Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3153
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.1139
Trabajo infantil en Colombia: análisis normativo y desafíos
para su erradicación
Child labor in Colombia: regulatory analysis and challenges for its eradication
María Fernanda Gutiérrez Galindo
mgutierrez164@estudiantes.areandina.edu.co
Fundación universitaria del Área Andina
Bogotá – Colombia
Álvaro Andrés Samper Jaramillo
asamper3@estudiantes.areandina.edu.co
Fundación universitaria del Área Andina
Bogotá – Colombia
Artículo recibido: 10 mayo 2025 - Aceptado para publicación: 20 junio 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
Este artículo analiza el trabajo infantil en Colombia desde una perspectiva normativa y su
erradicación, sin dejar de lado el impacto que tiene en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y
adolescentes. Para ello, se examina la normativa nacional, incluyendo la Constitución Política
de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia y la jurisprudencia relevante. Asimismo, se
considera el marco normativo internacional, con regulaciones establecidas por organismos
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual establece que la edad mínima
para que un menor de edad pueda trabajar es de 15 años, según el Convenio 138 (Organización
Internacional del Trabajo, 1973). A pesar del marco normativo vigente que busca erradicar
esta problemática, la explotación laboral infantil sigue siendo una realidad, especialmente en
contextos de pobreza y vulnerabilidad. No obstante, se destaca el esfuerzo de entidades como el
Ministerio del Trabajo y la UNESCO en la lucha contra el trabajo infantil y en la protección de
los derechos fundamentales de la niñez.
Palabras Claves: trabajo infantil, Colombia, normativa, derechos de la niñez,
explotación laboral
ABSTRACT
This article analyzes child labor in Colombia from a regulatory perspective and its eradication,
without neglecting its impact on the development and well-being of children and adolescents. To
this end, it examines national regulations, including the Colombian Political Constitution, the
Code of Childhood and Adolescence, and relevant jurisprudence. It also considers the
international regulatory framework, with regulations established by organizations such as the
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International Labor Organization (ILO), which establishes that the minimum age for minors to
work is 15, according to Convention 138 (International Labor Organization, 1973). Despite the
current regulatory framework that seeks to eradicate this problem, child labor exploitation remains
a reality, especially in contexts of poverty and vulnerability. However, the efforts of entities such
as the Ministry of Labor and UNESCO in the fight against child labor and the protection of
children's fundamental rights are highlighted.
Keywords: child labor, Colombia, regulations, children's rights, labor exploitation
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
International Labor Organization (ILO), which establishes that the minimum age for minors to
work is 15, according to Convention 138 (International Labor Organization, 1973). Despite the
current regulatory framework that seeks to eradicate this problem, child labor exploitation remains
a reality, especially in contexts of poverty and vulnerability. However, the efforts of entities such
as the Ministry of Labor and UNESCO in the fight against child labor and the protection of
children's fundamental rights are highlighted.
Keywords: child labor, Colombia, regulations, children's rights, labor exploitation
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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3155
INTRODUCCIÓN
El trabajo realizado por personas menores de 15 años está prohibido, ya que se considera
trabajo infantil. Esta prohibición busca garantizar el desarrollo físico y psicológico de niños,
niñas y adolescentes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado
normativas para erradicar esta problemática, destacándose los Convenios 138, que regula la
edad mínima de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 1973) y Convenio 182 sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación
(Organización Internacional del Trabajo, 1999).
En el ámbito colombiano, la normativa nacional también desempeña un papel clave en la
protección de los derechos de la infancia. Instrumentos como el artículo 44 de la Constitución
Política (1991), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la jurisprudencia
vigente refuerzan la prohibición del trabajo infantil y buscan su erradicación.
Sin embargo, la explotación y el trabajo infantil en Colombia aún persisten, lo que no
solo vulnera la normativa legal, sino que también afecta el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes (NNA). La pobreza y la constante vulneración de derechos reflejan una
problemática estructural en el contexto social y económico del país.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Trabajo y de organismos internacionales como
la UNESCO, la erradicación del trabajo infantil sigue siendo un desafío. Muchos niños
continúan siendo explotados en actividades que, en algunos casos, pueden estar vinculadas a
sectores ilícitos. No obstante, la UNESCO juega un papel fundamental en la protección de los
derechos fundamentales de la infancia a nivel global, promoviendo la igualdad de
oportunidades (UNESCO, 1995).
En este artículo se presenta un análisis detallado sobre la efectividad de la normativa
nacional e internacional en la erradicación del trabajo infantil en Colombia
Marco Teórico
El trabajo infantil ha sido un problema persistente a lo largo de los años y, aunque se han
implementado normativas nacionales e internacionales para regularlo, sigue siendo una realidad
preocupante.
Para comprender mejor este fenómeno, es fundamental definir qué se entiende por trabajo
infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como "toda actividad laboral
que priva a los niños y niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para
su desarrollo físico y psicológico" (OIT, 1999). Esta definición permite diferenciar el trabajo
infantil del trabajo
permitido, ya que, en ciertos casos, los niños, niñas y adolescentes (NNA) pueden
desempeñar actividades remuneradas siempre que estas sean apropiadas para su edad y no
afecten su desarrollo ni sus derechos fundamentales.
INTRODUCCIÓN
El trabajo realizado por personas menores de 15 años está prohibido, ya que se considera
trabajo infantil. Esta prohibición busca garantizar el desarrollo físico y psicológico de niños,
niñas y adolescentes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado
normativas para erradicar esta problemática, destacándose los Convenios 138, que regula la
edad mínima de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 1973) y Convenio 182 sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación
(Organización Internacional del Trabajo, 1999).
En el ámbito colombiano, la normativa nacional también desempeña un papel clave en la
protección de los derechos de la infancia. Instrumentos como el artículo 44 de la Constitución
Política (1991), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la jurisprudencia
vigente refuerzan la prohibición del trabajo infantil y buscan su erradicación.
Sin embargo, la explotación y el trabajo infantil en Colombia aún persisten, lo que no
solo vulnera la normativa legal, sino que también afecta el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes (NNA). La pobreza y la constante vulneración de derechos reflejan una
problemática estructural en el contexto social y económico del país.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Trabajo y de organismos internacionales como
la UNESCO, la erradicación del trabajo infantil sigue siendo un desafío. Muchos niños
continúan siendo explotados en actividades que, en algunos casos, pueden estar vinculadas a
sectores ilícitos. No obstante, la UNESCO juega un papel fundamental en la protección de los
derechos fundamentales de la infancia a nivel global, promoviendo la igualdad de
oportunidades (UNESCO, 1995).
En este artículo se presenta un análisis detallado sobre la efectividad de la normativa
nacional e internacional en la erradicación del trabajo infantil en Colombia
Marco Teórico
El trabajo infantil ha sido un problema persistente a lo largo de los años y, aunque se han
implementado normativas nacionales e internacionales para regularlo, sigue siendo una realidad
preocupante.
Para comprender mejor este fenómeno, es fundamental definir qué se entiende por trabajo
infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como "toda actividad laboral
que priva a los niños y niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para
su desarrollo físico y psicológico" (OIT, 1999). Esta definición permite diferenciar el trabajo
infantil del trabajo
permitido, ya que, en ciertos casos, los niños, niñas y adolescentes (NNA) pueden
desempeñar actividades remuneradas siempre que estas sean apropiadas para su edad y no
afecten su desarrollo ni sus derechos fundamentales.
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Es fundamental analizar la situación del trabajo infantil en Colombia y cómo se ha
intentado regular a través de la legislación. El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006) establece que "se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años y se regula el trabajo de
adolescentes entre 15 y 17 años bajo estrictas condiciones".
Sin embargo, aunque esta busca controlar normativamente una problemática arraigada
social, la realidad cambia mucho de lo establecido en la ley. A pesar de que algunos niños,
niñas y adolescentes (NNA) solicitan los permisos correspondientes para trabajar en
condiciones adecuadas que no afectan su desarrollo físico y psicológico, el trabajo infantil
persiste en formas ilegales. En muchos casos, los menores son explotados laboralmente debido
a que representan una mano de obra más barata y están expuestos a condiciones precarias sin
garantías de protección.
