la recolección
de datos en campo, permitiendo así contrastar los postulados jurídicos con la experiencia vivida
por los actores involucrados. La metodología responde a los lineamientos planteados por Huneeus y
Couso (2020), quienes sostienen que el derecho debe evaluarse no solo desde su formulación, sino
también desde su desempeño operativo y sus consecuencias sociales concretas. Esta aproximación
permite superar las limitaciones del formalismo jurídico tradicional, integrando elementos de la
sociología jurídica y el análisis comparado.
La población seleccionada corresponde a actores del sistema judicial y ciudadanos
ubicados en territorios rurales del Ecuador. Se delimitaron tres provincias: Zamora Chinchipe,
Chimborazo y Esmeraldas, por su diversidad geográfica y su histórico rezago en el acceso a
mecanismos judiciales. La muestra fue no probabilística por conveniencia, integrando 90 personas: 30
ciudadanos que han presentado o intentado presentar acciones de protección, 30 funcionarios
judiciales (jueces, defensores públicos, secretarios) y 30 líderes comunitarios. Esta
segmentación permite capturar distintos niveles de experiencia y percepción respecto a la
eficacia del recurso constitucional. La diversidad territorial y sociocultural de las zonas
seleccionadas ofrece una visión comparativa interna que enriquece el análisis empírico, garantizando
un mapeo más representativo de los desafíos enfrentados por los sectores históricamente excluidos
del sistema de justicia.
La recolección de información se realizó mediante dos instrumentos principales: una encuesta
estructurada y entrevistas semiestructuradas. La encuesta incluyó preguntas cerradas y escalas tipo
Likert, enfocadas en medir el nivel de conocimiento de los participantes sobre la acción de
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2644
protección, su percepción sobre la accesibilidad del recurso, la duración del proceso y la resolución
obtenida. Paralelamente, se realizaron entrevistas semiestructuradas con jueces, defensores
públicos y líderes locales, para captar experiencias, obstáculos, criterios de interpretación
judicial y recomendaciones. Ambos instrumentos fueron previamente validados por expertos en
derecho constitucional y metodología jurídica, garantizando su pertinencia teórica y operativa.
Este enfoque metodológico combinado permite una triangulación robusta de datos, tanto
objetivos como subjetivos, esenciales para una evaluación crítica de la eficacia del recurso
constitucional.
El análisis de los datos cuantitativos se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando
frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, procesadas en el software SPSS v.27. Por su
parte, el material cualitativo fue sistematizado con técnicas de análisis de contenido temático,
utilizando codificación abierta a través del programa ATLAS.ti. La integración de estos métodos
responde a la necesidad de capturar tanto los patrones generales como las particularidades del ejercicio
judicial en zonas rurales. Además, permite establecer correlaciones entre factores como la
formación de los jueces, los tiempos procesales y la satisfacción ciudadana. La combinación de
datos objetivos y percepciones subjetivas resulta fundamental para evaluar con precisión la
eficacia real de la acción de protección en estos territorios.
La investigación se desarrolló bajo estrictos principios éticos. Todos los participantes
fueron informados del propósito del estudio y firmaron consentimientos informados, asegurando
confidencialidad, anonimato y libertad de participación. Se respetaron las directrices éticas
internacionales para investigaciones con seres humanos, conforme a la Declaración de Helsinki (WMA,
2013), y se contó con la validación de un comité ético institucional. Asimismo, se adoptaron medidas
de sensibilidad cultural en las zonas con presencia indígena y afrodescendiente, respetando prácticas
comunitarias locales. Esta dimensión ética es clave, no solo por responsabilidad investigativa, sino
también porque el estudio involucra poblaciones históricamente vulneradas y temas jurídicos
sensibles.
Entre las limitaciones identificadas se encuentra la imposibilidad de aplicar un muestreo
probabilístico, debido a restricciones logísticas y de acceso territorial. También se reconoce que la
subjetividad inherente a las percepciones ciudadanas puede influir en algunas respuestas. Sin
embargo, estas limitaciones han sido mitigadas mediante la diversificación de fuentes, la validación
cruzada de datos y la triangulación metodológica. La investigación no pretende generalizar de
forma absoluta los resultados, sino identificar tendencias estructurales y patrones críticos que
ayuden a repensar la implementación de garantías constitucionales en territorios donde el derecho
suele ser más formal que efectivo. La solidez metodológica empleada permite, sin embargo, extraer
hallazgos relevantes para el diseño de políticas públicas y reformas judiciales con enfoque territorial y
de derechos.
protección, su percepción sobre la accesibilidad del recurso, la duración del proceso y la resolución
obtenida. Paralelamente, se realizaron entrevistas semiestructuradas con jueces, defensores
públicos y líderes locales, para captar experiencias, obstáculos, criterios de interpretación
judicial y recomendaciones. Ambos instrumentos fueron previamente validados por expertos en
derecho constitucional y metodología jurídica, garantizando su pertinencia teórica y operativa.
