Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4070
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.857
Derechos del trabajador y visto bueno por ineptitud
manifiesta: análisis comparado entre Ecuador y Argentina
Worker rights and approval for manifest incompetence: a comparative analysis between
Ecuador and Argentina
Mery Verónica Jara Silva
mjara9@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-2503-231X
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Carrera de Derecho
Universidad Tecnológica Indoamérica
Ambato, Ecuador
José Luis Barrionuevo
josebarrionuevo@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-1290-7999
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Carrera de Derecho
Universidad Tecnológica Indoamérica
Ambato, Ecuador
Artículo recibido: 10 enero 2025 - Aceptado para publicación: 20 febrero 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
Este estudio aborda la problemática del despido por ineptitud manifiesta en el sector educativo
privado en Ecuador, un contexto donde la falta de criterios claros y objetivos para evaluar la
ineptitud ha generado abusos y vulneración de los derechos laborales de los docentes, afectando
tanto su estabilidad laboral como la calidad de la educación que imparten. El objetivo principal
del trabajo es analizar la regulación del despido por ineptitud en Ecuador y compararla con el
marco legal de Argentina, identificando las garantías procesales que protegen los derechos de los
educadores y proponiendo recomendaciones normativas que fortalezcan dichas protecciones. Para
ello, se emplea un enfoque cualitativo, realizando un análisis documental exhaustivo de
normativas, leyes laborales y sentencias judiciales en ambos países, lo que permite comprender
la situación real de los docentes y el marco legal que regula los despidos. Los resultados del
análisis revelan que el sistema ecuatoriano presenta deficiencias significativas, con un
procedimiento de "visto bueno" que carece de transparencia y criterios objetivos, lo que puede
conducir a despidos injustificados y arbitrarios. En contraste, la legislación argentina ofrece un
marco más sólido con mayores garantías procesales y un enfoque más riguroso en la protección
de los derechos laborales de los docentes. Se concluye que es urgente implementar reformas en
Ecuador que fortalezcan estas garantías, estableciendo mecanismos claros de evaluación y un
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4071
debido proceso, con el fin de promover un entorno laboral más justo y equitativo para los
educadores, lo que a su vez beneficiaría la calidad educativa en el país.
Palabras Clave: despido, ineptitud, derechos laborales, educación, normativa
ABSTRACT
This study addresses the issue of dismissal for manifest incompetence in the private educational
sector in Ecuador, a context where the lack of clear and objective criteria for evaluating
incompetence has led to abuses and violations of teachers' labor rights, affecting both their job
stability and the quality of education they provide. The main objective of the work is to analyze
the regulation of dismissal for incompetence in Ecuador and compare it with the legal framework
in Argentina, identifying the procedural guarantees that protect the rights of educators and
proposing normative recommendations to strengthen these protections. To achieve this, a
qualitative approach is employed, conducting a thorough documentary analysis of regulations,
labor laws, and judicial rulings in both countries, allowing for a comprehensive understanding of
the real situation of teachers and the legal framework governing dismissals. The results of the
analysis reveal that the Ecuadorian system presents significant deficiencies, with a "visto bueno"
procedure that lacks transparency and objective criteria, which can lead to unjustified and
arbitrary dismissals. In contrast, Argentine legislation offers a more robust framework with
greater procedural guarantees and a more rigorous approach to protecting the labor rights of
teachers. The study concludes that urgent reforms are needed in Ecuador to strengthen these
guarantees by establishing clear evaluation mechanisms and ensuring due process, ultimately
promoting a fairer and more equitable working environment for educators, which in turn would
benefit the quality of education in the country.
Keywords: dismissal, ineptitude, labor rights, education, regulations
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
debido proceso, con el fin de promover un entorno laboral más justo y equitativo para los
educadores, lo que a su vez beneficiaría la calidad educativa en el país.
Palabras Clave: despido, ineptitud, derechos laborales, educación, normativa
ABSTRACT
This study addresses the issue of dismissal for manifest incompetence in the private educational
sector in Ecuador, a context where the lack of clear and objective criteria for evaluating
incompetence has led to abuses and violations of teachers' labor rights, affecting both their job
stability and the quality of education they provide. The main objective of the work is to analyze
the regulation of dismissal for incompetence in Ecuador and compare it with the legal framework
in Argentina, identifying the procedural guarantees that protect the rights of educators and
proposing normative recommendations to strengthen these protections. To achieve this, a
qualitative approach is employed, conducting a thorough documentary analysis of regulations,
labor laws, and judicial rulings in both countries, allowing for a comprehensive understanding of
the real situation of teachers and the legal framework governing dismissals. The results of the
analysis reveal that the Ecuadorian system presents significant deficiencies, with a "visto bueno"
procedure that lacks transparency and objective criteria, which can lead to unjustified and
arbitrary dismissals. In contrast, Argentine legislation offers a more robust framework with
greater procedural guarantees and a more rigorous approach to protecting the labor rights of
teachers. The study concludes that urgent reforms are needed in Ecuador to strengthen these
guarantees by establishing clear evaluation mechanisms and ensuring due process, ultimately
promoting a fairer and more equitable working environment for educators, which in turn would
benefit the quality of education in the country.
Keywords: dismissal, ineptitude, labor rights, education, regulations
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4072
INTRODUCCIÓN
El sector educativo desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y económico
de cualquier país, siendo los docentes la piedra angular de este proceso. Sin embargo, en el
contexto de instituciones educativas privadas, la relación laboral entre empleador y docente puede
verse afectada por la figura del despido por ineptitud manifiesta. Esta figura legal, que permite a
los empleadores despedir a trabajadores que no cumplen con los estándares mínimos de
desempeño, ha generado un intenso debate sobre su aplicación y las implicaciones que tiene para
los derechos laborales de los docentes en Ecuador (Córdova, 2020, p. 45).
En Ecuador, el mecanismo del "visto bueno" es el procedimiento que deben seguir los
empleadores para despedir a un trabajador por ineptitud manifiesta. Sin embargo, este
procedimiento puede ser interpretado de manera subjetiva, lo que abre la puerta a abusos y
arbitrariedades. La falta de criterios claros para determinar la ineptitud puede afectar gravemente
la estabilidad laboral de los docentes, quienes, en su mayoría, dependen de su salario para
sustentar a sus familias (González, 2019, p. 102).
Por otro lado, el sistema educativo argentino presenta un marco legal diferente, donde la
protección de los derechos laborales está más consolidada. En Argentina, aunque también existe
la figura de despido por ineptitud, las regulaciones tienden a ser más garantistas, ofreciendo a los
trabajadores procedimientos más claros y derechos adicionales (Martínez, 2021, p. 78). Esto
plantea la necesidad de un análisis comparativo entre ambos sistemas, para identificar lecciones
que puedan ser aplicadas en Ecuador.
El dilema entre la productividad institucional y la defensa de los derechos laborales es
especialmente relevante en el ámbito educativo. Los empleadores buscan asegurar un nivel de
calidad en la enseñanza, mientras que los docentes requieren un entorno laboral que respete su
estabilidad y derechos fundamentales (Cáceres, 2022, p. 33). Esta tensión se convierte en un
terreno fértil para la discusión sobre la necesidad de reformas en la legislación laboral ecuatoriana.
Además, la aplicación de la figura del despido por ineptitud manifiesta puede tener un
impacto negativo en la moral y el desempeño de los docentes. La incertidumbre sobre su
estabilidad laboral puede llevar a un clima de trabajo tenso, afectando no solo la calidad de la
enseñanza, sino también el bienestar de los estudiantes (Sánchez, 2020, p. 67). Por lo tanto, es
crucial encontrar un equilibrio que permita a las instituciones educativas mantener estándares de
calidad sin sacrificar los derechos de sus trabajadores.
La perspectiva de garantizar un debido proceso en los despidos por ineptitud es esencial
para proteger los derechos laborales. En este sentido, es fundamental que los docentes cuenten
con mecanismos adecuados para impugnar despidos que consideren injustos, lo cual no siempre
se encuentra garantizado en la legislación actual (Pérez, 2019, p. 54). La falta de un proceso justo
puede llevar a una cultura de miedo y desconfianza entre los docentes.
INTRODUCCIÓN
El sector educativo desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y económico
de cualquier país, siendo los docentes la piedra angular de este proceso. Sin embargo, en el
contexto de instituciones educativas privadas, la relación laboral entre empleador y docente puede
verse afectada por la figura del despido por ineptitud manifiesta. Esta figura legal, que permite a
los empleadores despedir a trabajadores que no cumplen con los estándares mínimos de
desempeño, ha generado un intenso debate sobre su aplicación y las implicaciones que tiene para
los derechos laborales de los docentes en Ecuador (Córdova, 2020, p. 45).
En Ecuador, el mecanismo del "visto bueno" es el procedimiento que deben seguir los
empleadores para despedir a un trabajador por ineptitud manifiesta. Sin embargo, este
procedimiento puede ser interpretado de manera subjetiva, lo que abre la puerta a abusos y
arbitrariedades. La falta de criterios claros para determinar la ineptitud puede afectar gravemente
la estabilidad laboral de los docentes, quienes, en su mayoría, dependen de su salario para
sustentar a sus familias (González, 2019, p. 102).
Por otro lado, el sistema educativo argentino presenta un marco legal diferente, donde la
protección de los derechos laborales está más consolidada. En Argentina, aunque también existe
la figura de despido por ineptitud, las regulaciones tienden a ser más garantistas, ofreciendo a los
trabajadores procedimientos más claros y derechos adicionales (Martínez, 2021, p. 78). Esto
plantea la necesidad de un análisis comparativo entre ambos sistemas, para identificar lecciones
que puedan ser aplicadas en Ecuador.
El dilema entre la productividad institucional y la defensa de los derechos laborales es
especialmente relevante en el ámbito educativo. Los empleadores buscan asegurar un nivel de
calidad en la enseñanza, mientras que los docentes requieren un entorno laboral que respete su
estabilidad y derechos fundamentales (Cáceres, 2022, p. 33). Esta tensión se convierte en un
terreno fértil para la discusión sobre la necesidad de reformas en la legislación laboral ecuatoriana.
Además, la aplicación de la figura del despido por ineptitud manifiesta puede tener un
impacto negativo en la moral y el desempeño de los docentes. La incertidumbre sobre su
estabilidad laboral puede llevar a un clima de trabajo tenso, afectando no solo la calidad de la
enseñanza, sino también el bienestar de los estudiantes (Sánchez, 2020, p. 67). Por lo tanto, es
crucial encontrar un equilibrio que permita a las instituciones educativas mantener estándares de
calidad sin sacrificar los derechos de sus trabajadores.
La perspectiva de garantizar un debido proceso en los despidos por ineptitud es esencial
para proteger los derechos laborales. En este sentido, es fundamental que los docentes cuenten
con mecanismos adecuados para impugnar despidos que consideren injustos, lo cual no siempre
se encuentra garantizado en la legislación actual (Pérez, 2019, p. 54). La falta de un proceso justo
puede llevar a una cultura de miedo y desconfianza entre los docentes.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4073
Este estudio tiene como objetivo analizar la regulación del despido por ineptitud manifiesta
en el contexto de la educación privada en Ecuador y compararla con el marco legal de Argentina.
Se busca identificar las garantías procesales que protegen los derechos laborales de los docentes
y proponer recomendaciones normativas que fortalezcan estas protecciones (Ríos, 2023, p. 12).
Este análisis no solo es relevante desde un punto de vista académico, sino que también tiene
implicaciones prácticas para la política educativa.
Al examinar la legislación de ambos países, se espera resaltar las mejores prácticas que
podrían ser adoptadas en Ecuador para mejorar la situación de los docentes. La implementación
de normas más claras y justas contribuiría a un entorno laboral más equilibrado, donde se respete
tanto la productividad educativa como los derechos de los trabajadores (López, 2022, p. 88). Esto
podría resultar en una mejora en la calidad de la educación y en la satisfacción laboral de los
docentes.
