Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4269
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.1227
Análisis de la educación financiera y su relación con las
políticas públicas implementadas en el Ecuador 2012-2024
Analysis of financial education and its relationship with public policies implemented in
Ecuador 2012-2024
Viviam Mishell Cedeño García
vcedenog3@uteq.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-3863-383X
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras
Quevedo - Ecuador
Nicole Taili Silva Suárez
nsilvas2@uteq.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-4734-8440
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras
Quevedo – Ecuador
Wendy Tamara Mora Carpio
wmorac@uteq.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7378-2304
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras
Quevedo –Ecuador
Jaime Leonardo Estrada Aguilar
Jestradaa2@uteq.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-1869-2792
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras
Quevedo –Ecuador
Artículo recibido: 10 mayo 2025 - Aceptado para publicación: 20 junio 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
En Ecuador, las políticas públicas constituyen mecanismos normativos e institucionales
orientados a resolver problemáticas de interés colectivo. En este contexto, la limitada
alfabetización financiera de la ciudadanía se configura como un obstáculo que restringe el
desarrollo económico individual, familiar y empresarial, afectando la toma de decisiones y el
acceso responsable a servicios financieros. Esta investigación tiene como objetivo analizar la
evolución de la educación financiera en el país y su relación con las políticas públicas
implementadas durante el período 2012–2024. Asimismo, se busca identificar los factores que
favorecen o dificultan el seguimiento de los avances hacia la inclusión financiera. El estudio
adopta un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y un alcance descriptivo,
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4270
permitiendo caracterizar las principales estrategias institucionales vinculadas al fortalecimiento
de capacidades financieras. Los resultados revelan una progresiva incorporación de la educación
financiera en los marcos normativos y curriculares, particularmente a través de acciones del
Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Educación, BanEcuador y la Superintendencia de
Bancos. No obstante, persisten desafíos como la insuficiencia de recursos, la descoordinación
interinstitucional, la escasa atención a grupos vulnerables y la desconfianza en los servicios
financieros, que limitan el impacto de estas políticas en los distintos niveles educativos y estratos
sociales.
Palabras claves: políticas públicas, educación financiera, inclusión financiera
ABSTRACT
In Ecuador, public policies function as institutional and regulatory instruments aimed at
addressing collective challenges. In this context, the population’s limited financial literacy
represents a significant barrier to the economic development of individuals, families, and small
businesses, hindering informed decision-making and access to formal financial services. This
study aims to analyze the evolution of financial education in Ecuador and its relationship with
public policies implemented between 2012 and 2025. It also seeks to identify the factors that
facilitate or hinder progress in monitoring financial inclusion. The research adopts a qualitative
approach, using a non-experimental and descriptive design, allowing for the identification of key
institutional strategies linked to the strengthening of financial capabilities. The findings reveal a
gradual integration of financial education into national policy and educational curricula,
particularly through initiatives led by the Central Bank of Ecuador, the Ministry of Education,
BanEcuador, and the Superintendency of Banks. However, challenges remain, such as limited
resources, inter-institutional fragmentation, insufficient attention to vulnerable groups, and a lack
of trust in financial systems, which continue to constrain the effectiveness of public policies across
different educational levels and social sectors.
Keywords: public policies, financial education, financial inclusion
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
permitiendo caracterizar las principales estrategias institucionales vinculadas al fortalecimiento
de capacidades financieras. Los resultados revelan una progresiva incorporación de la educación
financiera en los marcos normativos y curriculares, particularmente a través de acciones del
Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Educación, BanEcuador y la Superintendencia de
Bancos. No obstante, persisten desafíos como la insuficiencia de recursos, la descoordinación
interinstitucional, la escasa atención a grupos vulnerables y la desconfianza en los servicios
financieros, que limitan el impacto de estas políticas en los distintos niveles educativos y estratos
sociales.
Palabras claves: políticas públicas, educación financiera, inclusión financiera
ABSTRACT
In Ecuador, public policies function as institutional and regulatory instruments aimed at
addressing collective challenges. In this context, the population’s limited financial literacy
represents a significant barrier to the economic development of individuals, families, and small
businesses, hindering informed decision-making and access to formal financial services. This
study aims to analyze the evolution of financial education in Ecuador and its relationship with
public policies implemented between 2012 and 2025. It also seeks to identify the factors that
facilitate or hinder progress in monitoring financial inclusion. The research adopts a qualitative
approach, using a non-experimental and descriptive design, allowing for the identification of key
institutional strategies linked to the strengthening of financial capabilities. The findings reveal a
gradual integration of financial education into national policy and educational curricula,
particularly through initiatives led by the Central Bank of Ecuador, the Ministry of Education,
BanEcuador, and the Superintendency of Banks. However, challenges remain, such as limited
resources, inter-institutional fragmentation, insufficient attention to vulnerable groups, and a lack
of trust in financial systems, which continue to constrain the effectiveness of public policies across
different educational levels and social sectors.
Keywords: public policies, financial education, financial inclusion
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4271
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la educación financiera ha adquirido una creciente importancia a
nivel global, posicionándose como una herramienta clave para el fortalecimiento de la inclusión
económica, la toma de decisiones responsables y la prevención del endeudamiento crónico de los
hogares. Esta tendencia responde a la expansión del acceso a servicios financieros, el auge de las
plataformas digitales, y el aumento de la complejidad de productos financieros, los cuales
requieren que los ciudadanos cuenten con conocimientos y habilidades mínimas para
administrarlos adecuadamente (OCDE, 2018). América Latina no ha sido ajena a esta
transformación, aunque enfrenta retos particulares relacionados con la desigualdad social, la
informalidad y las limitaciones en el acceso a la educación, lo que ha provocado que amplios
sectores de la población enfrenten dificultades para gestionar sus recursos financieros de forma
eficiente (Cordova & Sanchez, 2021).
En el caso ecuatoriano, desde 2012 se han implementado diversos instrumentos
normativos, estratégicos y educativos orientados a fortalecer la educación financiera de la
población. Entre los hitos más relevantes se encuentran el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria (LOEPS), la creación del Programa Nacional de Educación
Financiera liderado por el Banco Central del Ecuador, y la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) en 2020. Más recientemente, se han dado pasos concretos hacia la
institucionalización del enfoque educativo, como la expedición del Acuerdo Ministerial 034-2022
por parte del Ministerio de Educación y la implementación curricular nacional en 2024.
Paralelamente, instituciones como la Superintendencia de Bancos, BanEcuador y la SEPS han
desarrollado programas con distintos niveles de cobertura, destinados tanto a usuarios del sistema
financiero como a organizaciones de economía popular y solidaria.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, aún existen evidencias de un bajo nivel de
alfabetización financiera en amplios sectores de la población. Muchas personas desconocen
conceptos básicos como la tasa de interés, el uso adecuado del crédito, o los riesgos del
endeudamiento informal. Esta situación genera preocupación respecto a la efectividad real de las
políticas públicas implementadas en el período analizado. Como señalan (Valencia Nuñez et al.,
2022), una política de educación financiera no puede medirse únicamente por su existencia legal
o institucional, sino por su impacto observable en el comportamiento económico de los
ciudadanos. En este sentido, surge la necesidad de examinar con mayor profundidad la relación
entre los instrumentos diseñados por el Estado ecuatoriano y los cambios producidos en la cultura
financiera de la población.