Este enfoque metodológico combinado permite una triangulación robusta de datos, tanto
objetivos como subjetivos, esenciales para una evaluación crítica de la eficacia del recurso
constitucional.
El análisis de los datos cuantitativos se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando
frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, procesadas en el software SPSS v.27. Por su
parte, el material cualitativo fue sistematizado con técnicas de análisis de contenido temático,
utilizando codificación abierta a través del programa ATLAS.ti. La integración de estos métodos
responde a la necesidad de capturar tanto los patrones generales como las particularidades del ejercicio
judicial en zonas rurales. Además, permite establecer correlaciones entre factores como la
formación de los jueces, los tiempos procesales y la satisfacción ciudadana. La combinación de
datos objetivos y percepciones subjetivas resulta fundamental para evaluar con precisión la
eficacia real de la acción de protección en estos territorios.
La investigación se desarrolló bajo estrictos principios éticos. Todos los participantes
fueron informados del propósito del estudio y firmaron consentimientos informados, asegurando
confidencialidad, anonimato y libertad de participación. Se respetaron las directrices éticas
internacionales para investigaciones con seres humanos, conforme a la Declaración de Helsinki (WMA,
2013), y se contó con la validación de un comité ético institucional. Asimismo, se adoptaron medidas
de sensibilidad cultural en las zonas con presencia indígena y afrodescendiente, respetando prácticas
comunitarias locales. Esta dimensión ética es clave, no solo por responsabilidad investigativa, sino
también porque el estudio involucra poblaciones históricamente vulneradas y temas jurídicos
sensibles.
Entre las limitaciones identificadas se encuentra la imposibilidad de aplicar un muestreo
probabilístico, debido a restricciones logísticas y de acceso territorial. También se reconoce que la
subjetividad inherente a las percepciones ciudadanas puede influir en algunas respuestas. Sin
embargo, estas limitaciones han sido mitigadas mediante la diversificación de fuentes, la validación
cruzada de datos y la triangulación metodológica. La investigación no pretende generalizar de
forma absoluta los resultados, sino identificar tendencias estructurales y patrones críticos que
ayuden a repensar la implementación de garantías constitucionales en territorios donde el derecho
suele ser más formal que efectivo. La solidez metodológica empleada permite, sin embargo, extraer
hallazgos relevantes para el diseño de políticas públicas y reformas judiciales con enfoque territorial y
de derechos.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2645
RESULTADOS
El análisis de campo permitió identificar patrones recurrentes sobre la efectividad real de la
acción de protección en contextos rurales del Ecuador, en coherencia con los instrumentos
aplicados. A través de encuestas estructuradas a ciudadanos y entrevistas a operadores judiciales
y líderes comunitarios, se recolectó información significativa sobre el nivel de acceso,
obstáculos institucionales, tiempos procesales y percepción de justicia en tres provincias
seleccionadas. Los datos obtenidos fueron sistematizados mediante análisis estadístico descriptivo
y categorización cualitativa. La información se presenta en cinco ejes temáticos fundamentales, que
permiten comprender el funcionamiento práctico de la acción de protección desde una
perspectiva territorial, institucional y ciudadana. A continuación, se exponen los hallazgos más
relevantes de cada dimensión analizada.
En la Tabla 1 se muestra el nivel de conocimiento ciudadano sobre la acción de protección en
las zonas rurales encuestadas. Los datos indican que el 46,7 % de los participantes no conoce el
término, mientras que el 26,7 % ha escuchado sobre el mecanismo, aunque sin comprenderlo del
todo. Solo un 10 % manifestó conocer plenamente la figura jurídica y saber cómo proceder ante
una vulneración de derechos. Estos resultados reflejan un panorama general de escaso
conocimiento sobre esta garantía constitucional entre los habitantes de las provincias rurales
analizadas.
