Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1563
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i4.1766
Incorporación de la Economía Popular y Solidaria en los
Planes Cantonales de Desarrollo Territorial del Ecuador
Incorporation of the Popular and Solidarity Economy into Ecuador's Cantonal
Territorial Development Plans
Víctor Andrés Zárate Enríquez
vzaratee@unemi.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-6120-9592
Universidad Estatal de Milagro
Ecuador - Milagro
María Auxiliadora Campuzano Rodríguez
mcampuzanor@unemi.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-2915-8197
Universidad Estatal de Milagro
Ecuador - Milagro
Artículo recibido: 10 octubre 2025 -Aceptado para publicación: 18 noviembre 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
El presente estudio analiza el nivel de incorporación de la Economía Popular y Solidaria (EPS)
en los Planes Cantonales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Ecuador, entre
2017 y 2024. Se busca identificar los mecanismos mediante los cuales los gobiernos locales
integran principios de equidad, cooperación y sostenibilidad en sus políticas de desarrollo
territorial. El enfoque metodológico es cualitativo y descriptivo, basado en la revisión de 25
planes cantonales representativos de diversas regiones del país. Los resultados evidencian que,
aunque la mayoría de los PDOT reconocen la importancia de la EPS, su aplicación práctica es
limitada por la falta de articulación institucional y de financiamiento específico. Se concluye que
la inclusión efectiva de la economía solidaria en la planificación cantonal requiere fortalecer la
gobernanza local, consolidar redes cooperativas y promover instrumentos financieros territoriales
sostenibles que potencien el desarrollo equitativo y participativo.
Palabras clave: economía popular y solidaria, planificación territorial, desarrollo local,
gobernanza, políticas públicas
ABSTRACT
This study examines the degree to which Popular and Solidarity Economy (PSE) principles are
incorporated into Ecuador’s Cantonal Development and Land-Use Plans (PDOTs) between 2017
and 2024. It aims to identify how local governments integrate notions of equity, cooperation, and
sustainability into territorial development policies. The research follows a qualitative and
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1564
descriptive approach based on a review of 25 representative cantonal plans from different regions
of the country. Findings indicate that, although most PDOTs acknowledge the relevance of the
PSE framework, its practical application remains limited due to weak institutional coordination
and a lack of targeted funding mechanisms. The study concludes that effective inclusion of the
solidarity economy within local planning requires strengthening local governance, consolidating
cooperative networks, and promoting sustainable territorial financial instruments that enhance
equitable and participatory development.
Keywords: popular and solidarity economy, territorial planning, local development,
governance, public policy
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
descriptive approach based on a review of 25 representative cantonal plans from different regions
of the country. Findings indicate that, although most PDOTs acknowledge the relevance of the
PSE framework, its practical application remains limited due to weak institutional coordination
and a lack of targeted funding mechanisms. The study concludes that effective inclusion of the
solidarity economy within local planning requires strengthening local governance, consolidating
cooperative networks, and promoting sustainable territorial financial instruments that enhance
equitable and participatory development.
Keywords: popular and solidarity economy, territorial planning, local development,
governance, public policy
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Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1565
INTRODUCCIÓN
La Economía Popular y Solidaria (EPS) constituye un componente esencial del modelo de
desarrollo ecuatoriano contemporáneo, orientado hacia la inclusión social, la sostenibilidad
ambiental y la democratización del acceso a los recursos productivos. En un contexto
caracterizado por la persistencia de desigualdades estructurales, precariedad laboral y
concentración de capital, la EPS emerge como una alternativa al paradigma económico
tradicional, al promover formas asociativas de organización que priorizan la cooperación, la
equidad y la solidaridad por encima de la acumulación individual. Este enfoque responde a la
necesidad de construir un modelo económico plural, donde la participación ciudadana y el
desarrollo territorial se articulen de manera coherente con los principios constitucionales del Buen
Vivir (Sumak Kawsay) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En tal sentido, la
EPS no solo representa un sector económico, sino una filosofía de gestión social y comunitaria
que busca equilibrar las dinámicas del mercado con el bienestar colectivo (Consejo Nacional de
Planificación, 2022; SENPLADES, 2017).