La importancia de esta investigación radica en que permite evaluar el grado de coherencia
entre la planificación institucional y los resultados alcanzados en términos de alfabetización
financiera. Desde una perspectiva académica, el estudio contribuye a cerrar brechas de
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la educación financiera ha adquirido una creciente importancia a
nivel global, posicionándose como una herramienta clave para el fortalecimiento de la inclusión
económica, la toma de decisiones responsables y la prevención del endeudamiento crónico de los
hogares. Esta tendencia responde a la expansión del acceso a servicios financieros, el auge de las
plataformas digitales, y el aumento de la complejidad de productos financieros, los cuales
requieren que los ciudadanos cuenten con conocimientos y habilidades mínimas para
administrarlos adecuadamente (OCDE, 2018). América Latina no ha sido ajena a esta
transformación, aunque enfrenta retos particulares relacionados con la desigualdad social, la
informalidad y las limitaciones en el acceso a la educación, lo que ha provocado que amplios
sectores de la población enfrenten dificultades para gestionar sus recursos financieros de forma
eficiente (Cordova & Sanchez, 2021).
En el caso ecuatoriano, desde 2012 se han implementado diversos instrumentos
normativos, estratégicos y educativos orientados a fortalecer la educación financiera de la
población. Entre los hitos más relevantes se encuentran el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria (LOEPS), la creación del Programa Nacional de Educación
Financiera liderado por el Banco Central del Ecuador, y la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) en 2020. Más recientemente, se han dado pasos concretos hacia la
institucionalización del enfoque educativo, como la expedición del Acuerdo Ministerial 034-2022
por parte del Ministerio de Educación y la implementación curricular nacional en 2024.
Paralelamente, instituciones como la Superintendencia de Bancos, BanEcuador y la SEPS han
desarrollado programas con distintos niveles de cobertura, destinados tanto a usuarios del sistema
financiero como a organizaciones de economía popular y solidaria.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, aún existen evidencias de un bajo nivel de
alfabetización financiera en amplios sectores de la población. Muchas personas desconocen
conceptos básicos como la tasa de interés, el uso adecuado del crédito, o los riesgos del
endeudamiento informal. Esta situación genera preocupación respecto a la efectividad real de las
políticas públicas implementadas en el período analizado. Como señalan (Valencia Nuñez et al.,
2022), una política de educación financiera no puede medirse únicamente por su existencia legal
o institucional, sino por su impacto observable en el comportamiento económico de los
ciudadanos. En este sentido, surge la necesidad de examinar con mayor profundidad la relación
entre los instrumentos diseñados por el Estado ecuatoriano y los cambios producidos en la cultura
financiera de la población.
La importancia de esta investigación radica en que permite evaluar el grado de coherencia
entre la planificación institucional y los resultados alcanzados en términos de alfabetización
financiera. Desde una perspectiva académica, el estudio contribuye a cerrar brechas de
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4272
conocimiento sobre la efectividad de las políticas públicas educativas en contextos
latinoamericanos. Y desde el punto de vista social, proporciona elementos para rediseñar o
fortalecer estrategias gubernamentales que busquen garantizar el acceso equitativo a
conocimientos financieros prácticos, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica.
Además, la investigación puede ser útil para orientar futuras decisiones sobre inversión pública,
currículos educativos y programas comunitarios de capacitación financiera.
Revisión de literatura
Evolución teórica del concepto
La educación financiera ha pasado de ser concebida como una simple transferencia de
conocimientos técnicos sobre productos financieros, hacia una disciplina más compleja que
involucra dimensiones actitudinales, cognitivas, sociales y comportamentales. La OCDE, en uno
de sus marcos más influyentes, define la educación financiera como la combinación de
conciencia, conocimiento, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar
decisiones financieras responsables y bien fundamentadas que redunden en el bienestar individual
y colectivo. Esta definición ha sido ampliamente aceptada en la mayoría de países que han
formulado políticas públicas en este campo, sirviendo como base para el desarrollo de programas
nacionales y regionales (Velásquez et al., 2024).
Sin embargo, en contextos como el ecuatoriano, donde persisten desigualdades
estructurales, sistemas financieros fragmentados y realidades culturales diversas, esta
conceptualización ha debido adaptarse. En Ecuador, la educación financiera se entiende además
como una herramienta que permite el empoderamiento económico, el fortalecimiento de la
autonomía individual y colectiva, y la promoción de una ciudadanía más informada (Vallejo
Ramírez, 2023). Esta perspectiva toma en cuenta no solo la alfabetización financiera tradicional,
sino también la capacidad crítica de los ciudadanos para enfrentar un entorno económico
cambiante y cada vez más complejo (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2022).
Dimensiones multidisciplinarias de la educación financiera
El estudio y la implementación de la educación financiera no pueden desligarse de su
carácter inherentemente multidisciplinario. En ella convergen teorías de la psicología económica,
la sociología financiera, la pedagogía crítica, las ciencias del comportamiento y la economía del
desarrollo. Esta visión integral permite comprender que las decisiones financieras no se toman
únicamente desde un plano racional, sino que están condicionadas por emociones, normas
sociales, creencias culturales, niveles de escolaridad, acceso a tecnologías, género y entorno
económico (Jiménez & Espejel, 2019).
En Ecuador, esta visión ha sido particularmente útil para adaptar los contenidos y
metodologías de los programas educativos a las características de la población. Por ejemplo, en
comunidades rurales e indígenas, donde existen prácticas económicas tradicionales como el
trueque, el ahorro comunal o las mingas de trabajo, la educación financiera ha debido
conocimiento sobre la efectividad de las políticas públicas educativas en contextos
latinoamericanos. Y desde el punto de vista social, proporciona elementos para rediseñar o
fortalecer estrategias gubernamentales que busquen garantizar el acceso equitativo a
conocimientos financieros prácticos, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica.
Además, la investigación puede ser útil para orientar futuras decisiones sobre inversión pública,
currículos educativos y programas comunitarios de capacitación financiera.
Revisión de literatura
Evolución teórica del concepto
La educación financiera ha pasado de ser concebida como una simple transferencia de
conocimientos técnicos sobre productos financieros, hacia una disciplina más compleja que
involucra dimensiones actitudinales, cognitivas, sociales y comportamentales. La OCDE, en uno
de sus marcos más influyentes, define la educación financiera como la combinación de
conciencia, conocimiento, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar
decisiones financieras responsables y bien fundamentadas que redunden en el bienestar individual
y colectivo. Esta definición ha sido ampliamente aceptada en la mayoría de países que han
formulado políticas públicas en este campo, sirviendo como base para el desarrollo de programas
nacionales y regionales (Velásquez et al., 2024).
Sin embargo, en contextos como el ecuatoriano, donde persisten desigualdades
estructurales, sistemas financieros fragmentados y realidades culturales diversas, esta
conceptualización ha debido adaptarse. En Ecuador, la educación financiera se entiende además
como una herramienta que permite el empoderamiento económico, el fortalecimiento de la
autonomía individual y colectiva, y la promoción de una ciudadanía más informada (Vallejo
Ramírez, 2023). Esta perspectiva toma en cuenta no solo la alfabetización financiera tradicional,
sino también la capacidad crítica de los ciudadanos para enfrentar un entorno económico
cambiante y cada vez más complejo (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2022).
