Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1493
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i4.1760
Limitaciones del Proceso Contencioso Administrativo en la
protección de los derechos ciudadanos frente a los actos de la
Administración Pública
Critical Analysis of the Effectiveness of the Contentious-Administrative Process in the
Protection of Citizens' Rights against the Acts of the Public Administration in Ecuador
Rodrigo Estuardo Pazmiño Meléndez
repazminom@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-8669-7779
Universidad Bolivariana del Ecuador, UBE
Programa de Maestría en Derecho Procesal
Guaranda - Ecuador
Gloria Francisca Moran Benítez
gfmoranb@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-6885-6766
Universidad Bolivariana del Ecuador, UBE
Programa de Maestría en Derecho Procesal
Guaranda - Ecuador
Holger Geovanny García Segarra
hggarcias@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
Universidad Bolivariana del Ecuador, UBE
Programa de Maestría en Derecho Procesal
Guaranda - Ecuador
Artículo recibido: 10 octubre 2025 -Aceptado para publicación: 18 noviembre 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
El presente artículo examina las limitaciones estructurales y de funcionamiento del proceso
contencioso administrativo en Ecuador, como mecanismo proteccional de los derechos
ciudadanos frente a la administración pública. Con un enfoque cualitativo y alcance descriptivo-
explicativo, se utilizan fuentes normativas, jurisprudencia la judicatura, estadística de la
Judicatura (2017–2024) y literatura indexada en Scopus. Se identifican deficiencias recurrentes
como la mora judicial, la desigualdad procesal entre ciudadanos y el Estado, y los bajos niveles
de ejecución de sentencias, lo cual restringe la eficacia del proceso. A través de la comparación
con Colombia, Perú y España, el estudio ofrece un contraste con respecto a los modelos
normativos y buenas prácticas. Los resultados establecen que la justicia administrativa en Ecuador
es formalista, posee una débil fiscalización efectiva y limita, de manera sustancial, la accesibilidad
a la justicia en grupos vulnerables. A partir de la conclusión, se ofrecen recomendaciones para
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1494
favorecer el acceso, la celeridad y la eficacia del sistema, en aras de los principios de justicia
material y tutela judicial efectiva.
Palabras clave: limitaciones, proceso contencioso administrativo, acceso a la justicia,
derechos ciudadanos, eficacia judicial
ABSTRACT
This article examines the structural and operational limitations of the administrative litigation
process in Ecuador as a mechanism for protecting citizens' rights against the public
administration. Using a qualitative approach and descriptive-explanatory scope, it uses normative
sources, judicial jurisprudence, judicial statistics (2017–2024), and Scopus-indexed literature.
Recurrent deficiencies are identified, such as judicial backlog, procedural inequality between
citizens and the State, and low levels of judgment enforcement, which restrict the effectiveness
of the process. Through comparison with Colombia, Peru, and Spain, the study offers a contrast
with normative models and best practices. The results establish that administrative justice in
Ecuador is formalistic, has weak effective oversight, and substantially limits access to justice for
vulnerable groups. Based on the conclusion, recommendations are offered to promote access,
speed, and effectiveness of the system, in support of the principles of substantive justice and
effective judicial protection.
Keywords: limitations, administrative litigation process, access to justice, citizens' rights,
judicial effectiveness
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
favorecer el acceso, la celeridad y la eficacia del sistema, en aras de los principios de justicia
material y tutela judicial efectiva.
Palabras clave: limitaciones, proceso contencioso administrativo, acceso a la justicia,
derechos ciudadanos, eficacia judicial
ABSTRACT
This article examines the structural and operational limitations of the administrative litigation
process in Ecuador as a mechanism for protecting citizens' rights against the public
administration. Using a qualitative approach and descriptive-explanatory scope, it uses normative
sources, judicial jurisprudence, judicial statistics (2017–2024), and Scopus-indexed literature.
Recurrent deficiencies are identified, such as judicial backlog, procedural inequality between
citizens and the State, and low levels of judgment enforcement, which restrict the effectiveness
of the process. Through comparison with Colombia, Peru, and Spain, the study offers a contrast
with normative models and best practices. The results establish that administrative justice in
Ecuador is formalistic, has weak effective oversight, and substantially limits access to justice for
vulnerable groups. Based on the conclusion, recommendations are offered to promote access,
speed, and effectiveness of the system, in support of the principles of substantive justice and
effective judicial protection.
Keywords: limitations, administrative litigation process, access to justice, citizens' rights,
judicial effectiveness
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
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Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1495
INTRODUCCIÓN
En el sistema jurídico ecuatoriano, el proceso contencioso administrativo es uno de los
pilares para garantizar el control jurisdiccional de los actos emitidos por la administración pública.
A través de este mecanismo, no solo es posible corregir los eventuales abusos del poder estatal.
Sino que también protege los derechos fundamentales de los ciudadanos de las decisiones
administrativas arbitrarias o ilegales. Deben entenderse como aquellas conductas que se dan entre
el Estado y los individuos, constituidas por cierta complejidad, que se presentan insistentemente
y cuya repetición exige regirse por un conjunto preestablecido de actos concatenados (Núñez
Torres, 2019). La duración “normal” de cualquier proceso, a juzgar por las reglas establecidas por
el Estado, puede significar, para quien acude a él en demanda de la protección de un derecho, el
peligro de la frustración de sus pretensiones (Marcheco Acuña, 2020). Sin embargo, la eficacia
de este ha sido cuestionada por problemas como la demora en los procedimientos, la falta de
recursos especializados y las barreras de acceso para los ciudadanos.
El proceso contencioso administrativo padece varias limitaciones que merman su
capacidad de cumplir con el objetivo final de asegurar una justicia administrativa justa y eficaz.
Por ello, la litigación civil se ve abordada por el problema del atasco judicial, la complejidad
técnica de los procedimientos y la disparidad en la interpretación de las disposiciones federales
por parte del poder judicial. Estas dificultades crean incertidumbre legal y podrían socavar la
protección real de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Este estudio es
relevante ya que se necesita un enfoque crítico hacia el proceso contencioso administrativo en
Ecuador, no solo como concepto legal, sino también como instrumento de consolidación de la
supremacía de la ley.
Un análisis detallado de la normativa procesal, de la jurisprudencia y de la práctica le
permitirá definir aquellas áreas en las que necesita una mejora e implementar soluciones concretas
que asegure la funcionalidad y el acceso al procedimiento. Así, el procedimiento contencioso es
un sistematismo de control total y no solo de anulación, lo que implica que la sentencia, aunque
deba siempre pronunciar la compatibilidad o no de la actuación del personal de la administración
con el Derecho, también podrá realizar “el reconocimiento de una situación jurídica
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la
misma” (Escuin Palop, 2014).