Ahora bien, es importante analizar la armonización entre la legislación nacional e
internacional en materia de trabajo infantil. En este sentido los Convenios 138, que regula la
edad mínima de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 1973) y Convenio 182 sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación
(Organización Internacional del Trabajo, 1999). han servido como marco orientador para la
normativa colombiana.
El Convenio N.º 138 que regula la edad mínima de trabajo (Organización Internacional
del Trabajo, 1973) establece la edad mínima es de 15 años para la admisión al empleo,
buscando garantizar que ningún niño, niña o adolescente (NNA) inicie actividades laborales en
una etapa que pueda afectar su desarrollo. Por otra parte el Convenio N.º 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1999, establece la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y exige acciones inmediatas para su eliminación. Su objetivo principal
es proteger a los menores de situaciones de explotación y abuso, garantizando su bienestar y
desarrollo integral (Organización Internacional del Trabajo, 1999).
Ambosinstrumentos internacionales tienen como base la protección del desarrollo integral
de los NNA, tanto en el ámbito físico como psicológico. En consecuencia, han influido en la
legislación colombiana, orientando su regulación para garantizar condiciones laborales
adecuadas y la erradicación progresiva del trabajo infantil en el país.
A pesar de la existencia de diversas herramientas normativas tanto a nivel nacional como
internacional, la problemática del trabajo infantil persiste en Colombia. Su erradicación no ha
sido completamente efectiva debido a múltiples barreras que limitan la aplicación de las
normativas. Aunque entidades como el Ministerio del Trabajo buscan monitorear y controlar
esta situación, su trabajo se ve obstaculizado por factores económicos, culturales,
educativos e institucionales, enmarcados en la diversidad de la población y la realidad social del
país.
A continuación, se analizan las principales barreras que dificultan la erradicación del
Es fundamental analizar la situación del trabajo infantil en Colombia y cómo se ha
intentado regular a través de la legislación. El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006) establece que "se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años y se regula el trabajo de
adolescentes entre 15 y 17 años bajo estrictas condiciones".
Sin embargo, aunque esta busca controlar normativamente una problemática arraigada
social, la realidad cambia mucho de lo establecido en la ley. A pesar de que algunos niños,
niñas y adolescentes (NNA) solicitan los permisos correspondientes para trabajar en
condiciones adecuadas que no afectan su desarrollo físico y psicológico, el trabajo infantil
persiste en formas ilegales. En muchos casos, los menores son explotados laboralmente debido
a que representan una mano de obra más barata y están expuestos a condiciones precarias sin
garantías de protección.
Ahora bien, es importante analizar la armonización entre la legislación nacional e
internacional en materia de trabajo infantil. En este sentido los Convenios 138, que regula la
edad mínima de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 1973) y Convenio 182 sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación
(Organización Internacional del Trabajo, 1999). han servido como marco orientador para la
normativa colombiana.
El Convenio N.º 138 que regula la edad mínima de trabajo (Organización Internacional
del Trabajo, 1973) establece la edad mínima es de 15 años para la admisión al empleo,
buscando garantizar que ningún niño, niña o adolescente (NNA) inicie actividades laborales en
una etapa que pueda afectar su desarrollo. Por otra parte el Convenio N.º 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1999, establece la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y exige acciones inmediatas para su eliminación. Su objetivo principal
es proteger a los menores de situaciones de explotación y abuso, garantizando su bienestar y
desarrollo integral (Organización Internacional del Trabajo, 1999).
Ambosinstrumentos internacionales tienen como base la protección del desarrollo integral
de los NNA, tanto en el ámbito físico como psicológico. En consecuencia, han influido en la
legislación colombiana, orientando su regulación para garantizar condiciones laborales
adecuadas y la erradicación progresiva del trabajo infantil en el país.
A pesar de la existencia de diversas herramientas normativas tanto a nivel nacional como
internacional, la problemática del trabajo infantil persiste en Colombia. Su erradicación no ha
sido completamente efectiva debido a múltiples barreras que limitan la aplicación de las
normativas. Aunque entidades como el Ministerio del Trabajo buscan monitorear y controlar
esta situación, su trabajo se ve obstaculizado por factores económicos, culturales,
educativos e institucionales, enmarcados en la diversidad de la población y la realidad social del
país.
A continuación, se analizan las principales barreras que dificultan la erradicación del
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trabajo infantil en Colombia:
1. Barrera económica: En muchas familias, el trabajo infantil representa una fuente de
ingresos necesaria para garantizar su sustento. La precariedad económica obliga a niños,
niñas y adolescentes (NNA) a contribuir financieramente, lo que impide que su desarrollo
integral esté plenamente protegido.
2. Barrera cultural: La diversidad cultural de Colombia influye en la persistencia del
trabajo infantil, ya que en algunas comunidades esta práctica es vista como parte de su
tradición y forma de vida, lo que dificulta su eliminación.
3. Barrera educativa: La falta de acceso a una educación de calidad sigue siendo un
problema en Colombia. La vulneración del derecho a la educación, la insuficiencia de
oportunidades y las dificultades para garantizar la permanencia en el sistema educativo
llevan a muchos NNA a ingresar prematuramente al mundo laboral.
4. Barrera institucional: Aunque existen entidades encargadas de hacer cumplir la
legislación nacional e internacional, su actuación es deficiente. La falta de control
efectivo y de estrategias contundentes evidencia la debilidad institucional en la lucha
contra el trabajo infantil.
Con base en las barreras identificadas para la erradicación del trabajo infantil, es posible
proponer estrategias que permitan un cumplimiento más efectivo de las normativas y la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Algunas de estas propuestas
incluyen:
1. Fortalecimiento de la inspección y sanción : Implementar mecanismos más rigurosos
de inspección laboral y aplicar sanciones efectivas a quienes empleen trabajo infantil,
asegurando el cumplimiento de la legislación vigente.
2. Apoyo económico a familias vulnerables : Diseñar e implementar programas de
subsidios y apoyo financiero para familias en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de
reducir la necesidad de recurrir al trabajo infantil como fuente de ingresos.
3. Mejoras en el acceso y calidad educativa : Fortalecer el sistema educativo público y
privado, garantizando el acceso y la permanencia de los NNA en la educación. Esto
incluye la ampliación de cobertura, la mejora de infraestructura y la implementación de
programas de incentivos para evitar la deserción escolar.
4. Campañas de concienciación y prevención Desarrollar estrategias de sensibilización
dirigidas a la población sobre la normatividad en materia de trabajo infantil, sus
consecuencias y la importancia de su erradicación. Estas campañas deben estar
enfocadas en la prevención y el cambio de percepciones culturales que normalizan esta
práctica.
La implementación de estas propuestas permitiría avanzar en la erradicación del trabajo
trabajo infantil en Colombia:
1. Barrera económica: En muchas familias, el trabajo infantil representa una fuente de
ingresos necesaria para garantizar su sustento. La precariedad económica obliga a niños,
niñas y adolescentes (NNA) a contribuir financieramente, lo que impide que su desarrollo
integral esté plenamente protegido.
2. Barrera cultural: La diversidad cultural de Colombia influye en la persistencia del
trabajo infantil, ya que en algunas comunidades esta práctica es vista como parte de su
tradición y forma de vida, lo que dificulta su eliminación.
3. Barrera educativa: La falta de acceso a una educación de calidad sigue siendo un
problema en Colombia. La vulneración del derecho a la educación, la insuficiencia de
oportunidades y las dificultades para garantizar la permanencia en el sistema educativo
llevan a muchos NNA a ingresar prematuramente al mundo laboral.
4. Barrera institucional: Aunque existen entidades encargadas de hacer cumplir la
legislación nacional e internacional, su actuación es deficiente. La falta de control
efectivo y de estrategias contundentes evidencia la debilidad institucional en la lucha
contra el trabajo infantil.
Con base en las barreras identificadas para la erradicación del trabajo infantil, es posible
proponer estrategias que permitan un cumplimiento más efectivo de las normativas y la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Algunas de estas propuestas
incluyen:
1. Fortalecimiento de la inspección y sanción : Implementar mecanismos más rigurosos
de inspección laboral y aplicar sanciones efectivas a quienes empleen trabajo infantil,
asegurando el cumplimiento de la legislación vigente.
2. Apoyo económico a familias vulnerables : Diseñar e implementar programas de
subsidios y apoyo financiero para familias en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de
reducir la necesidad de recurrir al trabajo infantil como fuente de ingresos.