Tabla 1
Nivel de conocimiento ciudadano sobre la acción de protección en zonas rurales
En la Tabla 2 se presentan las principales barreras identificadas por los encuestados que
limitan su acceso a la acción de protección en zonas rurales. Los participantes pudieron seleccionar
más de una opción, según su experiencia o percepción. La barrera más mencionada fue la falta de
conocimiento sobre el proceso legal, seguida por la distancia a las unidades judiciales y la ausencia de
asesoría legal gratuita o accesible. También se reportaron obstáculos económicos y temor a
represalias, especialmente en casos en los que la autoridad pública local es la presunta responsable
de la vulneración de derechos. Estos datos revelan un conjunto de limitaciones multidimensionales
RESULTADOS
El análisis de campo permitió identificar patrones recurrentes sobre la efectividad real de la
acción de protección en contextos rurales del Ecuador, en coherencia con los instrumentos
aplicados. A través de encuestas estructuradas a ciudadanos y entrevistas a operadores judiciales
y líderes comunitarios, se recolectó información significativa sobre el nivel de acceso,
obstáculos institucionales, tiempos procesales y percepción de justicia en tres provincias
seleccionadas. Los datos obtenidos fueron sistematizados mediante análisis estadístico descriptivo
y categorización cualitativa. La información se presenta en cinco ejes temáticos fundamentales, que
permiten comprender el funcionamiento práctico de la acción de protección desde una
perspectiva territorial, institucional y ciudadana. A continuación, se exponen los hallazgos más
relevantes de cada dimensión analizada.
En la Tabla 1 se muestra el nivel de conocimiento ciudadano sobre la acción de protección en
las zonas rurales encuestadas. Los datos indican que el 46,7 % de los participantes no conoce el
término, mientras que el 26,7 % ha escuchado sobre el mecanismo, aunque sin comprenderlo del
todo. Solo un 10 % manifestó conocer plenamente la figura jurídica y saber cómo proceder ante
una vulneración de derechos. Estos resultados reflejan un panorama general de escaso
conocimiento sobre esta garantía constitucional entre los habitantes de las provincias rurales
analizadas.
Tabla 1
Nivel de conocimiento ciudadano sobre la acción de protección en zonas rurales
En la Tabla 2 se presentan las principales barreras identificadas por los encuestados que
limitan su acceso a la acción de protección en zonas rurales. Los participantes pudieron seleccionar
más de una opción, según su experiencia o percepción. La barrera más mencionada fue la falta de
conocimiento sobre el proceso legal, seguida por la distancia a las unidades judiciales y la ausencia de
asesoría legal gratuita o accesible. También se reportaron obstáculos económicos y temor a
represalias, especialmente en casos en los que la autoridad pública local es la presunta responsable
de la vulneración de derechos. Estos datos revelan un conjunto de limitaciones multidimensionales
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2646
que afectan la capacidad de los ciudadanos rurales para ejercer este mecanismo constitucional.
Tabla 2
Barreras percibidas para acceder a la acción de protección
En la Tabla 3 se exponen los resultados relacionados con la duración promedio del trámite
judicial de las acciones de protección en las tres provincias analizadas. Se recopilaron datos a partir de
entrevistas con operadores de justicia y ciudadanos que han interpuesto este tipo de recurso. La
información revela que, si bien el marco legal establece que el procedimiento debe resolverse en un
plazo de 48 horas, en la práctica los tiempos varían ampliamente según la provincia y la disponibilidad
del sistema judicial local. En varios casos se evidenció que el trámite excede los plazos
establecidos, llegando incluso a superar los 10 días hábiles. Esta información permite observar una
posible disfuncionalidad operativa en el cumplimiento del estándar constitucional de celeridad
procesal.
Tabla 3
Duración promedio del trámite judicial de acciones de protección por provincia
En la Tabla 4 se detallan las tasas de admisibilidad de las acciones de protección presentadas y el
porcentaje de fallos favorables a los accionantes, distribuidos por provincia. Estos datos fueron
recabados mediante entrevistas con operadores judiciales y revisión de registros proporcionados
por los participantes. El objetivo fue identificar en qué medida las acciones son admitidas a trámite y
que afectan la capacidad de los ciudadanos rurales para ejercer este mecanismo constitucional.
Tabla 2
Barreras percibidas para acceder a la acción de protección
En la Tabla 3 se exponen los resultados relacionados con la duración promedio del trámite
judicial de las acciones de protección en las tres provincias analizadas. Se recopilaron datos a partir de
entrevistas con operadores de justicia y ciudadanos que han interpuesto este tipo de recurso. La
información revela que, si bien el marco legal establece que el procedimiento debe resolverse en un
plazo de 48 horas, en la práctica los tiempos varían ampliamente según la provincia y la disponibilidad
del sistema judicial local. En varios casos se evidenció que el trámite excede los plazos
establecidos, llegando incluso a superar los 10 días hábiles. Esta información permite observar una
posible disfuncionalidad operativa en el cumplimiento del estándar constitucional de celeridad
procesal.