Las investigaciones recientes sobre actos administrativos y normativos en Ecuador
presentaron varios problemas. Los conflictos de competencia en la adopción de actos
administrativos normativos pueden poner en peligro la seguridad jurídica y ciudadana y erosionar
la confianza en las instituciones (Rodríguez Vergara & Rodríguez Vinueza, 2025). Es clave
garantizar una base para la emisión de actos administrativos, y la Corte Constitucional recuerda
INTRODUCCIÓN
En el sistema jurídico ecuatoriano, el proceso contencioso administrativo es uno de los
pilares para garantizar el control jurisdiccional de los actos emitidos por la administración pública.
A través de este mecanismo, no solo es posible corregir los eventuales abusos del poder estatal.
Sino que también protege los derechos fundamentales de los ciudadanos de las decisiones
administrativas arbitrarias o ilegales. Deben entenderse como aquellas conductas que se dan entre
el Estado y los individuos, constituidas por cierta complejidad, que se presentan insistentemente
y cuya repetición exige regirse por un conjunto preestablecido de actos concatenados (Núñez
Torres, 2019). La duración “normal” de cualquier proceso, a juzgar por las reglas establecidas por
el Estado, puede significar, para quien acude a él en demanda de la protección de un derecho, el
peligro de la frustración de sus pretensiones (Marcheco Acuña, 2020). Sin embargo, la eficacia
de este ha sido cuestionada por problemas como la demora en los procedimientos, la falta de
recursos especializados y las barreras de acceso para los ciudadanos.
El proceso contencioso administrativo padece varias limitaciones que merman su
capacidad de cumplir con el objetivo final de asegurar una justicia administrativa justa y eficaz.
Por ello, la litigación civil se ve abordada por el problema del atasco judicial, la complejidad
técnica de los procedimientos y la disparidad en la interpretación de las disposiciones federales
por parte del poder judicial. Estas dificultades crean incertidumbre legal y podrían socavar la
protección real de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Este estudio es
relevante ya que se necesita un enfoque crítico hacia el proceso contencioso administrativo en
Ecuador, no solo como concepto legal, sino también como instrumento de consolidación de la
supremacía de la ley.
Un análisis detallado de la normativa procesal, de la jurisprudencia y de la práctica le
permitirá definir aquellas áreas en las que necesita una mejora e implementar soluciones concretas
que asegure la funcionalidad y el acceso al procedimiento. Así, el procedimiento contencioso es
un sistematismo de control total y no solo de anulación, lo que implica que la sentencia, aunque
deba siempre pronunciar la compatibilidad o no de la actuación del personal de la administración
con el Derecho, también podrá realizar “el reconocimiento de una situación jurídica
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la
misma” (Escuin Palop, 2014).
Las investigaciones recientes sobre actos administrativos y normativos en Ecuador
presentaron varios problemas. Los conflictos de competencia en la adopción de actos
administrativos normativos pueden poner en peligro la seguridad jurídica y ciudadana y erosionar
la confianza en las instituciones (Rodríguez Vergara & Rodríguez Vinueza, 2025). Es clave
garantizar una base para la emisión de actos administrativos, y la Corte Constitucional recuerda
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1496
que la motivación no es solo un requisito formal sino, en realidad, la condición para garantizar su
legalidad y legitimidad (Aponte Sánchez, et al 2024)
Otro estudio llevado a cabo por el Gobierno Municipal del Cantón Azogues estableció la
presencia de deficiencias en la motivación de los actos administrativos, lo que también implica
una necesidad de mejora en las instituciones públicas (Maldonado Cabrera & Castellanos Herrera,
2022). Además, se trata de una monografía sobre la presunción de legitimidad de los actos
administrativos, en particular, en cuanto a los casos de defectos flagrantes, para limitar su
aplicación y cerrar lagunas en la legislación del país (García Villavicencio, 2023). Todos estos
estudios en conjunto ponen de relieve la importancia de la motivación, la competencia y la
legitimidad adecuadas de los actos administrativos en el marco legal del Ecuador.
Los actos normativos administrativos, que fundamentan la organización del Estado, en
su emisión fuera de la competencia están empeorando la seguridad jurídica, los derechos de los
ciudadanos y la confianza en las instituciones (Rodríguez Vergara & Rodríguez Vinueza, 2025).
Por lo tanto, en Ecuador, esta situación es complicada por los niveles de competencia cruzada.
Porque las competencias no se dividen claramente. El hecho es que no hay legislación y no se les
enseña destreza en derecho administrativo: los actos dejan de ser válidos, lo que incurren en costos
para el abogado y vacíos legales.
El presente trabajo, con enfoque cualitativo y diseño descriptivo-explicativo, se apoya en
un meticuloso análisis documental de leyes y jurisprudencia; además, estructura un análisis crítico
de casos prácticos acordes al tema central del estudio. Lo anterior se realiza con la esperanza de
aportar al avance de una justicia administrativa más justa y eficiente para beneficiar a los
habitantes del Ecuador.
Los objetivos específicos de esta investigación permiten:
1. Examinar el marco normativo del proceso contencioso administrativo en Ecuador.
2. Describir los casos más significativos de las sentencias de tribunales ecuatorianos
pronunciadas post proceso contencioso administrativo ecuatoriano.
3. Identificar los aspectos desafiantes y limitadores de la participación de los
ciudadanos en el proceso contencioso administrativo.
Contribuciones doctrinales relevantes
En el contexto del derecho administrativo contemporáneo, resulta fundamental revisar y
sistematizar los aportes doctrinales que abordan la garantía de derechos fundamentales en el
proceso contencioso-administrativo (ver tabla 1).
que la motivación no es solo un requisito formal sino, en realidad, la condición para garantizar su
legalidad y legitimidad (Aponte Sánchez, et al 2024)
Otro estudio llevado a cabo por el Gobierno Municipal del Cantón Azogues estableció la
presencia de deficiencias en la motivación de los actos administrativos, lo que también implica
una necesidad de mejora en las instituciones públicas (Maldonado Cabrera & Castellanos Herrera,
2022). Además, se trata de una monografía sobre la presunción de legitimidad de los actos
administrativos, en particular, en cuanto a los casos de defectos flagrantes, para limitar su
aplicación y cerrar lagunas en la legislación del país (García Villavicencio, 2023). Todos estos
estudios en conjunto ponen de relieve la importancia de la motivación, la competencia y la
legitimidad adecuadas de los actos administrativos en el marco legal del Ecuador.
Los actos normativos administrativos, que fundamentan la organización del Estado, en
su emisión fuera de la competencia están empeorando la seguridad jurídica, los derechos de los
ciudadanos y la confianza en las instituciones (Rodríguez Vergara & Rodríguez Vinueza, 2025).
Por lo tanto, en Ecuador, esta situación es complicada por los niveles de competencia cruzada.
Porque las competencias no se dividen claramente. El hecho es que no hay legislación y no se les
enseña destreza en derecho administrativo: los actos dejan de ser válidos, lo que incurren en costos
para el abogado y vacíos legales.