La promulgación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en 2011 significó
un hito para la institucionalización del sector. Este marco jurídico reconoció a las organizaciones
cooperativas, asociativas, comunitarias y de comercio justo como actores legítimos dentro del
Sistema Económico Social y Solidario, estructurado a partir de la Constitución de 2008. Dicho
sistema persigue un equilibrio entre Estado, mercado y sociedad, promoviendo una redistribución
más equitativa de los recursos y una mayor participación de las comunidades en los procesos
económicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011; Coraggio, 2014). Desde esta perspectiva, la
economía solidaria no se limita a la generación de ingresos, sino que pretende redefinir las
relaciones económicas en función del bien común, la reciprocidad y la sostenibilidad a largo
plazo. Sin embargo, la consolidación de este modelo enfrenta desafíos importantes en cuanto a su
articulación con la planificación territorial y su integración efectiva en las políticas públicas
cantonales.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), concebidos como
instrumentos de planificación participativa, constituyen el principal mecanismo de orientación de
la gestión pública local. En teoría, estos planes deberían reflejar una visión de desarrollo integral,
capaz de integrar las dimensiones económica, social, ambiental y cultural del territorio. No
obstante, diversos estudios demuestran que la incorporación de la EPS en los PDOT sigue siendo
limitada o simbólica (Brito & Zamora, 2021; Maldonado, 2023). La mayoría de gobiernos locales
enfrenta restricciones institucionales y técnicas que dificultan la implementación de estrategias
sólidas de fomento a la economía solidaria. Entre los obstáculos más recurrentes se encuentran la
ausencia de financiamiento especializado, la falta de personal capacitado en gestión asociativa y
INTRODUCCIÓN
La Economía Popular y Solidaria (EPS) constituye un componente esencial del modelo de
desarrollo ecuatoriano contemporáneo, orientado hacia la inclusión social, la sostenibilidad
ambiental y la democratización del acceso a los recursos productivos. En un contexto
caracterizado por la persistencia de desigualdades estructurales, precariedad laboral y
concentración de capital, la EPS emerge como una alternativa al paradigma económico
tradicional, al promover formas asociativas de organización que priorizan la cooperación, la
equidad y la solidaridad por encima de la acumulación individual. Este enfoque responde a la
necesidad de construir un modelo económico plural, donde la participación ciudadana y el
desarrollo territorial se articulen de manera coherente con los principios constitucionales del Buen
Vivir (Sumak Kawsay) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En tal sentido, la
EPS no solo representa un sector económico, sino una filosofía de gestión social y comunitaria
que busca equilibrar las dinámicas del mercado con el bienestar colectivo (Consejo Nacional de
Planificación, 2022; SENPLADES, 2017).
La promulgación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en 2011 significó
un hito para la institucionalización del sector. Este marco jurídico reconoció a las organizaciones
cooperativas, asociativas, comunitarias y de comercio justo como actores legítimos dentro del
Sistema Económico Social y Solidario, estructurado a partir de la Constitución de 2008. Dicho
sistema persigue un equilibrio entre Estado, mercado y sociedad, promoviendo una redistribución
más equitativa de los recursos y una mayor participación de las comunidades en los procesos
económicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011; Coraggio, 2014). Desde esta perspectiva, la
economía solidaria no se limita a la generación de ingresos, sino que pretende redefinir las
relaciones económicas en función del bien común, la reciprocidad y la sostenibilidad a largo
plazo. Sin embargo, la consolidación de este modelo enfrenta desafíos importantes en cuanto a su
articulación con la planificación territorial y su integración efectiva en las políticas públicas
cantonales.
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), concebidos como
instrumentos de planificación participativa, constituyen el principal mecanismo de orientación de
la gestión pública local. En teoría, estos planes deberían reflejar una visión de desarrollo integral,
capaz de integrar las dimensiones económica, social, ambiental y cultural del territorio. No
obstante, diversos estudios demuestran que la incorporación de la EPS en los PDOT sigue siendo
limitada o simbólica (Brito & Zamora, 2021; Maldonado, 2023). La mayoría de gobiernos locales
enfrenta restricciones institucionales y técnicas que dificultan la implementación de estrategias
sólidas de fomento a la economía solidaria. Entre los obstáculos más recurrentes se encuentran la
ausencia de financiamiento especializado, la falta de personal capacitado en gestión asociativa y
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1566
la escasa articulación interinstitucional entre municipios, ministerios y organizaciones de base
(MIES, 2023).
En muchos casos, la EPS es mencionada dentro de los PDOT como un eje transversal o un
principio orientador, pero sin que ello se traduzca en metas cuantificables, programas operativos
o indicadores de impacto. Esta debilidad metodológica impide evaluar los resultados de las
intervenciones locales y limita la posibilidad de generar sinergias con otras políticas de desarrollo
productivo, empleo e inclusión social (Bautista & Espinoza, 2022). En consecuencia, la economía
solidaria, pese a su reconocimiento normativo, continúa en un estado de subrepresentación
institucional, especialmente en cantones rurales donde podría tener un impacto decisivo en la
reducción de la pobreza y la creación de oportunidades sostenibles.
A nivel regional, organismos internacionales como la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2022) destacan la creciente importancia de la economía social y solidaria en la
reconstrucción económica post-pandemia y en la transición hacia modelos de producción más
sostenibles. En el caso ecuatoriano, las experiencias exitosas de cooperativas de ahorro y crédito,
asociaciones agrícolas, emprendimientos de comercio justo y redes de consumo local demuestran
que la EPS puede funcionar como motor de desarrollo endógeno, generando empleo inclusivo,
fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la economía circular (Carrasco & Pérez,
2020; Llumiquinga & Morales, 2022). Estas experiencias, aunque dispersas, evidencian el
potencial transformador del sector cuando se le brinda un entorno institucional adecuado y un
acompañamiento técnico continuo.