Tabla 3
Duración promedio del trámite judicial de acciones de protección por provincia
En la Tabla 4 se detallan las tasas de admisibilidad de las acciones de protección presentadas y el
porcentaje de fallos favorables a los accionantes, distribuidos por provincia. Estos datos fueron
recabados mediante entrevistas con operadores judiciales y revisión de registros proporcionados
por los participantes. El objetivo fue identificar en qué medida las acciones son admitidas a trámite y
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cuántas concluyen con resoluciones que restituyen los derechos vulnerados. Los resultados revelan
disparidades significativas entre provincias, tanto en la admisión como en la concesión de fallos
favorables. Esta información resulta clave para evaluar la eficacia real del sistema de garantías
jurisdiccionales, más allá de su diseño normativo.
Tabla 4
Tasa de admisibilidad y de fallos favorables en acciones de protección por provincia
En la Tabla 5 se resume la percepción de justicia y el nivel de satisfacción expresado por
los ciudadanos que han participado en acciones de protección en las provincias rurales seleccionadas.
La información fue obtenida a través de encuestas en las que los usuarios valoraron su experiencia
general, la confianza en el sistema judicial y su grado de satisfacción con el proceso. Los resultados
permiten identificar el impacto subjetivo del mecanismo constitucional en quienes lo han
utilizado, reflejando tanto los aspectos positivos como las frustraciones del trámite. Esta
dimensión perceptiva complementa los datos objetivos y ofrece una visión más completa del
funcionamiento del sistema de garantías jurisdiccionales en entornos rurales.
cuántas concluyen con resoluciones que restituyen los derechos vulnerados. Los resultados revelan
disparidades significativas entre provincias, tanto en la admisión como en la concesión de fallos
favorables. Esta información resulta clave para evaluar la eficacia real del sistema de garantías
jurisdiccionales, más allá de su diseño normativo.
Tabla 4
Tasa de admisibilidad y de fallos favorables en acciones de protección por provincia
En la Tabla 5 se resume la percepción de justicia y el nivel de satisfacción expresado por
los ciudadanos que han participado en acciones de protección en las provincias rurales seleccionadas.
La información fue obtenida a través de encuestas en las que los usuarios valoraron su experiencia
general, la confianza en el sistema judicial y su grado de satisfacción con el proceso. Los resultados
permiten identificar el impacto subjetivo del mecanismo constitucional en quienes lo han
utilizado, reflejando tanto los aspectos positivos como las frustraciones del trámite. Esta
dimensión perceptiva complementa los datos objetivos y ofrece una visión más completa del
funcionamiento del sistema de garantías jurisdiccionales en entornos rurales.
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Tabla 5
Percepción de justicia y satisfacción con el proceso de acción de protección
DISCUSIÓN
El análisis empírico realizado permite comprender la brecha existente entre el diseño
constitucional de la acción de protección y su operativización en contextos rurales del Ecuador.
Esta distancia no solo evidencia debilidades institucionales, sino también la persistencia de
desigualdades estructurales que afectan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. La
discusión de los resultados obtenidos a la luz de la literatura científica actual revela patrones
similares en otros sistemas jurídicos latinoamericanos, lo que refuerza la necesidad de repensar
el acceso a la justicia desde un enfoque territorial y diferencial. A continuación, se discuten los
hallazgos de este estudio en contraste con investigaciones comparables, y se presenta una interpretación
crítica de sus implicaciones.
El nivel de conocimiento ciudadano sobre la acción de protección resultó alarmantemente
bajo, con apenas un 10 % de los encuestados declarando conocer plenamente el recurso. Este
hallazgo concuerda con estudios realizados en Colombia por Pérez y Rodríguez (2021), quienes
reportaron un conocimiento inferior al 20 % sobre la acción de tutela en zonas rurales del Cauca. De
manera similar, Lira y González (2020) encontraron en regiones rurales de México que solo un 12
% de los encuestados sabía identificar correctamente los recursos constitucionales disponibles.