3. Mejoras en el acceso y calidad educativa : Fortalecer el sistema educativo público y
privado, garantizando el acceso y la permanencia de los NNA en la educación. Esto
incluye la ampliación de cobertura, la mejora de infraestructura y la implementación de
programas de incentivos para evitar la deserción escolar.
4. Campañas de concienciación y prevención Desarrollar estrategias de sensibilización
dirigidas a la población sobre la normatividad en materia de trabajo infantil, sus
consecuencias y la importancia de su erradicación. Estas campañas deben estar
enfocadas en la prevención y el cambio de percepciones culturales que normalizan esta
práctica.
La implementación de estas propuestas permitiría avanzar en la erradicación del trabajo
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infantil en Colombia, garantizando los derechos de los NNA y promoviendo su desarrollo en
condiciones dignas.
METODOLOGÍA
Tipo De Investigación
Este artículo investiga la erradicación del trabajo infantil en Colombia desde un enfoque
jurídico y social. Para su desarrollo, se empleó una metodología cualitativa, ya que se realiza
una contextualización de la normativa nacional e internacional, junto con un análisis de los
factores sociales y económicos que inciden en este fenómeno.
El enfoque cualitativo permite interpretar y analizar tanto el marco normativo como la
realidad social del trabajo infantil, con el propósito de evaluar la efectividad de las normas
vigentes en la prevención y erradicación de esta práctica en el país.
Recolección de datos
Para alcanzar los objetivos de esta investigación se utilizaron varias herramientas de
investigación secundarias a esto hacemos referencia a documentos académicos, normativas
nacional e internacionales y jurisprudencia, La recopilación de datos se basará en:
1. Base de datos académicas: plataformas como Redalyc, Scielo y Google Scholar.
2. Normativa y jurisprudencia: Normativa nacional e internacional de igual manera
jurisprudencia y fallos nacionales por medio de sentencias.
3. Doctrina: Esto hace parte de convenios y documentos de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), UNICEF y otras entidades relevantes.
El marco normativo y jurisprudencial sobre el trabajo infantil en Colombia
En Colombia, el Estado ha desempeñado una labor constante en la erradicación del
trabajo infantil, desarrollando normativas y jurisprudencia para garantizar la protección de los
derechos fundamentales de los niños. Asimismo, ha buscado la ratificación de tratados
internacionales promovidos por organismos como la OIT, la ONU y UNICEF, con el objetivo
de eliminar esta problemática y asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, al contrastar la jurisprudencia con la realidad, se evidencia que el trabajo infantil
persiste, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables,
especialmente en zonas rurales y de alta pobreza.
Disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al trabajo infantil en Colombia
En Colombia, el marco normativo en materia de protección infantil está claramente
definido desde la Constitución Política. El artículo 44 establece que los niños tienen derechos
fundamentales como la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la educación, la
recreación y la libre expresión. Asimismo, señala que deben ser protegidos contra el abandono,
la violencia, el abuso, la explotación laboral y cualquier trabajo riesgoso. Además, consagra el
principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de cualquier otra persona y
infantil en Colombia, garantizando los derechos de los NNA y promoviendo su desarrollo en
condiciones dignas.
METODOLOGÍA
Tipo De Investigación
Este artículo investiga la erradicación del trabajo infantil en Colombia desde un enfoque
jurídico y social. Para su desarrollo, se empleó una metodología cualitativa, ya que se realiza
una contextualización de la normativa nacional e internacional, junto con un análisis de los
factores sociales y económicos que inciden en este fenómeno.
El enfoque cualitativo permite interpretar y analizar tanto el marco normativo como la
realidad social del trabajo infantil, con el propósito de evaluar la efectividad de las normas
vigentes en la prevención y erradicación de esta práctica en el país.
Recolección de datos
Para alcanzar los objetivos de esta investigación se utilizaron varias herramientas de
investigación secundarias a esto hacemos referencia a documentos académicos, normativas
nacional e internacionales y jurisprudencia, La recopilación de datos se basará en:
1. Base de datos académicas: plataformas como Redalyc, Scielo y Google Scholar.
2. Normativa y jurisprudencia: Normativa nacional e internacional de igual manera
jurisprudencia y fallos nacionales por medio de sentencias.
3. Doctrina: Esto hace parte de convenios y documentos de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), UNICEF y otras entidades relevantes.
El marco normativo y jurisprudencial sobre el trabajo infantil en Colombia
En Colombia, el Estado ha desempeñado una labor constante en la erradicación del
trabajo infantil, desarrollando normativas y jurisprudencia para garantizar la protección de los
derechos fundamentales de los niños. Asimismo, ha buscado la ratificación de tratados
internacionales promovidos por organismos como la OIT, la ONU y UNICEF, con el objetivo
de eliminar esta problemática y asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, al contrastar la jurisprudencia con la realidad, se evidencia que el trabajo infantil
persiste, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables,
especialmente en zonas rurales y de alta pobreza.
Disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al trabajo infantil en Colombia
En Colombia, el marco normativo en materia de protección infantil está claramente
definido desde la Constitución Política. El artículo 44 establece que los niños tienen derechos
fundamentales como la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la educación, la
recreación y la libre expresión. Asimismo, señala que deben ser protegidos contra el abandono,
la violencia, el abuso, la explotación laboral y cualquier trabajo riesgoso. Además, consagra el
principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de cualquier otra persona y
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asigna a la familia, la sociedad y el Estado la responsabilidad de garantizar su desarrollo
integral (Constitución Política de Colombia, 1991, art. derechos de la infancia en el ámbito
internacional mediante la ratificación de tratados internacionales. Entre ellos, 44).
Con base en este principio, se destacan el Convenio 138 que regula la edad mínima de
trabajo promulgó la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, la
cual prohíbe expresamente el trabajo infantil y profundiza en la protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Esta normativa refuerza el deber del Estado de
salvaguardar el bienestar de la infancia y ratifica la primacía de sus derechos sobre los de
cualquier otro grupo en la sociedad colombiana (Congreso de la República de Colombia, 2006).
Además de su marco normativo a nivel nacional, Colombia ha fortalecido la protección
de los (Organización Internacional del Trabajo, 1973), y Convenio 182 sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Organización
Internacional del Trabajo, 1999).La incorporación de estos convenios ha permitido
complementar y reforzar la legislación nacional, asegurando un mayor compromiso del Estado
en la erradicación del trabajo infantil y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Una de las sentencias más relevantes en Colombia sobre el trabajo infantil es la
Sentencia C-170 de 2004, en la cual la Corte Constitucional reafirmó la protección de los
derechos de los menores. En esta decisión, declaró exequible la prohibición del trabajo infantil
para menores de 14 años y estableció que los menores de 15 años solo pueden trabajar bajo las
condiciones fijadas por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, permitió el trabajo de mayores de 12 años siempre que se cumplan los requisitos
legales e internacionales, garantizando así la protección y el respeto de sus derechos
fundamentales (Corte Constitucional de Colombia, 2004).
A pesar de los avances normativos y jurisprudenciales en Colombia, la erradicación del
trabajo infantil sigue siendo un desafío significativo. Informes de la Defensoría del Pueblo
evidencian que los índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y, en algunos casos,
han mostrado un incremento, reflejando la persistencia de esta problemática en el país
(Defensoría del Pueblo, 2024).
Para el último trimestre del 2023, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), aproximadamente 310.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 17
años estaban trabajando en el país. De estos, el 37% manifestó que le gustaba trabajar para tener
su propio dinero; el 29% indicó que debía participar en la actividad económica de la familia; el
23% afirmó que debía ayudar con los gastos de la casa o costearse sus estudios; el 9% consideró
que el trabajo lo formaba, lo hacía honrado y lo alejaba de los vicios, y el 2% mencionó otras
causas (DANE, 2023).
asigna a la familia, la sociedad y el Estado la responsabilidad de garantizar su desarrollo
integral (Constitución Política de Colombia, 1991, art. derechos de la infancia en el ámbito
internacional mediante la ratificación de tratados internacionales. Entre ellos, 44).