El fortalecimiento de la EPS requiere, por tanto, una integración efectiva en la planificación
territorial y en la política pública local. Los gobiernos cantonales, al diseñar sus PDOT, deben
incorporar de manera explícita objetivos orientados al fomento de la asociatividad, la producción
sostenible y la inclusión económica, acompañados de mecanismos de seguimiento y evaluación.
La coordinación con entidades nacionales, como el MIES o el Instituto de Economía Popular y
Solidaria, resulta clave para garantizar coherencia entre los niveles de planificación y ejecución.
Asimismo, la educación cooperativa, la asistencia técnica y la digitalización de los procesos
económicos son elementos indispensables para consolidar la sostenibilidad de las organizaciones
solidarias.
En este marco, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el grado de incorporación
de la Economía Popular y Solidaria en los planes cantonales de desarrollo del Ecuador, analizando
su tratamiento institucional, sus mecanismos de implementación y los factores que condicionan
su efectividad. A través de un análisis documental y comparativo de planes cantonales
representativos, se busca determinar el nivel de coherencia entre las políticas territoriales y los
principios solidarios establecidos en la legislación nacional. El propósito es generar evidencia
empírica y metodológica que contribuya al fortalecimiento de las estrategias locales, orientando
la escasa articulación interinstitucional entre municipios, ministerios y organizaciones de base
(MIES, 2023).
En muchos casos, la EPS es mencionada dentro de los PDOT como un eje transversal o un
principio orientador, pero sin que ello se traduzca en metas cuantificables, programas operativos
o indicadores de impacto. Esta debilidad metodológica impide evaluar los resultados de las
intervenciones locales y limita la posibilidad de generar sinergias con otras políticas de desarrollo
productivo, empleo e inclusión social (Bautista & Espinoza, 2022). En consecuencia, la economía
solidaria, pese a su reconocimiento normativo, continúa en un estado de subrepresentación
institucional, especialmente en cantones rurales donde podría tener un impacto decisivo en la
reducción de la pobreza y la creación de oportunidades sostenibles.
A nivel regional, organismos internacionales como la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2022) destacan la creciente importancia de la economía social y solidaria en la
reconstrucción económica post-pandemia y en la transición hacia modelos de producción más
sostenibles. En el caso ecuatoriano, las experiencias exitosas de cooperativas de ahorro y crédito,
asociaciones agrícolas, emprendimientos de comercio justo y redes de consumo local demuestran
que la EPS puede funcionar como motor de desarrollo endógeno, generando empleo inclusivo,
fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la economía circular (Carrasco & Pérez,
2020; Llumiquinga & Morales, 2022). Estas experiencias, aunque dispersas, evidencian el
potencial transformador del sector cuando se le brinda un entorno institucional adecuado y un
acompañamiento técnico continuo.
El fortalecimiento de la EPS requiere, por tanto, una integración efectiva en la planificación
territorial y en la política pública local. Los gobiernos cantonales, al diseñar sus PDOT, deben
incorporar de manera explícita objetivos orientados al fomento de la asociatividad, la producción
sostenible y la inclusión económica, acompañados de mecanismos de seguimiento y evaluación.
La coordinación con entidades nacionales, como el MIES o el Instituto de Economía Popular y
Solidaria, resulta clave para garantizar coherencia entre los niveles de planificación y ejecución.
Asimismo, la educación cooperativa, la asistencia técnica y la digitalización de los procesos
económicos son elementos indispensables para consolidar la sostenibilidad de las organizaciones
solidarias.
En este marco, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el grado de incorporación
de la Economía Popular y Solidaria en los planes cantonales de desarrollo del Ecuador, analizando
su tratamiento institucional, sus mecanismos de implementación y los factores que condicionan
su efectividad. A través de un análisis documental y comparativo de planes cantonales
representativos, se busca determinar el nivel de coherencia entre las políticas territoriales y los
principios solidarios establecidos en la legislación nacional. El propósito es generar evidencia
empírica y metodológica que contribuya al fortalecimiento de las estrategias locales, orientando
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1567
la planificación pública hacia modelos más inclusivos, participativos y sostenibles. En última
instancia, este estudio aspira a demostrar que la Economía Popular y Solidaria, cuando se integra
adecuadamente en los instrumentos de desarrollo territorial, puede constituir una herramienta
efectiva para la cohesión social, la equidad económica y la resiliencia comunitaria, consolidando
su papel como eje articulador del desarrollo local en el Ecuador del siglo XXI.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo descriptivo y documental, orientado a
examinar el nivel de incorporación de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en los Planes
Cantonales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Ecuador. La investigación se
fundamenta en la revisión sistemática de 25 planes cantonales representativos de distintas
regiones del país, seleccionados según criterios de diversidad territorial, tamaño poblacional y
estructura productiva. Las fuentes primarias corresponden a los documentos oficiales disponibles
en el portal del Consejo Nacional de Competencias (CNC) y del Sistema Nacional de Información
(SNI), mientras que las fuentes secundarias incluyen literatura académica y normativa emitida
por la SENPLADES, el MIES y la CEPAL (SENPLADES, 2017; MIES, 2023; CEPAL, 2022).