El presente trabajo, con enfoque cualitativo y diseño descriptivo-explicativo, se apoya en
un meticuloso análisis documental de leyes y jurisprudencia; además, estructura un análisis crítico
de casos prácticos acordes al tema central del estudio. Lo anterior se realiza con la esperanza de
aportar al avance de una justicia administrativa más justa y eficiente para beneficiar a los
habitantes del Ecuador.
Los objetivos específicos de esta investigación permiten:
1. Examinar el marco normativo del proceso contencioso administrativo en Ecuador.
2. Describir los casos más significativos de las sentencias de tribunales ecuatorianos
pronunciadas post proceso contencioso administrativo ecuatoriano.
3. Identificar los aspectos desafiantes y limitadores de la participación de los
ciudadanos en el proceso contencioso administrativo.
Contribuciones doctrinales relevantes
En el contexto del derecho administrativo contemporáneo, resulta fundamental revisar y
sistematizar los aportes doctrinales que abordan la garantía de derechos fundamentales en el
proceso contencioso-administrativo (ver tabla 1).
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1497
Tabla 1
Contribuciones doctrinales relevantes
Autor/año Titulo Resumen
(Moya,
2021)
El acceso a la justicia y el
debido proceso ante el
Tribunal Constitucional y
la Corte Suprema: dos
nociones del contencioso
administrativo
chileno
En el presente artículo se han estudiado los pronunciamientos de
la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en dos aspectos
primordiales sobre el acceso a la justicia y el debido proceso en
el litigio administrativo chileno. Para ello, en primer lugar, se
analizó el recurso administrativo previo y los actos impugnables
a la luz de las sentencias pregunta. Posteriormente, se examinó
la garantía de doble grado de jurisdicción y la suspensión de la
ejecución de los actos administrativos. El contraste de los
pronunciamientos entre los dos tribunales permite la existencia
de diferencias significativas en ambos ejes.
(Rebollo
Puig, 2020)
Nulidad de actos
administrativos
contrarios a las
sentencias en el Texto
Único Ordenado de la
Ley peruana del Proceso
Contencioso-
Administrativo
El artículo 48 del derecho consolidado, conocido como “Ley de
Procesos Contencioso-Administrativo”, define la invalidez de los
actos y los reglamentos para oponerse a las sentencias y, por lo
tanto, impedir su ejecución. El objetivo de este trabajo es
demostrar todos los elementos y condiciones de la aparición de
una causa específica de invalidez. Se razonará que esta causa de
anulación tendrá éxito en los casos de juicio de las sentencias y el
procedimiento autónomo.
(Casado,
2020)
La igualdad de
armas en el proceso
contencioso-
administrativo:
¿Realidad efectiva o
mero desiderátum?
El trabajo se centra en el análisis del Principio de igualdad no
solo de forma genérica, sino como resultado de su aplicación al
conocimiento de los asuntos por el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Específicamente, el trabajo persigue
los objetivos de verificar si las partes en los procedimientos
administrativos sean agenciales y gubernamentales o sujetos
privados, personas físicas disponen de las mismas oportunidades
de defensa de las reivindicaciones oportunidad de defensa, y ver
si la igualdad de derechos es una realidad. Para toda una serie de
estos puntos, se ofrece una descripción general de Principio de
igualdad con referencia a la jurisprudencia constitucional actual,
y además en una sección aparte: información general sobre las
fases en las que existe un potencial desequilibrio de poder: fase
de instrucción.
(Reig, 2021)
La legitimación
procesal del
empresario
competidor en el
proceso
contencioso-
administrativo
impugnatorio de
contrataciones
públicas
Para interponer un recurso contra una actuación administrativa en
materia de contratación pública, el recurrente debe tener la
suficiente legitimación. Tal legitimación es la que establece la
relación directa con la cosa, ya sea por titular de un derecho
subjetivo o por tenedor de un interés legítimo. Toda legitimación
por mera defensa de la legalidad o por la acción colectiva
siempre se excluye. En el artículo, se aplica este enfoque general
a tres casos específicos, recientemente, examinados por la corte
suprema. El resultado muestra una doctrina demasiado restrictiva
que interpreta el interés como la obtención de una ventaja
económica directa y actual, por lo tanto, priva a la empresa
competidora que no ha participado en el concurso de la
posibilidad de recurrir la resolución administrativa.
(Macho,
2015)
Autotutela
administrativa y
tutela judicial
El objetivo de este artículo es avanzar en la reflexión sobre las
implicaciones de la configuración tradicional del privilegio del
real recurso en la ordenación de los sistemas procesales en el
Tabla 1
Contribuciones doctrinales relevantes
Autor/año Titulo Resumen
(Moya,
2021)
El acceso a la justicia y el
debido proceso ante el
Tribunal Constitucional y
la Corte Suprema: dos
nociones del contencioso
administrativo
chileno
En el presente artículo se han estudiado los pronunciamientos de
la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en dos aspectos
primordiales sobre el acceso a la justicia y el debido proceso en
el litigio administrativo chileno. Para ello, en primer lugar, se
analizó el recurso administrativo previo y los actos impugnables
a la luz de las sentencias pregunta. Posteriormente, se examinó
la garantía de doble grado de jurisdicción y la suspensión de la
ejecución de los actos administrativos. El contraste de los
pronunciamientos entre los dos tribunales permite la existencia
de diferencias significativas en ambos ejes.
(Rebollo
Puig, 2020)
Nulidad de actos
administrativos
contrarios a las
sentencias en el Texto
Único Ordenado de la
Ley peruana del Proceso
Contencioso-
Administrativo
El artículo 48 del derecho consolidado, conocido como “Ley de
Procesos Contencioso-Administrativo”, define la invalidez de los
actos y los reglamentos para oponerse a las sentencias y, por lo
tanto, impedir su ejecución. El objetivo de este trabajo es
demostrar todos los elementos y condiciones de la aparición de
una causa específica de invalidez. Se razonará que esta causa de
anulación tendrá éxito en los casos de juicio de las sentencias y el
procedimiento autónomo.
(Casado,
2020)
La igualdad de
armas en el proceso
contencioso-
administrativo:
¿Realidad efectiva o
mero desiderátum?
El trabajo se centra en el análisis del Principio de igualdad no
solo de forma genérica, sino como resultado de su aplicación al
conocimiento de los asuntos por el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Específicamente, el trabajo persigue
los objetivos de verificar si las partes en los procedimientos
administrativos sean agenciales y gubernamentales o sujetos
privados, personas físicas disponen de las mismas oportunidades
de defensa de las reivindicaciones oportunidad de defensa, y ver
si la igualdad de derechos es una realidad. Para toda una serie de
estos puntos, se ofrece una descripción general de Principio de
igualdad con referencia a la jurisprudencia constitucional actual,
y además en una sección aparte: información general sobre las
fases en las que existe un potencial desequilibrio de poder: fase
de instrucción.