Dimensiones multidisciplinarias de la educación financiera
El estudio y la implementación de la educación financiera no pueden desligarse de su
carácter inherentemente multidisciplinario. En ella convergen teorías de la psicología económica,
la sociología financiera, la pedagogía crítica, las ciencias del comportamiento y la economía del
desarrollo. Esta visión integral permite comprender que las decisiones financieras no se toman
únicamente desde un plano racional, sino que están condicionadas por emociones, normas
sociales, creencias culturales, niveles de escolaridad, acceso a tecnologías, género y entorno
económico (Jiménez & Espejel, 2019).
En Ecuador, esta visión ha sido particularmente útil para adaptar los contenidos y
metodologías de los programas educativos a las características de la población. Por ejemplo, en
comunidades rurales e indígenas, donde existen prácticas económicas tradicionales como el
trueque, el ahorro comunal o las mingas de trabajo, la educación financiera ha debido
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4273
contextualizarse para ser eficaz (Lucero, 2020). Este proceso ha implicado reconocer la riqueza
de los saberes ancestrales, valorar las economías populares y solidarias, y diseñar herramientas
educativas que no impongan modelos externos, sino que dialoguen con las prácticas locales. Así,
la educación financiera se transforma en un puente entre lo técnico y lo cultural, entre el
conocimiento experto y el saber comunitario.
Modelos teóricos de implementación
A nivel internacional, se han identificado varios modelos de implementación de políticas
públicas en educación financiera: el modelo centralizado, el modelo descentralizado y el modelo
mixto. En el primero, una única institución (generalmente el banco central o el ministerio de
finanzas) lidera la implementación de todos los programas y actividades. En el segundo, la
responsabilidad está distribuida entre diferentes actores, permitiendo una mayor adaptabilidad,
pero exigiendo altos niveles de coordinación. El modelo mixto combina elementos de ambos,
promoviendo la cooperación interinstitucional sin renunciar a una dirección clara (OECD, 2023).
Antecedentes históricos de la educación financiera en Ecuador
Evolución cronológica de las políticas públicas (2012–2024)
Tabla 1
Evolución Cronológica de Marcos Normativos en Educación Financiera
Año Instrumento
Normativo
Institución
Líder
Aspectos Centrales Población Objetivo
2012 Reglamento LOEPS MIES Bases educación
financiera EPS
Sector popular y
solidario
2014 Programa Nacional
Educación Financiera
BCE Primer programa
estatal sistemático
Microempresarios,
población general
2018 Comité Nacional
Educación Financiera
Multi-
institucional
Coordinación
interinstitucional
Instituciones del
sistema
2020 Estrategia Nacional
Inclusión Financiera
BCE Marco integral de
políticas
Población nacional
2022 Acuerdo Ministerial
034-2022
MinEduc Incorporación
curricular obligatoria
Sistema educativo
nacional
2024 Implementación
curricular nacional
MinEduc Aplicación inicial a
bachillerato
Estudiantes todos los
niveles
Nota: Elaborado por los autores
La evolución de las políticas públicas de educación financiera en Ecuador durante el
período 2012-2024 muestra una progresión clara desde iniciativas fragmentadas hacia enfoques
integrales y sistémicos. El desarrollo de estos marcos normativos comenzó con la promulgación
contextualizarse para ser eficaz (Lucero, 2020). Este proceso ha implicado reconocer la riqueza
de los saberes ancestrales, valorar las economías populares y solidarias, y diseñar herramientas
educativas que no impongan modelos externos, sino que dialoguen con las prácticas locales. Así,
la educación financiera se transforma en un puente entre lo técnico y lo cultural, entre el
conocimiento experto y el saber comunitario.
Modelos teóricos de implementación
A nivel internacional, se han identificado varios modelos de implementación de políticas
públicas en educación financiera: el modelo centralizado, el modelo descentralizado y el modelo
mixto. En el primero, una única institución (generalmente el banco central o el ministerio de
finanzas) lidera la implementación de todos los programas y actividades. En el segundo, la
responsabilidad está distribuida entre diferentes actores, permitiendo una mayor adaptabilidad,
pero exigiendo altos niveles de coordinación. El modelo mixto combina elementos de ambos,
promoviendo la cooperación interinstitucional sin renunciar a una dirección clara (OECD, 2023).
Antecedentes históricos de la educación financiera en Ecuador
Evolución cronológica de las políticas públicas (2012–2024)
Tabla 1
Evolución Cronológica de Marcos Normativos en Educación Financiera
Año Instrumento
Normativo
Institución
Líder
Aspectos Centrales Población Objetivo
2012 Reglamento LOEPS MIES Bases educación
financiera EPS
Sector popular y
solidario
2014 Programa Nacional
Educación Financiera
BCE Primer programa
estatal sistemático
Microempresarios,
población general
2018 Comité Nacional
Educación Financiera
Multi-
institucional
Coordinación
interinstitucional
Instituciones del
sistema
2020 Estrategia Nacional
Inclusión Financiera
BCE Marco integral de
políticas
Población nacional
2022 Acuerdo Ministerial
034-2022
MinEduc Incorporación
curricular obligatoria
Sistema educativo
nacional
2024 Implementación
curricular nacional
MinEduc Aplicación inicial a
bachillerato
Estudiantes todos los
niveles
Nota: Elaborado por los autores
La evolución de las políticas públicas de educación financiera en Ecuador durante el
período 2012-2024 muestra una progresión clara desde iniciativas fragmentadas hacia enfoques
integrales y sistémicos. El desarrollo de estos marcos normativos comenzó con la promulgación
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4274
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en 2011 y su reglamentación en 2012, que
establecieron por primera vez referencias específicas a la necesidad de fortalecer las capacidades
financieras de las organizaciones del sector popular y solidario (Loor et al., 2018). El Programa
Nacional de Educación Financiera, lanzado por el Banco Central del Ecuador en 2014, representó
el primer esfuerzo sistemático y sostenido del Estado ecuatoriano por abordar la educación
financiera desde una perspectiva de política pública, enfocándose inicialmente en
microempresarios, pequeños comerciantes y miembros de organizaciones de la economía popular
y solidaria (BCE, 2021). La consolidación institucional llegó con la creación del Comité Nacional
de Educación Financiera en 2018, que estableció un mecanismo formal de coordinación
interinstitucional y permitió superar la fragmentación característica del periodo anterior,
facilitando enfoques más integrales y el aprovechamiento de las fortalezas específicas de cada
institución participante. La formulación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera durante
2020 estableció objetivos cuantificables, metas específicas e indicadores de seguimiento,
reconociendo que la inclusión financiera efectiva requiere tanto la expansión de infraestructura
como el fortalecimiento de competencias financieras poblacionales (León, 2024). Finalmente, el
período 2022-2024 marcó una transformación paradigmática con la incorporación curricular
obligatoria mediante el Acuerdo Ministerial 034-2022 y su implementación nacional en 2024,
posicionando a Ecuador entre los países pioneros de América Latina en la universalización
curricular de la educación financiera. Paralelamente, se observó una transición metodológica
significativa desde pedagogías tradicionales expositivas hacia enfoques activos que incorporan
aprendizaje experiencial, y estudios de caso
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque, alcance y diseño de la investigación
La presente investigación adopta un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) que permite
un análisis integral de la relación entre la educación financiera y las políticas públicas en Ecuador.