Es por ello que la figura del despido por ineptitud manifiesta plantea serias interrogantes
sobre la protección de los derechos laborales en el sector educativo privado. La necesidad de un
análisis comparativo con el contexto argentino se vuelve imperativa para entender cómo se
pueden fortalecer las garantías procesales en Ecuador. A través de este estudio, se espera
contribuir a un debate más amplio sobre la justicia laboral y la calidad educativa en el país,
promoviendo un marco legal que beneficie tanto a empleadores como a trabajadores.
METODOLOGÍA
Este estudio tiene un enfoque cualitativo con el objetivo de comprender la realidad de los
docentes en relación con el despido por ineptitud manifiesta en el contexto de la educación privada
en Ecuador y Argentina. Busca explorar en profundidad las dinámicas laborales y normativas que
inciden en la vida profesional de los educadores en ambos países. Para la recolección de datos, se
realizó un análisis documental de normativas, leyes laborales y sentencias judiciales en Ecuador
y Argentina, lo que ayudó a contextualizar la situación de los docentes y a entender el marco legal
que regula los despidos. A través de este método, el estudio busca ofrecer una visión integral de
la situación de los docentes en el sector educativo privado.
DESARROLLO
Despido por Ineptitud Manifiesta
En Ecuador, el Código del Trabajo regula diversas formas de terminación del contrato de
trabajo, que se dividen en despido justificado, despido injustificado y despido por mutuo acuerdo.
Cada una de estas modalidades tiene implicaciones legales y procedimientos específicos.
1. Despido Justificado: Este tipo de despido se produce cuando el empleador tiene motivos
válidos y legales para terminar la relación laboral. Las causas de despido justificado están
Este estudio tiene como objetivo analizar la regulación del despido por ineptitud manifiesta
en el contexto de la educación privada en Ecuador y compararla con el marco legal de Argentina.
Se busca identificar las garantías procesales que protegen los derechos laborales de los docentes
y proponer recomendaciones normativas que fortalezcan estas protecciones (Ríos, 2023, p. 12).
Este análisis no solo es relevante desde un punto de vista académico, sino que también tiene
implicaciones prácticas para la política educativa.
Al examinar la legislación de ambos países, se espera resaltar las mejores prácticas que
podrían ser adoptadas en Ecuador para mejorar la situación de los docentes. La implementación
de normas más claras y justas contribuiría a un entorno laboral más equilibrado, donde se respete
tanto la productividad educativa como los derechos de los trabajadores (López, 2022, p. 88). Esto
podría resultar en una mejora en la calidad de la educación y en la satisfacción laboral de los
docentes.
Es por ello que la figura del despido por ineptitud manifiesta plantea serias interrogantes
sobre la protección de los derechos laborales en el sector educativo privado. La necesidad de un
análisis comparativo con el contexto argentino se vuelve imperativa para entender cómo se
pueden fortalecer las garantías procesales en Ecuador. A través de este estudio, se espera
contribuir a un debate más amplio sobre la justicia laboral y la calidad educativa en el país,
promoviendo un marco legal que beneficie tanto a empleadores como a trabajadores.
METODOLOGÍA
Este estudio tiene un enfoque cualitativo con el objetivo de comprender la realidad de los
docentes en relación con el despido por ineptitud manifiesta en el contexto de la educación privada
en Ecuador y Argentina. Busca explorar en profundidad las dinámicas laborales y normativas que
inciden en la vida profesional de los educadores en ambos países. Para la recolección de datos, se
realizó un análisis documental de normativas, leyes laborales y sentencias judiciales en Ecuador
y Argentina, lo que ayudó a contextualizar la situación de los docentes y a entender el marco legal
que regula los despidos. A través de este método, el estudio busca ofrecer una visión integral de
la situación de los docentes en el sector educativo privado.
DESARROLLO
Despido por Ineptitud Manifiesta
En Ecuador, el Código del Trabajo regula diversas formas de terminación del contrato de
trabajo, que se dividen en despido justificado, despido injustificado y despido por mutuo acuerdo.
Cada una de estas modalidades tiene implicaciones legales y procedimientos específicos.
1. Despido Justificado: Este tipo de despido se produce cuando el empleador tiene motivos
válidos y legales para terminar la relación laboral. Las causas de despido justificado están
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4074
especificadas en el artículo 169 del Código del Trabajo, e incluyen la ineptitud manifiesta,
la desobediencia, el incumplimiento de las obligaciones laborales, entre otras.
2. Despido Injustificado: Se considera despido injustificado cuando el empleador no tiene
una causa legalmente válida para terminar el contrato. En este caso, el trabajador tiene
derecho a recibir una indemnización y a que se reconozcan sus derechos laborales.
3. Despido por Mutuo Acuerdo: Este tipo de despido ocurre cuando ambas partes,
empleador y trabajador, acuerdan terminar la relación laboral de manera consensuada.
Este acuerdo debe formalizarse por escrito y puede incluir condiciones específicas.
El despido por ineptitud manifiesta se encuentra regulado en el artículo 169, numeral 7 del
Código del Trabajo. Este artículo establece que los empleadores pueden solicitar un visto bueno
ante la autoridad laboral para despedir a un trabajador que no cumpla con los requisitos mínimos
de desempeño. Sin embargo, esta figura presenta un alto riesgo de abuso, ya que no siempre se
aplican criterios objetivos y claros para determinar la ineptitud. Muchas veces, las evaluaciones
de desempeño son subjetivas y pueden estar influenciadas por factores ajenos a la capacidad
laboral del trabajador.
La normativa exige que los empleadores presenten pruebas que justifiquen su decisión de
despido. Sin embargo, en la práctica, estos procedimientos pueden carecer de transparencia,
creando un entorno propicio para la arbitrariedad. La falta de un marco claro y bien definido para
evaluar la ineptitud puede llevar a despidos injustificados, vulnerando derechos fundamentales
como el derecho al trabajo y a un debido proceso, tal como establece el Código del Trabajo, Art.
47.
Situación en el Sector Educativo
La situación se agrava en el sector educativo, donde la estabilidad laboral es crucial para el
desarrollo profesional de los docentes. Un despido injustificado no solo afecta la vida laboral del
docente, sino que también impacta en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Por
lo tanto, es fundamental que existan mecanismos de protección robustos que defiendan los
derechos de los trabajadores en el ámbito educativo.
Comparativa con Argentina
En contraste, la legislación argentina incorpora mayores garantías procesales. El Estatuto
del Docente y la Ley de Contrato de Trabajo estipulan que cualquier despido debe ser precedido
por un proceso de evaluación objetiva. Según Blanchard (2012), “la legislación argentina
reconoce la importancia de proteger al trabajador en situaciones de posible vulnerabilidad,
especialmente en sectores como el educativo” (p. 27).
Además, la normativa argentina contempla la capacitación continua como un derecho del
docente, buscando prevenir situaciones de ineptitud mediante el fortalecimiento de competencias
laborales.
especificadas en el artículo 169 del Código del Trabajo, e incluyen la ineptitud manifiesta,
la desobediencia, el incumplimiento de las obligaciones laborales, entre otras.
2. Despido Injustificado: Se considera despido injustificado cuando el empleador no tiene
una causa legalmente válida para terminar el contrato. En este caso, el trabajador tiene
derecho a recibir una indemnización y a que se reconozcan sus derechos laborales.
3. Despido por Mutuo Acuerdo: Este tipo de despido ocurre cuando ambas partes,
empleador y trabajador, acuerdan terminar la relación laboral de manera consensuada.
Este acuerdo debe formalizarse por escrito y puede incluir condiciones específicas.
El despido por ineptitud manifiesta se encuentra regulado en el artículo 169, numeral 7 del
Código del Trabajo. Este artículo establece que los empleadores pueden solicitar un visto bueno
ante la autoridad laboral para despedir a un trabajador que no cumpla con los requisitos mínimos
de desempeño. Sin embargo, esta figura presenta un alto riesgo de abuso, ya que no siempre se
aplican criterios objetivos y claros para determinar la ineptitud. Muchas veces, las evaluaciones
de desempeño son subjetivas y pueden estar influenciadas por factores ajenos a la capacidad
laboral del trabajador.
La normativa exige que los empleadores presenten pruebas que justifiquen su decisión de
despido. Sin embargo, en la práctica, estos procedimientos pueden carecer de transparencia,
creando un entorno propicio para la arbitrariedad. La falta de un marco claro y bien definido para
evaluar la ineptitud puede llevar a despidos injustificados, vulnerando derechos fundamentales
como el derecho al trabajo y a un debido proceso, tal como establece el Código del Trabajo, Art.
47.
Situación en el Sector Educativo
La situación se agrava en el sector educativo, donde la estabilidad laboral es crucial para el
desarrollo profesional de los docentes. Un despido injustificado no solo afecta la vida laboral del
docente, sino que también impacta en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Por
lo tanto, es fundamental que existan mecanismos de protección robustos que defiendan los
derechos de los trabajadores en el ámbito educativo.
Comparativa con Argentina
En contraste, la legislación argentina incorpora mayores garantías procesales. El Estatuto
del Docente y la Ley de Contrato de Trabajo estipulan que cualquier despido debe ser precedido
por un proceso de evaluación objetiva. Según Blanchard (2012), “la legislación argentina
reconoce la importancia de proteger al trabajador en situaciones de posible vulnerabilidad,
especialmente en sectores como el educativo” (p. 27).
Además, la normativa argentina contempla la capacitación continua como un derecho del
docente, buscando prevenir situaciones de ineptitud mediante el fortalecimiento de competencias
laborales.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4075
La legislación laboral argentina también contempla el despido por ineptitud manifiesta,
aunque con un enfoque más riguroso en cuanto a la carga de la prueba y el debido proceso. Esto
proporciona mayores garantías a los trabajadores, ya que el empleador debe justificar de manera
fehaciente la ineptitud del trabajador, implicando un proceso de evaluación más rigurosa. Es
crucial que en Ecuador se fortalezcan los marcos legales y se implementen protocolos claros para
evaluar la ineptitud, a fin de proteger los derechos laborales y garantizar un debido proceso. La
comparación con el sistema argentino puede servir como referencia para mejorar la legislación y
práctica laboral en el país.
Derechos de los Trabajadores y su Impacto en el Sector Educativo
Los derechos de los trabajadores son fundamentales para garantizar un entorno laboral justo
y equitativo. Estos derechos incluyen la protección contra despidos arbitrarios, el acceso a un
debido proceso y la posibilidad de desarrollar habilidades a través de la capacitación y la
formación continua (Mora Dávalos, 2013). Dentro de este marco, los docentes también están
sujetos a estos derechos, y su protección es crucial para la calidad de la educación.
Las implicaciones de las diferencias en la regulación del despido por ineptitud manifiesta
son profundas en el contexto educativo. En Ecuador, la posibilidad de ser despedido sin un
proceso justo puede generar un ambiente de ansiedad y desconfianza entre los docentes, afectando
no solo su desempeño, sino también la calidad de la educación que ofrecen. Esta incertidumbre
laboral puede llevar a una disminución de la motivación y un aumento del estrés, lo que repercute
negativamente en el ambiente escolar (León Espinoza, 2022).
Por el contrario, en Argentina, donde las garantías procesales son más robustas, los
docentes tienden a sentirse más seguros en sus puestos de trabajo. Esta percepción de estabilidad
no solo beneficia a los trabajadores, sino que también impacta positivamente en la calidad de la
educación. Al contar con un entorno laboral justo y equitativo, los docentes están más motivados
para innovar y mejorar su práctica educativa, lo que se traduce en un mejor aprendizaje para los
estudiantes (Blanchard, 2012).