Además, informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han resaltado que la
desinformación legal es una de las principales barreras de acceso en zonas marginadas de América
Latina (UNDP, 2022). Estos datos reflejan una desconexión profunda entre el lenguaje jurídico y la
realidad social de los territorios rurales. En ese contexto, se evidencia que la acción de protección,
aunque jurídicamente sólida, carece de eficacia práctica mientras no se garantice una educación
jurídica accesible y culturalmente adecuada.
Las barreras percibidas para acceder al recurso también revelaron una combinación de
Tabla 5
Percepción de justicia y satisfacción con el proceso de acción de protección
DISCUSIÓN
El análisis empírico realizado permite comprender la brecha existente entre el diseño
constitucional de la acción de protección y su operativización en contextos rurales del Ecuador.
Esta distancia no solo evidencia debilidades institucionales, sino también la persistencia de
desigualdades estructurales que afectan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. La
discusión de los resultados obtenidos a la luz de la literatura científica actual revela patrones
similares en otros sistemas jurídicos latinoamericanos, lo que refuerza la necesidad de repensar
el acceso a la justicia desde un enfoque territorial y diferencial. A continuación, se discuten los
hallazgos de este estudio en contraste con investigaciones comparables, y se presenta una interpretación
crítica de sus implicaciones.
El nivel de conocimiento ciudadano sobre la acción de protección resultó alarmantemente
bajo, con apenas un 10 % de los encuestados declarando conocer plenamente el recurso. Este
hallazgo concuerda con estudios realizados en Colombia por Pérez y Rodríguez (2021), quienes
reportaron un conocimiento inferior al 20 % sobre la acción de tutela en zonas rurales del Cauca. De
manera similar, Lira y González (2020) encontraron en regiones rurales de México que solo un 12
% de los encuestados sabía identificar correctamente los recursos constitucionales disponibles.
Además, informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han resaltado que la
desinformación legal es una de las principales barreras de acceso en zonas marginadas de América
Latina (UNDP, 2022). Estos datos reflejan una desconexión profunda entre el lenguaje jurídico y la
realidad social de los territorios rurales. En ese contexto, se evidencia que la acción de protección,
aunque jurídicamente sólida, carece de eficacia práctica mientras no se garantice una educación
jurídica accesible y culturalmente adecuada.
Las barreras percibidas para acceder al recurso también revelaron una combinación de
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2649
factores estructurales, logísticos y sociales. El desconocimiento del procedimiento, la lejanía de las
unidades judiciales y la falta de asesoría legal fueron las más reportadas. Este patrón coincide con los
hallazgos de Restrepo et al. (2021), quienes identificaron que el 72 % de los encuestados en zonas
rurales de Perú mencionaban la distancia geográfica como principal impedimento para el acceso a la
justicia constitucional. Igualmente, un estudio regional realizado por la Fundación para el Debido Proceso
(DPLF, 2020) indicó que la falta de defensorías públicas en áreas rurales ha generado una justicia
“urbano-céntrica” que excluye sistemáticamente a las poblaciones más vulnerables. Según Herrera y
Méndez (2019), este fenómeno se ve agravado por la percepción de impunidad y falta de sensibilidad
judicial en contextos rurales indígenas de Guatemala. Estos elementos permiten comprender que
las limitaciones al acceso no son meramente técnicas, sino profundamente estructurales. El análisis
de los datos demuestra que la efectividad del recurso depende no solo de su existencia legal, sino del
entorno que permite o impide su uso real.
En cuanto a la duración del trámite judicial, los resultados mostraron que más del 74 % de los
casos excedieron el plazo legal de 48 horas, el Artículo 129, Constitución Política del Estado (2009) de
Bolivia establece "La acción de libertad y la acción de amparo constitucional se resolverán en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas desde su presentación..." alcanzando en promedio los siete días
hábiles. Investigaciones similares en Bolivia, como las de Arce y Valdez (2020), reportan demoras
equivalentes o mayores en zonas rurales del altiplano, donde los recursos de amparo se resuelven
en un lapso promedio de 9 días. Asimismo, la Relatoría Especial sobre la Independencia de los
Magistrados y Abogados de Naciones Unidas ha advertido que la congestión judicial en zonas
periféricas limita gravemente el acceso efectivo a recursos constitucionales (UNHRC, 2021). Por
otro lado, González y Bermeo (2022) han demostrado que, incluso cuando existen marcos
normativos sólidos, la falta de seguimiento a los plazos procesales genera una percepción de
ineficacia institucional. A partir de lo evidenciado, es claro que la falta de celeridad no solo vulnera
derechos, sino que socava la legitimidad del sistema constitucional en territorios donde la justicia ya
es históricamente débil. No obstante, es necesario contrastar estos hallazgos con registros oficiales y
estudios comparados, a fin de verificar si los retrasos obedecen a limitaciones estructurales del
sistema judicial o a deficiencias de aplicación en determinadas jurisdicciones rurales.