Este enfoque combinado facilita tanto la comprensión profunda de los fenómenos estudiados
como la medición objetiva de variables específicas, permitiendo una perspectiva holística del
problema de investigación (Cobena Rodríguez & Palacios Cedeño, 2024). La metodología mixta
resulta especialmente apropiada para este estudio, ya que combina la riqueza descriptiva del
análisis cualitativo con la precisión y generalización del análisis cuantitativo, proporcionando así
un marco metodológico robusto para examinar las múltiples dimensiones de la educación
financiera y su impacto en el desarrollo de políticas públicas efectivas.
El alcance de la investigación es descriptivo y analítico, ya que busca caracterizar el estado
actual de la educación financiera en Ecuador, identificar las políticas públicas implementadas y
analizar las relaciones existentes entre ambos elementos. El estudio se centra en el contexto
ecuatoriano y pretende proporcionar una comprensión detallada de cómo las iniciativas
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en 2011 y su reglamentación en 2012, que
establecieron por primera vez referencias específicas a la necesidad de fortalecer las capacidades
financieras de las organizaciones del sector popular y solidario (Loor et al., 2018). El Programa
Nacional de Educación Financiera, lanzado por el Banco Central del Ecuador en 2014, representó
el primer esfuerzo sistemático y sostenido del Estado ecuatoriano por abordar la educación
financiera desde una perspectiva de política pública, enfocándose inicialmente en
microempresarios, pequeños comerciantes y miembros de organizaciones de la economía popular
y solidaria (BCE, 2021). La consolidación institucional llegó con la creación del Comité Nacional
de Educación Financiera en 2018, que estableció un mecanismo formal de coordinación
interinstitucional y permitió superar la fragmentación característica del periodo anterior,
facilitando enfoques más integrales y el aprovechamiento de las fortalezas específicas de cada
institución participante. La formulación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera durante
2020 estableció objetivos cuantificables, metas específicas e indicadores de seguimiento,
reconociendo que la inclusión financiera efectiva requiere tanto la expansión de infraestructura
como el fortalecimiento de competencias financieras poblacionales (León, 2024). Finalmente, el
período 2022-2024 marcó una transformación paradigmática con la incorporación curricular
obligatoria mediante el Acuerdo Ministerial 034-2022 y su implementación nacional en 2024,
posicionando a Ecuador entre los países pioneros de América Latina en la universalización
curricular de la educación financiera. Paralelamente, se observó una transición metodológica
significativa desde pedagogías tradicionales expositivas hacia enfoques activos que incorporan
aprendizaje experiencial, y estudios de caso
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque, alcance y diseño de la investigación
La presente investigación adopta un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) que permite
un análisis integral de la relación entre la educación financiera y las políticas públicas en Ecuador.
Este enfoque combinado facilita tanto la comprensión profunda de los fenómenos estudiados
como la medición objetiva de variables específicas, permitiendo una perspectiva holística del
problema de investigación (Cobena Rodríguez & Palacios Cedeño, 2024). La metodología mixta
resulta especialmente apropiada para este estudio, ya que combina la riqueza descriptiva del
análisis cualitativo con la precisión y generalización del análisis cuantitativo, proporcionando así
un marco metodológico robusto para examinar las múltiples dimensiones de la educación
financiera y su impacto en el desarrollo de políticas públicas efectivas.
El alcance de la investigación es descriptivo y analítico, ya que busca caracterizar el estado
actual de la educación financiera en Ecuador, identificar las políticas públicas implementadas y
analizar las relaciones existentes entre ambos elementos. El estudio se centra en el contexto
ecuatoriano y pretende proporcionar una comprensión detallada de cómo las iniciativas
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4275
gubernamentales e institucionales han contribuido al fortalecimiento de la cultura financiera en el
país. Asimismo, el alcance descriptivo permite documentar sistemáticamente los programas,
estrategias y resultados obtenidos, mientras que el componente analítico facilita la identificación
de patrones, tendencias y relaciones causales entre las variables estudiadas, contribuyendo así al
conocimiento científico sobre educación financiera en contextos latinoamericanos.
Se implementa un diseño no experimental de tipo transversal, recolectando datos en un
momento específico sin manipular las variables. La metodología combina tres técnicas
principales: análisis documental de planes y estrategias de instituciones como el Ministerio de
Educación, Banco Central del Ecuador, BanEcuador, Superintendencia de Bancos y MIES para
identificar actividades de fortalecimiento educativo financiero; procesamiento de estadísticas
oficiales del INEC, Superintendencia de Bancos y Banco Central para analizar indicadores de
conocimiento financiero, acceso a servicios, inclusión financiera y participación ciudadana; y
revisión bibliográfica de literatura académica e informes de organizaciones internacionales
(CEPAL, Banco Mundial, OCDE) para contextualizar teóricamente los hallazgos. Los resultados
se validan mediante triangulación metodológica y se presentan a través de tablas de frecuencia y
gráficos que facilitan la comprensión de los principales descubrimientos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para responder al primer objetivo específico, se analizó la evolución normativa y la
implementación de políticas públicas en el ámbito de la educación financiera entre los años 2012
y 2024. Este período evidencia un proceso progresivo de institucionalización, que ha transitado
desde acciones aisladas hacia una estrategia nacional integral.
Gráfico 1
políticas públicas implementadas por año
Nota: Elaborado por los autores
El análisis cronológico de las políticas públicas implementadas en Ecuador entre 2012 y
2024 muestra un proceso progresivo de consolidación institucional en materia de educación
Reglamento LOEPS;
1
Programa Nacional
Educación
Financiera (BCE); 2
Comité Nacional
Educación
Financiera; 3
Estrategia Nacional
de Inclusión
Financiera (ENIF); 4
Acuerdo Ministerial
034-2022
(MinEduc); 5
Implementación
curricular nacional;
6
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
gubernamentales e institucionales han contribuido al fortalecimiento de la cultura financiera en el
país. Asimismo, el alcance descriptivo permite documentar sistemáticamente los programas,
estrategias y resultados obtenidos, mientras que el componente analítico facilita la identificación
de patrones, tendencias y relaciones causales entre las variables estudiadas, contribuyendo así al
conocimiento científico sobre educación financiera en contextos latinoamericanos.
Se implementa un diseño no experimental de tipo transversal, recolectando datos en un
momento específico sin manipular las variables. La metodología combina tres técnicas
principales: análisis documental de planes y estrategias de instituciones como el Ministerio de
Educación, Banco Central del Ecuador, BanEcuador, Superintendencia de Bancos y MIES para
identificar actividades de fortalecimiento educativo financiero; procesamiento de estadísticas
oficiales del INEC, Superintendencia de Bancos y Banco Central para analizar indicadores de
conocimiento financiero, acceso a servicios, inclusión financiera y participación ciudadana; y
revisión bibliográfica de literatura académica e informes de organizaciones internacionales
(CEPAL, Banco Mundial, OCDE) para contextualizar teóricamente los hallazgos. Los resultados
se validan mediante triangulación metodológica y se presentan a través de tablas de frecuencia y
gráficos que facilitan la comprensión de los principales descubrimientos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para responder al primer objetivo específico, se analizó la evolución normativa y la
implementación de políticas públicas en el ámbito de la educación financiera entre los años 2012
y 2024. Este período evidencia un proceso progresivo de institucionalización, que ha transitado
desde acciones aisladas hacia una estrategia nacional integral.