La percepción de estabilidad laboral es fundamental para la retención de talento en el sector
educativo. En Ecuador, es imperativo implementar reformas que fortalezcan las garantías
laborales, promoviendo un sistema educativo donde los docentes tengan la seguridad de que su
trabajo será valorado y protegido.
Derechos Laborales de los Docentes
Las implicaciones de las diferencias en la regulación del despido por ineptitud manifiesta
son profundas en el contexto educativo. En Ecuador, la posibilidad de ser despedido sin un
proceso justo puede crear un ambiente de ansiedad y desconfianza entre los docentes, afectando
su desempeño y la calidad de la educación que ofrecen. La incertidumbre laboral puede llevar a
La legislación laboral argentina también contempla el despido por ineptitud manifiesta,
aunque con un enfoque más riguroso en cuanto a la carga de la prueba y el debido proceso. Esto
proporciona mayores garantías a los trabajadores, ya que el empleador debe justificar de manera
fehaciente la ineptitud del trabajador, implicando un proceso de evaluación más rigurosa. Es
crucial que en Ecuador se fortalezcan los marcos legales y se implementen protocolos claros para
evaluar la ineptitud, a fin de proteger los derechos laborales y garantizar un debido proceso. La
comparación con el sistema argentino puede servir como referencia para mejorar la legislación y
práctica laboral en el país.
Derechos de los Trabajadores y su Impacto en el Sector Educativo
Los derechos de los trabajadores son fundamentales para garantizar un entorno laboral justo
y equitativo. Estos derechos incluyen la protección contra despidos arbitrarios, el acceso a un
debido proceso y la posibilidad de desarrollar habilidades a través de la capacitación y la
formación continua (Mora Dávalos, 2013). Dentro de este marco, los docentes también están
sujetos a estos derechos, y su protección es crucial para la calidad de la educación.
Las implicaciones de las diferencias en la regulación del despido por ineptitud manifiesta
son profundas en el contexto educativo. En Ecuador, la posibilidad de ser despedido sin un
proceso justo puede generar un ambiente de ansiedad y desconfianza entre los docentes, afectando
no solo su desempeño, sino también la calidad de la educación que ofrecen. Esta incertidumbre
laboral puede llevar a una disminución de la motivación y un aumento del estrés, lo que repercute
negativamente en el ambiente escolar (León Espinoza, 2022).
Por el contrario, en Argentina, donde las garantías procesales son más robustas, los
docentes tienden a sentirse más seguros en sus puestos de trabajo. Esta percepción de estabilidad
no solo beneficia a los trabajadores, sino que también impacta positivamente en la calidad de la
educación. Al contar con un entorno laboral justo y equitativo, los docentes están más motivados
para innovar y mejorar su práctica educativa, lo que se traduce en un mejor aprendizaje para los
estudiantes (Blanchard, 2012).
La percepción de estabilidad laboral es fundamental para la retención de talento en el sector
educativo. En Ecuador, es imperativo implementar reformas que fortalezcan las garantías
laborales, promoviendo un sistema educativo donde los docentes tengan la seguridad de que su
trabajo será valorado y protegido.
Derechos Laborales de los Docentes
Las implicaciones de las diferencias en la regulación del despido por ineptitud manifiesta
son profundas en el contexto educativo. En Ecuador, la posibilidad de ser despedido sin un
proceso justo puede crear un ambiente de ansiedad y desconfianza entre los docentes, afectando
su desempeño y la calidad de la educación que ofrecen. La incertidumbre laboral puede llevar a
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4076
una disminución de la motivación y a un aumento del estrés, lo que repercute negativamente en
el ambiente escolar.
Por el contrario, en Argentina, donde las garantías procesales son más robustas, los
docentes tienden a sentirse más seguros en sus puestos de trabajo. Esto no solo beneficia a los
trabajadores, sino que también impacta positivamente en la calidad de la educación. Al contar con
un entorno laboral justo y equitativo, los docentes están más motivados para innovar y mejorar su
práctica educativa, lo que redundará en un mejor aprendizaje para los estudiantes.
Además, la percepción de estabilidad laboral es fundamental para la retención de talento
en el sector educativo. En Ecuador, es necesario que se implementen reformas que fortalezcan las
garantías laborales, promoviendo un sistema educativo donde los docentes tengan la seguridad de
que su trabajo será valorado y protegido.
Una de las recomendaciones más importantes es el fortalecimiento de los procedimientos
administrativos que regulan el visto bueno en Ecuador. Es esencial que se establezcan criterios
claros y objetivos para la evaluación del desempeño de los docentes. Esto incluye la creación de
un sistema de evaluación que sea transparente, justo y participativo, donde se consideren no solo
resultados académicos, sino también otros factores como la dedicación, la innovación en la
enseñanza y la interacción con los estudiantes. La implementación de un protocolo estandarizado
para la evaluación puede ayudar a mitigar la arbitrariedad en la aplicación del visto bueno,
evitando así despidos injustificados.
Asimismo, es fundamental garantizar el derecho al debido proceso en los procedimientos
de despido. Esto implica que los docentes tengan acceso a un proceso justo, donde se les informe
adecuadamente sobre las razones de su posible despido y se les brinde la oportunidad de
defenderse antes de que se tome una decisión. Se podría establecer un plazo razonable para la
revisión de las evidencias y la presentación de alegaciones, así como la posibilidad de recurrir a
instancias superiores en caso de desacuerdo con la decisión. Este enfoque no solo protege los
derechos de los docentes, sino que también contribuye a una cultura de respeto y diálogo en las
instituciones educativas.
La capacitación y el desarrollo profesional continuo son otra área crítica que debe ser
abordada. Las instituciones educativas deben implementar programas de formación que ayuden a
los docentes a mejorar sus habilidades y competencias. Esto no solo puede reducir la incidencia
de despidos por ineptitud, sino también fomentar un ambiente de aprendizaje donde los docentes
se sientan apoyados y valorados. En este sentido, se podría considerar la creación de incentivos
para las instituciones que inviertan en la formación continua de su personal, promoviendo así una
educación de mayor calidad.
Es crucial también que se regule el uso del visto bueno en el contexto educativo. La ley
debe establecer límites claros sobre cuándo y cómo puede ser invocado, evitando su uso como
una disminución de la motivación y a un aumento del estrés, lo que repercute negativamente en
el ambiente escolar.
Por el contrario, en Argentina, donde las garantías procesales son más robustas, los
docentes tienden a sentirse más seguros en sus puestos de trabajo. Esto no solo beneficia a los
trabajadores, sino que también impacta positivamente en la calidad de la educación. Al contar con
un entorno laboral justo y equitativo, los docentes están más motivados para innovar y mejorar su
práctica educativa, lo que redundará en un mejor aprendizaje para los estudiantes.
Además, la percepción de estabilidad laboral es fundamental para la retención de talento
en el sector educativo. En Ecuador, es necesario que se implementen reformas que fortalezcan las
garantías laborales, promoviendo un sistema educativo donde los docentes tengan la seguridad de
que su trabajo será valorado y protegido.
Una de las recomendaciones más importantes es el fortalecimiento de los procedimientos
administrativos que regulan el visto bueno en Ecuador. Es esencial que se establezcan criterios
claros y objetivos para la evaluación del desempeño de los docentes. Esto incluye la creación de
un sistema de evaluación que sea transparente, justo y participativo, donde se consideren no solo
resultados académicos, sino también otros factores como la dedicación, la innovación en la
enseñanza y la interacción con los estudiantes. La implementación de un protocolo estandarizado
para la evaluación puede ayudar a mitigar la arbitrariedad en la aplicación del visto bueno,
evitando así despidos injustificados.
Asimismo, es fundamental garantizar el derecho al debido proceso en los procedimientos
de despido. Esto implica que los docentes tengan acceso a un proceso justo, donde se les informe
adecuadamente sobre las razones de su posible despido y se les brinde la oportunidad de
defenderse antes de que se tome una decisión. Se podría establecer un plazo razonable para la
revisión de las evidencias y la presentación de alegaciones, así como la posibilidad de recurrir a
instancias superiores en caso de desacuerdo con la decisión. Este enfoque no solo protege los
derechos de los docentes, sino que también contribuye a una cultura de respeto y diálogo en las
instituciones educativas.
La capacitación y el desarrollo profesional continuo son otra área crítica que debe ser
abordada. Las instituciones educativas deben implementar programas de formación que ayuden a
los docentes a mejorar sus habilidades y competencias. Esto no solo puede reducir la incidencia
de despidos por ineptitud, sino también fomentar un ambiente de aprendizaje donde los docentes
se sientan apoyados y valorados. En este sentido, se podría considerar la creación de incentivos
para las instituciones que inviertan en la formación continua de su personal, promoviendo así una
educación de mayor calidad.
Es crucial también que se regule el uso del visto bueno en el contexto educativo. La ley
debe establecer límites claros sobre cuándo y cómo puede ser invocado, evitando su uso como
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4077
una herramienta para la eliminación de personal que no se ajuste a la cultura organizacional de la
institución. Además, se podría considerar la posibilidad de establecer mecanismos de mediación
que permitan resolver conflictos laborales antes de llegar a la instancia del despido. Esto no solo
protegería a los docentes, sino que también fortalecería la relación entre empleadores y
empleados, promoviendo un clima laboral más saludable.
Marco Legal Ecuatoriano
El Código del Trabajo de Ecuador regula el procedimiento del "visto bueno", que es el
mecanismo formal utilizado por los empleadores para despedir a un trabajador por ineptitud
manifiesta. Este procedimiento exige que el empleador presente justificaciones claras y pruebas
que respalden la decisión de despido. Sin embargo, la falta de criterios específicos para evaluar
la ineptitud ha suscitado críticas, ya que puede dar lugar a decisiones arbitrarias y abusivas por
parte de los empleadores (Mora Dávalos, 2013).
El "visto bueno" permite a los empleadores despedir a empleados sin la necesidad de un
proceso judicial directo, lo que plantea serios riesgos para la estabilidad laboral de los docentes.
Según el Artículo 47 del Código del Trabajo, el despido solo puede ser justificado por causas
legales y, en caso de duda, debe interpretarse a favor del trabajador. No obstante, en la práctica,
este principio no siempre se cumple, lo que genera una inseguridad laboral significativa entre los
educadores (González, 2019).
Además, la falta de estándares claros para la evaluación del desempeño docente contribuye
a un entorno laboral propenso a decisiones discrecionales. La ausencia de criterios objetivos
puede resultar en despidos injustificados, lo que no solo afecta la estabilidad laboral de los
docentes, sino que también repercute negativamente en la calidad de la educación que reciben los
estudiantes. La inestabilidad laboral, derivada de despidos arbitrarios, puede generar un clima de
ansiedad y desconfianza entre los educadores, lo que impacta su desempeño y, por ende, la calidad
educativa (Sánchez, 2020).
Es crucial destacar que la situación actual del marco legal en Ecuador resalta la necesidad
de implementar reformas significativas. Estas reformas deberían enfocarse en fortalecer las
garantías procesales para los docentes, estableciendo criterios claros y objetivos para la
evaluación del desempeño y asegurando un debido proceso en los despidos. La creación de un
sistema de evaluación transparente y justo contribuiría a mitigar la arbitrariedad y proteger los
derechos laborales fundamentales de los educadores (Ríos, 2023).
El marco legal ecuatoriano enfrenta desafíos significativos en la protección de los derechos
laborales de los docentes, lo que subraya la importancia de reformas que aseguren un entorno
laboral justo y equitativo. Estas reformas no solo beneficiarían a los docentes, sino que también
mejorarían la calidad educativa en el país, promoviendo un desarrollo social y educativo más
integral (Córdova, 2021).
una herramienta para la eliminación de personal que no se ajuste a la cultura organizacional de la
institución. Además, se podría considerar la posibilidad de establecer mecanismos de mediación
que permitan resolver conflictos laborales antes de llegar a la instancia del despido. Esto no solo
protegería a los docentes, sino que también fortalecería la relación entre empleadores y
empleados, promoviendo un clima laboral más saludable.