La tasa de admisibilidad y los fallos favorables a los accionantes también evidenciaron
inconsistencias territoriales significativas. Mientras Zamora Chinchipe presentó un 80 % de
admisión y el 46% de resoluciones favorables, en Esmeraldas los fallos positivos apenas alcanzaron
el 26,7 %. En un estudio comparativo sobre el amparo en Argentina y Ecuador, Suárez y Carballo
(2021) encontraron que los factores más determinantes para la admisión no eran jurídicos, sino
discrecionales, como la carga subjetiva del juez o la presión institucional. En consonancia,
Londoño y Martínez (2020) demostraron que las tasas de admisibilidad en Colombia oscilaban
hasta en un 40 % entre regiones, dependiendo del enfoque del operador judicial. Asimismo, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en casos como BaenaRicardo y otros vs.
factores estructurales, logísticos y sociales. El desconocimiento del procedimiento, la lejanía de las
unidades judiciales y la falta de asesoría legal fueron las más reportadas. Este patrón coincide con los
hallazgos de Restrepo et al. (2021), quienes identificaron que el 72 % de los encuestados en zonas
rurales de Perú mencionaban la distancia geográfica como principal impedimento para el acceso a la
justicia constitucional. Igualmente, un estudio regional realizado por la Fundación para el Debido Proceso
(DPLF, 2020) indicó que la falta de defensorías públicas en áreas rurales ha generado una justicia
“urbano-céntrica” que excluye sistemáticamente a las poblaciones más vulnerables. Según Herrera y
Méndez (2019), este fenómeno se ve agravado por la percepción de impunidad y falta de sensibilidad
judicial en contextos rurales indígenas de Guatemala. Estos elementos permiten comprender que
las limitaciones al acceso no son meramente técnicas, sino profundamente estructurales. El análisis
de los datos demuestra que la efectividad del recurso depende no solo de su existencia legal, sino del
entorno que permite o impide su uso real.
En cuanto a la duración del trámite judicial, los resultados mostraron que más del 74 % de los
casos excedieron el plazo legal de 48 horas, el Artículo 129, Constitución Política del Estado (2009) de
Bolivia establece "La acción de libertad y la acción de amparo constitucional se resolverán en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas desde su presentación..." alcanzando en promedio los siete días
hábiles. Investigaciones similares en Bolivia, como las de Arce y Valdez (2020), reportan demoras
equivalentes o mayores en zonas rurales del altiplano, donde los recursos de amparo se resuelven
en un lapso promedio de 9 días. Asimismo, la Relatoría Especial sobre la Independencia de los
Magistrados y Abogados de Naciones Unidas ha advertido que la congestión judicial en zonas
periféricas limita gravemente el acceso efectivo a recursos constitucionales (UNHRC, 2021). Por
otro lado, González y Bermeo (2022) han demostrado que, incluso cuando existen marcos
normativos sólidos, la falta de seguimiento a los plazos procesales genera una percepción de
ineficacia institucional. A partir de lo evidenciado, es claro que la falta de celeridad no solo vulnera
derechos, sino que socava la legitimidad del sistema constitucional en territorios donde la justicia ya
es históricamente débil. No obstante, es necesario contrastar estos hallazgos con registros oficiales y
estudios comparados, a fin de verificar si los retrasos obedecen a limitaciones estructurales del
sistema judicial o a deficiencias de aplicación en determinadas jurisdicciones rurales.
La tasa de admisibilidad y los fallos favorables a los accionantes también evidenciaron
inconsistencias territoriales significativas. Mientras Zamora Chinchipe presentó un 80 % de
admisión y el 46% de resoluciones favorables, en Esmeraldas los fallos positivos apenas alcanzaron
el 26,7 %. En un estudio comparativo sobre el amparo en Argentina y Ecuador, Suárez y Carballo
(2021) encontraron que los factores más determinantes para la admisión no eran jurídicos, sino
discrecionales, como la carga subjetiva del juez o la presión institucional. En consonancia,
Londoño y Martínez (2020) demostraron que las tasas de admisibilidad en Colombia oscilaban
hasta en un 40 % entre regiones, dependiendo del enfoque del operador judicial. Asimismo, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en casos como BaenaRicardo y otros vs.