Con base en este principio, se destacan el Convenio 138 que regula la edad mínima de
trabajo promulgó la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, la
cual prohíbe expresamente el trabajo infantil y profundiza en la protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Esta normativa refuerza el deber del Estado de
salvaguardar el bienestar de la infancia y ratifica la primacía de sus derechos sobre los de
cualquier otro grupo en la sociedad colombiana (Congreso de la República de Colombia, 2006).
Además de su marco normativo a nivel nacional, Colombia ha fortalecido la protección
de los (Organización Internacional del Trabajo, 1973), y Convenio 182 sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Organización
Internacional del Trabajo, 1999).La incorporación de estos convenios ha permitido
complementar y reforzar la legislación nacional, asegurando un mayor compromiso del Estado
en la erradicación del trabajo infantil y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Una de las sentencias más relevantes en Colombia sobre el trabajo infantil es la
Sentencia C-170 de 2004, en la cual la Corte Constitucional reafirmó la protección de los
derechos de los menores. En esta decisión, declaró exequible la prohibición del trabajo infantil
para menores de 14 años y estableció que los menores de 15 años solo pueden trabajar bajo las
condiciones fijadas por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, permitió el trabajo de mayores de 12 años siempre que se cumplan los requisitos
legales e internacionales, garantizando así la protección y el respeto de sus derechos
fundamentales (Corte Constitucional de Colombia, 2004).
A pesar de los avances normativos y jurisprudenciales en Colombia, la erradicación del
trabajo infantil sigue siendo un desafío significativo. Informes de la Defensoría del Pueblo
evidencian que los índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y, en algunos casos,
han mostrado un incremento, reflejando la persistencia de esta problemática en el país
(Defensoría del Pueblo, 2024).
Para el último trimestre del 2023, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), aproximadamente 310.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 17
años estaban trabajando en el país. De estos, el 37% manifestó que le gustaba trabajar para tener
su propio dinero; el 29% indicó que debía participar en la actividad económica de la familia; el
23% afirmó que debía ayudar con los gastos de la casa o costearse sus estudios; el 9% consideró
que el trabajo lo formaba, lo hacía honrado y lo alejaba de los vicios, y el 2% mencionó otras
causas (DANE, 2023).
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3160
Evaluación de la efectividad de la normativa y la jurisprudencia en la reducción del
trabajo infantil
Aunque la normativa y la jurisprudencia colombiana sobre el trabajo infantil son amplias
y abarcan diversos aspectos de su regulación, en la práctica su efectividad es limitada, ya que
no se ha logrado erradicar por completo esta problemática. La comparación entre la normativa
y la realidad del trabajo infantil en Colombia evidencia una situación preocupante, tanto en
zonas rurales como urbanas. En el ámbito rural, es común que los niños trabajen en actividades
agrícolas para contribuir a la economía familiar, lo que a su vez afecta su acceso a la educación
y perpetúa el ciclo de pobreza. Por otro lado, en las áreas urbanas, el trabajo infantil se presenta
principalmente en el sector informal, especialmente en el transporte público y otras actividades
económicas informales. En muchos casos, los niños trabajan por obligación, mientras que
otros lo hacen voluntariamente para apoyar a sus familias o generar ingresos propios. Sin
embargo, en ambos contextos, el resultado es el mismo: el descuido de la educación y la
consolidación de un círculo vicioso donde el trabajo infantil y la pobreza se refuerzan
mutuamente, limitando las oportunidades de desarrollo de estos menores.
A pesar de la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil, su éxito ha sido limitado debido a la falta de recursos del gobierno, la ausencia
de una supervisión constante y el incumplimiento tanto por parte del Estado como de la
sociedad en general. Estos factores han dificultado la materialización de las medidas diseñadas
para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.
(Ministerio del Trabajo, 2023).
Para mejorar la efectividad de la normativa y la jurisprudencia en la reducción del trabajo
infantil, es crucial fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción, garantizar la articulación
interinstitucional entre las entidades encargadas de la protección de la infancia y promover
políticas de inclusión social que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad de las familias. Sin
estos elementos, la erradicación del trabajo infantil en Colombia seguirá siendo un desafío
pendiente.
Análisis normativo y jurisprudencial en el último plan de desarrollo
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: Colombia Potencia Mundial
de la Vida, se tuvieron en cuenta varias disposiciones enfocadas en la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de estrategias como la erradicación del
trabajo infantil y la garantía de entornos protectores. Esto incluye acciones concretas para
prevenir y atender este fenómeno, así como promover la formalización del empleo digno para
los adultos responsables del sustento familiar. Lo cual se contempló en el artículo 74 y el
artículo 138, donde se busca prevenir la explotación laboral infantil mediante la
formalización del empleo digno para adultos. (Departamento Nacional de Planeación, 2023, pp.
66–100)
Evaluación de la efectividad de la normativa y la jurisprudencia en la reducción del
trabajo infantil
Aunque la normativa y la jurisprudencia colombiana sobre el trabajo infantil son amplias
y abarcan diversos aspectos de su regulación, en la práctica su efectividad es limitada, ya que
no se ha logrado erradicar por completo esta problemática. La comparación entre la normativa
y la realidad del trabajo infantil en Colombia evidencia una situación preocupante, tanto en
zonas rurales como urbanas. En el ámbito rural, es común que los niños trabajen en actividades
agrícolas para contribuir a la economía familiar, lo que a su vez afecta su acceso a la educación
y perpetúa el ciclo de pobreza. Por otro lado, en las áreas urbanas, el trabajo infantil se presenta
principalmente en el sector informal, especialmente en el transporte público y otras actividades
económicas informales. En muchos casos, los niños trabajan por obligación, mientras que
otros lo hacen voluntariamente para apoyar a sus familias o generar ingresos propios. Sin
embargo, en ambos contextos, el resultado es el mismo: el descuido de la educación y la
consolidación de un círculo vicioso donde el trabajo infantil y la pobreza se refuerzan
mutuamente, limitando las oportunidades de desarrollo de estos menores.
A pesar de la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil, su éxito ha sido limitado debido a la falta de recursos del gobierno, la ausencia
de una supervisión constante y el incumplimiento tanto por parte del Estado como de la
sociedad en general. Estos factores han dificultado la materialización de las medidas diseñadas
para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.
(Ministerio del Trabajo, 2023).
Para mejorar la efectividad de la normativa y la jurisprudencia en la reducción del trabajo
infantil, es crucial fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción, garantizar la articulación
interinstitucional entre las entidades encargadas de la protección de la infancia y promover
políticas de inclusión social que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad de las familias. Sin
estos elementos, la erradicación del trabajo infantil en Colombia seguirá siendo un desafío
pendiente.
Análisis normativo y jurisprudencial en el último plan de desarrollo
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: Colombia Potencia Mundial
de la Vida, se tuvieron en cuenta varias disposiciones enfocadas en la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de estrategias como la erradicación del
trabajo infantil y la garantía de entornos protectores. Esto incluye acciones concretas para
prevenir y atender este fenómeno, así como promover la formalización del empleo digno para
los adultos responsables del sustento familiar. Lo cual se contempló en el artículo 74 y el
artículo 138, donde se busca prevenir la explotación laboral infantil mediante la
formalización del empleo digno para adultos. (Departamento Nacional de Planeación, 2023, pp.
66–100)
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3161
Ahora bien, El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 planteó como objetivo reducir el
trabajo infantil y aumentar el acceso al trabajo digno, aunque ambos fenómenos han sido
históricamente difíciles de erradicar. Además, en el artículo 346 del mismo documento, se
propuso la creación de un programa para atender a jóvenes en situación de criminalidad o
explotación sexual, problemática visibilizada frecuentemente por medios de comunicación
como noticieros y documentales (Departamento Nacional de Planeación, 2023 pp. 248).
Este tipo de enfoque fue y sigue siendo importante. No obstante, erradicar estos
problemas es complejo, ya que, durante años, los gobiernos anteriores han realizado esfuerzos y
se han encontrado con escenarios realmente preocupantes: menores de edad explotados
sexualmente,perdidos cognitivamente por el consumo de estupefacientes y trabajando como
distribuidores de drogas. Este tipo de actividades son el resultado de crecer en un ambiente
hostil y sin la presencia de las entidades encargadas de supervisar que los derechos de los
menores no sean vulnerados.