Marco Legal Ecuatoriano
El Código del Trabajo de Ecuador regula el procedimiento del "visto bueno", que es el
mecanismo formal utilizado por los empleadores para despedir a un trabajador por ineptitud
manifiesta. Este procedimiento exige que el empleador presente justificaciones claras y pruebas
que respalden la decisión de despido. Sin embargo, la falta de criterios específicos para evaluar
la ineptitud ha suscitado críticas, ya que puede dar lugar a decisiones arbitrarias y abusivas por
parte de los empleadores (Mora Dávalos, 2013).
El "visto bueno" permite a los empleadores despedir a empleados sin la necesidad de un
proceso judicial directo, lo que plantea serios riesgos para la estabilidad laboral de los docentes.
Según el Artículo 47 del Código del Trabajo, el despido solo puede ser justificado por causas
legales y, en caso de duda, debe interpretarse a favor del trabajador. No obstante, en la práctica,
este principio no siempre se cumple, lo que genera una inseguridad laboral significativa entre los
educadores (González, 2019).
Además, la falta de estándares claros para la evaluación del desempeño docente contribuye
a un entorno laboral propenso a decisiones discrecionales. La ausencia de criterios objetivos
puede resultar en despidos injustificados, lo que no solo afecta la estabilidad laboral de los
docentes, sino que también repercute negativamente en la calidad de la educación que reciben los
estudiantes. La inestabilidad laboral, derivada de despidos arbitrarios, puede generar un clima de
ansiedad y desconfianza entre los educadores, lo que impacta su desempeño y, por ende, la calidad
educativa (Sánchez, 2020).
Es crucial destacar que la situación actual del marco legal en Ecuador resalta la necesidad
de implementar reformas significativas. Estas reformas deberían enfocarse en fortalecer las
garantías procesales para los docentes, estableciendo criterios claros y objetivos para la
evaluación del desempeño y asegurando un debido proceso en los despidos. La creación de un
sistema de evaluación transparente y justo contribuiría a mitigar la arbitrariedad y proteger los
derechos laborales fundamentales de los educadores (Ríos, 2023).
El marco legal ecuatoriano enfrenta desafíos significativos en la protección de los derechos
laborales de los docentes, lo que subraya la importancia de reformas que aseguren un entorno
laboral justo y equitativo. Estas reformas no solo beneficiarían a los docentes, sino que también
mejorarían la calidad educativa en el país, promoviendo un desarrollo social y educativo más
integral (Córdova, 2021).
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4078
Marco Legal Argentino
Al comparar estas recomendaciones con el marco legal en Argentina, se puede observar
que este país ha implementado mecanismos de protección más robustos para los docentes. Por
ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina establece procedimientos claros para el
despido de trabajadores, incluyendo la necesidad de justificación y la posibilidad de apelación
ante instancias superiores. Ecuador podría beneficiarse al adoptar elementos de este enfoque,
adaptándolos a su contexto específico. La creación de una legislación que contemple la
particularidad del sector educativo podría ser un paso importante hacia la mejora de las
condiciones laborales de los docentes.
Fomentar un diálogo social entre los actores involucrados —gobierno, empleadores y
sindicatos— es esencial para la creación de políticas laborales que realmente respondan a las
necesidades del sector educativo. La inclusión activa de los docentes en las discusiones sobre sus
derechos y condiciones laborales no solo promovería una mayor cohesión social, sino que también
facilitaría la construcción de un sistema educativo más justo y equitativo.
Como señala la doctrina, "la participación activa de los trabajadores en la toma de
decisiones es esencial para el desarrollo de políticas laborales efectivas" (Pap, 2020). Este enfoque
colaborativo puede dar lugar a la elaboración de normativas que protejan los derechos de los
trabajadores y, a su vez, promuevan la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes, en
consonancia con el Código del Trabajo, Art. 48, que establece la obligación del empleador de
asegurar un ambiente laboral que respete los derechos de los trabajadores.
Dentro de las recomendaciones normativas presentadas buscan construir un marco legal
que equilibre la protección de los derechos laborales de los docentes con la imperiosa necesidad
de mantener altos estándares de calidad en la educación. La implementación de estas medidas
tiene el potencial de transformar el sistema educativo en uno más justo y equitativo, beneficiando
tanto a docentes como a estudiantes en Ecuador. Tal como enfatiza la doctrina, "un marco
normativo equilibrado es fundamental para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como
la calidad del servicio educativo" (Pap, 2020), y esto se alinea con lo que establece el Código del
Trabajo, Art. 47, que protege el derecho al trabajo y a un debido proceso en el ámbito laboral.
Dentro de los Tratados Internacionales
Análisis de los Despidos y la Protección de los Derechos Laborales
La protección de los derechos laborales y la regulación de los despidos están
fundamentadas en varios tratados y convenios internacionales, especialmente aquellos
promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos convenios son esenciales
para garantizar un entorno laboral justo y equitativo.
Uno de los convenios más relevantes es el Convenio Nº 87 sobre la Libertad Sindical y
la Protección del Derecho de Sindicación, adoptado en 1948. Este convenio garantiza a los
Marco Legal Argentino
Al comparar estas recomendaciones con el marco legal en Argentina, se puede observar
que este país ha implementado mecanismos de protección más robustos para los docentes. Por
ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina establece procedimientos claros para el
despido de trabajadores, incluyendo la necesidad de justificación y la posibilidad de apelación
ante instancias superiores. Ecuador podría beneficiarse al adoptar elementos de este enfoque,
adaptándolos a su contexto específico. La creación de una legislación que contemple la
particularidad del sector educativo podría ser un paso importante hacia la mejora de las
condiciones laborales de los docentes.
Fomentar un diálogo social entre los actores involucrados —gobierno, empleadores y
sindicatos— es esencial para la creación de políticas laborales que realmente respondan a las
necesidades del sector educativo. La inclusión activa de los docentes en las discusiones sobre sus
derechos y condiciones laborales no solo promovería una mayor cohesión social, sino que también
facilitaría la construcción de un sistema educativo más justo y equitativo.
Como señala la doctrina, "la participación activa de los trabajadores en la toma de
decisiones es esencial para el desarrollo de políticas laborales efectivas" (Pap, 2020). Este enfoque
colaborativo puede dar lugar a la elaboración de normativas que protejan los derechos de los
trabajadores y, a su vez, promuevan la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes, en
consonancia con el Código del Trabajo, Art. 48, que establece la obligación del empleador de
asegurar un ambiente laboral que respete los derechos de los trabajadores.
Dentro de las recomendaciones normativas presentadas buscan construir un marco legal
que equilibre la protección de los derechos laborales de los docentes con la imperiosa necesidad
de mantener altos estándares de calidad en la educación. La implementación de estas medidas
tiene el potencial de transformar el sistema educativo en uno más justo y equitativo, beneficiando
tanto a docentes como a estudiantes en Ecuador. Tal como enfatiza la doctrina, "un marco
normativo equilibrado es fundamental para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como
la calidad del servicio educativo" (Pap, 2020), y esto se alinea con lo que establece el Código del
Trabajo, Art. 47, que protege el derecho al trabajo y a un debido proceso en el ámbito laboral.
Dentro de los Tratados Internacionales
Análisis de los Despidos y la Protección de los Derechos Laborales
La protección de los derechos laborales y la regulación de los despidos están
fundamentadas en varios tratados y convenios internacionales, especialmente aquellos
promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos convenios son esenciales
para garantizar un entorno laboral justo y equitativo.
Uno de los convenios más relevantes es el Convenio Nº 87 sobre la Libertad Sindical y
la Protección del Derecho de Sindicación, adoptado en 1948. Este convenio garantiza a los
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4079
trabajadores el derecho a organizarse y participar en sindicatos sin temor a represalias. La
protección contra despidos motivados por actividades sindicales es crucial, ya que permite a los
trabajadores ejercer sus derechos sin el miedo a perder su empleo (OIT, 1948).
Complementando este marco, el Convenio Nº 98 sobre el Derecho de Asociación y la
Protección del Derecho de Sindicación, adoptado en 1949, establece que los trabajadores no
pueden ser despedidos por razones relacionadas con su afiliación sindical o su participación en
actividades sindicales. Este convenio refuerza la protección de los derechos laborales y contribuye
a un ambiente de trabajo más equitativo (OIT, 1949).
Otro convenio relevante es el Convenio Nº 158 sobre el Despido, adoptado en 1982. Este
convenio limita la capacidad de los empleadores para despedir a trabajadores, estableciendo que
los despidos deben ser justificados y que se debe otorgar a los trabajadores la oportunidad de
impugnar decisiones de despido que consideren injustas. La existencia de procedimientos claros
y justos es esencial para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar su estabilidad
laboral (OIT, 1982).
Finalmente, el Convenio Nº 111 sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación),
adoptado en 1958, prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación. Esto incluye la
protección contra despidos basados en motivos discriminatorios, como raza, género, religión y
afiliación política. Este convenio es crucial para asegurar que todos los trabajadores sean tratados
de manera equitativa y que no enfrenten despidos injustificados debido a factores ajenos a su
desempeño laboral (OIT, 1958).
La ratificación y aplicación de estos convenios por parte de los Estados miembros, incluido
Ecuador, son fundamentales para asegurar la protección de los derechos laborales en el contexto
de despidos. Esto promueve un marco legal que respete la dignidad y los derechos de todos los
trabajadores, estableciendo un entorno laboral más justo y seguro.
RESULTADOS
El análisis documental se llevó a cabo para entender el marco legal que regula el despido
por ineptitud manifiesta en Ecuador y Argentina. Se revisaron diversas fuentes, incluidas leyes
laborales, sentencias judiciales, documentos normativos y estudios académicos relevantes. Este
proceso permitió identificar diferencias significativas en la protección de los derechos laborales
de los docentes en ambos países.
Fuentes Analizadas
Código del Trabajo de Ecuador: Se examinaron artículos específicos que regulan el
despido por ineptitud, centrándose en el procedimiento del "visto bueno" y los requisitos que
deben cumplir los empleadores.
trabajadores el derecho a organizarse y participar en sindicatos sin temor a represalias. La
protección contra despidos motivados por actividades sindicales es crucial, ya que permite a los
trabajadores ejercer sus derechos sin el miedo a perder su empleo (OIT, 1948).
Complementando este marco, el Convenio Nº 98 sobre el Derecho de Asociación y la
Protección del Derecho de Sindicación, adoptado en 1949, establece que los trabajadores no
pueden ser despedidos por razones relacionadas con su afiliación sindical o su participación en
actividades sindicales. Este convenio refuerza la protección de los derechos laborales y contribuye
a un ambiente de trabajo más equitativo (OIT, 1949).
Otro convenio relevante es el Convenio Nº 158 sobre el Despido, adoptado en 1982. Este
convenio limita la capacidad de los empleadores para despedir a trabajadores, estableciendo que
los despidos deben ser justificados y que se debe otorgar a los trabajadores la oportunidad de
impugnar decisiones de despido que consideren injustas. La existencia de procedimientos claros
y justos es esencial para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar su estabilidad
laboral (OIT, 1982).
Finalmente, el Convenio Nº 111 sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación),
adoptado en 1958, prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación. Esto incluye la
protección contra despidos basados en motivos discriminatorios, como raza, género, religión y
afiliación política. Este convenio es crucial para asegurar que todos los trabajadores sean tratados
de manera equitativa y que no enfrenten despidos injustificados debido a factores ajenos a su
desempeño laboral (OIT, 1958).