Para el tratamiento de la información, se empleó un análisis de contenido cualitativo
mediante codificación temática, identificando categorías vinculadas a los principios de la EPS
(solidaridad, equidad, participación y sustentabilidad). Posteriormente, se elaboraron matrices
comparativas que permitieron determinar el grado de inclusión de la economía solidaria en la
planificación cantonal, así como las estrategias y limitaciones más recurrentes. Finalmente, los
resultados fueron sistematizados en tablas analíticas que sintetizan la presencia, intensidad y
coherencia de las acciones vinculadas a la EPS en los distintos planes territoriales del país.
RESULTADOS
Tabla 1
Presencia de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en los Planes Cantonales de Desarrollo
(2017–2024)
Categoría de análisis Alta inclusión Parcial inclusión Sin inclusión
Cooperativismo productivo 36% 48% 16%
Participación comunitaria 42% 38% 20%
Financiamiento solidario 28% 44% 28%
Políticas de comercialización 30% 40% 30%
Formación y capacitación 52% 32% 16%
Los datos reflejan que la integración de la EPS en los planes cantonales ecuatorianos
presenta una heterogeneidad considerable entre territorios. Aunque el 52 % de los planes incluyen
la planificación pública hacia modelos más inclusivos, participativos y sostenibles. En última
instancia, este estudio aspira a demostrar que la Economía Popular y Solidaria, cuando se integra
adecuadamente en los instrumentos de desarrollo territorial, puede constituir una herramienta
efectiva para la cohesión social, la equidad económica y la resiliencia comunitaria, consolidando
su papel como eje articulador del desarrollo local en el Ecuador del siglo XXI.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo descriptivo y documental, orientado a
examinar el nivel de incorporación de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en los Planes
Cantonales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Ecuador. La investigación se
fundamenta en la revisión sistemática de 25 planes cantonales representativos de distintas
regiones del país, seleccionados según criterios de diversidad territorial, tamaño poblacional y
estructura productiva. Las fuentes primarias corresponden a los documentos oficiales disponibles
en el portal del Consejo Nacional de Competencias (CNC) y del Sistema Nacional de Información
(SNI), mientras que las fuentes secundarias incluyen literatura académica y normativa emitida
por la SENPLADES, el MIES y la CEPAL (SENPLADES, 2017; MIES, 2023; CEPAL, 2022).
Para el tratamiento de la información, se empleó un análisis de contenido cualitativo
mediante codificación temática, identificando categorías vinculadas a los principios de la EPS
(solidaridad, equidad, participación y sustentabilidad). Posteriormente, se elaboraron matrices
comparativas que permitieron determinar el grado de inclusión de la economía solidaria en la
planificación cantonal, así como las estrategias y limitaciones más recurrentes. Finalmente, los
resultados fueron sistematizados en tablas analíticas que sintetizan la presencia, intensidad y
coherencia de las acciones vinculadas a la EPS en los distintos planes territoriales del país.
RESULTADOS
Tabla 1
Presencia de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en los Planes Cantonales de Desarrollo
(2017–2024)
Categoría de análisis Alta inclusión Parcial inclusión Sin inclusión
Cooperativismo productivo 36% 48% 16%
Participación comunitaria 42% 38% 20%
Financiamiento solidario 28% 44% 28%
Políticas de comercialización 30% 40% 30%
Formación y capacitación 52% 32% 16%
Los datos reflejan que la integración de la EPS en los planes cantonales ecuatorianos
presenta una heterogeneidad considerable entre territorios. Aunque el 52 % de los planes incluyen
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1568
estrategias de formación solidaria, solo el 28 % incorporan mecanismos de financiamiento
cooperativo. Este desequilibrio evidencia la persistente dependencia de fondos externos y la
escasa autonomía de las economías locales. La alta participación comunitaria (42 %) sugiere un
reconocimiento de la EPS como herramienta de cohesión social, pero la falta de políticas de
comercialización limita su efectividad. Estos resultados coinciden con las observaciones del
MIES (2023) y la CEPAL (2022), que destacan la débil articulación entre planificación y
ejecución. En síntesis, la EPS se menciona en la mayoría de los PDOT, pero su implementación
práctica sigue siendo parcial y fragmentada.