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Panamá que la admisión arbitraria de recursos constitucionales constituye una forma indirecta de
denegación de justicia (CIDH, 2003). En ese sentido, los datos confirman que la eficacia del
recurso está ligada no solo al derecho, sino a la práctica judicial concreta que reproduce o limita el
principio de igualdad ante la ley. Cabe señalar que, aunque los datos muestran niveles
significativos de inadmisión, este fenómeno resulta contradictorio con el principio de informalidad
propio de la acción de protección, lo que sugiere una aplicación restrictiva que desvirtúa su
naturaleza garantista.
Finalmente, la percepción de justicia y satisfacción por parte de los usuarios mostró una
tendencia crítica, con más del 50 % de los encuestados manifestando insatisfacción o insatisfacción
total. Resultados similares se han reportado en evaluaciones cualitativas realizadas por López y
Castrillón (2019) en comunidades rurales de Honduras, donde la percepción de arbitrariedad e
incomprensión del lenguaje jurídico afectaba negativamente la confianza en el sistema. Además, De
Souza y Ribeiro (2022) han documentado cómo la falta de comunicación institucional,
especialmente en sentencias mal fundamentadas o sin seguimiento, deteriora la legitimidad del sistema
judicial en Brasil. Un informe del Observatorio de Justicia Constitucional del Ecuador (OJCE,
2021) ha subrayado que la experiencia negativa con recursos de protección desincentiva su uso
futuro, generando un círculo vicioso de desconfianza. Desde esta perspectiva, los resultados
sugieren que la experiencia del usuario debe entenderse como parte integral de la garantía
jurisdiccional, y no como una consecuencia secundaria.
En conjunto, los resultados reflejan un patrón persistente: la eficacia de la acción de protección
en el Ecuador rural se ve gravemente limitada por condiciones estructurales, operativas y
culturales. A pesar de tener una sólida base constitucional, el acceso real al recurso se ve
restringido por factores como la falta de información, la ausencia institucional, las demoras
procesales y la interpretación discrecional de los jueces. Esta convergencia de obstáculos revela que el
problema no radica en el diseño normativo per se, sino en la falta de condiciones materiales e
institucionales para su implementación equitativa. La acción de protección, por tanto, requiere no
solo reformas jurídicas, sino una transformación institucional con enfoque territorial, perspectiva
intercultural y compromiso estatal con la justicia real y no meramente formal.
CONCLUSIÓN
Es importante resaltar que la acción de protección no debe entenderse únicamente como
un recurso procesal, sino como un mecanismo constitucional de defensa de los derechos humanos,
cuya eficacia depende de su aplicación real y eficiente. El presente estudio ha permitido demostrar
que, si bien la acción de protección constituye un mecanismo constitucional fundamental en el marco
del Estado garantista ecuatoriano, su eficacia práctica en territorios rurales se encuentra
seriamente comprometida. A través del análisis empírico realizado en las provincias de Zamora
Chinchipe, Chimborazo y Esmeraldas, se constató una combinación de barreras estructurales,
Panamá que la admisión arbitraria de recursos constitucionales constituye una forma indirecta de
denegación de justicia (CIDH, 2003). En ese sentido, los datos confirman que la eficacia del
recurso está ligada no solo al derecho, sino a la práctica judicial concreta que reproduce o limita el
principio de igualdad ante la ley. Cabe señalar que, aunque los datos muestran niveles
significativos de inadmisión, este fenómeno resulta contradictorio con el principio de informalidad
propio de la acción de protección, lo que sugiere una aplicación restrictiva que desvirtúa su
naturaleza garantista.
Finalmente, la percepción de justicia y satisfacción por parte de los usuarios mostró una
tendencia crítica, con más del 50 % de los encuestados manifestando insatisfacción o insatisfacción
total. Resultados similares se han reportado en evaluaciones cualitativas realizadas por López y
Castrillón (2019) en comunidades rurales de Honduras, donde la percepción de arbitrariedad e
incomprensión del lenguaje jurídico afectaba negativamente la confianza en el sistema. Además, De
Souza y Ribeiro (2022) han documentado cómo la falta de comunicación institucional,
especialmente en sentencias mal fundamentadas o sin seguimiento, deteriora la legitimidad del sistema
judicial en Brasil. Un informe del Observatorio de Justicia Constitucional del Ecuador (OJCE,
2021) ha subrayado que la experiencia negativa con recursos de protección desincentiva su uso
futuro, generando un círculo vicioso de desconfianza. Desde esta perspectiva, los resultados
sugieren que la experiencia del usuario debe entenderse como parte integral de la garantía
jurisdiccional, y no como una consecuencia secundaria.