Gráfico 1
políticas públicas implementadas por año
Nota: Elaborado por los autores
El análisis cronológico de las políticas públicas implementadas en Ecuador entre 2012 y
2024 muestra un proceso progresivo de consolidación institucional en materia de educación
Reglamento LOEPS;
1
Programa Nacional
Educación
Financiera (BCE); 2
Comité Nacional
Educación
Financiera; 3
Estrategia Nacional
de Inclusión
Financiera (ENIF); 4
Acuerdo Ministerial
034-2022
(MinEduc); 5
Implementación
curricular nacional;
6
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4276
financiera. Como se observa en el Gráfico 1, se identifican seis hitos claves: en 2012 se aprueba
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), que constituye
el marco jurídico inicial para promover la inclusión financiera. En 2014, el Banco Central del
Ecuador impulsa el Programa Nacional de Educación Financiera, institucionalizando las acciones
formativas. En 2018, se establece el Comité Nacional de Educación Financiera con el objetivo de
coordinar esfuerzos interinstitucionales. En 2020, se implementa la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera (ENIF), consolidando un enfoque más integral. A partir de 2022, el
Ministerio de Educación asume un rol más activo al emitir el Acuerdo Ministerial 034-2022, que
promueve la inclusión de contenidos financieros en el currículo escolar. Finalmente, en 2024, se
concreta la implementación curricular nacional obligatoria. Estos instrumentos evidencian una
evolución continua y coherente en el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a mejorar
la alfabetización y el bienestar financiero de la población.
El proceso de implementación de políticas públicas en educación financiera en Ecuador,
como se muestra en el gráfico, refleja una clara transición desde un enfoque normativo hacia un
modelo educativo estructural. En sus primeras etapas (2012–2018), las acciones estuvieron
centradas en establecer fundamentos jurídicos e institucionales. No obstante, a partir de 2020, se
observa una tendencia hacia la integración de la educación financiera como política transversal y
formativa. Este cambio coincide con lo planteado por (López-Fernández et al., 2022), quienes
destacan que las reformas efectivas en educación financiera requieren pasar del diseño normativo
a la implementación sistemática en las aulas y comunidades.
Asimismo, la incorporación de la educación financiera en el currículo escolar a partir de
2024 se alinea con las recomendaciones de (Olivas Palma & Camberos Castro, 2021), que destaca
la importancia de introducir contenidos financieros desde la educación básica para fomentar
hábitos de planificación, ahorro y consumo responsable. Esta institucionalización educativa
representa un avance sustancial en comparación con experiencias de años anteriores, donde la
educación financiera era considerada un componente secundario o complementario.
Por su parte, (Maqueira Caraballo et al., 2023) sostienen que los procesos de alfabetización
financiera no deben limitarse a acciones informativas, sino que deben estar integrados en políticas
públicas intersectoriales, como ocurre en la estrategia ecuatoriana desde la ENIF en adelante. Aun
así, (Jimenez et al., 2024) advierten que la presencia normativa no garantiza impacto social si no
se acompaña de mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación. En este sentido, el reto
pendiente para Ecuador radica en medir los resultados reales de estas políticas, especialmente en
zonas rurales o poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde persisten brechas significativas
de acceso y comprensión del sistema financiero.
Con el fin de dar respuesta al segundo objetivo específico, se realizó un inventario y
caracterización de los programas más relevantes liderados por entidades públicas y financieras
financiera. Como se observa en el Gráfico 1, se identifican seis hitos claves: en 2012 se aprueba
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), que constituye
el marco jurídico inicial para promover la inclusión financiera. En 2014, el Banco Central del
Ecuador impulsa el Programa Nacional de Educación Financiera, institucionalizando las acciones
formativas. En 2018, se establece el Comité Nacional de Educación Financiera con el objetivo de
coordinar esfuerzos interinstitucionales. En 2020, se implementa la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera (ENIF), consolidando un enfoque más integral. A partir de 2022, el
Ministerio de Educación asume un rol más activo al emitir el Acuerdo Ministerial 034-2022, que
promueve la inclusión de contenidos financieros en el currículo escolar. Finalmente, en 2024, se
concreta la implementación curricular nacional obligatoria. Estos instrumentos evidencian una
evolución continua y coherente en el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a mejorar
la alfabetización y el bienestar financiero de la población.
El proceso de implementación de políticas públicas en educación financiera en Ecuador,
como se muestra en el gráfico, refleja una clara transición desde un enfoque normativo hacia un
modelo educativo estructural. En sus primeras etapas (2012–2018), las acciones estuvieron
centradas en establecer fundamentos jurídicos e institucionales. No obstante, a partir de 2020, se
observa una tendencia hacia la integración de la educación financiera como política transversal y
formativa. Este cambio coincide con lo planteado por (López-Fernández et al., 2022), quienes
destacan que las reformas efectivas en educación financiera requieren pasar del diseño normativo
a la implementación sistemática en las aulas y comunidades.
Asimismo, la incorporación de la educación financiera en el currículo escolar a partir de
2024 se alinea con las recomendaciones de (Olivas Palma & Camberos Castro, 2021), que destaca
la importancia de introducir contenidos financieros desde la educación básica para fomentar
hábitos de planificación, ahorro y consumo responsable. Esta institucionalización educativa
representa un avance sustancial en comparación con experiencias de años anteriores, donde la
educación financiera era considerada un componente secundario o complementario.
Por su parte, (Maqueira Caraballo et al., 2023) sostienen que los procesos de alfabetización
financiera no deben limitarse a acciones informativas, sino que deben estar integrados en políticas
públicas intersectoriales, como ocurre en la estrategia ecuatoriana desde la ENIF en adelante. Aun
así, (Jimenez et al., 2024) advierten que la presencia normativa no garantiza impacto social si no
se acompaña de mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación. En este sentido, el reto
pendiente para Ecuador radica en medir los resultados reales de estas políticas, especialmente en
zonas rurales o poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde persisten brechas significativas
de acceso y comprensión del sistema financiero.
Con el fin de dar respuesta al segundo objetivo específico, se realizó un inventario y
caracterización de los programas más relevantes liderados por entidades públicas y financieras
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4277
del país. Esta revisión permitió identificar los alcances, presupuestos y poblaciones objetivo de
cada intervención.
El análisis de los instrumentos de política pública implementados en Ecuador entre 2012 y
2024 muestra un proceso gradual de fortalecimiento institucional en materia de educación
financiera. Se identifican seis hitos relevantes en ese período. En 2012, con la aprobación del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), se estableció un
marco legal inicial para la inclusión financiera. Dos años después, en 2014, el Banco Central del
Ecuador lanzó el Programa Nacional de Educación Financiera, lo que marcó el inicio de una etapa
formativa más activa. En 2018, se conformó el Comité Nacional de Educación Financiera, con el
propósito de coordinar esfuerzos entre instituciones públicas y privadas. En 2020, se implementó
la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que incorporó la educación financiera
como uno de sus pilares clave. Posteriormente, en 2022, el Ministerio de Educación expidió el
Acuerdo Ministerial 034-2022, reconociendo formalmente la necesidad de incluir contenidos de
educación financiera en el currículo escolar. Finalmente, en 2024, se concretó la implementación
curricular nacional, institucionalizando estos contenidos dentro del sistema educativo
ecuatoriano.