Tabla 2
Mecanismos institucionales de apoyo a la EPS por región del Ecuador
Región Programas
locales de EPS
Convenios
interinstitucionales
Fondos de
apoyo
Nivel de
articulación (1–5)
Costa 14 9 6 3.2
Sierra 18 15 11 4.1
Amazonía 8 6 3 2.8
Insular 3 2 1 2.4
La Sierra ecuatoriana se posiciona como la región con mayor institucionalización de la
economía solidaria, reflejada en un nivel de articulación promedio de 4.1. En contraste, las
provincias amazónicas e insulares presentan una integración más débil debido a la dispersión
territorial y la limitada infraestructura administrativa. La Costa mantiene una presencia
intermedia, impulsada por cooperativas agrícolas y asociaciones pesqueras locales. Estas
diferencias regionales revelan la necesidad de estrategias adaptadas a la realidad socioeconómica
de cada zona. Según SENPLADES (2017) y Coraggio (2014), la descentralización efectiva
requiere marcos institucionales diferenciados que promuevan la participación solidaria en todos
los niveles. Los resultados sugieren que el fortalecimiento de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) es esencial para consolidar un sistema nacional de economía popular y
solidaria integrado y sostenible.
Tabla 3
Sectores prioritarios de implementación de la EPS en los PDOT (2017–2024)
Sector Proyectos
identificados
Grado de
ejecución (%) Principales limitaciones
Agricultura y
agroindustria 56 68 Falta de crédito y
asistencia técnica
Turismo comunitario 22 54 Escasa promoción y
conectividad
estrategias de formación solidaria, solo el 28 % incorporan mecanismos de financiamiento
cooperativo. Este desequilibrio evidencia la persistente dependencia de fondos externos y la
escasa autonomía de las economías locales. La alta participación comunitaria (42 %) sugiere un
reconocimiento de la EPS como herramienta de cohesión social, pero la falta de políticas de
comercialización limita su efectividad. Estos resultados coinciden con las observaciones del
MIES (2023) y la CEPAL (2022), que destacan la débil articulación entre planificación y
ejecución. En síntesis, la EPS se menciona en la mayoría de los PDOT, pero su implementación
práctica sigue siendo parcial y fragmentada.
Tabla 2
Mecanismos institucionales de apoyo a la EPS por región del Ecuador
Región Programas
locales de EPS
Convenios
interinstitucionales
Fondos de
apoyo
Nivel de
articulación (1–5)
Costa 14 9 6 3.2
Sierra 18 15 11 4.1
Amazonía 8 6 3 2.8
Insular 3 2 1 2.4
La Sierra ecuatoriana se posiciona como la región con mayor institucionalización de la
economía solidaria, reflejada en un nivel de articulación promedio de 4.1. En contraste, las
provincias amazónicas e insulares presentan una integración más débil debido a la dispersión
territorial y la limitada infraestructura administrativa. La Costa mantiene una presencia
intermedia, impulsada por cooperativas agrícolas y asociaciones pesqueras locales. Estas
diferencias regionales revelan la necesidad de estrategias adaptadas a la realidad socioeconómica
de cada zona. Según SENPLADES (2017) y Coraggio (2014), la descentralización efectiva
requiere marcos institucionales diferenciados que promuevan la participación solidaria en todos
los niveles. Los resultados sugieren que el fortalecimiento de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) es esencial para consolidar un sistema nacional de economía popular y
solidaria integrado y sostenible.
Tabla 3
Sectores prioritarios de implementación de la EPS en los PDOT (2017–2024)
Sector Proyectos
identificados
Grado de
ejecución (%) Principales limitaciones
Agricultura y
agroindustria 56 68 Falta de crédito y
asistencia técnica
Turismo comunitario 22 54 Escasa promoción y
conectividad
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1569
Artesanías y
manufactura local 41 61 Limitado acceso a
mercados
Comercio justo y ferias
locales 19 47 Baja formalización
Educación y formación
solidaria 33 72 Déficit de recursos
pedagógicos
Los resultados muestran que la EPS tiene mayor impacto en los sectores agroproductivo y
educativo, donde se ejecutan más del 60 % de los proyectos identificados. Sin embargo, la falta
de financiamiento, acompañamiento técnico y canales de comercialización obstaculiza su
sostenibilidad. Las iniciativas de turismo comunitario y comercio justo reflejan un potencial de
crecimiento que requiere mejor articulación interinstitucional. De acuerdo con el PNUD (2022) y
la CEPAL (2021), estos sectores son clave para dinamizar las economías locales bajo modelos
sostenibles e inclusivos. La alta ejecución en formación solidaria demuestra avances en la
concienciación ciudadana, pero no necesariamente en la creación de circuitos económicos
estables. Por tanto, se evidencia una desconexión entre la planificación y la consolidación
productiva de los emprendimientos solidarios.
Tabla 4
Obstáculos estructurales para la consolidación de la EPS en la planificación cantonal
Tipo de obstáculo Frecuencia
(%) Descripción
Falta de financiamiento 64 Ausencia de fondos específicos y líneas de
crédito.
Débil coordinación
institucional 59 Escasa articulación entre GAD, MIES y
SENPLADES.
Limitada capacidad técnica 53 Deficiencias en la gestión de proyectos
solidarios.
Informalidad productiva 48 Predominio de unidades sin registro legal.
Escasa evaluación de
resultados 42 Carencia de indicadores de seguimiento.