(Reig, 2021)
La legitimación
procesal del
empresario
competidor en el
proceso
contencioso-
administrativo
impugnatorio de
contrataciones
públicas
Para interponer un recurso contra una actuación administrativa en
materia de contratación pública, el recurrente debe tener la
suficiente legitimación. Tal legitimación es la que establece la
relación directa con la cosa, ya sea por titular de un derecho
subjetivo o por tenedor de un interés legítimo. Toda legitimación
por mera defensa de la legalidad o por la acción colectiva
siempre se excluye. En el artículo, se aplica este enfoque general
a tres casos específicos, recientemente, examinados por la corte
suprema. El resultado muestra una doctrina demasiado restrictiva
que interpreta el interés como la obtención de una ventaja
económica directa y actual, por lo tanto, priva a la empresa
competidora que no ha participado en el concurso de la
posibilidad de recurrir la resolución administrativa.
(Macho,
2015)
Autotutela
administrativa y
tutela judicial
El objetivo de este artículo es avanzar en la reflexión sobre las
implicaciones de la configuración tradicional del privilegio del
real recurso en la ordenación de los sistemas procesales en el
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1498
efectiva: Nuevas
perspectivas para el
proceso
contencioso-
administrativo
ordenamiento jurídico español en relación con el derecho a la
protección jurisdiccional efectiva. En particular, el artículo
considera el concepto, la justificación, y el alcance del privilegio,
analizan las principales oportunidades que la actual ley de
jurisdicción contencioso- administrativa de 1998; introducir en el
proceso contencioso-administrativo y su uso por parte de los
tribunales, y contienen propuestas, mejorar coordinación del
privilegio del pueblo y la protección del derecho ciudadano en
área regulada, regulación de los recursos administrativos, derecho
procesal regulado.
(Martínez
Ureña &
Agudelo
Mejía,
2023)
Activismo o
garantismo en el
proceso contencioso
administrativo
colombiano
El derecho procesal, se plantea un debate sobre el papel del juez
en el juicio. Hay dos formas extremas: cuando el juez se
convierte en el héroe de la audiencia y el juez garantiza que el
juez deje el papel en manos de las personas, ya que solo de esta
manera hay igualdad e imparcialidad. En este sentido, surge la
siguiente pregunta de investigación: “¿Qué sistema procesal y
qué concepto de finalidad procesal determinan el papel del juez
en el proceso contencioso administrativo en Colombia?
(Vivas,
2020)
El proceso
administrativo
peruano: breve
historia, perspectivas
presente y futuro
En este artículo presenta una breve historia del proceso
administrativo peruano desde el siglo xix hasta el siglo xxi, tanto
desde la perspectiva normativa, es decir, constitucional y legal,
doctrinaria como jurisprudencial. Asimismo, se explica el alcance
de su reconocimiento constitucional, sus principios fundamentales
y sus conceptos más importantes. Además, se estudian sus
perspectivas futuras.
(Vivas,
2022)
Reglamento de la
administración y
necesaria
redefinición del
procedimiento
contencioso
administrativo
urgente
El procedimiento contencioso-administrativo es uno de los
instrumentos procesales ordinarios diseñados para proporcionar
protección procesal contra las acciones de las autoridades
administrativas, así como para el control legal de las respectivas
funciones. La coherencia y la urgencia del mero hecho de
proporcionar esta protección y realizar este control debido a las
acciones y omisiones que la administración comete de hecho.
Nota: Información sintetizada a partir de artículos indexados en Scopus.
El acceso efectivo a la justicia, la nulidad de actos administrativos y la igualdad
procesal constituyen pilares esenciales para consolidar un Estado de Derecho funcional y
garantista (Cappelletti & Garth, 1996).
Las investigaciones de cada uno de los autores descritas en la Tabla 1, permiten
comprender distintas aproximaciones a estos principios desde los ordenamientos de Chile, Perú y
España, respectivamente. En primer lugar, la revisión crítica de Moya permite reflexionar sobre
las diferencias estructurales entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en la tutela del
debido proceso en Chile. Este contraste revela tensiones institucionales que inciden directamente
en la seguridad jurídica y el derecho de defensa.
Por su parte, Rebollo Puig resalta la relevancia de establecer mecanismos claros para
declarar la nulidad de actos administrativos contrarios a sentencias, como herramienta para
asegurar la efectividad de lo resuelto judicialmente. Finalmente, Casado (2020) se interroga sobre
efectiva: Nuevas
perspectivas para el
proceso
contencioso-
administrativo
ordenamiento jurídico español en relación con el derecho a la
protección jurisdiccional efectiva. En particular, el artículo
considera el concepto, la justificación, y el alcance del privilegio,
analizan las principales oportunidades que la actual ley de
jurisdicción contencioso- administrativa de 1998; introducir en el
proceso contencioso-administrativo y su uso por parte de los
tribunales, y contienen propuestas, mejorar coordinación del
privilegio del pueblo y la protección del derecho ciudadano en
área regulada, regulación de los recursos administrativos, derecho
procesal regulado.
(Martínez
Ureña &
Agudelo
Mejía,
2023)
Activismo o
garantismo en el
proceso contencioso
administrativo
colombiano
El derecho procesal, se plantea un debate sobre el papel del juez
en el juicio. Hay dos formas extremas: cuando el juez se
convierte en el héroe de la audiencia y el juez garantiza que el
juez deje el papel en manos de las personas, ya que solo de esta
manera hay igualdad e imparcialidad. En este sentido, surge la
siguiente pregunta de investigación: “¿Qué sistema procesal y
qué concepto de finalidad procesal determinan el papel del juez
en el proceso contencioso administrativo en Colombia?
(Vivas,
2020)
El proceso
administrativo
peruano: breve
historia, perspectivas
presente y futuro
En este artículo presenta una breve historia del proceso
administrativo peruano desde el siglo xix hasta el siglo xxi, tanto
desde la perspectiva normativa, es decir, constitucional y legal,
doctrinaria como jurisprudencial. Asimismo, se explica el alcance
de su reconocimiento constitucional, sus principios fundamentales
y sus conceptos más importantes. Además, se estudian sus
perspectivas futuras.
(Vivas,
2022)
Reglamento de la
administración y
necesaria
redefinición del
procedimiento
contencioso
administrativo
urgente
El procedimiento contencioso-administrativo es uno de los
instrumentos procesales ordinarios diseñados para proporcionar
protección procesal contra las acciones de las autoridades
administrativas, así como para el control legal de las respectivas
funciones. La coherencia y la urgencia del mero hecho de
proporcionar esta protección y realizar este control debido a las
acciones y omisiones que la administración comete de hecho.
Nota: Información sintetizada a partir de artículos indexados en Scopus.