La ratificación y aplicación de estos convenios por parte de los Estados miembros, incluido
Ecuador, son fundamentales para asegurar la protección de los derechos laborales en el contexto
de despidos. Esto promueve un marco legal que respete la dignidad y los derechos de todos los
trabajadores, estableciendo un entorno laboral más justo y seguro.
RESULTADOS
El análisis documental se llevó a cabo para entender el marco legal que regula el despido
por ineptitud manifiesta en Ecuador y Argentina. Se revisaron diversas fuentes, incluidas leyes
laborales, sentencias judiciales, documentos normativos y estudios académicos relevantes. Este
proceso permitió identificar diferencias significativas en la protección de los derechos laborales
de los docentes en ambos países.
Fuentes Analizadas
Código del Trabajo de Ecuador: Se examinaron artículos específicos que regulan el
despido por ineptitud, centrándose en el procedimiento del "visto bueno" y los requisitos que
deben cumplir los empleadores.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4080
Ley de Contrato de Trabajo de Argentina: Se analizaron los procedimientos establecidos
para el despido por ineptitud, así como las garantías de debido proceso que esta ley otorga a los
trabajadores.
Sentencias Judiciales: Se revisaron fallos relevantes de la Corte Constitucional de Ecuador
y de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que abordan casos de despido por ineptitud,
permitiendo comprender la interpretación judicial de las normativas y su aplicación práctica.
Estudios Académicos: Se consultaron artículos y libros de expertos en derecho laboral que
analizan la efectividad de las normativas en ambos países y sus implicaciones para los docentes.
El análisis del marco legal que regula el despido por ineptitud manifiesta en Ecuador y
Argentina revela diferencias en la protección de los derechos laborales de los docentes. Para
comprender estas diferencias, se llevó a cabo un análisis documental exhaustivo, que incluyó
diversas fuentes, como leyes laborales, sentencias judiciales, documentos normativos y estudios
académicos.
En Ecuador, el Código del Trabajo establece el procedimiento del "visto bueno" como el
mecanismo formal para despedir a un trabajador por ineptitud manifiesta. Este procedimiento
requiere que el empleador justifique la ineptitud con pruebas concretas. Sin embargo, la falta de
criterios objetivos para evaluar el desempeño docente puede dar lugar a decisiones arbitrarias y a
abusos por parte de los empleadores. La doctrina laboral en Ecuador enfatiza la necesidad de un
enfoque que equilibre la autoridad del empleador con la protección de los derechos del trabajador,
sugiriendo reformas que establezcan criterios claros para la evaluación del desempeño (González,
2021).
Por otro lado, en Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo regula el despido por
ineptitud, garantizando a los trabajadores un debido proceso. Esta ley establece procedimientos
claros que deben seguirse antes de proceder con un despido, incluyendo notificaciones y la
posibilidad de impugnación. La doctrina en Argentina resalta la importancia de la protección de
los derechos laborales, sugiriendo que las garantías ofrecidas por la ley son fundamentales para
evitar abusos y asegurar la estabilidad laboral de los docentes (Martínez, 2020).
Las sentencias judiciales son también una fuente clave para entender la aplicación práctica
de estas normativas. En Ecuador, fallos de la Corte Constitucional han abordado la interpretación
del "visto bueno", subrayando la necesidad de un debido proceso y la protección de los derechos
de los trabajadores (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). Mientras tanto, la Corte Suprema
de Justicia de Argentina ha reafirmado la importancia de las garantías procesales en casos de
despido por ineptitud, estableciendo precedentes que protegen a los trabajadores (Corte Suprema
de Justicia de Argentina, 2018).
Además, los estudios académicos ofrecen una visión crítica sobre la efectividad de las
normativas en ambos países. Investigaciones recientes han analizado cómo las diferencias
Ley de Contrato de Trabajo de Argentina: Se analizaron los procedimientos establecidos
para el despido por ineptitud, así como las garantías de debido proceso que esta ley otorga a los
trabajadores.
Sentencias Judiciales: Se revisaron fallos relevantes de la Corte Constitucional de Ecuador
y de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que abordan casos de despido por ineptitud,
permitiendo comprender la interpretación judicial de las normativas y su aplicación práctica.
Estudios Académicos: Se consultaron artículos y libros de expertos en derecho laboral que
analizan la efectividad de las normativas en ambos países y sus implicaciones para los docentes.
El análisis del marco legal que regula el despido por ineptitud manifiesta en Ecuador y
Argentina revela diferencias en la protección de los derechos laborales de los docentes. Para
comprender estas diferencias, se llevó a cabo un análisis documental exhaustivo, que incluyó
diversas fuentes, como leyes laborales, sentencias judiciales, documentos normativos y estudios
académicos.
En Ecuador, el Código del Trabajo establece el procedimiento del "visto bueno" como el
mecanismo formal para despedir a un trabajador por ineptitud manifiesta. Este procedimiento
requiere que el empleador justifique la ineptitud con pruebas concretas. Sin embargo, la falta de
criterios objetivos para evaluar el desempeño docente puede dar lugar a decisiones arbitrarias y a
abusos por parte de los empleadores. La doctrina laboral en Ecuador enfatiza la necesidad de un
enfoque que equilibre la autoridad del empleador con la protección de los derechos del trabajador,
sugiriendo reformas que establezcan criterios claros para la evaluación del desempeño (González,
2021).
Por otro lado, en Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo regula el despido por
ineptitud, garantizando a los trabajadores un debido proceso. Esta ley establece procedimientos
claros que deben seguirse antes de proceder con un despido, incluyendo notificaciones y la
posibilidad de impugnación. La doctrina en Argentina resalta la importancia de la protección de
los derechos laborales, sugiriendo que las garantías ofrecidas por la ley son fundamentales para
evitar abusos y asegurar la estabilidad laboral de los docentes (Martínez, 2020).
Las sentencias judiciales son también una fuente clave para entender la aplicación práctica
de estas normativas. En Ecuador, fallos de la Corte Constitucional han abordado la interpretación
del "visto bueno", subrayando la necesidad de un debido proceso y la protección de los derechos
de los trabajadores (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). Mientras tanto, la Corte Suprema
de Justicia de Argentina ha reafirmado la importancia de las garantías procesales en casos de
despido por ineptitud, estableciendo precedentes que protegen a los trabajadores (Corte Suprema
de Justicia de Argentina, 2018).
Además, los estudios académicos ofrecen una visión crítica sobre la efectividad de las
normativas en ambos países. Investigaciones recientes han analizado cómo las diferencias
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4081
legislativas impactan la estabilidad laboral de los docentes, destacando la necesidad de reformas
que fortalezcan las protecciones existentes (Pérez, 2022). En conclusión, la doctrina en ambos
países sugiere que es esencial contar con un marco legal que no solo permita a los empleadores
gestionar el desempeño, sino que también garantice los derechos fundamentales de los
trabajadores.
Resultados Del Análisis Documental
El análisis documental reveló varias diferencias clave entre los marcos legales de Ecuador
y Argentina:
Tabla 1
Análisis Documental
Aspecto Ecuador Argentina
Definición de
Ineptitud
Amplia y subjetiva, permite
abusos
Específica y objetiva, brinda mayor
seguridad jurídica
Proceso de Despido "Visto bueno" poco
transparente
Carga de prueba estricta, derecho a
apelación
Protección Judicial Tendencia a favorecer al
empleador Enfoque en derechos del trabajador
Mecanismos de
Evaluación
Falta de criterios claros y
objetivos
Evaluaciones estructuradas y
documentadas
Capacitación y
Desarrollo Limitada y no sistemática Programas de capacitación continua
Elaborado por: M. V. Jara Silva, 2025.
Interpretación de Resultados
Los resultados del análisis documental indican que la falta de claridad y los criterios
subjetivos en la normativa ecuatoriana generan un entorno propicio para la vulneración de los
derechos laborales de los docentes. La posibilidad de ser despedidos sin un proceso justo afecta
no solo su estabilidad laboral, sino también la calidad educativa en el país.
En contraste, el marco legal argentino, con sus procedimientos claros y garantías de debido
proceso, contribuye a un ambiente laboral más seguro para los docentes. Los resultados subrayan
la necesidad urgente de reformas en la legislación ecuatoriana para fortalecer la protección de los
derechos laborales, alineándose con las mejores prácticas observadas en Argentina.
A continuación se presentan ejemplos que visualizan las diferencias comparativas:
Las garantías procesales en Argentina es el caso de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N.º
20.744). Esta ley establece un marco claro para el despido por ineptitud, incluyendo:
legislativas impactan la estabilidad laboral de los docentes, destacando la necesidad de reformas
que fortalezcan las protecciones existentes (Pérez, 2022). En conclusión, la doctrina en ambos
países sugiere que es esencial contar con un marco legal que no solo permita a los empleadores
gestionar el desempeño, sino que también garantice los derechos fundamentales de los
trabajadores.
Resultados Del Análisis Documental
El análisis documental reveló varias diferencias clave entre los marcos legales de Ecuador
y Argentina:
Tabla 1
Análisis Documental
Aspecto Ecuador Argentina
Definición de
Ineptitud
Amplia y subjetiva, permite
abusos
Específica y objetiva, brinda mayor
seguridad jurídica
Proceso de Despido "Visto bueno" poco
transparente
Carga de prueba estricta, derecho a
apelación
Protección Judicial Tendencia a favorecer al
empleador Enfoque en derechos del trabajador
Mecanismos de
Evaluación
Falta de criterios claros y
objetivos
Evaluaciones estructuradas y
documentadas
Capacitación y
Desarrollo Limitada y no sistemática Programas de capacitación continua
Elaborado por: M. V. Jara Silva, 2025.
Interpretación de Resultados
Los resultados del análisis documental indican que la falta de claridad y los criterios
subjetivos en la normativa ecuatoriana generan un entorno propicio para la vulneración de los
derechos laborales de los docentes. La posibilidad de ser despedidos sin un proceso justo afecta
no solo su estabilidad laboral, sino también la calidad educativa en el país.
En contraste, el marco legal argentino, con sus procedimientos claros y garantías de debido
proceso, contribuye a un ambiente laboral más seguro para los docentes. Los resultados subrayan
la necesidad urgente de reformas en la legislación ecuatoriana para fortalecer la protección de los
derechos laborales, alineándose con las mejores prácticas observadas en Argentina.
A continuación se presentan ejemplos que visualizan las diferencias comparativas:
Las garantías procesales en Argentina es el caso de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N.º
20.744). Esta ley establece un marco claro para el despido por ineptitud, incluyendo:
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4082
1. Carga de Prueba: En Argentina, la carga de prueba recae en el empleador, quien debe
demostrar la ineptitud del trabajador. Esto significa que el empleador debe presentar
evidencias concretas que justifiquen el despido, asegurando así un proceso más justo.
2. Derecho a Apelación: Los trabajadores tienen derecho a impugnar el despido ante la
justicia laboral. Esto permite que un tribunal evalúe las circunstancias del despido, lo que
protege al trabajador contra decisiones arbitrarias.
3. Audiencias Previas: Antes de un despido, se requiere que el empleador notifique al
trabajador y, en muchos casos, se lleva a cabo una audiencia donde el empleado puede
presentar su defensa. Este procedimiento favorece el debido proceso.
Estos elementos reflejan un enfoque en la protección de los derechos del trabajador,
garantizando que cualquier despido por ineptitud se maneje de manera justa y transparente.
Un ejemplo que ilustra la falta de garantías procesales en Ecuador respecto al despido por
ineptitud se puede encontrar en el mecanismo del "visto bueno" regulado en el Código del
Trabajo. Este proceso presenta varias deficiencias:
1. Ambigüedad en la Definición de Ineptitud: La ineptitud se define de manera amplia y
subjetiva, lo que permite a los empleadores interpretar y aplicar criterios de manera
arbitraria. Esto genera un riesgo de abusos, ya que no hay un estándar claro que limite el
uso de esta causal.