Normativa y jurisprudencia vigente en el último mandato para la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes
En Colombia, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha sido
una prioridad dentro del marco normativo y jurisprudencial del país. Durante el último mandato
presidencial, se han promulgado y modificado diversas disposiciones legales, así como
desarrollado sentencias claves que fortalecen el interés superior del menor, la garantía de sus
derechos fundamentales y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado colombiano.
Los artículos mencionados anteriormente estuvieron dirigidos, en gran medida, a los
niños de La Guajira, quienes, en su momento, se encontraban en una situación extremadamente
vulnerable. Su estado físico era alarmante debido a la desnutrición, y no habían recibido ningún
tipo de complemento nutricional. Además, no contaban con servicios básicos como agua
potable, educación y atención médica, lo que los obligaba a iniciar actividades laborales desde
muy temprana edad.
Sin embargo, como hemos evidenciado en los gobiernos pasados, la situación de los
niños, niñas y adolescentes no ha cambiado significativamente. Por el contrario, se presentan
cada vez más casos de violencia doméstica, ausencia escolar y trabajo infantil.
A pesar de que la normativa existe y la fuerza pública realiza su labor, sigue habiendo un
contraste muy grande. Aunque se han implementado diferentes métodos para promover y
generar cupos académicos en colegios públicos, la realidad es que muchas familias numerosas
no generan ingresos económicos suficientes para costear útiles escolares, por lo que optan
por llevar a sus hijos a trabajar, perpetuando así un ciclo casi interminable.
Actualmente, podemos evidenciar que, aunque hay trabajos que cumplen con todas las
normativas de ley, muchos de ellos no brindan acceso a un sistema de salud, y los salarios
Ahora bien, El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 planteó como objetivo reducir el
trabajo infantil y aumentar el acceso al trabajo digno, aunque ambos fenómenos han sido
históricamente difíciles de erradicar. Además, en el artículo 346 del mismo documento, se
propuso la creación de un programa para atender a jóvenes en situación de criminalidad o
explotación sexual, problemática visibilizada frecuentemente por medios de comunicación
como noticieros y documentales (Departamento Nacional de Planeación, 2023 pp. 248).
Este tipo de enfoque fue y sigue siendo importante. No obstante, erradicar estos
problemas es complejo, ya que, durante años, los gobiernos anteriores han realizado esfuerzos y
se han encontrado con escenarios realmente preocupantes: menores de edad explotados
sexualmente,perdidos cognitivamente por el consumo de estupefacientes y trabajando como
distribuidores de drogas. Este tipo de actividades son el resultado de crecer en un ambiente
hostil y sin la presencia de las entidades encargadas de supervisar que los derechos de los
menores no sean vulnerados.
Normativa y jurisprudencia vigente en el último mandato para la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes
En Colombia, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha sido
una prioridad dentro del marco normativo y jurisprudencial del país. Durante el último mandato
presidencial, se han promulgado y modificado diversas disposiciones legales, así como
desarrollado sentencias claves que fortalecen el interés superior del menor, la garantía de sus
derechos fundamentales y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado colombiano.
Los artículos mencionados anteriormente estuvieron dirigidos, en gran medida, a los
niños de La Guajira, quienes, en su momento, se encontraban en una situación extremadamente
vulnerable. Su estado físico era alarmante debido a la desnutrición, y no habían recibido ningún
tipo de complemento nutricional. Además, no contaban con servicios básicos como agua
potable, educación y atención médica, lo que los obligaba a iniciar actividades laborales desde
muy temprana edad.
Sin embargo, como hemos evidenciado en los gobiernos pasados, la situación de los
niños, niñas y adolescentes no ha cambiado significativamente. Por el contrario, se presentan
cada vez más casos de violencia doméstica, ausencia escolar y trabajo infantil.
A pesar de que la normativa existe y la fuerza pública realiza su labor, sigue habiendo un
contraste muy grande. Aunque se han implementado diferentes métodos para promover y
generar cupos académicos en colegios públicos, la realidad es que muchas familias numerosas
no generan ingresos económicos suficientes para costear útiles escolares, por lo que optan
por llevar a sus hijos a trabajar, perpetuando así un ciclo casi interminable.
Actualmente, podemos evidenciar que, aunque hay trabajos que cumplen con todas las
normativas de ley, muchos de ellos no brindan acceso a un sistema de salud, y los salarios
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3162
siguen siendo menores a los gastos básicos. Esto conlleva a que los menores, al llegar a cierta
edad, debían desistir de una educación adecuada para su desarrollo. Asimismo, en las familias
numerosas, esta situación se agrava aún más, limitando el desarrollo académico y económico de
los niños.
Otro factor preocupante es la llegada de extranjeros a territorio colombiano, no solo por
turismo, sino también con intenciones delictivas. Como se ha evidenciado en noticias, se han
reportado casos de capturas de individuos que intentan engañar o pagar a jóvenes para tener
acercamientos indebidos. Esto provoca que, desde temprana edad, los menores comiencen a
generar ingresos, alejándose de sus familias, abandonando su educación y perdiendo su
infancia. Además, las sanciones aplicadas a estos delitos parecen no ser lo suficientemente
severas para concienciar a la población sobre la importancia de proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
En términos de datos, los informes del DANE (2024) y del ICBF (2023) revelan cifras
alarmantes sobre trabajo infantil, desnutrición y violencia contra menores. Según el último
boletín técnico del DANE, la tasa de trabajo infantil en Colombia sigue siendo preocupante,
especialmente
en zonas rurales, donde muchos niños se ven obligados a trabajar en el sector agrícola en
lugar de asistir a la escuela. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el aumento
de casos de abuso y explotación infantil, lo que demuestra que la normativa existente aún no se
aplica de manera efectiva. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE],
2024 y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2023)
En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 no ha sido aplicado en su
totalidad y, en caso de haber sido implementado, no se realizó un estudio adecuado sobre el
fenómeno del trabajo infantil en el país. Esto ha permitido la aparición de nuevos puntos de
expendio de estupefacientes y el aumento de la explotación sexual infantil a cambio de dinero
en distintas regiones. Así mismo, ha propiciado la formación de nuevas bandas delincuenciales
que vulneran los derechos de los niños.
Evaluación de las propuestas del plan nacional de desarrollo y recomendaciones para
mejorar su eficacia desde el marco legal vigente
Por todo lo anterior, una solución que, si bien no erradicaría completamente el problema,
sí podría disminuirlo, sería el aumento de las sanciones, tanto en el ámbito penal como a nivel
monetario. Además, se deberían brindar oportunidades laborales formales a las familias,
garantizando empleos con todas las prestaciones de ley. Asi mismo, las entidades encargadas
de la protección de los derechos de los niños deberían ofrecer un acompañamiento
semipermanente en materia educativa, proporcionando los elementos necesarios para la
educación, entre otras necesidades, ya que estos gastos suelen ser inalcanzables para muchas
familias, sin mencionar los costos de uniformes escolares.
siguen siendo menores a los gastos básicos. Esto conlleva a que los menores, al llegar a cierta
edad, debían desistir de una educación adecuada para su desarrollo. Asimismo, en las familias
numerosas, esta situación se agrava aún más, limitando el desarrollo académico y económico de
los niños.
Otro factor preocupante es la llegada de extranjeros a territorio colombiano, no solo por
turismo, sino también con intenciones delictivas. Como se ha evidenciado en noticias, se han
reportado casos de capturas de individuos que intentan engañar o pagar a jóvenes para tener
acercamientos indebidos. Esto provoca que, desde temprana edad, los menores comiencen a
generar ingresos, alejándose de sus familias, abandonando su educación y perdiendo su
infancia. Además, las sanciones aplicadas a estos delitos parecen no ser lo suficientemente
severas para concienciar a la población sobre la importancia de proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
En términos de datos, los informes del DANE (2024) y del ICBF (2023) revelan cifras
alarmantes sobre trabajo infantil, desnutrición y violencia contra menores. Según el último
boletín técnico del DANE, la tasa de trabajo infantil en Colombia sigue siendo preocupante,
especialmente
en zonas rurales, donde muchos niños se ven obligados a trabajar en el sector agrícola en
lugar de asistir a la escuela. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el aumento
de casos de abuso y explotación infantil, lo que demuestra que la normativa existente aún no se
aplica de manera efectiva. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE],
2024 y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2023)
En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 no ha sido aplicado en su
totalidad y, en caso de haber sido implementado, no se realizó un estudio adecuado sobre el
fenómeno del trabajo infantil en el país. Esto ha permitido la aparición de nuevos puntos de
expendio de estupefacientes y el aumento de la explotación sexual infantil a cambio de dinero
en distintas regiones. Así mismo, ha propiciado la formación de nuevas bandas delincuenciales
que vulneran los derechos de los niños.