El acceso efectivo a la justicia, la nulidad de actos administrativos y la igualdad
procesal constituyen pilares esenciales para consolidar un Estado de Derecho funcional y
garantista (Cappelletti & Garth, 1996).
Las investigaciones de cada uno de los autores descritas en la Tabla 1, permiten
comprender distintas aproximaciones a estos principios desde los ordenamientos de Chile, Perú y
España, respectivamente. En primer lugar, la revisión crítica de Moya permite reflexionar sobre
las diferencias estructurales entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en la tutela del
debido proceso en Chile. Este contraste revela tensiones institucionales que inciden directamente
en la seguridad jurídica y el derecho de defensa.
Por su parte, Rebollo Puig resalta la relevancia de establecer mecanismos claros para
declarar la nulidad de actos administrativos contrarios a sentencias, como herramienta para
asegurar la efectividad de lo resuelto judicialmente. Finalmente, Casado (2020) se interroga sobre
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1499
si la igualdad de armas es una garantía real o meramente formal, abriendo el debate sobre las
condiciones estructurales que enfrentan las partes en el litigio administrativo.
A la luz de estas contribuciones, y retomando el análisis de Carbonell (2020), puede
afirmarse que el control judicial de los actos administrativos debe orientarse no sólo a verificar la
legalidad de los mismos, sino también a garantizar justicia material. Esto implica que los
procedimientos contenciosos no sean meramente formales, sino instrumentos ágiles, accesibles y
equitativos para la resolución de controversias. Integrar estas perspectivas permite fortalecer el
diseño institucional y asegurar una tutela efectiva frente a los abusos de poder público.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio emplea un método cualitativo con base de datos cuantitativa, lo que
proporciona una comprensión más detallada de la eficacia del sistema de procesos contenciosos
administrativos en Ecuador. En consecuencia, el enfoque metodológico adopta la forma de
análisis documental, estadístico y comparado, que ayuda a estudiar cómo se respetan o restringen
los derechos humanos en situaciones de disputa con las autoridades.
Diseño de Investigación
Se optó por un diseño no experimental, de tipo documental descriptivo- explicativo, que
analiza las tendencias, características y problemáticas del proceso contencioso administrativo a
partir de registros oficiales, normas legales y doctrinas especializadas. No se intervino
directamente en el sistema judicial, pero se examinaron los efectos reales del proceso en el
ejercicio de los derechos ciudadanos.
Técnicas de Recolección de Información
Se utilizaron tres estrategias complementarias:
Análisis documental: Se utilizaron tres estrategias complementarias:
a) Análisis documental: Para la realización de esta revisión bibliográfica, se analizó leyes
como el COGEP (Código Orgánico General de Procesos, 2015), la Constitución del
Ecuador 2008, sentencias de la Corte Nacional, y literatura jurídica nacional e
internacional. De manera especial, se tomaron en cuenta artículos científicos indexados
en la base de datos Scopus entre 2015 y 2024, que bajo su perspectiva comparada más
actualizada proporcionan información sobre la eficacia del proceso contencioso
administrativo. Con esto fue posible identificar tanto los fundamentos normativos, así
como las tendencias, desafíos y buenas prácticas sobre la protección judicial frente a la
actuación administrativa.
b) Recolección de datos estadísticos: Se examinaron reportes oficiales del Consejo de la
Judicatura sobre el número de audiencias realizadas, no realizadas y pendientes, así
como su modalidad (presencial o telemática) en el periodo 2017-2024. Esta evidencia
permite detectar tendencias temporales, cuellos de botella y evolución operativa del
si la igualdad de armas es una garantía real o meramente formal, abriendo el debate sobre las
condiciones estructurales que enfrentan las partes en el litigio administrativo.
A la luz de estas contribuciones, y retomando el análisis de Carbonell (2020), puede
afirmarse que el control judicial de los actos administrativos debe orientarse no sólo a verificar la
legalidad de los mismos, sino también a garantizar justicia material. Esto implica que los
procedimientos contenciosos no sean meramente formales, sino instrumentos ágiles, accesibles y
equitativos para la resolución de controversias. Integrar estas perspectivas permite fortalecer el
diseño institucional y asegurar una tutela efectiva frente a los abusos de poder público.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio emplea un método cualitativo con base de datos cuantitativa, lo que
proporciona una comprensión más detallada de la eficacia del sistema de procesos contenciosos
administrativos en Ecuador. En consecuencia, el enfoque metodológico adopta la forma de
análisis documental, estadístico y comparado, que ayuda a estudiar cómo se respetan o restringen
los derechos humanos en situaciones de disputa con las autoridades.
Diseño de Investigación
Se optó por un diseño no experimental, de tipo documental descriptivo- explicativo, que
analiza las tendencias, características y problemáticas del proceso contencioso administrativo a
partir de registros oficiales, normas legales y doctrinas especializadas. No se intervino
directamente en el sistema judicial, pero se examinaron los efectos reales del proceso en el
ejercicio de los derechos ciudadanos.
Técnicas de Recolección de Información
Se utilizaron tres estrategias complementarias:
Análisis documental: Se utilizaron tres estrategias complementarias:
a) Análisis documental: Para la realización de esta revisión bibliográfica, se analizó leyes
como el COGEP (Código Orgánico General de Procesos, 2015), la Constitución del
Ecuador 2008, sentencias de la Corte Nacional, y literatura jurídica nacional e
internacional. De manera especial, se tomaron en cuenta artículos científicos indexados
en la base de datos Scopus entre 2015 y 2024, que bajo su perspectiva comparada más
actualizada proporcionan información sobre la eficacia del proceso contencioso
administrativo. Con esto fue posible identificar tanto los fundamentos normativos, así
como las tendencias, desafíos y buenas prácticas sobre la protección judicial frente a la
actuación administrativa.
b) Recolección de datos estadísticos: Se examinaron reportes oficiales del Consejo de la
Judicatura sobre el número de audiencias realizadas, no realizadas y pendientes, así
como su modalidad (presencial o telemática) en el periodo 2017-2024. Esta evidencia
permite detectar tendencias temporales, cuellos de botella y evolución operativa del
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1500
sistema.
c) Análisis comparativo regional: Se contrastó la normativa y la operatividad del proceso
contencioso en Ecuador con los modelos de Colombia y Perú. Esta comparación busca
enriquecer la discusión con experiencias que pueden ser adaptables al contexto
ecuatoriano.
Instrumentos
Se diseñaron matrices de análisis para:
• Sistematizar los datos cuantitativos de audiencias (por año, modalidad y
cumplimiento).
• Clasificar los desafíos identificados en las normas y la jurisprudencia.
• Contrastar variables claves entre Ecuador, Chile, Colombia y Perú.
Estas herramientas facilitaron la elaboración de tablas y gráficos incluidos en el estudio,
aportando evidencia visual a los hallazgos más relevantes.