2. Falta de Transparencia en el Proceso: El procedimiento de "visto bueno" carece de
mecanismos claros de evaluación y notificación al trabajador, lo que puede resultar en
despidos sin un proceso justo ni oportunidades adecuadas para la defensa.
3. Protección Judicial Inconsistente: La tendencia de los tribunales laborales a favorecer a
los empleadores en casos de despido por ineptitud disminuye la confianza del trabajador
en el sistema judicial, dejando a muchos sin un recurso efectivo ante despidos
injustificados.
Estos aspectos demuestran cómo el marco legal en Ecuador puede carecer de las garantías
adecuadas para proteger los derechos de los trabajadores en situaciones de despido por ineptitud.
En el Derecho Administrativo
El debido proceso es un principio esencial que asegura que cualquier decisión de la
administración pública que afecte los derechos de los ciudadanos se adopte con base en normas
claras, justas y transparentes. En el contexto de los docentes de instituciones privadas en Ecuador,
aunque su relación laboral es de carácter privado, el Ministerio del Trabajo y otras entidades
administrativas juegan un papel crucial en la regulación del "visto bueno". Este procedimiento
administrativo debe cumplir con requisitos formales y materiales, garantizando que cualquier
despido se lleve a cabo de manera adecuada. Además, las resoluciones que afectan los derechos
1. Carga de Prueba: En Argentina, la carga de prueba recae en el empleador, quien debe
demostrar la ineptitud del trabajador. Esto significa que el empleador debe presentar
evidencias concretas que justifiquen el despido, asegurando así un proceso más justo.
2. Derecho a Apelación: Los trabajadores tienen derecho a impugnar el despido ante la
justicia laboral. Esto permite que un tribunal evalúe las circunstancias del despido, lo que
protege al trabajador contra decisiones arbitrarias.
3. Audiencias Previas: Antes de un despido, se requiere que el empleador notifique al
trabajador y, en muchos casos, se lleva a cabo una audiencia donde el empleado puede
presentar su defensa. Este procedimiento favorece el debido proceso.
Estos elementos reflejan un enfoque en la protección de los derechos del trabajador,
garantizando que cualquier despido por ineptitud se maneje de manera justa y transparente.
Un ejemplo que ilustra la falta de garantías procesales en Ecuador respecto al despido por
ineptitud se puede encontrar en el mecanismo del "visto bueno" regulado en el Código del
Trabajo. Este proceso presenta varias deficiencias:
1. Ambigüedad en la Definición de Ineptitud: La ineptitud se define de manera amplia y
subjetiva, lo que permite a los empleadores interpretar y aplicar criterios de manera
arbitraria. Esto genera un riesgo de abusos, ya que no hay un estándar claro que limite el
uso de esta causal.
2. Falta de Transparencia en el Proceso: El procedimiento de "visto bueno" carece de
mecanismos claros de evaluación y notificación al trabajador, lo que puede resultar en
despidos sin un proceso justo ni oportunidades adecuadas para la defensa.
3. Protección Judicial Inconsistente: La tendencia de los tribunales laborales a favorecer a
los empleadores en casos de despido por ineptitud disminuye la confianza del trabajador
en el sistema judicial, dejando a muchos sin un recurso efectivo ante despidos
injustificados.
Estos aspectos demuestran cómo el marco legal en Ecuador puede carecer de las garantías
adecuadas para proteger los derechos de los trabajadores en situaciones de despido por ineptitud.
En el Derecho Administrativo
El debido proceso es un principio esencial que asegura que cualquier decisión de la
administración pública que afecte los derechos de los ciudadanos se adopte con base en normas
claras, justas y transparentes. En el contexto de los docentes de instituciones privadas en Ecuador,
aunque su relación laboral es de carácter privado, el Ministerio del Trabajo y otras entidades
administrativas juegan un papel crucial en la regulación del "visto bueno". Este procedimiento
administrativo debe cumplir con requisitos formales y materiales, garantizando que cualquier
despido se lleve a cabo de manera adecuada. Además, las resoluciones que afectan los derechos
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4083
de los docentes deben estar debidamente fundamentadas, permitiendo así la impugnación de
decisiones ante instancias superiores o la justicia constitucional.
En contraste, en Argentina, el principio del debido proceso se refuerza mediante una mayor
carga de prueba para el empleador, quien debe demostrar la ineptitud del trabajador antes de
proceder con el despido. Este enfoque otorga a los docentes una protección más robusta, ya que
cuentan con mecanismos de apelación más estructurados que facilitan la defensa de sus derechos
laborales. Esta diferencia en la regulación evidencia cómo el marco legal en cada país influye en
la estabilidad laboral y las garantías procesales para los docentes, subrayando la importancia del
debido proceso en la administración pública.
Desde el Derecho Constitucional
El despido por ineptitud manifiesta en Ecuador puede afectar varios derechos
fundamentales de los docentes. En primer lugar, el derecho al trabajo, consagrado en el Artículo
33 de la Constitución de Ecuador, establece que el trabajo es un derecho y un deber social. Un
despido arbitrario, especialmente si no se garantiza un debido proceso, puede vulnerar este
principio, dejando a los docentes en una situación de desprotección laboral. La falta de criterios
claros para determinar la ineptitud puede llevar a decisiones que no respeten este derecho
fundamental.
Además, el derecho a la estabilidad laboral, protegido por el Artículo 326, numeral 2 de la
Constitución, es crucial para los trabajadores. Este artículo establece que los trabajadores tienen
derecho a no ser despedidos sin una causa justificada. Si el "visto bueno" se aplica sin criterios
objetivos, se atenta contra la estabilidad del docente, lo que puede generar un ambiente laboral
incierto y perjudicial. La inestabilidad laboral afecta no solo al docente, sino también a la calidad
educativa que se ofrece a los estudiantes.
Por último, el derecho a la seguridad jurídica, estipulado en el Artículo 82 de la
Constitución, se ve comprometido cuando no existen reglas claras y transparentes sobre la
ineptitud laboral. Esta falta de claridad genera incertidumbre y abre la puerta a decisiones
arbitrarias, afectando la confianza en el sistema. Asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva,
garantizado por el Artículo 75, permite que un docente que considere que su despido es injusto
tenga acceso a mecanismos judiciales eficaces para impugnar la decisión y obtener reparación.
En contraste, la normativa laboral en Argentina otorga mayores garantías a los docentes,
asegurando procedimientos más justos y menos discrecionales.
Desde el Derecho Procesal Laboral
Se pueden implementar varias medidas para garantizar un proceso más justo en Ecuador
ante un despido por ineptitud manifiesta. En primer lugar, es crucial establecer una carga
probatoria más equilibrada. Actualmente, el empleador tiene una ventaja significativa en el
procedimiento del "visto bueno", ya que solo necesita presentar pruebas mínimas para justificar
de los docentes deben estar debidamente fundamentadas, permitiendo así la impugnación de
decisiones ante instancias superiores o la justicia constitucional.
En contraste, en Argentina, el principio del debido proceso se refuerza mediante una mayor
carga de prueba para el empleador, quien debe demostrar la ineptitud del trabajador antes de
proceder con el despido. Este enfoque otorga a los docentes una protección más robusta, ya que
cuentan con mecanismos de apelación más estructurados que facilitan la defensa de sus derechos
laborales. Esta diferencia en la regulación evidencia cómo el marco legal en cada país influye en
la estabilidad laboral y las garantías procesales para los docentes, subrayando la importancia del
debido proceso en la administración pública.
Desde el Derecho Constitucional
El despido por ineptitud manifiesta en Ecuador puede afectar varios derechos
fundamentales de los docentes. En primer lugar, el derecho al trabajo, consagrado en el Artículo
33 de la Constitución de Ecuador, establece que el trabajo es un derecho y un deber social. Un
despido arbitrario, especialmente si no se garantiza un debido proceso, puede vulnerar este
principio, dejando a los docentes en una situación de desprotección laboral. La falta de criterios
claros para determinar la ineptitud puede llevar a decisiones que no respeten este derecho
fundamental.
Además, el derecho a la estabilidad laboral, protegido por el Artículo 326, numeral 2 de la
Constitución, es crucial para los trabajadores. Este artículo establece que los trabajadores tienen
derecho a no ser despedidos sin una causa justificada. Si el "visto bueno" se aplica sin criterios
objetivos, se atenta contra la estabilidad del docente, lo que puede generar un ambiente laboral
incierto y perjudicial. La inestabilidad laboral afecta no solo al docente, sino también a la calidad
educativa que se ofrece a los estudiantes.
Por último, el derecho a la seguridad jurídica, estipulado en el Artículo 82 de la
Constitución, se ve comprometido cuando no existen reglas claras y transparentes sobre la
ineptitud laboral. Esta falta de claridad genera incertidumbre y abre la puerta a decisiones
arbitrarias, afectando la confianza en el sistema. Asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva,
garantizado por el Artículo 75, permite que un docente que considere que su despido es injusto
tenga acceso a mecanismos judiciales eficaces para impugnar la decisión y obtener reparación.
En contraste, la normativa laboral en Argentina otorga mayores garantías a los docentes,
asegurando procedimientos más justos y menos discrecionales.
Desde el Derecho Procesal Laboral
Se pueden implementar varias medidas para garantizar un proceso más justo en Ecuador
ante un despido por ineptitud manifiesta. En primer lugar, es crucial establecer una carga
probatoria más equilibrada. Actualmente, el empleador tiene una ventaja significativa en el
procedimiento del "visto bueno", ya que solo necesita presentar pruebas mínimas para justificar
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4084
el despido. Se debería exigir una justificación más detallada y objetiva, asegurando que el
empleador demuestre efectivamente la ineptitud del docente. En comparación, en Argentina, la
carga de la prueba recae en el empleador, lo que brinda mayor protección al trabajador (Córdoba,
2020).
Otra medida importante es la creación de un procedimiento de evaluación previa al despido.
Este proceso podría incluir una evaluación documentada y objetiva del desempeño del docente,
con la participación del afectado. Al implementar este tipo de evaluación, se reducirían los
despidos injustificados y se brindaría la oportunidad de mejorar el rendimiento en lugar de
despedir de manera directa e inmediata. Además, se debería garantizar el derecho a una audiencia
previa al despido, similar a un juicio laboral, donde el docente tenga la oportunidad de defenderse
antes de que se apruebe el "visto bueno". En Argentina, los trabajadores pueden apelar el despido
ante tribunales especializados, lo que refuerza la idea de un proceso justo (García, 2019).
Es fundamental la creación de tribunales laborales especializados en el sector educativo, lo
que permitiría resolver estos conflictos con mayor experticia y equidad. En Argentina, los
tribunales laborales tienden a favorecer una interpretación protectora de los derechos del
trabajador (Martínez, 2021). Además, se debería fomentar la conciliación obligatoria antes del
despido, donde las partes busquen alternativas, como la capacitación en lugar del despido directo.
Esta medida disminuiría el uso abusivo del "visto bueno" y promovería un enfoque más
constructivo en la resolución de conflictos laborales.
Desde la Perspectiva del Derecho Colectivo del Trabajo
Los sindicatos docentes pueden intervenir de diversas maneras para proteger a los
profesores de despidos arbitrarios, a pesar de la eliminación de sindicatos en el sector público en
Ecuador en 2008. Aunque los sindicatos formales no existan, los docentes pueden organizarse en
asociaciones y federaciones que actúen como representantes en negociaciones y reclamaciones
colectivas. Un ejemplo notable es la Unión Nacional de Educadores (UNE), que sigue activa en
la defensa de los derechos docentes. Estas organizaciones pueden facilitar la negociación
colectiva, permitiendo que los docentes se agrupen para presentar propuestas y demandas ante el
gobierno o empleadores privados, lo que fortalece su posición en el ámbito laboral.