Evaluación de las propuestas del plan nacional de desarrollo y recomendaciones para
mejorar su eficacia desde el marco legal vigente
Por todo lo anterior, una solución que, si bien no erradicaría completamente el problema,
sí podría disminuirlo, sería el aumento de las sanciones, tanto en el ámbito penal como a nivel
monetario. Además, se deberían brindar oportunidades laborales formales a las familias,
garantizando empleos con todas las prestaciones de ley. Asi mismo, las entidades encargadas
de la protección de los derechos de los niños deberían ofrecer un acompañamiento
semipermanente en materia educativa, proporcionando los elementos necesarios para la
educación, entre otras necesidades, ya que estos gastos suelen ser inalcanzables para muchas
familias, sin mencionar los costos de uniformes escolares.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3163
Además, se deberían brindar oportunidades laborales formales a las familias,
garantizando empleos con todas las prestaciones de ley. La falta de acceso a empleos dignos y
bien remunerados es un factor determinante en la perpetuación de la pobreza, la cual a su vez
genera condiciones de vulnerabilidad para la infancia. Es crucial que el Estado implemente
programas de empleabilidad con incentivos fiscales para empresas que contraten a padres y
madrescabeza de familia en situación de riesgo, así como la creación de cooperativas de trabajo
que fomenten el emprendimiento familiar con acceso a financiamiento y asistencia técnica
(Universidad Externado de Colombia, 2023).
Asimismo, las entidades encargadas de la protección de los derechos de los niños
deberían ofrecer un acompañamiento semipermanente en materia educativa, proporcionando los
elementos necesarios para la educación, entre otras necesidades. Esto implica la dotación de
útiles escolares, acceso a herramientas tecnológicas como computadores y conexión a internet,
y la implementación de programas de alimentación escolar que aseguren una nutrición adecuada
para los estudiantes (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2023)
La educación es la base para romper los ciclos de pobreza y violencia, por lo que se debe
garantizar una enseñanza de calidad y con enfoque inclusivo, que atienda las necesidades
específicas de los niños en condición de vulnerabilidad.
También es fundamental fortalecer la red de atención psicosocial para niños y
adolescentes enriesgo, proporcionando atención psicológica y social a quienes han sido víctimas
de violencia o abuso. Es necesario ampliar la cobertura de los centros de protección infantil y
fortalecer los equipos interdisciplinarios de intervención, garantizando que cada niño tenga
acceso a apoyo emocional y terapias especializadas. Esto contribuirá a su bienestar mental y
emocional, reduciendo la probabilidad de que se reproduzcan ciclos de violencia en su vida
adulta.
Por otro lado, es imperativo que las entidades encargadas de la protección infantil trabajen
de manera articulada con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad para agilizar los
procesos de denuncia y respuesta ante casos de maltrato o explotación. Muchas veces, las
demoras en la atención de estos casos permiten que la vulneración de derechos se prolongue y
agrave, por lo que es necesario establecer protocolos de acción rápida y sistemas de
seguimiento que garanticen la seguridad de los menores de manera inmediata.
Es fundamental tener en cuenta estas propuestas como solución, ya que podrían generar
un cambio positivo en el futuro de los niños y sus familias, mejorando su economía y su
desarrollo personal, emocional y psicológico. De esta manera, se estarían previniendo
enfermedades físicas, daños psicológicos y vulneraciones a la infancia, al tiempo que se
fomentaría una mejor visión de la vida y unas relaciones sociales adecuadas. Romper estos
ciclos que, durante años, han afectado a nuestra sociedad sería un paso clave para evitar
consecuencias irreversibles (UNICEF, 2025).
Además, se deberían brindar oportunidades laborales formales a las familias,
garantizando empleos con todas las prestaciones de ley. La falta de acceso a empleos dignos y
bien remunerados es un factor determinante en la perpetuación de la pobreza, la cual a su vez
genera condiciones de vulnerabilidad para la infancia. Es crucial que el Estado implemente
programas de empleabilidad con incentivos fiscales para empresas que contraten a padres y
madrescabeza de familia en situación de riesgo, así como la creación de cooperativas de trabajo
que fomenten el emprendimiento familiar con acceso a financiamiento y asistencia técnica
(Universidad Externado de Colombia, 2023).
Asimismo, las entidades encargadas de la protección de los derechos de los niños
deberían ofrecer un acompañamiento semipermanente en materia educativa, proporcionando los
elementos necesarios para la educación, entre otras necesidades. Esto implica la dotación de
útiles escolares, acceso a herramientas tecnológicas como computadores y conexión a internet,
y la implementación de programas de alimentación escolar que aseguren una nutrición adecuada
para los estudiantes (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2023)
La educación es la base para romper los ciclos de pobreza y violencia, por lo que se debe
garantizar una enseñanza de calidad y con enfoque inclusivo, que atienda las necesidades
específicas de los niños en condición de vulnerabilidad.
También es fundamental fortalecer la red de atención psicosocial para niños y
adolescentes enriesgo, proporcionando atención psicológica y social a quienes han sido víctimas
de violencia o abuso. Es necesario ampliar la cobertura de los centros de protección infantil y
fortalecer los equipos interdisciplinarios de intervención, garantizando que cada niño tenga
acceso a apoyo emocional y terapias especializadas. Esto contribuirá a su bienestar mental y
emocional, reduciendo la probabilidad de que se reproduzcan ciclos de violencia en su vida
adulta.
Por otro lado, es imperativo que las entidades encargadas de la protección infantil trabajen
de manera articulada con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad para agilizar los
procesos de denuncia y respuesta ante casos de maltrato o explotación. Muchas veces, las
demoras en la atención de estos casos permiten que la vulneración de derechos se prolongue y
agrave, por lo que es necesario establecer protocolos de acción rápida y sistemas de
seguimiento que garanticen la seguridad de los menores de manera inmediata.
Es fundamental tener en cuenta estas propuestas como solución, ya que podrían generar
un cambio positivo en el futuro de los niños y sus familias, mejorando su economía y su
desarrollo personal, emocional y psicológico. De esta manera, se estarían previniendo
enfermedades físicas, daños psicológicos y vulneraciones a la infancia, al tiempo que se
fomentaría una mejor visión de la vida y unas relaciones sociales adecuadas. Romper estos
ciclos que, durante años, han afectado a nuestra sociedad sería un paso clave para evitar
consecuencias irreversibles (UNICEF, 2025).
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3164
Protección de los derechos fundamentales de los (nna) en la prevención del trabajo
infantil
La protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
en la prevención del trabajo infantil es un aspecto esencial dentro del marco de los derechos
humanos y del derecho laboral. En Colombia, diversas normas y mecanismos de protección
garantizan que los menores de edad puedan disfrutar de una infancia digna, libre de explotación
y con acceso a oportunidades de desarrollo integral.
El marco legal colombiano establece directrices claras para la protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes (NNA). La Constitución Política y el Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) prohíben el trabajo infantil y promueven el derecho a la
educación, la recreación y el bienestar. Además, Colombia ha ratificado convenios
internacionales como el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que establece la edad mínima para el empleo, y el Convenio 182, que prohíbe las peores formas
de trabajo infantil.
Para prevenir el trabajo infantil, el Gobierno colombiano ha implementado diversas
estrategias. Entre ellas se encuentra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), que
busca garantizar la protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, y
promover el fortalecimiento familiar a través de una respuesta articulada y oportuna del Estado
(ICBF, 2024). También se destaca el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuyo objetivo es garantizar el restablecimiento de
los derechos de los NNA en situación de trabajo infantil. Adicionalmente, se han desarrollado
programas educativos y de protección social, como la Jornada Única Escolar, una estrategia de
calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de la
ampliación de la jornada escolar, y subsidios dirigidos a familias en situación de pobreza, como
el programa Familias en Acción, que entrega incentivos económicos a familias pobres y pobres
extremas con NNA, para evitar que los menores se vean obligados a trabajar (ICBF, 2023;
Ministerio de Educación Nacional, s.f.).