En conjunto, los resultados reflejan un patrón persistente: la eficacia de la acción de protección
en el Ecuador rural se ve gravemente limitada por condiciones estructurales, operativas y
culturales. A pesar de tener una sólida base constitucional, el acceso real al recurso se ve
restringido por factores como la falta de información, la ausencia institucional, las demoras
procesales y la interpretación discrecional de los jueces. Esta convergencia de obstáculos revela que el
problema no radica en el diseño normativo per se, sino en la falta de condiciones materiales e
institucionales para su implementación equitativa. La acción de protección, por tanto, requiere no
solo reformas jurídicas, sino una transformación institucional con enfoque territorial, perspectiva
intercultural y compromiso estatal con la justicia real y no meramente formal.
CONCLUSIÓN
Es importante resaltar que la acción de protección no debe entenderse únicamente como
un recurso procesal, sino como un mecanismo constitucional de defensa de los derechos humanos,
cuya eficacia depende de su aplicación real y eficiente. El presente estudio ha permitido demostrar
que, si bien la acción de protección constituye un mecanismo constitucional fundamental en el marco
del Estado garantista ecuatoriano, su eficacia práctica en territorios rurales se encuentra
seriamente comprometida. A través del análisis empírico realizado en las provincias de Zamora
Chinchipe, Chimborazo y Esmeraldas, se constató una combinación de barreras estructurales,
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2651
logísticas y jurídicas que impiden el acceso efectivo a este recurso. La falta de conocimiento por
parte de los ciudadanos, las dificultades de acceso físico a las unidades judiciales, los tiempos
procesales que exceden los límites constitucionales, y la discrecionalidad en la admisibilidad y
resolución de los casos, configuran un panorama de justicia desigual y segmentada. Esto
evidencia que el diseño jurídico, por sí solo, no garantiza el ejercicio pleno de los derechos si no
se acompaña de condiciones institucionales sólidas y una verdadera voluntad de justicia territorial.
En consecuencia, se concluye que la acción de protección, en su configuración actual, no
cumple de manera integral su finalidad en los sectores rurales del Ecuador. Para que esta garantía
constitucional se convierta en una herramienta efectiva y no en un recurso simbólico, es
indispensable implementar reformas estructurales. Estas deben incluir campañas de
alfabetización jurídica, fortalecimiento de la Defensoría Pública, descentralización de unidades
judiciales, capacitación continua a jueces en derecho constitucional y procedimiento
constitucional; además de incorporar un enfoque territorial y cultural, así como mecanismos de
control del cumplimiento procesal. Asimismo, se recomienda incorporar estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en la práctica judicial cotidiana, garantizando no solo la
admisibilidad formal del recurso, sino su capacidad reparadora frente a la vulneración de derechos.
Solo bajo un enfoque integral y territorializado será posible consolidar una justicia constitucional
verdaderamente equitativa, accesible y eficaz.
logísticas y jurídicas que impiden el acceso efectivo a este recurso. La falta de conocimiento por
parte de los ciudadanos, las dificultades de acceso físico a las unidades judiciales, los tiempos
procesales que exceden los límites constitucionales, y la discrecionalidad en la admisibilidad y
resolución de los casos, configuran un panorama de justicia desigual y segmentada. Esto
evidencia que el diseño jurídico, por sí solo, no garantiza el ejercicio pleno de los derechos si no
se acompaña de condiciones institucionales sólidas y una verdadera voluntad de justicia territorial.
En consecuencia, se concluye que la acción de protección, en su configuración actual, no
cumple de manera integral su finalidad en los sectores rurales del Ecuador. Para que esta garantía
constitucional se convierta en una herramienta efectiva y no en un recurso simbólico, es
indispensable implementar reformas estructurales. Estas deben incluir campañas de
alfabetización jurídica, fortalecimiento de la Defensoría Pública, descentralización de unidades
judiciales, capacitación continua a jueces en derecho constitucional y procedimiento
constitucional; además de incorporar un enfoque territorial y cultural, así como mecanismos de
control del cumplimiento procesal. Asimismo, se recomienda incorporar estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en la práctica judicial cotidiana, garantizando no solo la
admisibilidad formal del recurso, sino su capacidad reparadora frente a la vulneración de derechos.
Solo bajo un enfoque integral y territorializado será posible consolidar una justicia constitucional
verdaderamente equitativa, accesible y eficaz.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 2652
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