Criterios de Análisis
Se establecieron tres criterios fundamentales:
• Duración del proceso: Se consideró la media de tiempo entre la presentación de la
demanda y la emisión de sentencia, así como los factores que generan demoras.
• Cumplimiento de sentencias: Se analizó el porcentaje de ejecución efectiva y sus
causas de incumplimiento.
• Acceso y modalidad de audiencia: Se valoró el impacto del acceso físico o virtual
a las audiencias como factor que mejora o limita la participación ciudadana.
Consideraciones Éticas
Dado que el estudio no involucra interacción con sujetos humanos, no se requirió
consentimiento informado. Sin embargo, se respetaron los principios de confidencialidad,
transparencia académica y uso responsable de la información institucional. Una aproximación
para intervenir y reducir la incidencia de las causas detectadas a partir del componente cualitativo
de la investigación supone idear un conjunto coordinado de acciones que incorpore mecanismos
de reducción de la demanda de acceso a la justicia, reformas procesales para agilizar los
procedimientos y reformas administrativas para el mejoramiento de la gestión de los despachos,
como las que aquí se proponen (Restrepo Medina, 2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La revisión de la literatura científica publicada entre 2015 y 2024 en bases de datos como
Scopus proporciona indicios de un interés creciente entre los académicos por el proceso
contencioso administrativo como instrumento de defensa contra la acción de los actos de poder
público. Por lo general, los estudios resumidos en este artículo no están limitados a los marcos
sistema.
c) Análisis comparativo regional: Se contrastó la normativa y la operatividad del proceso
contencioso en Ecuador con los modelos de Colombia y Perú. Esta comparación busca
enriquecer la discusión con experiencias que pueden ser adaptables al contexto
ecuatoriano.
Instrumentos
Se diseñaron matrices de análisis para:
• Sistematizar los datos cuantitativos de audiencias (por año, modalidad y
cumplimiento).
• Clasificar los desafíos identificados en las normas y la jurisprudencia.
• Contrastar variables claves entre Ecuador, Chile, Colombia y Perú.
Estas herramientas facilitaron la elaboración de tablas y gráficos incluidos en el estudio,
aportando evidencia visual a los hallazgos más relevantes.
Criterios de Análisis
Se establecieron tres criterios fundamentales:
• Duración del proceso: Se consideró la media de tiempo entre la presentación de la
demanda y la emisión de sentencia, así como los factores que generan demoras.
• Cumplimiento de sentencias: Se analizó el porcentaje de ejecución efectiva y sus
causas de incumplimiento.
• Acceso y modalidad de audiencia: Se valoró el impacto del acceso físico o virtual
a las audiencias como factor que mejora o limita la participación ciudadana.
Consideraciones Éticas
Dado que el estudio no involucra interacción con sujetos humanos, no se requirió
consentimiento informado. Sin embargo, se respetaron los principios de confidencialidad,
transparencia académica y uso responsable de la información institucional. Una aproximación
para intervenir y reducir la incidencia de las causas detectadas a partir del componente cualitativo
de la investigación supone idear un conjunto coordinado de acciones que incorpore mecanismos
de reducción de la demanda de acceso a la justicia, reformas procesales para agilizar los
procedimientos y reformas administrativas para el mejoramiento de la gestión de los despachos,
como las que aquí se proponen (Restrepo Medina, 2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La revisión de la literatura científica publicada entre 2015 y 2024 en bases de datos como
Scopus proporciona indicios de un interés creciente entre los académicos por el proceso
contencioso administrativo como instrumento de defensa contra la acción de los actos de poder
público. Por lo general, los estudios resumidos en este artículo no están limitados a los marcos
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permisivos y regulativos, sino que también agregan problemas estructurales como el acceso a la
justicia, la igualdad de armas en las cortes e incluso el cumplimiento de los fallos.
Por ejemplo, el artículo de (Moya, 2021), resalta las diferencias conceptuales entre el
Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en Chile, subrayando la relevancia del debido proceso
y el doble grado de jurisdicción como garantías esenciales. Aunque este estudio se sitúa fuera del
contexto ecuatoriano, sus planteamientos permiten reflexionar sobre la fragmentación
institucional y el acceso desigual a mecanismos de impugnación, situación que también se replica
en Ecuador. Del mismo modo, la investigación de (Rebollo Puig, 2020), pone el foco en la nulidad
de actos administrativos contrarios a sentencias firmes. Su análisis revela cómo la falta de
cumplimiento de decisiones judiciales no es solo una problemática nacional, sino un fenómeno
recurrente en diversos sistemas jurídicos. Esta perspectiva resulta particularmente pertinente al
analizar que en Ecuador solo el 65% de las sentencias contencioso-administrativas son ejecutadas
de forma íntegra.
Derecho Comparado: Lecciones desde Europa y América Latina
Autores como (Casado, 2020) y (Reig, 2021), amplían la discusión sobre principios
fundamentales del proceso contencioso administrativo. En particular, Casado examina la igualdad
de armas y demuestra que, en muchos casos, dicha igualdad resulta meramente aspiracional. Su
estudio resalta que, aun en países con mayor desarrollo institucional, los particulares enfrentan
desventajas notorias frente al aparato estatal. En este sentido, Ecuador no es la excepción. La
carga procesal, la limitada especialización judicial y la lentitud procesal afectan
desproporcionadamente a los ciudadanos. Este desequilibrio debilita el carácter garantista del
proceso contencioso administrativo, convirtiéndolo en un instrumento formal que muchas veces
no logra ofrecer una tutela judicial efectiva y oportuna.
Por otro lado, el trabajo de Carlos Padrós (2021) introduce el concepto de locus standi en
el ámbito de la contratación pública, abriendo el debate sobre los límites de la legitimación activa.
Esta reflexión es sumamente útil para comprender cómo ciertas barreras procesales impiden que
sectores afectados accedan al sistema contencioso, restringiendo el control ciudadano sobre la
administración pública. Los aportes latinoamericanos, como los de (Martínez Ureña & Agudelo
Mejía, 2023), muestran un enfoque crítico sobre el papel del juez en el proceso contencioso-
administrativo colombiano. Se plantea la necesidad de un juez activo, no solo garante formal de
legalidad, sino impulsor de igualdad y equilibrio entre las partes. Esta discusión resulta clave si
consideramos que en Ecuador persisten prácticas judiciales excesivamente ritualistas que diluyen
el acceso a la justicia material. Por su parte, (Vivas, Normativa de la administración y necesaria
redefinición de los procedimientos contencioso-administrativos urgentes, 2022), contribuye
desde Perú con una visión integral del proceso contencioso-administrativo. En su doble aporte
destaca, por un lado, el valor histórico y constitucional de esta jurisdicción, y por otro, la urgencia
de replantear procedimientos más ágiles para hacer frente a las omisiones y excesos de la
permisivos y regulativos, sino que también agregan problemas estructurales como el acceso a la
justicia, la igualdad de armas en las cortes e incluso el cumplimiento de los fallos.