Además, los docentes tienen la posibilidad de recurrir a acciones de protección y demandas
colectivas en casos de despidos injustificados, basándose en el derecho al trabajo y la estabilidad
laboral. A través de estas acciones legales, pueden buscar reparación ante la justicia. También
pueden participar en la Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos, que
pueden intervenir en casos de vulneración de derechos laborales. En contraste, en Argentina, los
sindicatos continúan desempeñando un papel crucial en la defensa de los docentes, participando
activamente en negociaciones y litigios laborales, lo que les otorga una mayor protección y
respaldo en situaciones de despido (López, 2020; Silva, 2021).
el despido. Se debería exigir una justificación más detallada y objetiva, asegurando que el
empleador demuestre efectivamente la ineptitud del docente. En comparación, en Argentina, la
carga de la prueba recae en el empleador, lo que brinda mayor protección al trabajador (Córdoba,
2020).
Otra medida importante es la creación de un procedimiento de evaluación previa al despido.
Este proceso podría incluir una evaluación documentada y objetiva del desempeño del docente,
con la participación del afectado. Al implementar este tipo de evaluación, se reducirían los
despidos injustificados y se brindaría la oportunidad de mejorar el rendimiento en lugar de
despedir de manera directa e inmediata. Además, se debería garantizar el derecho a una audiencia
previa al despido, similar a un juicio laboral, donde el docente tenga la oportunidad de defenderse
antes de que se apruebe el "visto bueno". En Argentina, los trabajadores pueden apelar el despido
ante tribunales especializados, lo que refuerza la idea de un proceso justo (García, 2019).
Es fundamental la creación de tribunales laborales especializados en el sector educativo, lo
que permitiría resolver estos conflictos con mayor experticia y equidad. En Argentina, los
tribunales laborales tienden a favorecer una interpretación protectora de los derechos del
trabajador (Martínez, 2021). Además, se debería fomentar la conciliación obligatoria antes del
despido, donde las partes busquen alternativas, como la capacitación en lugar del despido directo.
Esta medida disminuiría el uso abusivo del "visto bueno" y promovería un enfoque más
constructivo en la resolución de conflictos laborales.
Desde la Perspectiva del Derecho Colectivo del Trabajo
Los sindicatos docentes pueden intervenir de diversas maneras para proteger a los
profesores de despidos arbitrarios, a pesar de la eliminación de sindicatos en el sector público en
Ecuador en 2008. Aunque los sindicatos formales no existan, los docentes pueden organizarse en
asociaciones y federaciones que actúen como representantes en negociaciones y reclamaciones
colectivas. Un ejemplo notable es la Unión Nacional de Educadores (UNE), que sigue activa en
la defensa de los derechos docentes. Estas organizaciones pueden facilitar la negociación
colectiva, permitiendo que los docentes se agrupen para presentar propuestas y demandas ante el
gobierno o empleadores privados, lo que fortalece su posición en el ámbito laboral.
Además, los docentes tienen la posibilidad de recurrir a acciones de protección y demandas
colectivas en casos de despidos injustificados, basándose en el derecho al trabajo y la estabilidad
laboral. A través de estas acciones legales, pueden buscar reparación ante la justicia. También
pueden participar en la Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos, que
pueden intervenir en casos de vulneración de derechos laborales. En contraste, en Argentina, los
sindicatos continúan desempeñando un papel crucial en la defensa de los docentes, participando
activamente en negociaciones y litigios laborales, lo que les otorga una mayor protección y
respaldo en situaciones de despido (López, 2020; Silva, 2021).
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4085
Desde el Derecho Constitucional y los Principios de Justicia Social
La estabilidad laboral de los docentes en el sector privado es fundamental desde el derecho
constitucional y los principios de justicia social por varias razones. En primer lugar, la protección
del derecho al trabajo (Art. 33 de la Constitución de Ecuador) establece que el trabajo no solo es
un medio de subsistencia, sino también un derecho que garantiza la dignidad y el bienestar de las
personas. Cuando los docentes pueden ser despedidos arbitrariamente, se vulnera este principio,
generando inseguridad laboral que afecta no solo a los profesionales, sino también a la calidad de
la educación que ofrecen. La inestabilidad puede obstaculizar el desarrollo de un ambiente
propicio para el aprendizaje, afectando así a los estudiantes.
Además, la garantía de la calidad educativa es crucial, ya que la inestabilidad laboral
impacta directamente en el rendimiento y la motivación de los docentes. Si un profesor vive con
el temor constante de ser despedido sin justa causa, no podrá desempeñar su labor con la libertad
necesaria ni innovar en sus métodos de enseñanza. Asimismo, desde un enfoque de justicia social,
es importante considerar que muchos docentes dependen completamente de su salario, y un
despido abrupto puede dejarlos en situaciones vulnerables, especialmente en el caso de mujeres
docentes o trabajadores mayores, donde la inestabilidad puede acentuar desigualdades y
discriminación. Por último, el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución) se ve
comprometido cuando no existen criterios claros para el despido por ineptitud, ya que la falta de
estándares de evaluación expone a los trabajadores a decisiones subjetivas y arbitrarias.
Comparativamente, en Argentina, la legislación laboral establece garantías más estrictas para los
docentes, creando un entorno más estable y justo que se traduce en un mejor desempeño
académico y un sistema educativo más sólido (Pérez, 2020; Martínez, 2021).
Desde el Punto de Vista del Derecho Comparado
Son varios los mecanismos del modelo argentino podrían ser aplicados en Ecuador para
mejorar la estabilidad laboral de los docentes. En primer lugar, la carga de la prueba en el despido
(Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina) establece que el empleador debe justificar
plenamente el despido del trabajador, lo que protege al docente de decisiones arbitrarias. En
contraste, el procedimiento del "visto bueno" en Ecuador permite al empleador tener un control
mayor sobre la decisión de despido, sin exigir una justificación clara y objetiva. Una solución
para Ecuador podría ser incorporar un sistema donde el empleador tenga la obligación de
presentar documentación y evaluaciones objetivas que demuestren la ineptitud del docente.
Otro mecanismo relevante es la implementación de evaluaciones estructuradas y
documentadas. En Argentina, existen protocolos claros para la evaluación del desempeño antes
de proceder al despido de un docente. Sin embargo, en Ecuador no hay una normativa que exija
procesos formales de evaluación antes de aplicar el "visto bueno". La solución aquí sería
establecer un protocolo de evaluación periódica basado en criterios medibles, brindando a los
Desde el Derecho Constitucional y los Principios de Justicia Social
La estabilidad laboral de los docentes en el sector privado es fundamental desde el derecho
constitucional y los principios de justicia social por varias razones. En primer lugar, la protección
del derecho al trabajo (Art. 33 de la Constitución de Ecuador) establece que el trabajo no solo es
un medio de subsistencia, sino también un derecho que garantiza la dignidad y el bienestar de las
personas. Cuando los docentes pueden ser despedidos arbitrariamente, se vulnera este principio,
generando inseguridad laboral que afecta no solo a los profesionales, sino también a la calidad de
la educación que ofrecen. La inestabilidad puede obstaculizar el desarrollo de un ambiente
propicio para el aprendizaje, afectando así a los estudiantes.
Además, la garantía de la calidad educativa es crucial, ya que la inestabilidad laboral
impacta directamente en el rendimiento y la motivación de los docentes. Si un profesor vive con
el temor constante de ser despedido sin justa causa, no podrá desempeñar su labor con la libertad
necesaria ni innovar en sus métodos de enseñanza. Asimismo, desde un enfoque de justicia social,
es importante considerar que muchos docentes dependen completamente de su salario, y un
despido abrupto puede dejarlos en situaciones vulnerables, especialmente en el caso de mujeres
docentes o trabajadores mayores, donde la inestabilidad puede acentuar desigualdades y
discriminación. Por último, el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución) se ve
comprometido cuando no existen criterios claros para el despido por ineptitud, ya que la falta de
estándares de evaluación expone a los trabajadores a decisiones subjetivas y arbitrarias.
Comparativamente, en Argentina, la legislación laboral establece garantías más estrictas para los
docentes, creando un entorno más estable y justo que se traduce en un mejor desempeño
académico y un sistema educativo más sólido (Pérez, 2020; Martínez, 2021).
Desde el Punto de Vista del Derecho Comparado
Son varios los mecanismos del modelo argentino podrían ser aplicados en Ecuador para
mejorar la estabilidad laboral de los docentes. En primer lugar, la carga de la prueba en el despido
(Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina) establece que el empleador debe justificar
plenamente el despido del trabajador, lo que protege al docente de decisiones arbitrarias. En
contraste, el procedimiento del "visto bueno" en Ecuador permite al empleador tener un control
mayor sobre la decisión de despido, sin exigir una justificación clara y objetiva. Una solución
para Ecuador podría ser incorporar un sistema donde el empleador tenga la obligación de
presentar documentación y evaluaciones objetivas que demuestren la ineptitud del docente.
Otro mecanismo relevante es la implementación de evaluaciones estructuradas y
documentadas. En Argentina, existen protocolos claros para la evaluación del desempeño antes
de proceder al despido de un docente. Sin embargo, en Ecuador no hay una normativa que exija
procesos formales de evaluación antes de aplicar el "visto bueno". La solución aquí sería
establecer un protocolo de evaluación periódica basado en criterios medibles, brindando a los
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4086
docentes la oportunidad de mejorar su desempeño antes de cualquier decisión de despido.
Además, en Argentina, los docentes gozan de un derecho a la estabilidad reforzada en educación
a través de la Ley de Educación Nacional, que les otorga protección especial, especialmente a
aquellos con más años de servicio.
Ecuador podría beneficiarse de la creación de un régimen especial de estabilidad laboral
para docentes en el sector privado, con más garantías que eviten despidos injustos. La existencia
de tribunales especializados en derecho laboral en Argentina asegura que los conflictos laborales
sean tratados por jueces con conocimiento específico en la materia. En Ecuador, la creación de
un tribunal especializado en derecho laboral educativo o la capacitación de jueces en esta área
podría mejorar la calidad de las decisiones judiciales y la protección de los derechos de los
docentes. Implementar estos cambios permitiría una mayor protección y estabilidad laboral para
los docentes en Ecuador, promoviendo así una educación de mejor calidad.
DISCUSIÓN
La comparación entre las regulaciones de Ecuador y Argentina destaca diferencias
significativas en las garantías procesales que protegen a los trabajadores, especialmente en el
ámbito educativo. En Ecuador, aunque existe un mecanismo formal para el despido por ineptitud
a través del "visto bueno", este proceso presenta serias limitaciones. La falta de criterios claros y
objetivos para evaluar el desempeño docente, sumado a la posibilidad de evaluaciones subjetivas,
crea un entorno propenso a abusos. Muchos docentes, al enfrentarse a un despido, carecen de los
recursos y conocimientos necesarios para impugnar decisiones que consideran injustas. Esta
situación no solo vulnera sus derechos laborales, sino que también genera un clima de
incertidumbre y desconfianza, afectando negativamente su desempeño y la calidad educativa.
En contraste, Argentina ofrece un marco legal más robusto en términos de protección
laboral. La carga de la prueba recae sobre el empleador, obligándolo a justificar de manera
fehaciente la ineptitud del trabajador antes de proceder con un despido. Este enfoque no solo
proporciona un mayor nivel de seguridad jurídica para los docentes, sino que también fomenta un
ambiente de trabajo más estable y predecible. La existencia de tribunales laborales especializados
en conflictos laborales en Argentina asegura que las disputas sean resueltas de manera justa y
equitativa, lo que refuerza la confianza de los docentes en el sistema legal.