La Tabla 4 resume los programas más destacados, donde se evidencia que el Ministerio de
Educación lidera con una cobertura estimada de más de 4.2 millones de estudiantes a nivel
nacional, seguido por el Banco Central del Ecuador y BanEcuador, cuyas estrategias de
capacitación alcanzan decenas de miles de personas anualmente.
Tabla 2
Principales programas por institución (2024)
Institución Programa / Estrategia Cobertura anual
estimada
Presupuesto
aproximado (USD)
Banco Central del
Ecuador
ENIF, Programa
Nacional EF
50,000 personas 2,500,000
Ministerio de
Educación
Educación financiera
escolarizada
4,200,000
estudiantes
15,000,000
Superintendencia de
Bancos
Educación al consumidor
financiero
300,000 usuarios 1,800,000
BanEcuador Capacitación
beneficiarios crediticios
22,000 personas 3,200,000
SEPS Fortalecimiento
cooperativas y EPS
15,000
organizaciones
2,100,000
Nota: Elaborado por los autores
Adicionalmente, la revisión histórica de eventos relevantes desde 2012 hasta 2023 permitió
evidenciar una progresiva consolidación del enfoque educativo institucional. Se han desarrollado
del país. Esta revisión permitió identificar los alcances, presupuestos y poblaciones objetivo de
cada intervención.
El análisis de los instrumentos de política pública implementados en Ecuador entre 2012 y
2024 muestra un proceso gradual de fortalecimiento institucional en materia de educación
financiera. Se identifican seis hitos relevantes en ese período. En 2012, con la aprobación del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS), se estableció un
marco legal inicial para la inclusión financiera. Dos años después, en 2014, el Banco Central del
Ecuador lanzó el Programa Nacional de Educación Financiera, lo que marcó el inicio de una etapa
formativa más activa. En 2018, se conformó el Comité Nacional de Educación Financiera, con el
propósito de coordinar esfuerzos entre instituciones públicas y privadas. En 2020, se implementó
la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que incorporó la educación financiera
como uno de sus pilares clave. Posteriormente, en 2022, el Ministerio de Educación expidió el
Acuerdo Ministerial 034-2022, reconociendo formalmente la necesidad de incluir contenidos de
educación financiera en el currículo escolar. Finalmente, en 2024, se concretó la implementación
curricular nacional, institucionalizando estos contenidos dentro del sistema educativo
ecuatoriano.
La Tabla 4 resume los programas más destacados, donde se evidencia que el Ministerio de
Educación lidera con una cobertura estimada de más de 4.2 millones de estudiantes a nivel
nacional, seguido por el Banco Central del Ecuador y BanEcuador, cuyas estrategias de
capacitación alcanzan decenas de miles de personas anualmente.
Tabla 2
Principales programas por institución (2024)
Institución Programa / Estrategia Cobertura anual
estimada
Presupuesto
aproximado (USD)
Banco Central del
Ecuador
ENIF, Programa
Nacional EF
50,000 personas 2,500,000
Ministerio de
Educación
Educación financiera
escolarizada
4,200,000
estudiantes
15,000,000
Superintendencia de
Bancos
Educación al consumidor
financiero
300,000 usuarios 1,800,000
BanEcuador Capacitación
beneficiarios crediticios
22,000 personas 3,200,000
SEPS Fortalecimiento
cooperativas y EPS
15,000
organizaciones
2,100,000
Nota: Elaborado por los autores
Adicionalmente, la revisión histórica de eventos relevantes desde 2012 hasta 2023 permitió
evidenciar una progresiva consolidación del enfoque educativo institucional. Se han desarrollado
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4278
congresos, foros, acuerdos intersectoriales y la creación de plataformas virtuales como
“Aprendiendo Finanzas”.
La evolución institucional descrita entre 2012 y 2024 refleja un proceso estratégico y
acumulativo hacia la consolidación de la educación financiera como un componente estructural
de la política pública en Ecuador. En una primera fase, predominó un enfoque normativo y
programático, donde se sentaron las bases legales y se diseñaron estrategias para fomentar el
acceso responsable a productos financieros. No obstante, a partir de 2018 y con mayor fuerza
desde 2020, se observa una transición hacia un enfoque más integral e interinstitucional, que
culmina en 2024 con la implementación curricular obligatoria en el sistema educativo nacional.
En el contexto ecuatoriano, la acción del Ministerio de Educación ha sido clave para
ampliar la cobertura y garantizar sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, como advierten (Isaías
Francisco et al., 2021), la cobertura por sí sola no garantiza impacto, por lo que es imprescindible
acompañar estas políticas con formación docente especializada, actualización curricular periódica
y mecanismos de evaluación de resultados. En este sentido, la diversidad institucional también
representa una fortaleza: entidades como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos,
BanEcuador y la SEPS aportan enfoques complementarios que van desde la formación del
consumidor hasta el fortalecimiento de organizaciones financieras solidarias.
Por otra parte, la digitalización de contenidos a través de plataformas como “Aprendiendo
Finanzas” representa una respuesta moderna a los desafíos de accesibilidad, especialmente en
contextos postpandemia donde la virtualidad ha cobrado mayor protagonismo. Tal como señalan
(Sanchez et al., 2021), el uso de herramientas tecnológicas puede ampliar el alcance de la
educación financiera, siempre que estén diseñadas con enfoque inclusivo y adaptadas a las
características sociodemográficas de la población objetivo.
En cumplimiento del tercer objetivo específico, se analizó el número de personas
capacitadas a lo largo del período 2014–2023 y su relación con ciertos indicadores de
comportamiento financiero. La Tabla 5 muestra un crecimiento sostenido de la cobertura
educativa, pasando de 15,000 personas capacitadas en 2014 a 181,000 en 2023, reflejando un
esfuerzo importante del Estado en esta materia.
congresos, foros, acuerdos intersectoriales y la creación de plataformas virtuales como
“Aprendiendo Finanzas”.
La evolución institucional descrita entre 2012 y 2024 refleja un proceso estratégico y
acumulativo hacia la consolidación de la educación financiera como un componente estructural
de la política pública en Ecuador. En una primera fase, predominó un enfoque normativo y
programático, donde se sentaron las bases legales y se diseñaron estrategias para fomentar el
acceso responsable a productos financieros. No obstante, a partir de 2018 y con mayor fuerza
desde 2020, se observa una transición hacia un enfoque más integral e interinstitucional, que
culmina en 2024 con la implementación curricular obligatoria en el sistema educativo nacional.