Por ejemplo, el artículo de (Moya, 2021), resalta las diferencias conceptuales entre el
Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en Chile, subrayando la relevancia del debido proceso
y el doble grado de jurisdicción como garantías esenciales. Aunque este estudio se sitúa fuera del
contexto ecuatoriano, sus planteamientos permiten reflexionar sobre la fragmentación
institucional y el acceso desigual a mecanismos de impugnación, situación que también se replica
en Ecuador. Del mismo modo, la investigación de (Rebollo Puig, 2020), pone el foco en la nulidad
de actos administrativos contrarios a sentencias firmes. Su análisis revela cómo la falta de
cumplimiento de decisiones judiciales no es solo una problemática nacional, sino un fenómeno
recurrente en diversos sistemas jurídicos. Esta perspectiva resulta particularmente pertinente al
analizar que en Ecuador solo el 65% de las sentencias contencioso-administrativas son ejecutadas
de forma íntegra.
Derecho Comparado: Lecciones desde Europa y América Latina
Autores como (Casado, 2020) y (Reig, 2021), amplían la discusión sobre principios
fundamentales del proceso contencioso administrativo. En particular, Casado examina la igualdad
de armas y demuestra que, en muchos casos, dicha igualdad resulta meramente aspiracional. Su
estudio resalta que, aun en países con mayor desarrollo institucional, los particulares enfrentan
desventajas notorias frente al aparato estatal. En este sentido, Ecuador no es la excepción. La
carga procesal, la limitada especialización judicial y la lentitud procesal afectan
desproporcionadamente a los ciudadanos. Este desequilibrio debilita el carácter garantista del
proceso contencioso administrativo, convirtiéndolo en un instrumento formal que muchas veces
no logra ofrecer una tutela judicial efectiva y oportuna.
Por otro lado, el trabajo de Carlos Padrós (2021) introduce el concepto de locus standi en
el ámbito de la contratación pública, abriendo el debate sobre los límites de la legitimación activa.
Esta reflexión es sumamente útil para comprender cómo ciertas barreras procesales impiden que
sectores afectados accedan al sistema contencioso, restringiendo el control ciudadano sobre la
administración pública. Los aportes latinoamericanos, como los de (Martínez Ureña & Agudelo
Mejía, 2023), muestran un enfoque crítico sobre el papel del juez en el proceso contencioso-
administrativo colombiano. Se plantea la necesidad de un juez activo, no solo garante formal de
legalidad, sino impulsor de igualdad y equilibrio entre las partes. Esta discusión resulta clave si
consideramos que en Ecuador persisten prácticas judiciales excesivamente ritualistas que diluyen
el acceso a la justicia material. Por su parte, (Vivas, Normativa de la administración y necesaria
redefinición de los procedimientos contencioso-administrativos urgentes, 2022), contribuye
desde Perú con una visión integral del proceso contencioso-administrativo. En su doble aporte
destaca, por un lado, el valor histórico y constitucional de esta jurisdicción, y por otro, la urgencia
de replantear procedimientos más ágiles para hacer frente a las omisiones y excesos de la
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administración. Sus planteamientos refuerzan la idea de que la justicia administrativa debe ser un
pilar activo y no una vía pasiva de
resolución.
Síntesis y Reflexión Global
Las estadísticas de Ecuador revelan una cruda realidad: de las 27851 audiencias
programadas para los años 2020-2024, se quedaron sin efecto casi 7.400, que constituye un 26,5%
del total. Además, el crecimiento exponencial del número de audiencias conducidas de manera
telemática entre 2020 y 2024, 8.521 y 25.229 respectivamente, significa un desarrollo positivo de
la transición a la tecnología, que no permitió disminuir sustancialmente los niveles del atraso. (ver
tabla 2).
Tabla 2
Audiencias realizadas, no realizadas y pendientes (2020-2024)
Año Realizadas No realizadas Pendientes Total anual
2020 1,858 125 1,031 3,014
2021 4,428 232 1,312 5,972
2022 4,941 330 987 6,258
2023 4,395 270 1,217 5,882
2024 3,507 319 2,899 6,725
Total 19,129 1,276 7,446 27,851
Nota: Elaboración propia con datos del Consejo de la Judicatura.
Esta situación es contrastante con los estándares descritos en la literatura revisada; que
son un proceso de divorcio no solo formalmente justo, sino también efectivo y accesible. Las
reformas legislativas, que sin duda son una etapa deseable e imperativa, seguirán siendo
insuficientes si no se complementan con una readaptación institucional requerida para asegurar la
ejecución de las decisiones de divorcio judiciales y cerrar la brecha entre el ciudadano y el estado
desde la perspectiva económica, social y cultural.
La evolución cuantitativa de las audiencias contencioso-administrativas (ver Tabla 3)
refleja ciertos cambios significativos en los eventos judiciales, que han ocurrido durante el
desarrollo del juicio en Ecuador, siendo un resultado directo de la implementación de audiencias
telemáticas en el proceso mencionado a partir del 2020. A pesar del hecho de que el número total
de tribunales continuó creciendo constantemente, llegando a 41,574 en el 2020 y 56,777 en el
2024, este proceso no garantiza el aumento de la eficacia en sí mismo.
En el plano doctrinal, la creciente dependencia de la virtualidad debe estudiarse desde su
incidencia sobre el principio del efectivo acceso a la justicia. (Cappelletti & Garth, 1996),
administración. Sus planteamientos refuerzan la idea de que la justicia administrativa debe ser un
pilar activo y no una vía pasiva de
resolución.
Síntesis y Reflexión Global
Las estadísticas de Ecuador revelan una cruda realidad: de las 27851 audiencias
programadas para los años 2020-2024, se quedaron sin efecto casi 7.400, que constituye un 26,5%
del total. Además, el crecimiento exponencial del número de audiencias conducidas de manera
telemática entre 2020 y 2024, 8.521 y 25.229 respectivamente, significa un desarrollo positivo de
la transición a la tecnología, que no permitió disminuir sustancialmente los niveles del atraso. (ver
tabla 2).
Tabla 2
Audiencias realizadas, no realizadas y pendientes (2020-2024)
Año Realizadas No realizadas Pendientes Total anual
2020 1,858 125 1,031 3,014
2021 4,428 232 1,312 5,972
2022 4,941 330 987 6,258
2023 4,395 270 1,217 5,882
2024 3,507 319 2,899 6,725
Total 19,129 1,276 7,446 27,851
Nota: Elaboración propia con datos del Consejo de la Judicatura.
Esta situación es contrastante con los estándares descritos en la literatura revisada; que
son un proceso de divorcio no solo formalmente justo, sino también efectivo y accesible. Las
reformas legislativas, que sin duda son una etapa deseable e imperativa, seguirán siendo
insuficientes si no se complementan con una readaptación institucional requerida para asegurar la
ejecución de las decisiones de divorcio judiciales y cerrar la brecha entre el ciudadano y el estado
desde la perspectiva económica, social y cultural.