Adicionalmente, Argentina ha implementado políticas de formación y capacitación que
abordan directamente la percepción de ineptitud en los docentes. Estas iniciativas no solo
contribuyen a la mejora continua de las habilidades profesionales, sino que también reducen la
incidencia de despidos por ineptitud. Al promover un enfoque constructivo en la relación laboral,
se crea un entorno donde los docentes se sienten valorados y apoyados, lo que a su vez se traduce
en un mejor rendimiento académico y una mayor calidad educativa.
docentes la oportunidad de mejorar su desempeño antes de cualquier decisión de despido.
Además, en Argentina, los docentes gozan de un derecho a la estabilidad reforzada en educación
a través de la Ley de Educación Nacional, que les otorga protección especial, especialmente a
aquellos con más años de servicio.
Ecuador podría beneficiarse de la creación de un régimen especial de estabilidad laboral
para docentes en el sector privado, con más garantías que eviten despidos injustos. La existencia
de tribunales especializados en derecho laboral en Argentina asegura que los conflictos laborales
sean tratados por jueces con conocimiento específico en la materia. En Ecuador, la creación de
un tribunal especializado en derecho laboral educativo o la capacitación de jueces en esta área
podría mejorar la calidad de las decisiones judiciales y la protección de los derechos de los
docentes. Implementar estos cambios permitiría una mayor protección y estabilidad laboral para
los docentes en Ecuador, promoviendo así una educación de mejor calidad.
DISCUSIÓN
La comparación entre las regulaciones de Ecuador y Argentina destaca diferencias
significativas en las garantías procesales que protegen a los trabajadores, especialmente en el
ámbito educativo. En Ecuador, aunque existe un mecanismo formal para el despido por ineptitud
a través del "visto bueno", este proceso presenta serias limitaciones. La falta de criterios claros y
objetivos para evaluar el desempeño docente, sumado a la posibilidad de evaluaciones subjetivas,
crea un entorno propenso a abusos. Muchos docentes, al enfrentarse a un despido, carecen de los
recursos y conocimientos necesarios para impugnar decisiones que consideran injustas. Esta
situación no solo vulnera sus derechos laborales, sino que también genera un clima de
incertidumbre y desconfianza, afectando negativamente su desempeño y la calidad educativa.
En contraste, Argentina ofrece un marco legal más robusto en términos de protección
laboral. La carga de la prueba recae sobre el empleador, obligándolo a justificar de manera
fehaciente la ineptitud del trabajador antes de proceder con un despido. Este enfoque no solo
proporciona un mayor nivel de seguridad jurídica para los docentes, sino que también fomenta un
ambiente de trabajo más estable y predecible. La existencia de tribunales laborales especializados
en conflictos laborales en Argentina asegura que las disputas sean resueltas de manera justa y
equitativa, lo que refuerza la confianza de los docentes en el sistema legal.
Adicionalmente, Argentina ha implementado políticas de formación y capacitación que
abordan directamente la percepción de ineptitud en los docentes. Estas iniciativas no solo
contribuyen a la mejora continua de las habilidades profesionales, sino que también reducen la
incidencia de despidos por ineptitud. Al promover un enfoque constructivo en la relación laboral,
se crea un entorno donde los docentes se sienten valorados y apoyados, lo que a su vez se traduce
en un mejor rendimiento académico y una mayor calidad educativa.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4087
Por lo tanto, la experiencia argentina podría servir como un modelo para Ecuador. La
implementación de criterios de evaluación claros y objetivos, junto con un sistema de apelación
accesible y un enfoque proactivo en la capacitación docente, podría fortalecer las garantías
laborales en Ecuador. Este tipo de reformas no solo protegería los derechos de los trabajadores,
sino que también contribuiría a un ambiente educativo más saludable y productivo, beneficiando
tanto a docentes como a estudiantes.
Además, en Argentina se han implementado políticas efectivas de formación y capacitación
para los docentes, un aspecto crucial que incide directamente en la percepción de ineptitud. Estas
políticas no solo se centran en la mejora de las competencias pedagógicas, sino que también
abordan habilidades socioemocionales y de gestión educativa, lo que resulta en un enfoque
integral del desarrollo profesional. Al ofrecer oportunidades de desarrollo continuo, se minimizan
los casos de despido por ineptitud, ya que los docentes se sienten apoyados y motivados para
mejorar su desempeño.
Este enfoque constructivo promueve un ambiente laboral más colaborativo y menos
punitivo, donde los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje en lugar de razones
para el despido. Esto no solo beneficia a los docentes, sino que también tiene un impacto positivo
en la calidad educativa, ya que un personal docente capacitado y seguro es más propenso a innovar
y a implementar prácticas pedagógicas efectivas.
Asimismo, la inversión en capacitación puede contribuir a una cultura de mejora continua
dentro de las instituciones educativas, donde se fomente el trabajo en equipo y el intercambio de
buenas prácticas. En este contexto, los despidos por ineptitud no solo serían menos frecuentes,
sino que también se abordarían desde una perspectiva de resolución de problemas, priorizando el
acompañamiento y la reorientación profesional sobre las sanciones. En resumen, el desarrollo
profesional no solo protege los derechos laborales de los docentes, sino que también crea un ciclo
virtuoso que eleva la calidad de la educación en general, beneficiando tanto a los educadores
como a los estudiantes.
CONCLUSIONES
La protección de los derechos laborales de los docentes en el contexto del despido por
ineptitud manifiesta es fundamental para garantizar tanto la estabilidad laboral de estos
profesionales como la calidad de la educación en las instituciones privadas. A partir del análisis
comparativo entre Ecuador y Argentina, se ha evidenciado que, mientras Ecuador enfrenta
desafíos significativos debido a la falta de un proceso claro y justo para los despidos, Argentina
ofrece un marco más sólido que protege los derechos de los trabajadores.
Para resolver este problema, es imperativo implementar reformas normativas en Ecuador
que fortalezcan las garantías procesales para los docentes. Se recomienda establecer protocolos
claros y objetivos para la evaluación del desempeño docente, así como mecanismos que aseguren
Por lo tanto, la experiencia argentina podría servir como un modelo para Ecuador. La
implementación de criterios de evaluación claros y objetivos, junto con un sistema de apelación
accesible y un enfoque proactivo en la capacitación docente, podría fortalecer las garantías
laborales en Ecuador. Este tipo de reformas no solo protegería los derechos de los trabajadores,
sino que también contribuiría a un ambiente educativo más saludable y productivo, beneficiando
tanto a docentes como a estudiantes.
Además, en Argentina se han implementado políticas efectivas de formación y capacitación
para los docentes, un aspecto crucial que incide directamente en la percepción de ineptitud. Estas
políticas no solo se centran en la mejora de las competencias pedagógicas, sino que también
abordan habilidades socioemocionales y de gestión educativa, lo que resulta en un enfoque
integral del desarrollo profesional. Al ofrecer oportunidades de desarrollo continuo, se minimizan
los casos de despido por ineptitud, ya que los docentes se sienten apoyados y motivados para
mejorar su desempeño.
Este enfoque constructivo promueve un ambiente laboral más colaborativo y menos
punitivo, donde los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje en lugar de razones
para el despido. Esto no solo beneficia a los docentes, sino que también tiene un impacto positivo
en la calidad educativa, ya que un personal docente capacitado y seguro es más propenso a innovar
y a implementar prácticas pedagógicas efectivas.
Asimismo, la inversión en capacitación puede contribuir a una cultura de mejora continua
dentro de las instituciones educativas, donde se fomente el trabajo en equipo y el intercambio de
buenas prácticas. En este contexto, los despidos por ineptitud no solo serían menos frecuentes,
sino que también se abordarían desde una perspectiva de resolución de problemas, priorizando el
acompañamiento y la reorientación profesional sobre las sanciones. En resumen, el desarrollo
profesional no solo protege los derechos laborales de los docentes, sino que también crea un ciclo
virtuoso que eleva la calidad de la educación en general, beneficiando tanto a los educadores
como a los estudiantes.
CONCLUSIONES
La protección de los derechos laborales de los docentes en el contexto del despido por
ineptitud manifiesta es fundamental para garantizar tanto la estabilidad laboral de estos
profesionales como la calidad de la educación en las instituciones privadas. A partir del análisis
comparativo entre Ecuador y Argentina, se ha evidenciado que, mientras Ecuador enfrenta
desafíos significativos debido a la falta de un proceso claro y justo para los despidos, Argentina
ofrece un marco más sólido que protege los derechos de los trabajadores.
Para resolver este problema, es imperativo implementar reformas normativas en Ecuador
que fortalezcan las garantías procesales para los docentes. Se recomienda establecer protocolos
claros y objetivos para la evaluación del desempeño docente, así como mecanismos que aseguren
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4088
la capacitación continua de los educadores. Estas medidas no solo protegerían los derechos
laborales de los docentes, sino que también contribuirían a la mejora de la calidad educativa en el
país.
Además, la promoción de un diálogo social inclusivo entre empleadores, docentes y
autoridades educativas es esencial. Este enfoque colaborativo permitirá abordar las
preocupaciones laborales de manera conjunta y contribuirá a la construcción de un entorno laboral
más justo y equitativo.
En conclusión, la defensa de los derechos laborales de los docentes no debe considerarse
únicamente un asunto de justicia social, sino también una inversión en la calidad educativa del
país. Este estudio abre la puerta a nuevas investigaciones que podrían explorar la efectividad de
las reformas propuestas y el impacto de la capacitación en la satisfacción y seguridad laboral de
los docentes, promoviendo así un desarrollo educativo y social más integral en Ecuador. Por ende
la situación actual de los docentes en Ecuador respecto al despido por ineptitud manifiesta
requiere una atención urgente y coordinada para garantizar un entorno laboral justo y equitativo,
que a su vez beneficie a toda la comunidad educativa.
la capacitación continua de los educadores. Estas medidas no solo protegerían los derechos
laborales de los docentes, sino que también contribuirían a la mejora de la calidad educativa en el
país.
Además, la promoción de un diálogo social inclusivo entre empleadores, docentes y
autoridades educativas es esencial. Este enfoque colaborativo permitirá abordar las
preocupaciones laborales de manera conjunta y contribuirá a la construcción de un entorno laboral
más justo y equitativo.
En conclusión, la defensa de los derechos laborales de los docentes no debe considerarse
únicamente un asunto de justicia social, sino también una inversión en la calidad educativa del
país. Este estudio abre la puerta a nuevas investigaciones que podrían explorar la efectividad de
las reformas propuestas y el impacto de la capacitación en la satisfacción y seguridad laboral de
los docentes, promoviendo así un desarrollo educativo y social más integral en Ecuador. Por ende
la situación actual de los docentes en Ecuador respecto al despido por ineptitud manifiesta
requiere una atención urgente y coordinada para garantizar un entorno laboral justo y equitativo,
que a su vez beneficie a toda la comunidad educativa.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 4089
REFERENCIAS
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10(3), 30-45.
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Universitaria.
Córdova, S. (2021). El despido por ineptitud en el contexto de la educación privada en Ecuador.
Análisis Educativo, 8(3), 60-75.
González, M. (2019). El despido por ineptitud en el sector educativo privado en Ecuador. Revista
de Derecho Laboral, 15(2), 100-110.
López, T. (2022). Mejoras en la legislación laboral ecuatoriana: Propuestas y análisis. Derecho
y Sociedad, 14(3), 85-100.
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en el despido por ineptitud. Journal of Labor Law, 22(1), 75-90.
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Estudios Laborales, 5(2), 10-25.
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18(4), 60-75.
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Caparrós, F. J. (2007). La parasubordinación. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.
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Mora Dávalos, J. P. (2013). Reformas legales al inciso 5, art. 172 del Código del Trabajo. Loja:
Universidad Nacional de Loja.
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Universidad Católica de Cuenca.
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en el despido por ineptitud. Journal of Labor Law, 22(1), 75-90.
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