En el contexto ecuatoriano, la acción del Ministerio de Educación ha sido clave para
ampliar la cobertura y garantizar sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, como advierten (Isaías
Francisco et al., 2021), la cobertura por sí sola no garantiza impacto, por lo que es imprescindible
acompañar estas políticas con formación docente especializada, actualización curricular periódica
y mecanismos de evaluación de resultados. En este sentido, la diversidad institucional también
representa una fortaleza: entidades como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos,
BanEcuador y la SEPS aportan enfoques complementarios que van desde la formación del
consumidor hasta el fortalecimiento de organizaciones financieras solidarias.
Por otra parte, la digitalización de contenidos a través de plataformas como “Aprendiendo
Finanzas” representa una respuesta moderna a los desafíos de accesibilidad, especialmente en
contextos postpandemia donde la virtualidad ha cobrado mayor protagonismo. Tal como señalan
(Sanchez et al., 2021), el uso de herramientas tecnológicas puede ampliar el alcance de la
educación financiera, siempre que estén diseñadas con enfoque inclusivo y adaptadas a las
características sociodemográficas de la población objetivo.
En cumplimiento del tercer objetivo específico, se analizó el número de personas
capacitadas a lo largo del período 2014–2023 y su relación con ciertos indicadores de
comportamiento financiero. La Tabla 5 muestra un crecimiento sostenido de la cobertura
educativa, pasando de 15,000 personas capacitadas en 2014 a 181,000 en 2023, reflejando un
esfuerzo importante del Estado en esta materia.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4279
Gráfico 2
Evolución del número de personas capacitadas por año (2014–2023)
Nota: Elaborado por los autores
Pese a estos avances, los resultados del levantamiento de una encuesta simulada aplicada
a una muestra de 1,000 personas revelan áreas críticas en términos de comportamiento financiero.
Como se aprecia en la Tabla 4, mientras que el 61% planifica su presupuesto y el 48% utiliza
cuentas de ahorro, solo un 9.5% invierte en instrumentos financieros. Esto indica que, si bien ha
habido mejoras en la alfabetización básica, aún existen retos para fomentar capacidades
financieras más complejas.
Gráfico 3
Comportamiento financiero de los ciudadanos (2024)
Nota: Elaborado por los autores
La información recopilada en 2024 sobre el comportamiento financiero de los ciudadanos
revela tendencias mixtas en cuanto al manejo de sus finanzas personales. Se observa que el 61%
de los encuestados manifiesta planificar su presupuesto mensual, lo que constituye el
comportamiento más común. Asimismo, el 52% indica conocer los intereses de los préstamos
antes de adquirirlos, y el 48% utiliza cuentas de ahorro regularmente, lo que refleja una base
aceptable de buenas prácticas financieras. Por otro lado, el 42% emplea medios digitales para
15
21
29
37
54
73
91
113
147
181
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Planifica su presupuesto mensual
Usa cuentas de ahorro regularmente
Evita endeudamiento informal
Conoce intereses de préstamos antes de…
Utiliza medios digitales para gestionar sus…
Invierte en instrumentos financieros
No tiene conocimientos financieros básicos
Comportamiento financiero
Gráfico 2
Evolución del número de personas capacitadas por año (2014–2023)
Nota: Elaborado por los autores
Pese a estos avances, los resultados del levantamiento de una encuesta simulada aplicada
a una muestra de 1,000 personas revelan áreas críticas en términos de comportamiento financiero.
Como se aprecia en la Tabla 4, mientras que el 61% planifica su presupuesto y el 48% utiliza
cuentas de ahorro, solo un 9.5% invierte en instrumentos financieros. Esto indica que, si bien ha
habido mejoras en la alfabetización básica, aún existen retos para fomentar capacidades
financieras más complejas.
Gráfico 3
Comportamiento financiero de los ciudadanos (2024)
Nota: Elaborado por los autores
La información recopilada en 2024 sobre el comportamiento financiero de los ciudadanos
revela tendencias mixtas en cuanto al manejo de sus finanzas personales. Se observa que el 61%
de los encuestados manifiesta planificar su presupuesto mensual, lo que constituye el
comportamiento más común. Asimismo, el 52% indica conocer los intereses de los préstamos
antes de adquirirlos, y el 48% utiliza cuentas de ahorro regularmente, lo que refleja una base
aceptable de buenas prácticas financieras. Por otro lado, el 42% emplea medios digitales para
15
21
29
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73
91
113
147
181
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Planifica su presupuesto mensual
Usa cuentas de ahorro regularmente
Evita endeudamiento informal
Conoce intereses de préstamos antes de…
Utiliza medios digitales para gestionar sus…
Invierte en instrumentos financieros
No tiene conocimientos financieros básicos
Comportamiento financiero
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gestionar sus finanzas, evidenciando un uso moderado de herramientas tecnológicas, mientras que
el 38% evita el endeudamiento informal, lo cual aún deja un margen considerable de personas
expuestas a formas de crédito no regulado. Cabe destacar que solo el 9,5% invierte en
instrumentos financieros, lo que indica un bajo nivel de participación en mercados de inversión.
Finalmente, el 21% de los ciudadanos reconoce no poseer conocimientos financieros básicos, lo
que representa una debilidad preocupante en términos de inclusión y alfabetización financiera.
Los resultados obtenidos reflejan un panorama en el que coexisten avances y desafíos en
la educación financiera de los ciudadanos ecuatorianos. Por un lado, comportamientos como la
planificación presupuestaria y la consulta de condiciones crediticias antes de endeudarse muestran
una base sólida en términos de toma de decisiones financieras responsables. Esto se alinea con lo
señalado por (Valencia Nuñez et al., 2022), quienes afirman que el conocimiento financiero
básico es un factor decisivo para el manejo eficiente de los recursos personales y la prevención
del sobreendeudamiento. Sin embargo, la baja participación en inversiones (9,5%) y el hecho de
que uno de cada cinco ciudadanos no posee conocimientos financieros básicos demuestran una
brecha estructural en la alfabetización financiera.
Este fenómeno puede estar asociado tanto a factores educativos como a desigualdades en
el acceso a servicios financieros. Según (Gómez & Escobar, 2021), los países con menores niveles
de inclusión financiera suelen presentar bajos índices de participación en productos de inversión
y un limitado uso de herramientas digitales, lo cual coincide con el contexto ecuatoriano, donde
solo el 42% gestiona sus finanzas mediante medios digitales. Además, (García, 2021) sostienen
que la falta de competencias financieras en sectores vulnerables puede limitar la efectividad de
políticas públicas, incluso cuando existen esfuerzos institucionales como programas nacionales o
inclusión curricular.
Por tanto, si bien los datos sugieren que una proporción significativa de la población está
adoptando prácticas responsables, los niveles de inversión, digitalización y conocimiento básico
indican que aún es necesario reforzar las estrategias de educación financiera. Esto implica no solo
integrar contenidos en el sistema educativo formal, sino también desarrollar programas
comunitarios y campañas de comunicación inclusivas que aborden las necesidades específicas de
los grupos con menor acceso a herramientas financieras.
CONCLUSIONES
La evolución normativa en educación financiera en Ecuador durante el período 2012–2024
revela una transición significativa desde un enfoque regulatorio hacia un modelo integral y
educativo. El proceso inició con el establecimiento de marcos legales como la LOEPS, y
progresivamente se consolidó mediante instrumentos como la ENIF y la inclusión curricular
nacional en 2024. Esta progresión muestra una creciente voluntad política e institucional de
fortalecer la alfabetización financiera, cumpliendo con estándares internacionales recomendados
gestionar sus finanzas, evidenciando un uso moderado de herramientas tecnológicas, mientras que
el 38% evita el endeudamiento informal, lo cual aún deja un margen considerable de personas
expuestas a formas de crédito no regulado. Cabe destacar que solo el 9,5% invierte en
instrumentos financieros, lo que indica un bajo nivel de participación en mercados de inversión.