La evolución cuantitativa de las audiencias contencioso-administrativas (ver Tabla 3)
refleja ciertos cambios significativos en los eventos judiciales, que han ocurrido durante el
desarrollo del juicio en Ecuador, siendo un resultado directo de la implementación de audiencias
telemáticas en el proceso mencionado a partir del 2020. A pesar del hecho de que el número total
de tribunales continuó creciendo constantemente, llegando a 41,574 en el 2020 y 56,777 en el
2024, este proceso no garantiza el aumento de la eficacia en sí mismo.
En el plano doctrinal, la creciente dependencia de la virtualidad debe estudiarse desde su
incidencia sobre el principio del efectivo acceso a la justicia. (Cappelletti & Garth, 1996),
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sostienen que el acceso a la justicia no sólo debe entenderse en el plano de la existencia de
mecanismos legales sino de su funcionamiento práctico sin un aura que condicione su
aplicabilidad. En este sentido, el incremento de audiencias virtuales podría ser excluyente si no
viene acompañado de la infraestructura ni de las garantías procesales del proceso presencial.
Tabla 3
Evolución Anual de Audiencias Contencioso Administrativas
Audiencia Audiencia
Años Total general
Presencial Telemática
2017 22,405 22,405
2018 37,084 37,084
2019 37,409 37,409
2020 33,053 8,521 41,574
2021 26,948 21,965 48,913
2022 30,174 20,614 50,788
2023 32,100 22,266 54,366
2024 31,548 25,229 56,777
Total general 250,721 98,595 349,316
Nota: Elaboración propia con datos del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, la estadística refleja una brecha relevante entre la intención institucional de
modernizar el proceso y su resultado efectivo sobre los indicadores de mora judicial. A pesar de
la implementación tecnológica, el volumen de audiencias pendientes sigue siendo alto, lo cual
evidencia que el uso de herramientas digitales por sí solo no garantiza mayor eficiencia ni
celeridad. Esta situación demanda reformas estructurales que consideren tanto el rediseño de
procedimientos como el fortalecimiento de capacidades institucionales.
CONCLUSIONES
En síntesis, una justicia administrativa efectiva y accesible no se logra únicamente a
través de reformas legales, pero sucede a través de un diseño institucional en línea con los recursos
y el compromiso político en la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, en Ecuador,
parece necesario reformar la legislación que acompaña al Código Orgánico Integral de Procesos
para garantizar el derecho a la segunda instancia en el proceso de apelación que pasa al poder
para juzgar casos contenciosos administrativos.
Actualmente, el ordenamiento ecuatoriano solamente prevé la casación como recurso
extraordinario en los arts. 257 y ss. de la COGEP con lo que se impide en los hechos, una revisión
integral de las decisiones judiciales. Este diseño normativo colisiona con el paradigma
sostienen que el acceso a la justicia no sólo debe entenderse en el plano de la existencia de
mecanismos legales sino de su funcionamiento práctico sin un aura que condicione su
aplicabilidad. En este sentido, el incremento de audiencias virtuales podría ser excluyente si no
viene acompañado de la infraestructura ni de las garantías procesales del proceso presencial.
Tabla 3
Evolución Anual de Audiencias Contencioso Administrativas
Audiencia Audiencia
Años Total general
Presencial Telemática
2017 22,405 22,405
2018 37,084 37,084
2019 37,409 37,409
2020 33,053 8,521 41,574
2021 26,948 21,965 48,913
2022 30,174 20,614 50,788
2023 32,100 22,266 54,366
2024 31,548 25,229 56,777
Total general 250,721 98,595 349,316
Nota: Elaboración propia con datos del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, la estadística refleja una brecha relevante entre la intención institucional de
modernizar el proceso y su resultado efectivo sobre los indicadores de mora judicial. A pesar de
la implementación tecnológica, el volumen de audiencias pendientes sigue siendo alto, lo cual
evidencia que el uso de herramientas digitales por sí solo no garantiza mayor eficiencia ni
celeridad. Esta situación demanda reformas estructurales que consideren tanto el rediseño de
procedimientos como el fortalecimiento de capacidades institucionales.
CONCLUSIONES
En síntesis, una justicia administrativa efectiva y accesible no se logra únicamente a
través de reformas legales, pero sucede a través de un diseño institucional en línea con los recursos
y el compromiso político en la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, en Ecuador,
parece necesario reformar la legislación que acompaña al Código Orgánico Integral de Procesos
para garantizar el derecho a la segunda instancia en el proceso de apelación que pasa al poder
para juzgar casos contenciosos administrativos.
Actualmente, el ordenamiento ecuatoriano solamente prevé la casación como recurso
extraordinario en los arts. 257 y ss. de la COGEP con lo que se impide en los hechos, una revisión
integral de las decisiones judiciales. Este diseño normativo colisiona con el paradigma
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interamericano, en tanto Argentina, en el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos
Humanos, establece el derecho de toda persona condenada a que el fallo sea revisado por un juez
o tribunal superior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Herrera Ulloa
vs. Costa Rica de 2004 y Mohamed vs. Argentina de 2012, ha aclarado que el “derecho a la doble
conformidad judicial” indica que este no puede ser suplantado por mecanismos extraordinarios
como la casación, sino que requiere de un recurso ordinario, amplio y efectivo.
De ahí que, se pueda concluir que, a fin de fortalecer el carácter garantista de la tutela
jurisdiccional del proceso contencioso-administrativo en el Ecuador, sea necesaria la norma que
habilite la apelación plena, como un mecanismo de control en segunda instancia, antes de la
casación. La aceptación de la presente reforma conciliaría la normativa interna con los
compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos, afianzando los
principios de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y confianza en la justicia administrativa.
interamericano, en tanto Argentina, en el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos
Humanos, establece el derecho de toda persona condenada a que el fallo sea revisado por un juez
o tribunal superior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Herrera Ulloa
vs. Costa Rica de 2004 y Mohamed vs. Argentina de 2012, ha aclarado que el “derecho a la doble
conformidad judicial” indica que este no puede ser suplantado por mecanismos extraordinarios
como la casación, sino que requiere de un recurso ordinario, amplio y efectivo.
De ahí que, se pueda concluir que, a fin de fortalecer el carácter garantista de la tutela
jurisdiccional del proceso contencioso-administrativo en el Ecuador, sea necesaria la norma que
habilite la apelación plena, como un mecanismo de control en segunda instancia, antes de la
casación. La aceptación de la presente reforma conciliaría la normativa interna con los
compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos, afianzando los
principios de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y confianza en la justicia administrativa.
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REFERENCIAS
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Ámbito Legal. Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano.
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Normativos: Desafíos Jurídicos en la Administración Pública y su Incidencia en el
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