No obstante, la legislación colombiana permite que los adolescentes entre 15 y 17 años
puedan trabajar bajo ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen que la actividad laboral no
interfiera con su educación, que cuente con autorización de la autoridad competente y
que no implique riesgos para su integridad física o psicológica. Esto busca ofrecer una
regulación adecuada que proteja sus derechos y garantice su bienestar.
A pesar de los esfuerzos institucionales, el trabajo infantil sigue siendo un problema
persistente en Colombia, especialmente en sectores informales como la venta ambulante, la
agricultura y la minería. Además, el trabajo infantil doméstico no remunerado afecta
principalmente a las niñas, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Para enfrentar estos desafíos, es fundamental fortalecer la fiscalización, mejorar las
Protección de los derechos fundamentales de los (nna) en la prevención del trabajo
infantil
La protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
en la prevención del trabajo infantil es un aspecto esencial dentro del marco de los derechos
humanos y del derecho laboral. En Colombia, diversas normas y mecanismos de protección
garantizan que los menores de edad puedan disfrutar de una infancia digna, libre de explotación
y con acceso a oportunidades de desarrollo integral.
El marco legal colombiano establece directrices claras para la protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes (NNA). La Constitución Política y el Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) prohíben el trabajo infantil y promueven el derecho a la
educación, la recreación y el bienestar. Además, Colombia ha ratificado convenios
internacionales como el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que establece la edad mínima para el empleo, y el Convenio 182, que prohíbe las peores formas
de trabajo infantil.
Para prevenir el trabajo infantil, el Gobierno colombiano ha implementado diversas
estrategias. Entre ellas se encuentra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), que
busca garantizar la protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, y
promover el fortalecimiento familiar a través de una respuesta articulada y oportuna del Estado
(ICBF, 2024). También se destaca el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuyo objetivo es garantizar el restablecimiento de
los derechos de los NNA en situación de trabajo infantil. Adicionalmente, se han desarrollado
programas educativos y de protección social, como la Jornada Única Escolar, una estrategia de
calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de la
ampliación de la jornada escolar, y subsidios dirigidos a familias en situación de pobreza, como
el programa Familias en Acción, que entrega incentivos económicos a familias pobres y pobres
extremas con NNA, para evitar que los menores se vean obligados a trabajar (ICBF, 2023;
Ministerio de Educación Nacional, s.f.).
No obstante, la legislación colombiana permite que los adolescentes entre 15 y 17 años
puedan trabajar bajo ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen que la actividad laboral no
interfiera con su educación, que cuente con autorización de la autoridad competente y
que no implique riesgos para su integridad física o psicológica. Esto busca ofrecer una
regulación adecuada que proteja sus derechos y garantice su bienestar.
A pesar de los esfuerzos institucionales, el trabajo infantil sigue siendo un problema
persistente en Colombia, especialmente en sectores informales como la venta ambulante, la
agricultura y la minería. Además, el trabajo infantil doméstico no remunerado afecta
principalmente a las niñas, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Para enfrentar estos desafíos, es fundamental fortalecer la fiscalización, mejorar las
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3165
oportunidades educativas y garantizar el acceso a programas de apoyo para las familias en
condiciones de vulnerabilidad.
En conclusión, la protección de los derechos fundamentales de los NNA en la prevención
del trabajo infantil es una tarea prioritaria que requiere la participación activa del Estado, la
sociedad y las familias. Es indispensable continuar con la implementación de políticas públicas
que fomenten la educación y el bienestar de los menores, así como reforzar las estrategias de
erradicación del trabajo infantil para garantizar que cada niño y niña pueda disfrutar de una
infancia segura y protegida (UNICEF, s.f.).
Legislación y desarrollo jurisprudencial sobre la protección de los derechos de la infancia
y adolescencia
En Colombia, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) está
respaldada por diversas leyes y normas que buscan garantizar su bienestar y evitar cualquier
forma de explotación, como el trabajo infantil. Desde la Constitución hasta leyes especiales y
decisiones de los tribunales, se han establecido reglas claras para que los menores de edad
crezcan en un entorno seguro y con oportunidades para su desarrollo.
La Constitución Política de 1991 establece que los derechos de los menores deben estar
por encima de los derechos de los demás, lo que significa que su bienestar debe ser prioridad
para el Estado, la sociedad y la familia. Esta protección incluye derechos fundamentales como
la educación, la salud, la seguridad y el derecho a no ser maltratados ni explotados.
Para reforzar esta protección, se creó la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de
Infancia y Adolescencia. Esta ley establece que los niños y adolescentes deben ser protegidos
de cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar, incluyendo el trabajo infantil. También
establece que, aunque los adolescentes de 15 años en adelante pueden trabajar en condiciones
específicas, esto nunca debe interferir con su educación ni poner en peligro su salud o
seguridad.
Además, Colombia ha firmado acuerdos internacionales con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), donde se compromete a evitar que los menores trabajen en
actividades peligrosas o que afecten su desarrollo.
Impacto de la prevención del trabajo infantil en el desarrollo integral de los (nna)
La prevención del trabajo infantil en Colombia representa un componente esencial dentro
de las políticas públicas orientadas a la protección y garantía de los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes (NNA). Su erradicación es clave para promover su desarrollo
integral, asegurando que puedan acceder a educación de calidad, atención en salud y
oportunidades de crecimiento personal y profesional sin verse forzados a ingresar
prematuramente al mercado laboral. Para lograr este objetivo, el Estado colombiano ha
implementado un marco normativo robusto y estrategias específicas para combatir esta
problemática social.
oportunidades educativas y garantizar el acceso a programas de apoyo para las familias en
condiciones de vulnerabilidad.
En conclusión, la protección de los derechos fundamentales de los NNA en la prevención
del trabajo infantil es una tarea prioritaria que requiere la participación activa del Estado, la
sociedad y las familias. Es indispensable continuar con la implementación de políticas públicas
que fomenten la educación y el bienestar de los menores, así como reforzar las estrategias de
erradicación del trabajo infantil para garantizar que cada niño y niña pueda disfrutar de una
infancia segura y protegida (UNICEF, s.f.).
Legislación y desarrollo jurisprudencial sobre la protección de los derechos de la infancia
y adolescencia
En Colombia, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) está
respaldada por diversas leyes y normas que buscan garantizar su bienestar y evitar cualquier
forma de explotación, como el trabajo infantil. Desde la Constitución hasta leyes especiales y
decisiones de los tribunales, se han establecido reglas claras para que los menores de edad
crezcan en un entorno seguro y con oportunidades para su desarrollo.
La Constitución Política de 1991 establece que los derechos de los menores deben estar
por encima de los derechos de los demás, lo que significa que su bienestar debe ser prioridad
para el Estado, la sociedad y la familia. Esta protección incluye derechos fundamentales como
la educación, la salud, la seguridad y el derecho a no ser maltratados ni explotados.
Para reforzar esta protección, se creó la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de
Infancia y Adolescencia. Esta ley establece que los niños y adolescentes deben ser protegidos
de cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar, incluyendo el trabajo infantil. También
establece que, aunque los adolescentes de 15 años en adelante pueden trabajar en condiciones
específicas, esto nunca debe interferir con su educación ni poner en peligro su salud o
seguridad.
Además, Colombia ha firmado acuerdos internacionales con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), donde se compromete a evitar que los menores trabajen en
actividades peligrosas o que afecten su desarrollo.
Impacto de la prevención del trabajo infantil en el desarrollo integral de los (nna)
La prevención del trabajo infantil en Colombia representa un componente esencial dentro
de las políticas públicas orientadas a la protección y garantía de los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes (NNA). Su erradicación es clave para promover su desarrollo
integral, asegurando que puedan acceder a educación de calidad, atención en salud y
oportunidades de crecimiento personal y profesional sin verse forzados a ingresar
prematuramente al mercado laboral. Para lograr este objetivo, el Estado colombiano ha
implementado un marco normativo robusto y estrategias específicas para combatir esta
problemática social.
Vol. 12/ Núm. 2 2025 pág. 3166
El ordenamiento jurídico colombiano establece diversas disposiciones para la protección
de los NNA frente al trabajo infantil. La Constitución Política de 1991, en su artículo 44,
determina que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás ciudadanos.