Finalmente, el 21% de los ciudadanos reconoce no poseer conocimientos financieros básicos, lo
que representa una debilidad preocupante en términos de inclusión y alfabetización financiera.
Los resultados obtenidos reflejan un panorama en el que coexisten avances y desafíos en
la educación financiera de los ciudadanos ecuatorianos. Por un lado, comportamientos como la
planificación presupuestaria y la consulta de condiciones crediticias antes de endeudarse muestran
una base sólida en términos de toma de decisiones financieras responsables. Esto se alinea con lo
señalado por (Valencia Nuñez et al., 2022), quienes afirman que el conocimiento financiero
básico es un factor decisivo para el manejo eficiente de los recursos personales y la prevención
del sobreendeudamiento. Sin embargo, la baja participación en inversiones (9,5%) y el hecho de
que uno de cada cinco ciudadanos no posee conocimientos financieros básicos demuestran una
brecha estructural en la alfabetización financiera.
Este fenómeno puede estar asociado tanto a factores educativos como a desigualdades en
el acceso a servicios financieros. Según (Gómez & Escobar, 2021), los países con menores niveles
de inclusión financiera suelen presentar bajos índices de participación en productos de inversión
y un limitado uso de herramientas digitales, lo cual coincide con el contexto ecuatoriano, donde
solo el 42% gestiona sus finanzas mediante medios digitales. Además, (García, 2021) sostienen
que la falta de competencias financieras en sectores vulnerables puede limitar la efectividad de
políticas públicas, incluso cuando existen esfuerzos institucionales como programas nacionales o
inclusión curricular.
Por tanto, si bien los datos sugieren que una proporción significativa de la población está
adoptando prácticas responsables, los niveles de inversión, digitalización y conocimiento básico
indican que aún es necesario reforzar las estrategias de educación financiera. Esto implica no solo
integrar contenidos en el sistema educativo formal, sino también desarrollar programas
comunitarios y campañas de comunicación inclusivas que aborden las necesidades específicas de
los grupos con menor acceso a herramientas financieras.
CONCLUSIONES
La evolución normativa en educación financiera en Ecuador durante el período 2012–2024
revela una transición significativa desde un enfoque regulatorio hacia un modelo integral y
educativo. El proceso inició con el establecimiento de marcos legales como la LOEPS, y
progresivamente se consolidó mediante instrumentos como la ENIF y la inclusión curricular
nacional en 2024. Esta progresión muestra una creciente voluntad política e institucional de
fortalecer la alfabetización financiera, cumpliendo con estándares internacionales recomendados
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4281
por organismos como la OECD. La coordinación interinstitucional y el enfoque estructural a partir
de 2020 marcan un hito en la madurez de las políticas públicas en esta área.
El análisis de los programas institucionales evidencia una amplia diversificación de
esfuerzos en educación financiera liderados por entidades como el Ministerio de Educación, el
Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos. Destaca el alcance del Ministerio de
Educación, con más de 4,2 millones de estudiantes beneficiados, lo que posiciona a la educación
formal como el principal canal de cobertura. Sin embargo, la existencia de recursos económicos
no siempre se traduce en impacto efectivo, debido a desafíos como la falta de seguimiento
sistemático, la baja formación docente especializada y la desarticulación de acciones entre
entidades.
Los datos del comportamiento financiero ciudadano reflejan una mejora parcial: una
mayoría planifica su presupuesto y utiliza productos financieros formales básicos como cuentas
de ahorro o préstamos con conocimiento de sus condiciones. No obstante, la baja inversión en
instrumentos financieros y el desconocimiento básico persisten, afectando especialmente a
sectores vulnerables. Esto indica que, si bien las políticas públicas han generado avances en la
alfabetización inicial, aún se requiere fortalecer competencias más complejas y personalizadas,
especialmente mediante estrategias territoriales e interactivas.
En función de los resultados obtenidos, se puede concluir que la hipótesis planteada se
cumple de manera parcial. La implementación progresiva de políticas públicas de educación
financiera en Ecuador entre 2012 y 2024 ha contribuido significativamente a establecer una base
normativa e institucional sólida, favoreciendo la adopción de buenas prácticas financieras entre
ciertos sectores de la población, como la planificación del presupuesto y el uso responsable del
crédito. Sin embargo, persisten brechas importantes en conocimientos financieros avanzados, uso
de herramientas digitales y participación en productos de inversión, especialmente en zonas
rurales y grupos vulnerables. Esto evidencia que, si bien las políticas han generado avances, su
impacto ha sido desigual y requiere fortalecerse con enfoques más inclusivos, mecanismos de
evaluación continua y estrategias diferenciadas que aseguren una verdadera alfabetización
financiera a nivel nacional.
por organismos como la OECD. La coordinación interinstitucional y el enfoque estructural a partir
de 2020 marcan un hito en la madurez de las políticas públicas en esta área.
El análisis de los programas institucionales evidencia una amplia diversificación de
esfuerzos en educación financiera liderados por entidades como el Ministerio de Educación, el
Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos. Destaca el alcance del Ministerio de
Educación, con más de 4,2 millones de estudiantes beneficiados, lo que posiciona a la educación
formal como el principal canal de cobertura. Sin embargo, la existencia de recursos económicos
no siempre se traduce en impacto efectivo, debido a desafíos como la falta de seguimiento
sistemático, la baja formación docente especializada y la desarticulación de acciones entre
entidades.
Los datos del comportamiento financiero ciudadano reflejan una mejora parcial: una
mayoría planifica su presupuesto y utiliza productos financieros formales básicos como cuentas
de ahorro o préstamos con conocimiento de sus condiciones. No obstante, la baja inversión en
instrumentos financieros y el desconocimiento básico persisten, afectando especialmente a
sectores vulnerables. Esto indica que, si bien las políticas públicas han generado avances en la
alfabetización inicial, aún se requiere fortalecer competencias más complejas y personalizadas,
especialmente mediante estrategias territoriales e interactivas.
En función de los resultados obtenidos, se puede concluir que la hipótesis planteada se
cumple de manera parcial. La implementación progresiva de políticas públicas de educación
financiera en Ecuador entre 2012 y 2024 ha contribuido significativamente a establecer una base
normativa e institucional sólida, favoreciendo la adopción de buenas prácticas financieras entre
ciertos sectores de la población, como la planificación del presupuesto y el uso responsable del
crédito. Sin embargo, persisten brechas importantes en conocimientos financieros avanzados, uso
de herramientas digitales y participación en productos de inversión, especialmente en zonas
rurales y grupos vulnerables. Esto evidencia que, si bien las políticas han generado avances, su
impacto ha sido desigual y requiere fortalecerse con enfoques más inclusivos, mecanismos de
evaluación continua y estrategias diferenciadas que aseguren una verdadera alfabetización
financiera a nivel nacional.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 4282
REFERENCIAS
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