La investigación revela que los principales obstáculos para la implementación de la EPS
en los PDOT son de carácter estructural e institucional. La falta de financiamiento (64 %) y la
débil coordinación entre organismos públicos (59 %) limitan la efectividad de las políticas
solidarias. Además, la informalidad productiva persiste como un problema transversal que impide
el acceso a mercados formales y a crédito. La escasa evaluación de resultados refleja una ausencia
de sistemas de monitoreo y de rendición de cuentas. Estas debilidades concuerdan con los
Artesanías y
manufactura local 41 61 Limitado acceso a
mercados
Comercio justo y ferias
locales 19 47 Baja formalización
Educación y formación
solidaria 33 72 Déficit de recursos
pedagógicos
Los resultados muestran que la EPS tiene mayor impacto en los sectores agroproductivo y
educativo, donde se ejecutan más del 60 % de los proyectos identificados. Sin embargo, la falta
de financiamiento, acompañamiento técnico y canales de comercialización obstaculiza su
sostenibilidad. Las iniciativas de turismo comunitario y comercio justo reflejan un potencial de
crecimiento que requiere mejor articulación interinstitucional. De acuerdo con el PNUD (2022) y
la CEPAL (2021), estos sectores son clave para dinamizar las economías locales bajo modelos
sostenibles e inclusivos. La alta ejecución en formación solidaria demuestra avances en la
concienciación ciudadana, pero no necesariamente en la creación de circuitos económicos
estables. Por tanto, se evidencia una desconexión entre la planificación y la consolidación
productiva de los emprendimientos solidarios.
Tabla 4
Obstáculos estructurales para la consolidación de la EPS en la planificación cantonal
Tipo de obstáculo Frecuencia
(%) Descripción
Falta de financiamiento 64 Ausencia de fondos específicos y líneas de
crédito.
Débil coordinación
institucional 59 Escasa articulación entre GAD, MIES y
SENPLADES.
Limitada capacidad técnica 53 Deficiencias en la gestión de proyectos
solidarios.
Informalidad productiva 48 Predominio de unidades sin registro legal.
Escasa evaluación de
resultados 42 Carencia de indicadores de seguimiento.
La investigación revela que los principales obstáculos para la implementación de la EPS
en los PDOT son de carácter estructural e institucional. La falta de financiamiento (64 %) y la
débil coordinación entre organismos públicos (59 %) limitan la efectividad de las políticas
solidarias. Además, la informalidad productiva persiste como un problema transversal que impide
el acceso a mercados formales y a crédito. La escasa evaluación de resultados refleja una ausencia
de sistemas de monitoreo y de rendición de cuentas. Estas debilidades concuerdan con los
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1570
hallazgos de Dávalos (2020) y Bautista y Espinoza (2022), quienes sostienen que la sostenibilidad
de la EPS depende de su articulación con políticas territoriales de largo plazo. En consecuencia,
fortalecer la gobernanza y los instrumentos financieros locales constituye una condición necesaria
para garantizar la permanencia y eficacia del modelo solidario
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos evidencian que la Economía Popular y Solidaria (EPS), a pesar
de su reconocimiento normativo como un eje esencial del desarrollo territorial en el Ecuador,
continúa enfrentando limitaciones estructurales, técnicas e institucionales que obstaculizan su
consolidación dentro de los instrumentos de planificación local. Aunque la Constitución de 2008
y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de 2011 establecen un marco jurídico robusto,
la revisión de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) pone de manifiesto
una distancia considerable entre el discurso normativo y la práctica de gestión pública. Este
desajuste coincide con las observaciones realizadas por Brito y Zamora (2021) y por el Ministerio
de Inclusión Económica y Social (MIES, 2023), quienes subrayan la carencia de articulación entre
los distintos niveles de gobierno, la débil coordinación interinstitucional y la escasa vinculación
de las organizaciones de base en los procesos de planificación territorial.
Al analizar la dimensión territorial, se constata la existencia de profundas asimetrías
regionales. Las provincias de la Sierra, caracterizadas por una estructura institucional más
desarrollada y por mayores capacidades técnicas, muestran avances significativos en la
implementación de programas solidarios. En contraposición, las regiones amazónicas y costeras
evidencian un bajo nivel de ejecución, condicionado por dificultades en la gestión local,
precariedad financiera y una reducida presencia organizativa. Estas desigualdades coinciden con
las conclusiones de la CEPAL (2022) y del PNUD (2022), que insisten en la necesidad de
fortalecer la descentralización efectiva y de adaptar las políticas de economía social a las
particularidades de cada territorio. Además, Coraggio (2014) y Dávalos (2020) advierten que la
falta de fondos específicos, junto con la limitada formación técnica de los actores comunitarios,
restringe el alcance de la EPS, impidiendo que esta trascienda su carácter discursivo y se
transforme en una herramienta real de dinamización productiva y cohesión social.