Asi mismo, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) prohíbe el trabajo infantil
en menores de 15 años y regula las condiciones en que pueden desempeñarse los adolescentes
entre 15 y 17 años (Ley 1804 de 2016). Otras normativas relevantes incluyen el Código
Sustantivo del Trabajo, la Ley 1804 de 2016 (Ley de Cero a Siempre) y tratados internacionales
ratificados por Colombia, como los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que establecen la edad mínima de admisión al empleo y la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil.
La erradicación del trabajo infantil contribuye significativamente a la reducción de la
deserción escolar y la mejora del acceso a la educación. Programas gubernamentales como
Jornada Única Escolar, Alianzas por la Educación y Prosperidad Social han sido diseñados para
fomentar la permanencia de los niños en el sistema educativo. Adicionalmente, iniciativas como
Jóvenes en Acción facilitan la formación y capacitación técnica para adolescentes, permitiendo
su inserción en el mercado laboral en condiciones dignas y legales. (Prosperidad Social 2019)
Desde una perspectiva de salud pública, la eliminación del trabajo infantil permite reducir
la incidencia de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales en los menores de edad. A
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, los NNA reciben atención médica, apoyo psicosocial y acceso a programas
de nutrición que garantizan su bienestar físico y mental. Asimismo, la reducción del trabajo
infantil disminuye los niveles de estrés y fatiga en los menores, permitiéndoles disfrutar de una
infancia libre de explotación.
CONCLUSIONES
Ahora ya como conclusión ya para terminar este tema tan interesante, podemos decir que
la persistencia del trabajo infantil en Colombia evidencia una brecha significativa entre la
normativa vigente y su aplicación efectiva. A pesar de los avances legislativos y las políticas
públicas implementadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, factores
estructurales como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales para
los adultos continúan perpetuando esta problemática.
Si bien el país ha ratificado convenios internacionales y ha fortalecido su legislación en
materia de protección infantil, los informes de entidades como el DANE, el ICBF y la
Defensoría del Pueblo reflejan que la erradicación del trabajo infantil sigue siendo un desafío
latente, especialmente en contextos rurales y sectores informales. Además, la falta de acceso a
educación de calidad y el debilitamiento de las redes de apoyo familiar agravan la
vulnerabilidad de los menores, exponiéndose no solo a explotación laboral, sino también a
El ordenamiento jurídico colombiano establece diversas disposiciones para la protección
de los NNA frente al trabajo infantil. La Constitución Política de 1991, en su artículo 44,
determina que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás ciudadanos.
Asi mismo, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) prohíbe el trabajo infantil
en menores de 15 años y regula las condiciones en que pueden desempeñarse los adolescentes
entre 15 y 17 años (Ley 1804 de 2016). Otras normativas relevantes incluyen el Código
Sustantivo del Trabajo, la Ley 1804 de 2016 (Ley de Cero a Siempre) y tratados internacionales
ratificados por Colombia, como los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que establecen la edad mínima de admisión al empleo y la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil.
La erradicación del trabajo infantil contribuye significativamente a la reducción de la
deserción escolar y la mejora del acceso a la educación. Programas gubernamentales como
Jornada Única Escolar, Alianzas por la Educación y Prosperidad Social han sido diseñados para
fomentar la permanencia de los niños en el sistema educativo. Adicionalmente, iniciativas como
Jóvenes en Acción facilitan la formación y capacitación técnica para adolescentes, permitiendo
su inserción en el mercado laboral en condiciones dignas y legales. (Prosperidad Social 2019)
Desde una perspectiva de salud pública, la eliminación del trabajo infantil permite reducir
la incidencia de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales en los menores de edad. A
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, los NNA reciben atención médica, apoyo psicosocial y acceso a programas
de nutrición que garantizan su bienestar físico y mental. Asimismo, la reducción del trabajo
infantil disminuye los niveles de estrés y fatiga en los menores, permitiéndoles disfrutar de una
infancia libre de explotación.
CONCLUSIONES
Ahora ya como conclusión ya para terminar este tema tan interesante, podemos decir que
la persistencia del trabajo infantil en Colombia evidencia una brecha significativa entre la
normativa vigente y su aplicación efectiva. A pesar de los avances legislativos y las políticas
públicas implementadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, factores
estructurales como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales para
los adultos continúan perpetuando esta problemática.
Si bien el país ha ratificado convenios internacionales y ha fortalecido su legislación en
materia de protección infantil, los informes de entidades como el DANE, el ICBF y la
Defensoría del Pueblo reflejan que la erradicación del trabajo infantil sigue siendo un desafío
latente, especialmente en contextos rurales y sectores informales. Además, la falta de acceso a
educación de calidad y el debilitamiento de las redes de apoyo familiar agravan la
vulnerabilidad de los menores, exponiéndose no solo a explotación laboral, sino también a
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riesgos como el reclutamiento forzado y la explotación sexual.
Para lograr una reducción significativa del trabajo infantil, es necesario adoptar un
enfoque integral que incluya mayores controles institucionales, el fortalecimiento de programas
de asistencia social y educativa, así como la promoción de empleos dignos y bien remunerados
para los adultos. Solo mediante una intervención articulada entre el Estado, el sector privado y
la sociedad civil se podrá garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y
romper el ciclo de pobreza que perpetúa esta forma de explotación.
Así mismo, es fundamental reforzar las sanciones a quienes vulneren los derechos de los
menores, así como garantizar el acceso a programas de protección psicosocial para los niños
afectados. La implementación de estrategias de sensibilización en comunidades vulnerables y el
fortalecimiento de mecanismos de denuncia también juegan un papel clave en la erradicación
del trabajo infantil y la protección de la infancia.
La lucha contra el trabajo infantil no es solo una responsabilidad del Estado, sino de toda
la sociedad. Se requiere una intervención articulada entre el gobierno, el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía para garantizar el cumplimiento efectivo de
los derechos de la niñez. Solo con un compromiso real y sostenido será posible romper el
ciclo de pobreza que perpetúa esta forma de explotación y construir un futuro en el que todos
los niños y niñas puedan crecer en un entorno seguro, protegido y con acceso a oportunidades
que les permitan desarrollar su máximo potencial.
En definitiva, aunque Colombia ha avanzado en la formulación de políticas y normativas
para combatir el trabajo infantil, la realidad demuestra que su erradicación requiere de un
compromiso sostenido y de acciones más contundentes. La lucha contra esta problemática no
solo es una responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad, ya que garantizar una
infancia libre de explotación es una condición indispensable para el desarrollo de un país más
equitativo y justo.
riesgos como el reclutamiento forzado y la explotación sexual.
Para lograr una reducción significativa del trabajo infantil, es necesario adoptar un
enfoque integral que incluya mayores controles institucionales, el fortalecimiento de programas
de asistencia social y educativa, así como la promoción de empleos dignos y bien remunerados
para los adultos. Solo mediante una intervención articulada entre el Estado, el sector privado y
la sociedad civil se podrá garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y
romper el ciclo de pobreza que perpetúa esta forma de explotación.
Así mismo, es fundamental reforzar las sanciones a quienes vulneren los derechos de los
menores, así como garantizar el acceso a programas de protección psicosocial para los niños
afectados. La implementación de estrategias de sensibilización en comunidades vulnerables y el
fortalecimiento de mecanismos de denuncia también juegan un papel clave en la erradicación
del trabajo infantil y la protección de la infancia.
La lucha contra el trabajo infantil no es solo una responsabilidad del Estado, sino de toda
la sociedad. Se requiere una intervención articulada entre el gobierno, el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía para garantizar el cumplimiento efectivo de
los derechos de la niñez. Solo con un compromiso real y sostenido será posible romper el
ciclo de pobreza que perpetúa esta forma de explotación y construir un futuro en el que todos
los niños y niñas puedan crecer en un entorno seguro, protegido y con acceso a oportunidades
que les permitan desarrollar su máximo potencial.
En definitiva, aunque Colombia ha avanzado en la formulación de políticas y normativas
para combatir el trabajo infantil, la realidad demuestra que su erradicación requiere de un
compromiso sostenido y de acciones más contundentes. La lucha contra esta problemática no
solo es una responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad, ya que garantizar una
infancia libre de explotación es una condición indispensable para el desarrollo de un país más
equitativo y justo.
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