Por otro lado, la investigación revela una debilidad institucional significativa en materia de
monitoreo y evaluación. La mayoría de los gobiernos locales no dispone de mecanismos
sistemáticos para medir los efectos de la EPS sobre la generación de empleo, la inclusión
financiera o la reducción de la pobreza. Bautista y Espinoza (2022) destacan que la carencia de
indicadores verificables y de metodologías de seguimiento dificulta la transparencia y obstaculiza
la retroalimentación de las políticas públicas. En consecuencia, la economía solidaria suele ser
mencionada en los PDOT de manera retórica o simbólica, sin que su presencia se traduzca en
proyectos concretos ni en presupuestos asignados que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.
hallazgos de Dávalos (2020) y Bautista y Espinoza (2022), quienes sostienen que la sostenibilidad
de la EPS depende de su articulación con políticas territoriales de largo plazo. En consecuencia,
fortalecer la gobernanza y los instrumentos financieros locales constituye una condición necesaria
para garantizar la permanencia y eficacia del modelo solidario
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos evidencian que la Economía Popular y Solidaria (EPS), a pesar
de su reconocimiento normativo como un eje esencial del desarrollo territorial en el Ecuador,
continúa enfrentando limitaciones estructurales, técnicas e institucionales que obstaculizan su
consolidación dentro de los instrumentos de planificación local. Aunque la Constitución de 2008
y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de 2011 establecen un marco jurídico robusto,
la revisión de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) pone de manifiesto
una distancia considerable entre el discurso normativo y la práctica de gestión pública. Este
desajuste coincide con las observaciones realizadas por Brito y Zamora (2021) y por el Ministerio
de Inclusión Económica y Social (MIES, 2023), quienes subrayan la carencia de articulación entre
los distintos niveles de gobierno, la débil coordinación interinstitucional y la escasa vinculación
de las organizaciones de base en los procesos de planificación territorial.
Al analizar la dimensión territorial, se constata la existencia de profundas asimetrías
regionales. Las provincias de la Sierra, caracterizadas por una estructura institucional más
desarrollada y por mayores capacidades técnicas, muestran avances significativos en la
implementación de programas solidarios. En contraposición, las regiones amazónicas y costeras
evidencian un bajo nivel de ejecución, condicionado por dificultades en la gestión local,
precariedad financiera y una reducida presencia organizativa. Estas desigualdades coinciden con
las conclusiones de la CEPAL (2022) y del PNUD (2022), que insisten en la necesidad de
fortalecer la descentralización efectiva y de adaptar las políticas de economía social a las
particularidades de cada territorio. Además, Coraggio (2014) y Dávalos (2020) advierten que la
falta de fondos específicos, junto con la limitada formación técnica de los actores comunitarios,
restringe el alcance de la EPS, impidiendo que esta trascienda su carácter discursivo y se
transforme en una herramienta real de dinamización productiva y cohesión social.
Por otro lado, la investigación revela una debilidad institucional significativa en materia de
monitoreo y evaluación. La mayoría de los gobiernos locales no dispone de mecanismos
sistemáticos para medir los efectos de la EPS sobre la generación de empleo, la inclusión
financiera o la reducción de la pobreza. Bautista y Espinoza (2022) destacan que la carencia de
indicadores verificables y de metodologías de seguimiento dificulta la transparencia y obstaculiza
la retroalimentación de las políticas públicas. En consecuencia, la economía solidaria suele ser
mencionada en los PDOT de manera retórica o simbólica, sin que su presencia se traduzca en
proyectos concretos ni en presupuestos asignados que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.
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Desde una perspectiva internacional, las lecciones son claras. El Banco Mundial (2023), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) y la Red de Economía Social de América
Latina (2021) enfatizan que el éxito de la institucionalización de la economía solidaria depende
de la existencia de marcos financieros territoriales, de incentivos tributarios y crediticios, así como
de políticas permanentes de capacitación y asistencia técnica. En este sentido, las experiencias
desarrolladas en Brasil y Colombia muestran que la cooperación entre gobiernos locales, redes
cooperativas y entidades financieras de desarrollo puede generar ecosistemas productivos
inclusivos y sostenibles, capaces de potenciar la economía regional (Coraggio, 2014;
Llumiquinga & Morales, 2022). Dichos casos también evidencian que la digitalización de los
procesos administrativos y productivos incrementa la transparencia, promueve la innovación y
amplía la participación ciudadana en la gestión económica.
En el contexto ecuatoriano, la consolidación de la EPS requiere avanzar hacia una
gobernanza multinivel más articulada, donde los objetivos nacionales de desarrollo se conecten
efectivamente con las prioridades locales. Lograrlo implica instaurar mecanismos permanentes
de coordinación entre ministerios, gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones
comunitarias, garantizando la coherencia entre la planificación, la asignación de recursos y la
evaluación de resultados. Asimismo, se torna imprescindible fortalecer los fondos de fomento
solidario, diseñar instrumentos financieros adaptados a la realidad de los emprendimientos
cooperativos y consolidar la educación cooperativa como un componente estructural de la política
pública.
Por añadidura, la transformación digital debe ser asumida como una herramienta estratégica
para modernizar la economía solidaria, mejorar la competitividad y facilitar el acceso a mercados
más amplios. Tal proceso no solo promueve la inclusión financiera, sino que además refuerza la
trazabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos comunitarios. Estas conclusiones coinciden
con las recomendaciones de la CEPAL (2022) y del MIES (2023), que proponen un modelo de
planificación territorial participativa, inclusiva y con enfoque sostenible. En definitiva, solo
mediante una acción pública coherente, respaldada por recursos suficientes, acompañamiento
técnico y participación ciudadana activa, la EPS podrá consolidarse como un mecanismo efectivo
de equidad económica, justicia social y desarrollo territorial sostenible en el Ecuador.
CONCLUSIONES
El análisis realizado demuestra que la Economía Popular y Solidaria (EPS), pese a su
reconocimiento constitucional y legal, aún enfrenta limitaciones estructurales para consolidarse
como un eje transversal en la planificación cantonal ecuatoriana. Los resultados evidencian
avances significativos en aspectos de participación y formación comunitaria, pero una débil
institucionalización y escaso financiamiento restringen su impacto en el desarrollo territorial.
Desde una perspectiva internacional, las lecciones son claras. El Banco Mundial (2023), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) y la Red de Economía Social de América
Latina (2021) enfatizan que el éxito de la institucionalización de la economía solidaria depende
de la existencia de marcos financieros territoriales, de incentivos tributarios y crediticios, así como
de políticas permanentes de capacitación y asistencia técnica. En este sentido, las experiencias
desarrolladas en Brasil y Colombia muestran que la cooperación entre gobiernos locales, redes
cooperativas y entidades financieras de desarrollo puede generar ecosistemas productivos
inclusivos y sostenibles, capaces de potenciar la economía regional (Coraggio, 2014;
Llumiquinga & Morales, 2022). Dichos casos también evidencian que la digitalización de los
procesos administrativos y productivos incrementa la transparencia, promueve la innovación y
amplía la participación ciudadana en la gestión económica.
En el contexto ecuatoriano, la consolidación de la EPS requiere avanzar hacia una
gobernanza multinivel más articulada, donde los objetivos nacionales de desarrollo se conecten
efectivamente con las prioridades locales. Lograrlo implica instaurar mecanismos permanentes
de coordinación entre ministerios, gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones
comunitarias, garantizando la coherencia entre la planificación, la asignación de recursos y la
evaluación de resultados. Asimismo, se torna imprescindible fortalecer los fondos de fomento
solidario, diseñar instrumentos financieros adaptados a la realidad de los emprendimientos
cooperativos y consolidar la educación cooperativa como un componente estructural de la política
pública.
Por añadidura, la transformación digital debe ser asumida como una herramienta estratégica
para modernizar la economía solidaria, mejorar la competitividad y facilitar el acceso a mercados
más amplios. Tal proceso no solo promueve la inclusión financiera, sino que además refuerza la
trazabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos comunitarios. Estas conclusiones coinciden
con las recomendaciones de la CEPAL (2022) y del MIES (2023), que proponen un modelo de
planificación territorial participativa, inclusiva y con enfoque sostenible. En definitiva, solo
mediante una acción pública coherente, respaldada por recursos suficientes, acompañamiento
técnico y participación ciudadana activa, la EPS podrá consolidarse como un mecanismo efectivo
de equidad económica, justicia social y desarrollo territorial sostenible en el Ecuador.
CONCLUSIONES
El análisis realizado demuestra que la Economía Popular y Solidaria (EPS), pese a su
reconocimiento constitucional y legal, aún enfrenta limitaciones estructurales para consolidarse
como un eje transversal en la planificación cantonal ecuatoriana. Los resultados evidencian
avances significativos en aspectos de participación y formación comunitaria, pero una débil
institucionalización y escaso financiamiento restringen su impacto en el desarrollo territorial.
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Asimismo, las diferencias regionales reflejan la necesidad de políticas diferenciadas que
respondan a las realidades socioeconómicas locales.
Se concluye que fortalecer la gobernanza local, crear instrumentos financieros solidarios y
promover la articulación entre los gobiernos autónomos descentralizados, el MIES y las redes
cooperativas son condiciones indispensables para institucionalizar la EPS. Su plena integración
en los Planes Cantonales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) no solo potenciaría
la cohesión social y económica, sino que también consolidaría un modelo de desarrollo territorial
más equitativo, sostenible e inclusivo en el Ecuador contemporáneo.
Asimismo, las diferencias regionales reflejan la necesidad de políticas diferenciadas que
respondan a las realidades socioeconómicas locales.
Se concluye que fortalecer la gobernanza local, crear instrumentos financieros solidarios y
promover la articulación entre los gobiernos autónomos descentralizados, el MIES y las redes
cooperativas son condiciones indispensables para institucionalizar la EPS. Su plena integración
en los Planes Cantonales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) no solo potenciaría
la cohesión social y económica, sino que también consolidaría un modelo de desarrollo territorial
más equitativo, sostenible e inclusivo en el Ecuador contemporáneo.
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